Un juez ordena la puesta en libertad de un yemení con enfermedad mental
detenido en Guantánamo; otro juez aprueba la detención de un menor reclutado
por los talibanes
02 de agosto de 2010
Andy Worthington
A día de hoy, el balance de las demandas de hábeas corpus presentadas por los presos de
Guantánamo es de 38
victorias para los presos frente a 15 del Gobierno, tras dos sentencias
recientes. El 21 de julio, el juez Henry H. Kennedy Jr. estimó la petición de
hábeas corpus de Adnan Farhan Abdul Latif, un yemení de 34 años, mientras que,
en otra sala, el juez Reggie Walton desestimó la petición de hábeas corpus de
Abdul Rahman Sulayman, un yemení de 31 años.
Las opiniones no clasificadas de los jueces aún no están disponibles, por lo que se desconoce su
razonamiento, pero las sentencias suscitan tres respuestas inmediatas: en
primer lugar, que Adnan Farhan Abdul Latif, cuyos intentos de suicidio y
enfermedad mental han sido evidentes durante muchos años, debería ser puesto en
libertad de inmediato; en segundo lugar, que esto es poco probable, dada la
moratoria injustificable de la Administración Obama sobre la puesta en libertad
de cualquier preso yemení, incluso de aquellos que han ganado sus peticiones de
hábeas corpus; y, en tercer lugar, que la sentencia en el caso de Abdul Rahman
Sulayman solo puede interpretarse como una victoria para el Gobierno si se
analiza desde unos parámetros muy limitados.
Adnan Farhan Abdul Latif, un yemení con trastornos mentales, gana su recurso de hábeas corpus
Para Adnan Farhan Abdul Latif, la sentencia del juez Kennedy parece dar la razón a lo que sus abogados
han sostenido durante años: que es un hombre inocente que había acudido a
Afganistán en busca de tratamiento médico. Como explicó
uno de sus abogados, David Remes, tras el fallo: "Se trata de un hombre con
trastornos mentales que ha afirmado desde el principio que fue a Afganistán en
busca de atención médica porque era demasiado pobre para pagársela. Por fin, un
tribunal ha reconocido que ha estado diciendo la verdad y ha ordenado su puesta
en libertad".
Así es como describí su historia en uno
de los capítulos en línea que complementan la información contenida en mi libro
The
Guantánamo Files:
Adnan Farhan Abdul Latif, de 26 años (identificado por el Pentágono como Ab Aljallil Allal o Allal Ab Aljallil
Abd Al Rahman Abd), declaró que había sufrido una grave lesión en la cabeza en
un accidente de automóvil en 1994 y que había pasado años intentando encontrar
tratamiento médico asequible. Tras ser informado sobre la oficina de atención
médica de un cooperante paquistaní en Afganistán que le atendería, dijo que
viajó a Afganistán en 2001, y explicó que, cuando comenzó la invasión liderada
por Estados Unidos, huyó a la ciudad fronteriza de Khost y luego se dirigió a
Pakistán, donde fue detenido por las fuerzas paquistaníes, junto con otros 30
hombres de aspecto árabe. Contó a su abogado, Marc Falkoff, que más tarde se
enteró de que cada uno de ellos había sido entregado al ejército estadounidense
por una recompensa de 5.000 dólares.
En su tribunal de Guantánamo, Latif pareció desconcertado y refutó lo que creía que era una acusación de que
procedía de un lugar llamado Al Qaeda diciendo: "Soy de la ciudad de
Orday, en Yemen, no de una ciudad de Al Qaeda. Mi ciudad está muy lejos de la
ciudad de Al Qaeda", lo que quizá refuerce su afirmación de que había viajado
a Afganistán para recibir tratamiento por una fractura de cráneo.
En un análisis del caso de su cliente realizado en 2007, Marc Falkoff señaló que las autoridades alegaban,
en el resumen
no clasificado de las pruebas contra Latif, que este era "un combatiente de
Al Qaeda", que en 2000 "supuestamente viajó de Yemen a Afganistán" y
"supuestamente recibió entrenamiento en el campo de entrenamiento de
Al-Farouq", y que en abril de 2001 "supuestamente regresó a Afganistán" y
"supuestamente se dirigió al frente de batalla en Kabul". Añadió: "Cuando vi
por primera vez las acusaciones, pensé que parecían graves [pero] cuando
examiné las pruebas del Gobierno, me quedé asombrado. No había nada allí. Nada
en absoluto digno de confianza. Nada que pudiera admitirse como prueba en un
tribunal. Nada que fuera ni remotamente convincente, incluso dejando de lado
las sutilezas legales". A lo sumo, añadió, “había rumores increíblemente poco
fiables, a menudo extraídos de otros detenidos que eran —en
palabras de un representante militar— “mentirosos conocidos”, o de quienes
ahora sabemos que fueron torturados”.
