Juicios de Guantánamo: ¿Dónde están los terroristas?
08 de febrero de 2008
Andy Worthington
Mientras se celebran las vistas previas al juicio en el complejo penitenciario
estadounidense de Guantánamo (Cuba), Andy Worthington, autor de The Guantánamo
Files: The Stories of the 774 Detainees in America's Illegal Prison,
examina las historias de los tres acusados cuyos casos se juzgan esta semana y
la próxima -dos presuntos "niños soldado" y un chófer de Osama bin
Laden- y se pregunta qué ha sido de los verdaderos terroristas.
Según un informe de Jane Sutton, de Reuters,
el ejército estadounidense se ha gastado 12 millones de dólares en un complejo
judicial móvil -que incluye celdas de detención prefabricadas enviadas a la
prisión en barcaza y avión de carga- destinado a ser utilizado para el juicio
por una Comisión Militar de hasta 80 detenidos, a partir de mayo. Tal y como lo
describe Sutton, el nuevo edificio del tribunal, que "por fuera parece un
almacén metálico de color caqui y por dentro una sala de vistas tradicional",
tiene "espacio suficiente para juzgar simultáneamente hasta a seis
prisioneros, alineados en sillas de piel sintética sobre mesas de chapa de cerezo".
Conocido como Camp Justice -nombre que, sin duda, será puesto en la picota por los numerosos
detractores de las Comisiones, que afirman que la justicia es lo último que
proporcionarán los juicios-, Canada.com informa de que el complejo fue
construido por la Guardia Nacional de Indiana, que "marcó la señal de
entrada con la fecha del 11 de septiembre de 2007". En lo que se describe
como "una obvia referencia al 11-S", la coronel Wendy Kelly,
directora de operaciones de las Comisiones Militares, explicó: "Es
irónico, pero fue entonces cuando empezaron a construir".
Lo que quizá resulte más irónico es que, a pesar de las referencias al 11-S, y del hecho de que
Guantánamo estuviera, desde su creación hace más de seis años, destinado a
recluir y juzgar a los responsables de los atentados del 11-S, ninguno de los
acusados está acusado de participación directa en los acontecimientos de aquel
terrible día.
Omar Khadr
El primer acusado en comparecer ante el tribunal fue Omar
Khadr, acusado de asesinato en violación de las normas de la guerra,
intento de asesinato en violación de las normas de la guerra, conspiración,
apoyo material al terrorismo y espionaje. Khadr, cuyo padre era un presunto
financista de Al Qaeda, está relacionado, al menos tangencialmente, con Osama
bin Laden y los sucesos del 11-S, ya que pasó parte de su infancia en un
complejo de Afganistán que su familia compartía con la familia de bin Laden.
Sin embargo, ahí termina la conexión, ya que de lo que se le acusa en realidad
es de su presunta responsabilidad en el asesinato de un soldado estadounidense
durante un tiroteo en Afganistán en julio de 2002.
El equipo de defensa de Khadr, dirigido por el teniente comandante William Kuebler, lleva mucho
tiempo insistiendo en que, como "niño soldado", que sólo tenía 15
años en el momento de su captura, Khadr no debería ser sometido a juicio
alguno. Como afirmaron en un escrito presentado al juez, el coronel Peter
Brownback, "si se ejerce la jurisdicción sobre el Sr. Khadr, el juez
militar será el primero en la historia occidental en presidir el juicio de
presuntos crímenes de guerra cometidos por un niño. Ningún tribunal penal
internacional establecido en virtud de las leyes de la guerra, desde Nuremberg
en adelante, ha procesado nunca a ex niños soldados como criminales de
guerra... Un componente fundamental de la respuesta de nuestra nación y del
mundo a la tragedia del uso y abuso de niños soldados en la guerra por parte de
organizaciones terroristas como Al Qaeda es que los procedimientos judiciales
posteriores al conflicto deben perseguir el interés superior del niño
victimizado, con el objetivo de su rehabilitación y reintegración en la
sociedad, no de su encarcelamiento o ejecución."
