La política secreta de tortura británica al descubierto
09 de julio de 2009
Andy Worthington
El martes por la noche, la política secreta de tortura de Gran Bretaña quedó al
descubierto cuando, en la Cámara de los Comunes, el diputado David Davis hizo
uso de la protección del privilegio parlamentario para contar a la Cámara cómo,
en 2006, el gobierno británico y los servicios de seguridad permitieron que Rangzieb
Ahmed, ciudadano británico, viajara a Pakistán, donde "sugirieron" a
la Dirección de Inteligencia de Servicios Interiores (ISI), la agencia de
inteligencia más notoria de Pakistán, que fuera detenido.
Como explicó Davis: "Sabemos... que el oficial de inteligencia que escribió a los pakistaníes
lo hizo con pleno conocimiento de los métodos habituales que utiliza el ISI
contra los sospechosos de terrorismo que tiene en su poder. Esto no es
sorprendente, ya que es de dominio público en Pakistán. Por tanto, el agente
sería consciente de que "sugerir" la detención equivalía a
"sugerir" la tortura."
Lo que hace que este caso sea especialmente chocante, como también explicó Davis -y repitió para
enfatizar-, es que todo esto ocurrió a pesar de que Ahmed había sido
"mantenido bajo vigilancia" en el Reino Unido "durante
aproximadamente un año" antes de partir hacia Pakistán, y que
"durante ese tiempo se recogieron pruebas, sobre la base de las cuales fue
posteriormente condenado".
Reproduzco íntegramente la declaración de David Davis en un
artículo adjunto, por su enorme trascendencia. Como explicaba ayer The
Guardian, "es la primera vez que la información entra en el
dominio público. Anteriormente había sido suprimida mediante el proceso de
vistas judiciales secretas y, si The Guardian u otros medios de comunicación
hubieran informado sobre ella, se habrían expuesto al riesgo de ser procesados
por desacato al tribunal."
El propio Davis fue mordaz con el secretismo del gobierno. Tras afirmar que "en el último año, se han
producido al menos 15 casos de ciudadanos británicos o residentes británicos
que afirman haber sido torturados por agencias de inteligencia extranjeras con
el conocimiento, la complicidad y, en algunos casos, la presencia de agentes de
inteligencia británicos", añadió: "en cada caso, el gobierno ha
negado la complicidad, pero al mismo tiempo ha defendido ferozmente el secreto
de sus acciones, lo que ha hecho imposible poner todos los hechos en el dominio
público, a pesar del claro interés público en hacerlo. Aunque las pruebas
circunstanciales combinadas de complicidad en todos estos casos son
abrumadoras, hasta ahora no ha sido posible -debido al uso indebido por parte
del gobierno del secreto de Estado para encubrir las pruebas- establecer
secuencias absolutamente claras de causa y efecto."
En el caso de Rangzieb Ahmed, del que informó con minucioso detalle, Davis también señaló que
"las autoridades estaban tan paranoicas que amenazaron con detener a un
periodista por informar de hechos declarados en audiencia pública".
Está claro que éste no es el final de la historia. Davis sugirió que "una forma de levantar el velo
de secreto ante las cámaras sería que el Sr. Ahmed presentara una demanda civil
contra el gobierno por su complicidad en la tortura", en la que parte del
proceso "implicaría impugnar las resoluciones ante las cámaras y revelar
los detalles de la participación de la agencia". Explicó que "el Sr.
Ahmed estaba estudiando un caso de este tipo, y el 20 de abril de este año
recibió la visita en prisión de su abogado y de un asesor jurídico
especializado para hablar de ello."
Sin embargo, como también explicó Davis, apenas una semana después de que Rangzieb Ahmed se reuniera con
su abogado, recibió la visita de "un oficial del MI5 y un policía",
que supuestamente le pidieron "que retirara sus acusaciones de
tortura" a cambio de una reducción de condena y una recompensa económica.
El diario The
Guardian informó de estos hechos el día antes de que David Davis
hiciera su declaración, lo que llevó a Davis a sugerir que, de ser cierta la
acusación, podría representar "una conspiración para pervertir el curso de
la justicia".
Aunque esta acusación precedió a la declaración de Davis, los abogados de dos de los hombres que
fueron torturados en Pakistán -Rangzieb Ahmed y Salahuddin Amin- ya han dado
seguimiento a las extraordinarias revelaciones del parlamentario escribiendo al
Ministro del Interior, Alan Johnson, pidiéndole que "establezca una investigación
pública para investigar la complicidad de los empleados del gobierno en la
detención ilegal y tortura" de ambos hombres (como informó anoche The
Guardian), y Human
Rights Watch también dio seguimiento a las acusaciones más amplias de
Davis, informando hoy que:
En conversaciones extraoficiales, funcionarios civiles y militares bien informados del Gobierno de Pakistán han
dicho en numerosas ocasiones a Human Rights Watch que los funcionarios
británicos eran conscientes de los malos tratos infligidos a varios sospechosos
de terrorismo de alto perfil, incluidos los británicos Rangzieb Ahmed,
Salahuddin Amin, Zeeshan Siddiqui, Rashid Rauf y otros. Funcionarios
paquistaníes dijeron a Human Rights Watch que estaban sometidos a una inmensa
presión por parte del Reino Unido y Estados Unidos para "actuar" en
la "guerra contra el terrorismo" y "hacemos lo que se nos pide".
Un funcionario bien situado dentro del gobierno del Reino Unido dijo a Human Rights Watch que las acusaciones de
complicidad del Reino Unido hechas por Human Rights Watch en su testimonio ante
el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento del Reino Unido en
febrero de 2009 eran exactas. El funcionario animó a Human Rights Watch a
continuar su investigación sobre el tema. Otra fuente de Whitehall dijo a Human
Rights Watch que su investigación había "dado en el clavo".
En el caso de Salahuddin Amin, condenado en el Reino Unido en abril de 2007 por "planear atentados contra varios
objetivos potenciales" en Londres, a pesar de haber sido "torturado
repetidamente" en Pakistán y "obligado a hacer confesiones falsas",
Human Rights Watch señaló que fuentes de los servicios de inteligencia
paquistaníes les dijeron que "el de Amin era un caso de 'alta presión' y
que el deseo británico y estadounidense de obtener información de él era
'insaciable'". Añadieron que tanto los agentes británicos como los
estadounidenses que fueron "parte" en su detención eran
"perfectamente conscientes de que estábamos utilizando todos los medios
posibles para sacarle información y estaban agradecidos que lo hiciéramos."
A la espera de más información, les insto no sólo a leer la declaración completa de David Davis y
el artículo de Human Rights Watch, sino también a leer "La
verdad sobre la tortura", un artículo completo de Ian Cobain, basado
en gran medida en su
propia investigación sobre los casos de Salahuddin Amin, Zeeshan Siddiqui,
Rangzieb Ahmed, Rashid Rauf, Tariq Mahmood y Tahir Shah (todos ellos detenidos
en Pakistán), Binyam
Mohamed (retenido en Pakistán antes de su entrega para ser torturado en
Marruecos), Alam Ghafoor y Mohammed Rafiq Siddique (retenidos en los EAU), y Jamil
Rahman (retenido en Bangladesh), que apareció en el suplemento G2 de ayer y
ofrece el mejor resumen hasta la fecha de cómo, siendo el aliado más cercano de
Estados Unidos en la "Guerra contra el Terror", Gran Bretaña se
convirtió en cómplice de la tortura hasta un punto escandaloso que aún se está revelando.
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