A pesar de ello, las autoridades de Guantánamo intentaron —al menos al principio— presentar a Latif
como un agente retorcido de Al Qaeda que había sido entrenado para resistir los
interrogatorios (tal y como hicieron, para ser sinceros, con muchos otros
hombres detenidos de forma aleatoria, muchos de los cuales eran inocentes).
Antes de su audiencia ante el tribunal de Guantánamo en 2004, convocada para
confirmar que había sido correctamente designado como “combatiente enemigo” que
podía ser retenido sin cargos ni juicio, su representante personal (un oficial
militar asignado en lugar de un abogado) señaló que “divaga durante largos
periodos y no responde a las preguntas" y "claramente le han enseñado a divagar
como técnica de resistencia”.
Los intentos de suicidio de Latif y su probable esquizofrenia
De hecho, como se supo más tarde, Latif no se encontraba bien. En agosto de 2008, Marc Falkoff presentó
una "Moción de urgencia para exigir el acceso al historial médico del
demandante Adnan Farhan Abdul Latif y para solicitar otras medidas diversas" (PDF).
La moción se presentó porque a Latif se le había impedido tener una manta y un
colchón en su celda, a pesar de que se encontraba en muy mal estado, y Falkoff
escribió que "visitó ayer al Sr. Latif en la prisión militar de la Bahía de
Guantánamo y teme que el Sr. Latif —cuyo peso corporal ha bajado en las últimas
seis semanas de 145 a aproximadamente 107 libras— esté al borde de la muerte".
Añadió: "El Sr. Latif no está en huelga de hambre, y la causa de su alarmante
pérdida de peso parece desconocida", y también afirmó: "El Sr. Latif también
está manifestando signos de esquizofrenia, para lo cual aparentemente no está
recibiendo tratamiento". Falkoff reforzó esta observación en otra parte de la
moción cuando declaró que el Gobierno "ha sido consciente durante años de que
el Sr. Latif padece graves problemas psicológicos, entre los que aparentemente
se incluye la esquizofrenia".
Aun así, las autoridades se mostraron reacias a abandonar su descripción de Latif como un alborotador
deliberado, tal y como demuestran las siguientes notas incluidas en el
resumen de pruebas para su junta de revisión militar de marzo de 2005: "El
comportamiento general del detenido ha sido desobediente y agresivo. El
detenido no obedece las instrucciones de los guardias. El detenido sigue
hablando entre los bloques. El detenido también ha causado daños en su celda en
múltiples ocasiones. El detenido ha demostrado con sus acciones que tiene poco
respeto por las normas del bloque de celdas y que no respeta a sus compañeros".
De hecho, lejos de mostrar un incumplimiento deliberado, Latif se encontraba en un estado mental tan precario
que intentó suicidarse en varias ocasiones. En un llamamiento publicado en mayo
de 2009, Amnistía
Internacional señaló que había "intentado suicidarse varias veces desde
septiembre de 2008" y que "le contó a su abogado que, en una ocasión en
noviembre de 2008, intentó ahorcarse dos veces en un mismo día". El informe de
Amnistía añadía: "Al menos uno de estos intentos fue confirmado a su abogado
por un funcionario de Guantánamo".
El llamamiento de Amnistía se debió, en particular, a un intento de suicidio que tuvo lugar el 10 de mayo
de 2009, cuando se cortó una de las muñecas durante una reunión con David
Remes. Tras el incidente, Remes explicó que Latif "desprendió un trozo del
rígido revestimiento de la parte inferior de nuestra mesa de reuniones y lo
utilizó para cortarse una vena de la muñeca izquierda… Mientras se cortaba,
dejó que la sangre se derramara en un recipiente de plástico y, poco antes de
que llegara la hora de marcharme, me lanzó la sangre del recipiente". Como
también explicó Amnistía, "un portavoz de Guantánamo confirmó que el incidente
tuvo lugar, pero afirmó que no podía clasificarse como un intento de suicidio".
Amnistía también señaló que Latif había estado "en régimen de aislamiento en el pabellón psiquiátrico de
Guantánamo desde al menos noviembre de 2008", y que había contado a sus
abogados que "cuando está despierto ve fantasmas en la oscuridad, oye voces
aterradoras y sufre pesadillas cuando duerme". También contó a sus abogados que
había "ingestado todo tipo de materiales, incluyendo bolsas de basura, vasos de
orina, rosarios, una botella de agua y un tornillo", que se había "comido sus
propios excrementos y se los había untado por el cuerpo" y que había "utilizado
sus propios excrementos para cubrir las paredes de la puerta de su celda, la
cámara del techo de su celda y la rejilla de ventilación de su celda".