Éste fue uno de los principales argumentos de los abogados de Khadr durante la vista del lunes, y
en esto -junto con los repetidos llamamientos al gobierno canadiense para que
actúe en favor de Khadr- recibieron el respaldo de toda una serie de organismos
internacionales, entre ellos, sólo en la última semana, Unicef, el gobierno
francés y el peso colectivo de Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la
Coalición para Acabar con la Utilización de Niños Soldados y Human Rights First.
Los abogados de Khadr también intentan socavar la base para someter a su cliente a un juicio ante una
comisión militar, como explicaron en otro escrito. Su oposición se basa en el
hecho de que, aunque inicialmente se pusieron en marcha en 2003, las comisiones
fueron anuladas por el Tribunal Supremo en junio de 2006, cuando los jueces
declararon que eran ilegales en virtud de la legislación estadounidense y de
los Convenios de Ginebra, y sólo resucitaron tres meses después, en la
draconiana Ley de Comisiones Militares. Sobre esta base, sostienen, el gobierno
está intentando juzgar a Khadr retrospectivamente.
Y lo que es más importante, los abogados de Khadr también impugnan el fondo mismo de los cargos
de crímenes de guerra contra su cliente, argumentando, como explicó el lunes la
abogada civil Rebecca Snyder, que Khadr "no puede ser juzgado por
asesinato como crimen de guerra porque el presunto delito se produjo durante un
tiroteo según las normas tradicionales de la guerra". "Los soldados
no son objetivos protegidos", dijo en la vista. "Eso forma parte de lo
que es la guerra, matar soldados". La respuesta de la fiscalía fue afirmar
que Khadr podía ser juzgado porque "realizaba vigilancias vestido de civil
y vivía con mujeres y niños" en el recinto donde se produjo el tiroteo.
"El acusado y los terroristas con los que trabajaba no pertenecían a un
ejército legítimo", declaró el mayor Jeffrey Groharing, y añadió:
"Pertenecían a Al Qaeda".
Omar Khadr (extrema izquierda) durante su abortada comisión militar en junio de 2007 (©AFP/Getty Images).
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Sin embargo, la revelación más explosiva de la vista, que amenaza con hacer descarrilar todo el
juicio, sólo salió a la luz cuando las autoridades divulgaron por error un
documento clasificado a los periodistas que asistían a la vista. En la última
vista de Khadr, en noviembre, el juez, coronel Peter Brownback, impidió que la
acusación mostrara un vídeo, recuperado del recinto, en el que supuestamente se
veía a Khadr fabricando y colocando explosivos al borde de la carretera, con el
propósito expreso de permitir que la defensa examinara pruebas nuevas y
"potencialmente exculpatorias", previamente ocultadas al equipo de la defensa.
Las pruebas, según se nos dijo entonces, procedían de un "empleado del gobierno
estadounidense", testigo presencial del tiroteo que condujo a la captura
de Khadr. No se revelaron los detalles, pero Carol Williams, de Los Angeles
Times, se atrevió a informar de que el relato "contradice la versión
gubernamental de los hechos y podría exonerar a Khadr de los crímenes de guerra
de los que se le acusa".
El lunes, la verdad sobre esta prueba "potencialmente exculpatoria", revelada en un error
típico de los episodios farsescos que amenazan regularmente con socavar la
credibilidad de las Comisiones, respaldó con creces las afirmaciones de Carol Williams.
Según Michelle Shephard, del Toronto Star, que fue la primera en publicar la noticia, Khadr no
era la única persona que quedó viva cuando se lanzó la granada que mató al
sargento Christopher Speer. En una entrevista, un soldado que disparó a Khadr
dos veces por la espalda explicó que "oyó gemidos procedentes de la parte
trasera del recinto. El polvo se levantó del suelo y empezó a despejarse.
Entonces vio a un hombre frente a él tumbado sobre su costado derecho. El
hombre tenía un AK-47 en el suelo a su lado y se estaba moviendo. OC-1 [el
soldado] disparó una bala que alcanzó al hombre en la cabeza y el movimiento
cesó. Este disparo volvió a levantar polvo. Cuando se levantó el polvo, vio a
un segundo hombre sentado de espaldas a él apoyado contra la maleza. Este
hombre, más tarde identificado como Khadr, se estaba moviendo... El OC-1
disparó dos tiros, y ambos alcanzaron a Khadr en la espalda".
