La tortura a juicio
14 de febrero de 2008
Andy Worthington
The Guardian
El momento en que el Pentágono anuncia que procesará a seis presos de
Guantánamo es notable: ¿está cambiando su definición de tortura?
La decisión
del Pentágono de presentar cargos contra seis detenidos de Guantánamo en
relación con los atentados del 11-S ha proporcionado a la administración
estadounidense su primera publicidad positiva, en relación con la prisión, en
muchos largos años.
En muchos sentidos, así debe ser. Desde octubre de 2002, cuando se liberó a los primeros presos, la
liberación constante de cientos de hombres inocentes, capturados por error o
vendidos al ejército estadounidense para el pago de recompensas, y de soldados
de infantería talibanes, reclutados para luchar en una guerra civil
intermusulmana en Afganistán que comenzó mucho antes del 11-S, sólo ha servido
para crear la impresión de que la prisión ha sido un error judicial a escala
colosal, con poca o ninguna relación con los acontecimientos del 11-S.
Sin embargo, como señalaba ayer Victoria
Brittain en estas páginas, existen dudas de que alguno de estos hombres
vaya a recibir un juicio justo. Uno de ellos, Mohammed al-Qahtani, fue sometido
a brutales interrogatorios en Guantánamo, que se hicieron públicos en 2005, y
los otros cinco -entre ellos Khalid Sheikh Mohammed, que confesó ante un
tribunal militar el año pasado que era "responsable de la operación del
11-S, de la A a la Z"- estuvieron recluidos entre tres y cuatro años en
prisiones secretas gestionadas por la CIA, donde se practicaban ampliamente
interrogatorios coercitivos.
Según agentes de la CIA entrevistados por ABC
News en noviembre de 2005, 12 detenidos "de alto valor" -entre
ellos KSM y casi con toda seguridad algunos de los demás acusados el lunes-
fueron sometido a una serie de "técnicas de interrogatorio
mejoradas", entre ellas el submarino, que produce la percepción de
ahogamiento, la "larga permanencia de pie", en la que los prisioneros
"son obligados a permanecer de pie, esposados y con los pies encadenados a
un perno ocular en el suelo durante más de 40 horas", y "la celda
fría", en la que al prisionero "se le deja de pie desnudo en una
celda a una temperatura cercana a los 50 grados" y se le "rocía con
agua fría" a lo largo de su calvario.
Desde agosto de 2002, cuando se publicó su famoso "memorando sobre la tortura", la
administración ha afirmado que los "interrogatorios reforzados" sólo
constituían tortura si el dolor soportado era "de una intensidad similar a
la que acompaña a una lesión física grave, como la insuficiencia orgánica, el
deterioro de las funciones corporales o incluso la muerte". Sin embargo,
como han señalado numerosos juristas, los intentos del memorando de rescribir
la ley carecen de valor. Estados Unidos es signatario de la Convención de la
ONU contra la Tortura, que tipifica como delito que sus funcionarios torturen a
personas fuera del país, y las técnicas mencionadas son claramente tortura.
A la luz de las cuestiones relacionadas con la tortura de los detenidos acusados el lunes,
merece la pena examinar detenidamente el momento del anuncio. En un artículo
del Washington Post, el Pentágono afirmaba que había elegido este
momento concreto para presentar cargos porque estaba convencido de que la
información obtenida por los "equipos limpios" de agentes del FBI,
que han estado interrogando a los hombres desde su llegada a Guantánamo en
2006, y que evitan la tortura en favor de las técnicas de la vieja escuela de
establecer una relación con los acusados y ofrecer recompensas a cambio de
información, es suficiente para sustituir las confesiones anteriores obtenidas
mediante tortura.
Se trata de una admisión extraordinaria por tres razones: en primer lugar, porque indica la
desesperación de la administración por desterrar toda referencia a la tortura,
en un intento de garantizar el éxito de los procesos; y en segundo lugar,
porque sugiere que la administración también está desesperada por protegerse de
las acusaciones penales. Seguramente no es una coincidencia que los cargos se anunciaran
sólo seis días después de que Michael Hayden, director de la CIA, admitiera
públicamente que tres detenidos de "alto valor" habían sido sometidos
a ahogamiento simulado bajo custodia de la CIA, una admisión que suscitó
inmediatamente llamamientos de activistas a favor de la destitución para que se
procesara a altos funcionarios del gobierno por crímenes de guerra.
El tercer motivo de asombro ante la noticia de los interrogatorios del "equipo limpio"
es, sin embargo, el más triste, ya que valida las quejas presentadas por otras
agencias gubernamentales en los últimos cinco años, e indica cómo todo el
proceso de interrogatorio podría haberse llevado a cabo de otra manera. A
finales de 2002, Alberto J Mora, jefe del Servicio de Investigación Criminal de
la Armada, estaba tan horrorizado por los informes sobre "interrogatorios
mejorados" que llegó a desafiar a
Donald Rumsfeld por su uso (en una batalla que finalmente perdió), y el FBI
también retiró a sus agentes de los interrogatorios coercitivos.
Ambos organismos sabían que la tortura no sólo es moralmente repugnante, sino también
contraproducente, porque las "confesiones" que produce son
intrínsecamente poco fiables. También previeron los problemas legales a los que
ahora se enfrenta la administración. Como explicó David Brant, del NCIS, a Jane
Mayer, del New Yorker, en 2006, "dudaba de la fiabilidad de las
confesiones forzadas" y temía que el uso de métodos brutales
"empañara los casos que sus agentes necesitaban presentar contra los
detenidos, socavando cualquier intento de procesarlos ante un tribunal".
Además, añadió, "simplemente no está bien".
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