Además, Amnistía señaló que, según los informes, Latif padecía "una serie de problemas de salud física,
entre ellos una fractura de pómulo, un tímpano perforado, ceguera en un ojo,
una escápula dislocada y una posible dislocación de rodilla". Latif también
afirmó que padecía "dolor constante de garganta y estómago que [le dificultaba]
comer", pero que, en lugar de tratar este problema de manera adecuada, las
autoridades lo ataron a una silla de inmovilización y lo alimentaron a la
fuerza hasta tres veces al día a través de un tubo que le introducían por la
nariz hasta el estómago.
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Hace apenas dos meses, Amnistía
Internacional lanzó otro llamamiento y señaló que apenas se habían
producido mejoras en los doce meses transcurridos, afirmando que Latif se
encontraba "en régimen de aislamiento" y que, en marzo de este año, le había
comunicado a su abogado que "sigue siendo objeto de malos tratos y que tiene
pensamientos suicidas". En ese momento, Latif se encontraba recluido en régimen
de aislamiento en el Campo 5, que, según explicó Amnistía, "alberga a los pocos
huelguistas de hambre que quedan en Guantánamo" y a otras personas, como Latif,
que en su día habían estado en huelga de hambre pero habían abandonado esa
forma concreta de protesta contra las condiciones en las que se encontraban
recluidos. Amnistía señaló que la mayoría de los presos restantes vivían en
condiciones comunitarias en los Campos 1, 4 y 6, pero que, aunque los abogados
de Latif habían solicitado a las autoridades que lo trasladaran a uno de los
otros campos, no habían recibido respuesta.
En una carta a sus abogados en marzo de 2010, Latif afirmó que era objeto de agresiones violentas de forma
habitual por parte de la Fuerza de Respuesta Inmediata (IRF), un grupo de
guardias que castiga incluso las infracciones más leves con una violencia
desproporcionada. "Los equipos de la IRF entran en mi celda con regularidad",
escribió en su carta. "Me tiran y me arrastran por el suelo… dos días antes de
escribir esta carta [el equipo de la IRF] me estranguló y me presionó con
fuerza detrás de las orejas… Perdí el conocimiento durante más de una hora".
Añadió que las circunstancias en las que vivía "hacen que la muerte sea más
deseable que la vida… No encuentro ningún gusto por la vida, el sueño o el descanso".
Abdul Rahman Sulayman, un recluta talibán menor de edad, pierde su recurso de hábeas corpus
Según la información
disponible públicamente sobre Abdul Rahman Sulayman, cuyo recurso de hábeas
corpus fue denegado por el juez Reggie Walton, parece que fue uno de los varios
prisioneros de Guantánamo reclutados por Ibrahim Baalawi (también conocido como
Abu Khulud), presuntamente un colaborador de Osama bin Laden, quien, como
expliqué en The Guantánamo Files, "escapó de Tora Bora y sin duda habría sido una captura mucho más importante
que cualquiera de los soldados rasos que fueron detenidos en su lugar".
En Guantánamo, Sulayman afirmó que Baalawi lo reclutó con falsas promesas y relatos sobre la buena vida en Afganistán. "Me
prometió que podría casarme en Afganistán. Puede que tuviera otras intenciones
para mí además del matrimonio, pero yo no lo sabía", declaró ante el tribunal,
añadiendo que también le dijeron: "Puedes ir a ciertos condados y te darán una
casa, aunque sea vieja, y algo de ayuda económica para casarte. Y eso sin tener
que aportar nada en absoluto. Es una especie de acto de caridad por parte de esta
gente. Si te pusieras en mi lugar, ¿qué harías?".
Pero esa no era toda la historia, ya que Sulayman también admitió que, tras llegar a Afganistán en
marzo de 2001, permaneció en Kabul durante siete meses y que, cuando se le dio
la oportunidad de ir al frente, a la segunda línea o volver a casa, se decantó
por la segunda línea porque no quería luchar, pero tampoco quería volver a
casa. Fue allí, según dijo, donde recibió algún tipo de entrenamiento con armas
y, más tarde, tras el inicio de la invasión liderada por Estados Unidos, huyó a
Pakistán en compañía de hombres que no conocía, donde fue capturado y entregado
a las fuerzas estadounidenses.