El informe continuaba afirmando que el OC-1 "sintió" que fue Khadr quien lanzó la granada:
"Basándose en su amplia experiencia en combate, el OC-1 creía que Khadr y
el hombre que estaba al fondo del callejón con el fusil AK eran los dos únicos
vivos en el momento del asalto. Creyó... que la granada fue lanzada por alguien
que no era el hombre que disparaba el rifle".
Shephard informó de que "estalló la polémica" tras la difusión accidental del documento y
que, durante hora y media, se produjo un enfrentamiento entre las autoridades,
que querían la devolución del documento, y los periodistas, que se negaron.
Aunque, obviamente, esto ya era bastante perjudicial desde el punto de vista de
la publicidad, también hizo la observación más significativa de que "si el
documento no se hubiera divulgado por error, no se habría hecho público,
dejando a algunos en entredicho la afirmación del Pentágono de que los juicios
de Guantánamo serán transparentes".
"No hay transparencia en este proceso", explicó el teniente coronel Kuebler.
"No es que el gobierno no deba ser capaz de proteger la información cuando
existe una necesidad legítima de protegerla. Es el uso excesivo de la
clasificación por parte del gobierno... lo que básicamente mantiene el 100% de
las pruebas del caso fuera de la vista del público, excepto si el gobierno
decide escurrir el bulto".
El coronel Brownback aún no ha emitido su veredicto sobre esta última revelación, pero el Toronto
Star dejó clara su postura el martes por la mañana en un editorial. "Khadr
es un pobre ejemplo de los derechos humanos", afirmaban los editores.
"Pero es un ciudadano canadiense que se enfrenta a un tribunal militar que
no cumple las normas estadounidenses o canadienses de justicia penal. Si fuera
condenado en Canadá incluso por asesinato planificado y deliberado, en virtud
de la Ley de Justicia Penal Juvenil Khadr se habría enfrentado a no más de seis
años de prisión preventiva. El 27 de julio habrá pasado seis años en el
calabozo de Guantánamo. En términos canadienses, habrá cumplido una condena
completa por un delito por el que aún no ha sido juzgado, y mucho menos
condenado. Esto es indecente. Pocos canadienses sienten simpatía por Khadr y su
familia. Pero lo que está ocurriendo en Guantánamo no es justicia. Es venganza.
Y la aquiescencia del gobierno de Harper es profundamente inquietante. Antes de
que Canadá sufra aún más vergüenza, Khadr debería ser enviado de vuelta a casa,
bajo fianza para mantener la paz".
Mohammed Jawad
Si el delgado caso contra Omar Khadr no ha hecho más que diluirse tras la revelación del lunes, el
caso contra el segundo presunto "niño soldado", Mohamed Jawad, es aún
más delgado. Jawad, cuya vista preliminar está prevista que comience la próxima
semana, es menos conocido que Khadr, aunque escribí un
artículo detallado sobre él cuando se anunciaron por primera vez los cargos
en su contra en octubre.
Con sólo 17 años en el momento de su captura, Jawad, hijo de refugiados afganos en Pakistán, ni
siquiera está acusado de matar a nadie, sino de intento de asesinato en
violación de la ley de guerra y de causar intencionadamente lesiones corporales
graves por su presunta participación en un ataque con granadas contra un
vehículo en el que viajaban dos soldados estadounidenses y un traductor afgano
en diciembre de 2002.
Durante toda su detención, Jawad ha negado las acusaciones. En su comparecencia ante la Junta
Administrativa de Revisión en 2005, insistió en que lo habían traído a
Afganistán desde Pakistán para retirar minas, y contó una larga historia sobre
cómo había acabado en el lugar del atentado con otro hombre, que en realidad
había lanzado la granada, mientras que a él le habían dado otra granada, pero
lo habían dejado desatendido en el mercado. Como expliqué en mi artículo
anterior, Jawad "dijo que, mientras compraba pasas, sacó la granada del
bolsillo y la puso sobre el saco de pasas, pero que cuando el tendero la vio
"me dijo que era una bomba y que fuera a tirarla al río. Volví a meterla
en el bolsillo y corrí gritando que no me acercara, ¡que era una bomba! Cuando
llegué cerca del río, la gente [la policía] me atrapó'".
