La sentencia de Ghailani demuestra que los tribunales
federales funcionan y revela el alcance de la histeria republicana
26 de enero de 2011
Andy
Worthington
Para quienes buscamos un debate maduro sobre Guantánamo en los dos años
transcurridos desde que el presidente Obama asumió el cargo, lo más preocupante
ha sido el repliegue de la oposición republicana al cierre de la prisión,
respaldado por el alarmante apoyo a la postura pro Guantánamo de miembros del
propio partido del presidente.
Como un oscuro hechizo mágico capaz de desterrar todo discurso sensato en un instante, basta la mera
mención de las palabras "Guantánamo" y "terrorismo" en la
misma frase para que los legisladores entren en un paroxismo de histeria, y en
ninguna parte es esto más cierto que cuando se trata de propuestas para juzgar
a cualquiera de los presos de Guantánamo por sus presuntos delitos.
Los partidarios de Guantánamo están tan aferrados a la falsa y perjudicial nación de la
administración Bush de que, en la "Guerra contra el Terror", los
terroristas ya no son criminales sino "guerreros", que cuando el fiscal
general Eric Holder anunció en noviembre de 2009 que Khalid Sheikh Mohammed
y otros cuatro hombres acusados de participar en los atentados del 11-S se
enfrentarían a un juicio en un tribunal federal de Nueva York, levantaron un
estruendo cacofónico de oposición, balando que establecer la seguridad en el
tribunal sería prohibitivamente caro, y advirtiendo que el juicio daría lugar a
un ataque terrorista de Al Qaeda.
El mes pasado, envalentonados por su éxito en persuadir a Obama de que archivara los planes
para el juicio del 11-S, los legisladores siguieron adelante incluyendo una
disposición en un proyecto de ley de gastos militares que prohibía
el traslado de cualquier preso de Guantánamo al territorio continental de
Estados Unidos por cualquier motivo (y mencionando explícitamente a Khalid
Sheikh Mohammed por su nombre), a pesar de que era claramente inconstitucional hacerlo.
Los alarmismos ignoraron convenientemente la realidad, bastante más mundana, de que cuando
Ahmed Khalfan Ghailani, antiguo "preso fantasma" de la CIA y único
detenido de Guantánamo trasladado
a Estados Unidos para ser juzgado por un tribunal federal antes de que el
Congreso decidiera imponer exigencias inconstitucionales al Presidente, fue
juzgado en Nueva York en octubre, no hubo necesidad de recurrir a medidas de
seguridad tremendamente costosas, ni se pensó que los terroristas se
abalanzarían desde los cielos para atacar la sala del tribunal.
En lugar de ello, los apologistas de Guantánamo cambiaron inmediatamente su enfoque, arremetiendo
contra el juez Lewis Kaplan por obedecer la ley estadounidense y negarse
a aceptar información obtenida mediante el uso de la tortura: el nombre de
un testigo supuestamente importante que declaró posteriormente en
circunstancias dudosas, y cuyo nombre sólo fue divulgado por Ghailani mientras
era torturado en una prisión secreta de la CIA.
Aunque esto era bastante despreciable, ya que indicaba que, siempre que las palabras
"Guantánamo" y "terrorismo" se pronunciaran juntas, debería
ser aceptable que un juez de un Tribunal de Distrito ignorara el estatuto
estadounidense contra la tortura, los críticos de los juicios de los tribunales
federales procedieron entonces a censurar
la conclusión del juicio -un veredicto de culpabilidad por un cargo de
conspiración en relación con el atentado contra la embajada de EE.UU. en
Dar-es-Salaam, Tanzania, en agosto de 1998, junto con la desestimación de otros
284 cargos- a pesar de que, como vimos ayer en la sentencia dictada por el juez
Kaplan, esa única condena ha dado lugar a una
cadena perpetua sin libertad condicional.>
Lo que resulta especialmente deprimente de este mundo de "Alicia en el País de las
Maravillas", en el que el éxito se presenta como fracaso y nadie pestañea
siquiera en señal de desacuerdo, es que la histeria fabricada cuando se
mencionan juntos "Guantánamo" y "terrorismo" no sólo oculta
el hecho de que los tribunales federales tienen un historial probado de
enjuiciamiento con éxito de casos de terrorismo (y, de hecho, están facultados
para dictar sentencias punitivas sobre la base más endeble), sino que también
oculta una verdad fundamentalmente sombría sobre Guantánamo.
La cruda realidad es que, en una prisión con un historial de tortura tan notorio y demostrable
-especialmente en relación con Ghailani,
KSM y otros 12 "detenidos de alto valor", así como con docenas
de otros hombres torturados en prisiones secretas de la CIA o en
instalaciones delegadas de otros países-, la presunción debería ser que las
afirmaciones del gobierno sobre estos hombres son fundamentalmente poco
fiables, porque la tortura es tan poco fiable como ilegal, y no debe tomarse al
pie de la letra.
En lugar de ello, sin embargo, ocurre lo contrario, y Ghaliani, por ejemplo, fue felizmente juzgado
culpable hasta que se demuestre su culpabilidad, por aquellos que, sin duda,
seguirán quejándose de que recibió cadena perpetua por un solo cargo de
conspiración, y no por todos los 285 cargos a los que se enfrentaba.
Con la cadena perpetua de Ghailani, es hora de que este cínico sinsentido llegue a su fin. Los juicios
federales contra terroristas funcionan, y los opositores deberían dejar de
quejarse, abandonar su obsesión ideológicamente equivocada de juzgar a
"guerreros" en juicios militares en Guantánamo y permitir que la
administración proceda con el juicio federal de Khalid Sheikh Mohammed y sus
presuntos cómplices.
Nueve años y cuatro meses después de los atentados del 11-S, los familiares de las víctimas de
aquel terrible día merecen justicia, y no que los cínicos legisladores -y sus
cámaras de eco en los medios de comunicación de derechas- los conviertan en
juguetes. Pronto se darán cuenta de que sus queridas Comisiones Militares están
plagadas de problemas y, si se les da la oportunidad, cambiarán su enfoque para
que, en un futuro no muy lejano, oigamos que algunas personas -como KSM y sus
coacusados- son tan peligrosas que ni siquiera pueden ser juzgadas.
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