La sentencia de Salim Hamdan señala el fin de
Guantánamo
07 de agosto de 2008
Andy Worthington
En una decisión que conmocionará a quienes asistan a la conclusión del primer
juicio completo de Estados Unidos por crímenes de guerra desde los Juicios de
Nuremberg, el jurado militar que ayer declaró a Salim Hamdan culpable de
proporcionar "apoyo material al terrorismo" lo ha condenado a cumplir
cinco años y medio de prisión. Dado que el juez de su caso, el capitán de la
Marina Keith Allred, había dictaminado anteriormente que se le computaría el
tiempo cumplido desde que fue acusado por primera vez en julio de 2003 en el
marco del sistema de la Comisión, esto significa que podrá ser puesto en
libertad dentro de cinco meses.
El veredicto no servirá para convencer a los numerosos detractores del sistema de juicios de la
Comisión Militar de que es válido -pues sigue habiendo demasiados problemas con
el uso por parte de la Comisión de pruebas de oídas y coaccionadas, de
testimonios secretos y de intentos de justificar la elevación del "apoyo
material al terrorismo" al nivel de crimen de guerra, a pesar de no
existir precedentes para ello-, pero sin duda debe suponer un alivio para
quienes pensaban que el jurado podría haber sido persuadido por el fiscal John
Murphy, quien argumentó que la "pena" de Hamdan debería ser una
condena de al menos 30 años, algo "tan significativo que excluya cualquier
posibilidad de que restablezca sus vínculos con terroristas".
En cambio, la condena se aproxima a la duración de la pena propuesta por el abogado defensor de
Hamdan, Charles Swift, el ex abogado militar que en junio de 2006 tumbó ante el
Tribunal Supremo la primera encarnación de las Comisiones como ilegales. Swift
argumentó que Hamdan debía recibir una condena inferior a cuatro años porque
"su cooperación con los servicios de inteligencia estadounidenses
compensaba con creces su culpabilidad como miembro del parque móvil de [Osama]
Bin Laden".
Este es, en mi opinión, un punto extremadamente importante, ya que durante
las dos semanas que duró el juicio de Hamdan quedó patente que había sido
explotado por quienes pretendían procesarle, que habían construido un caso
contra él a través de sus propias palabras. La cuestión era la protección de la
Quinta Enmienda contra la autoincriminación, que se ha denegado a todos los
considerados "combatientes enemigos" en la "Guerra contra el
Terror". Aunque esto sigue siendo inaceptable -y está íntimamente
relacionado con el oscuro meollo de la política deliberada de la administración
de hacer trizas los Convenios de Ginebra para facilitar el interrogatorio
ilegal de prisioneros (ya sea de forma coercitiva o no)-, lo que lo hacía
especialmente preocupante en el caso de Hamdan era que, mientras que otros
prisioneros que no habían cooperado habían sido liberados de Guantánamo sin
llegar a incriminarse, Hamdan estaba siendo castigado por su cooperación.
Aunque los desafíos legales al sistema se verán más atenuados como consecuencia de este veredicto,
es poco probable que los defensores de Hamdan se vean persuadidos de no seguir
adelante con sus numerosas y válidas quejas sobre un sistema que, como ha
explicado hoy Charles Swift, sigue siendo nada más que "un tribunal
inventado para juzgar a cualquiera que no nos guste".
Sin embargo, lo que también consigue esta sentencia, que antes era inconcebible, es poner un tope
al carácter inquietantemente indefinido de las políticas de detención de la
administración, de una forma que, hasta la fecha, sólo se había conseguido
mediante un acuerdo de culpabilidad: el del australiano David Hicks, quien, en
el primero de los juicios de la Comisión tras su resucitación en otoño de 2006
en la Ley de Comisiones Militares, recibió una condena de nueve meses que se
sumaba a los cinco años y tres meses que ya había pasado bajo custodia estadounidense.
Hasta ahora, la administración ha mantenido que, si lo desea, tiene derecho a retener a los
"combatientes enemigos" sin cargos ni juicio hasta el final de las
hostilidades, que, también ha admitido, podrían durar generaciones. Una
sentencia ha sustituido ahora esa política de duración indefinida. Si uno de
los conductores de Osama bin Laden recibe una condena de siete años y un mes en
total (cinco años y medio más los 19 meses de su encarcelamiento antes de ser
acusado) en un sistema establecido específicamente por la administración para
juzgar y condenar a "sospechosos de terrorismo","Ahora resulta
inconcebible que quienes planearon toda la política de detenciones posterior al
11-S puedan mantenerlo recluido como "combatiente enemigo" una vez
cumplida su condena o, para el caso, que puedan seguir reteniendo a cualquiera
de los aproximadamente 130 presos de Guantánamo que no han sido exculpados y
que no tienen previsto ser juzgados por una comisión militar más allá de
finales de año.
Con esta sentencia, parece que acaba de sonar el toque de difuntos para todo el maligno proyecto de
Guantánamo.
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