Como también expliqué en octubre, tanto si Jawad estaba directamente implicado en el atentado como si
no, "la decisión de procesar a un adolescente, que no tenía conexión
alguna con Al Qaeda y que, en el mejor de los casos, era un insurgente afgano
de menor importancia", parecía, tras casi seis años de proclamas a bombo y
platillo de que Guantánamo albergaba a "lo peor de lo peor", "a
la vez desesperada y risible".
Salim Hamdan
El tercer acusado, cuyo caso se reanudó el jueves, es Salim
Hamdan, un yemení que fue uno de los chóferes de Osama bin Laden. Aunque
esto también lo relaciona con Al Qaeda, existen dudas sobre si, como afirma la
acusación, participó en alguno de los planes de Al Qaeda. El teniente
comandante Charles Swift, primer abogado militar de Hamdan, que fue rechazado
para un ascenso y perdió prácticamente su empleo a consecuencia de su enérgica
defensa de Hamdan (que condujo a la sentencia del Tribunal Supremo contra las
Comisiones en junio de 2006), pensaba sin duda que había pocas pruebas contra
él cuando se ocupó por primera vez de su caso en 2003.
El pasado mes de marzo, declaró a Marie Brenner, de Vanity
Fair: "Nunca había estado implicado en ningún tiroteo ni en actos
de violencia real. Vale, era chófer de uno de los peores hombres del mundo.
Todo lo que realmente le une es que trabajaba para un parque móvil... Pensé,
puedo trabajar con esto". Extrapolando un poco el argumento de Swift, creo
que es perfectamente válido considerar que centrarse en Hamdan en las
comisiones equivale a procesar al chófer de Hitler junto a Hermann Goering y
Rudolf Hess en los juicios de Nuremberg.
Aunque el caso de Hamdan, al igual que el de Omar Khadr, ha atraído una gran atención mediática a
lo largo de los años, en general se ha pasado por alto su estado mental, aunque
esta omisión se ha corregido ahora en el escrito presentado por el sustituto de
Swift, el comandante
Thomas Roughneen y su equipo. Además de refutar las acusaciones de que era
algo más que un chófer contratado, que, como describió Carol Rosenberg en el Miami
Herald, trabajaba "por unos ingresos, no por ideología", sus
abogados argumentan que el padre de cuatro hijos, que nunca ha visto a su hija
menor -y al que se le ha impedido ver DVDs de ella, realizados por su familia-,
no está en condiciones de ser juzgado, debido al deterioro de su salud mental.
Para ello, contaron con los servicios de Emily Keram, psiquiatra clínica y forense, que pasó 70
horas con Hamdan en Guantánamo. La doctora Keram llegó a la conclusión de que,
tras cada encuentro, "cumplía los criterios diagnósticos del trastorno de
estrés postraumático y la depresión mayor", incluyendo "pesadillas,
pensamientos, recuerdos e imágenes intrusivos, amnesia para los detalles de los
sucesos traumáticos, falta de orientación futura, ansiedad, irritabilidad,
insomnio, falta de concentración y memoria, respuestas exageradas de sobresalto
e hipervigilancia".
"En ocasiones", añadió, "sus síntomas mermaron su capacidad para
participar en la evaluación", y también señaló que sus síntomas "se
vieron gravemente exacerbados por su reclusión en régimen de aislamiento."
La conclusión del Dr. Keram fue que "el Sr. Hamdan es incapaz de ayudar
materialmente en su propia defensa", y advirtió de que, si permanece en
régimen de aislamiento, "su estado se deteriorará y correrá el riesgo de
desarrollar síntomas psicológicos más graves."
Sin embargo, es una nota de Andrea Prasow, una de las abogadas defensoras de Hamdan, la que plantea cuestiones más
fundamentales sobre las Comisiones Militares, que no se suelen plantear, a
pesar de que el chabacano espectáculo de que el peso combinado del ejército
estadounidense se centre en dos niños y en uno de los chóferes de Bin Laden
debería dejar muy clara esta omisión: ¿dónde están, en toda esta farsa
surrealista, los verdaderos terroristas?
En un escrito en el que argumenta que la detención de Hamdan en el campo VI -el campo más reciente
para la población general de Guantánamo, en el que los detenidos están
recluidos en aislamiento casi total- le está causando tal "angustia
emocional y retraimiento" que está "interfiriendo materialmente en
nuestra capacidad para preparar [su] defensa", Prasow señala: "Mr.
Hamdan es consciente de que Omar Khadr... e Ibrahim al-Qosi, acusado en virtud
del anterior sistema de comisiones, están recluidos en el campo IV". El
campo IV, uno de los más antiguos, es el menos brutal de los bloques de celdas
de Guantánamo, donde el número relativamente pequeño de detenidos comparte
dormitorios comunes y se les permite practicar deportes, pero la referencia de
Hamdan a Ibrahim al-Qosi es especialmente significativa.
¿Los verdaderos terroristas?
Al-Qosi, detenido sudanés, es uno de los otros siete presuntos operativos de Al Qaeda acusados en
la primera ronda de Comisiones Militares (entre 2003 y 2005, antes de que
fueran desbaratadas por el Tribunal Supremo), cuando, según se afirmaba, había
trabajado como adjunto del jefe financiero de Al Qaeda, el jeque Sayyid
al-Masri, había sido financiado por Osama bin Laden para luchar en Chechenia en
1995, y había trabajado como guardaespaldas, conductor, encargado de suministros
y cocinero para bin Laden desde 1996 hasta su captura en diciembre de 2001,
cuando intentaba cruzar la frontera de Afganistán a Pakistán.
Sin embargo, a pesar de esta serie de acusaciones, ni él ni los otros seis miembros supuestamente
importantes de Al Qaeda -entre los que se encuentran al menos dos que han
proclamado su pertenencia a Al Qaeda- han sido acusados todavía en virtud del
nuevo sistema, a pesar de que, como Hamdan considera claramente, y los
observadores también podrían concluir, es posible que haya más argumentos
contra al menos algunos de estos hombres.
Aún más obvios son, por supuesto, algunos o todos los 14 detenidos de "alto valor" que
fueron trasladados a Guantánamo desde prisiones secretas de la CIA en
septiembre de 2006. Entre ellos se encuentran Khalid
Sheikh Mohammed, arquitecto confeso del 11-S, Abu
Zubaydah, presunto responsable de Al Qaeda, y Abdul Rahim al-Nashiri,
acusado de ser el cerebro del atentado contra el USS Cole en 2000. Los tres han
vuelto a la escena pública tras la confesión del director de la CIA, Michael
Hayden, de que fueron sometidos a submarino por la CIA. Entre los demás
figuran Ramzi bin al-Shibh, asociado del 11-S, y otras personas presuntamente
relacionadas con el 11-S, los atentados contra las embajadas africanas de 1998,
la operación USS Cole y el atentado contra el club nocturno de Bali en 2002.
Al leer entre líneas en busca de una explicación, merece la pena centrarse en las luchas internas
entre los diversos funcionarios implicados en el proceso de la Comisión, que se
extendieron con acritud a la opinión pública el otoño pasado, cuando el coronel
Morris Davis, jefe de la Comisión, dijo: "La Comisión no tiene nada que
ver con los atentados del 11 de septiembre". Morris Davis, el fiscal jefe
de la Comisión, dimitió de forma ruidosa, culpando a la interferencia política
de sus oficiales superiores, en una cadena que ascendió desde el General de
Brigada Thomas Hartmann, el asesor jurídico de la Comisión, y Susan Crawford,
la autoridad convocante de la Comisión, hasta el Consejero General del Departamento
de Defensa William J. Haynes II y el Vicepresidente Dick Cheney.
Los tres detenidos de
"alto valor" que Michael Hayden admitió que fueron sometidos a
submarino por la CIA. De izq. a dcha: Abu Zubaydah, Khalid Sheikh Mohammed y
Abdul Rahim al-Nashiri.
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El coronel Davis estaba molesto por tener que obedecer a Haynes, con quien discrepaba
profundamente sobre el deseo de este último de utilizar pruebas obtenidas
mediante tortura. La politización del proceso se hizo evidente cuando se reveló
que Dick Cheney había ofrecido al único condenado por la Comisión hasta la
fecha, el australiano David Hicks, un acuerdo con el fiscal a cambio de su
silencio sobre sus bien documentadas denuncias de torturas y malos tratos a
manos del ejército estadounidense, y que el general
de brigada Hartmann también quería ofrecer un acuerdo a Hamdan, a pesar de
la oposición del propio Davis.
Una de las razones por las que se desea llegar a un acuerdo con el fiscal es que, como en el caso de
Hicks, se elimina el espinoso problema de cómo tratar las alegaciones de los
detenidos de que han sido sometidos a tortura, lo que, para mayor
inconveniencia de la administración, sigue siendo ilegal en virtud de la
legislación nacional e internacional. Si también se logra convencer a Hamdan de
que acepte un acuerdo con la fiscalía, la administración podrá al menos
presumir de otro "éxito" y, posiblemente, dar a conocer algunos
ejemplos más de jugadores de bajo nivel para hacer creer que el sistema funciona.
El caso de Omar Khadr es más complicado, pero la inclusión de Mohamed Jawad puede deberse a que el
ejército y la administración esperan poder llevar a buen puerto el proceso sin
tener que recurrir a un acuerdo de culpabilidad. Es significativo que Jawad
nunca haya afirmado haber sido torturado por las fuerzas estadounidenses. En su
juicio, alegó que los soldados afganos le habían arrancado una confesión falsa
mediante tortura, pero, al no haber pruebas de malos tratos por parte del ejército
estadounidense, es muy posible que las autoridades esperen poder dejar de lado
esa incómoda acusación. Desde luego, es inconcebible que se intente de forma
realista localizar a los soldados afganos que capturaron a Jawad en Afganistán
y traerlos a Guantánamo para que testifiquen.
Nada de esto explica lo que ocurrirá finalmente con los detenidos de "alto valor", para
los que no es posible llegar a un acuerdo de culpabilidad, pero cuya condena,
en un tribunal libre de toda mención a la tortura, es obviamente deseable. Pero
puede explicar por qué se sigue utilizando una selección de peces pequeños para
tantear el terreno, mientras que los verdaderos monstruos se mantienen fuera de
la vista y, se espera, fuera de la mente.
Me pregunto cuánto tiempo podrán seguir así. ¿Hasta que asuma el poder la próxima administración?
¿O hasta el siguiente? ¿O para siempre? Notablemente, Khalid Sheikh Mohammed,
Abu Zubaydah y Abdul Rahim al-Nashiri mencionaron, en sus juicios en Guantánamo
en la primavera de 2007, que habían sido torturados durante sus largos años en
prisiones secretas de la CIA, y me recuerdan los comentarios hechos por Michael
Scheuer, el ex director de la unidad bin Laden de la CIA, que estuvo muy
implicado en el pequeño número de "entregas extraordinarias"
relativamente controladas que tuvieron lugar antes del 11 de septiembre.
Asombrado por la frenética expansión del programa tras el 11-S, Scheuer declaró
a Jane Mayer: "Los responsables políticos no habían pensado qué hacer con
ellos", y añadió que, una vez violados los derechos de un prisionero, no
había forma de reintegrarlo en el sistema judicial. "Lo único que hemos
hecho es crear una pesadilla", añadió. "¿Vamos a retener a estas
personas para siempre?".
Físicamente, ahora sabemos dónde se encuentran estos hombres -en el Campo VII, un anexo aislado
del complejo penitenciario cuya existencia era un secreto celosamente guardado
hasta esta semana-, pero jurídicamente bien podrían estar en la Luna.
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