Esto, presumiblemente, fue suficiente para que el juez Walton concluyera que había "formado parte" de Al
Qaeda o de los talibanes, que es todo lo que se requiere para que los presos
pierdan sus peticiones de hábeas corpus, a pesar de que gran parte de las demás
supuestas pruebas eran demostrablemente falsas y, casi con toda seguridad,
presentadas por testigos poco fiables, ya fuera en Guantánamo o en otras
prisiones gestionadas por Estados Unidos. Entre ellas figuraban acusaciones
ridículas de que fue identificado como instructor de morteros a partir de un
vídeo grabado en el campo de entrenamiento de Tarnak Farms en 2000 (antes de su
llegada a Afganistán), que "fue identificado como portavoz de Al Qaeda y
formaba parte del séquito de Osama bin Laden… durante la huida de Tora Bora", y
que fue identificado como un guardia de prisiones talibán "que utilizaba
técnicas de tortura con los reclusos bajo su control".
Ninguno de los dos podrá escapar de Guantánamo
Aunque la admisión de la petición de hábeas corpus de Adnan Farhan Abdul Latif debería conducir a su
repatriación inmediata desde Guantánamo, esto es poco probable dada la moratoria
sobre la liberación de cualquier preso a Yemen —incluso de los presos con
enfermedades mentales cuya liberación ha sido ordenada por un tribunal
estadounidense— que anunció el presidente Obama en enero, tras descubrirse que
el autor del fallido atentado con bomba en un avión el día de Navidad, Umar
Farouk Abdulmutallab, había sido reclutado en Yemen.
Como he sostenido desde que se anunció la moratoria, se trató de una medida cobarde e injusta por parte de
Obama, concebida y ejecutada en respuesta a la histeria sostenida de los
legisladores y los medios de comunicación, cuando lo que realmente se
necesitaba era un líder dispuesto a plantar cara a sus críticos, y a señalar
que negarse a repatriar a los yemeníes de Guantánamo —aunque hubieran sido
autorizados para su liberación por el presidente Bush, por el propio Grupo de
Trabajo de Revisión de Guantánamo de Obama o por un tribunal estadounidense—
solo transmitía un mensaje: que todo el mundo en Yemen era un terrorista en
potencia, y que la culpabilidad por nacionalidad era una razón aceptable para
negarse a liberar a cualquiera de estos hombres.
En el mundo pragmático y lleno de concesiones de la administración Obama, lo absurdo de seguir reteniendo a 59
yemeníes cuya puesta en libertad fue autorizada por el Grupo de Trabajo (incluidos
algunos o todos los otros
tres
hombres
que ganaron sus recursos de hábeas corpus, pero que siguen detenidos)
aparentemente no significa nada, incluso cuando, como ha quedado patente en los
últimos meses, la moratoria ha obligado al
Departamento de Justicia a impugnar los recursos de hábeas corpus de presos
respecto a los cuales la administración ya ha admitido que no hay motivos para
mantenerlos detenidos.
La única excepción, hasta la fecha, ha sido Mohammed
Hassan Odaini, un estudiante detenido en Pakistán, cuya detención indebida
era tan
evidente que la administración no pudo plantearse mantenerlo detenido por
más tiempo. Lamentablemente, la administración también intentó
justificar su liberación señalando que procedía de una buena familia, por
lo que Adnan Farhan Abdul Latif quizá tenga que reflexionar sobre el hecho de
que, a pesar de su victoria, solo será liberado si su historia llama la
atención de los principales medios de comunicación y si procede de una buena familia.
En cuanto a Abdul Rahman Sulayman, se une al reducido grupo de otros presos (14 en la actualidad) que
han visto desestimadas sus demandas de hábeas corpus y se ven condenados a una
detención indefinida en Guantánamo sobre una base aparentemente legal, a pesar
de que él y la mayoría de esos 13 hombres desempeñaron un papel secundario en
un conflicto militar que no tuvo nada que ver con Al Qaeda, los atentados del
11-S u otros actos de terrorismo internacional, y que, por lo tanto, deberían
haber sido retenidos como prisioneros de guerra de acuerdo con los Convenios de
Ginebra, en lugar de ser recluidos como una categoría única de seres humanos en
una prisión experimental creada para albergar a "lo peor de lo peor".
En el caso de Sulayman, parecería que su capacidad para impugnar su detención ha llegado a su fin hasta
que alguna autoridad decida que la legislación que justifica su detención —la Autorización
para el Uso de la Fuerza Militar, aprobada por el Congreso la semana tras
los atentados del 11 de septiembre— es inadecuada, y que los hombres recluidos
en Guantánamo son soldados o sospechosos de delitos relacionados con actividades
terroristas, en lugar de los "combatientes enemigos" inventados por la
administración Bush. Tiene derecho a recurrir, por supuesto, pero como han demostrado
recientes sentencias del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia, la
mayoría de los jueces que se ocupan de los recursos de los presos no solo no se
preocupan por estas cuestiones, sino que, de hecho, se dedican a socavar la
capacidad del Tribunal de Distrito para conceder las peticiones de hábeas
corpus de los presos, intentando rebajar la ya de por sí baja carga de la
prueba exigida al Gobierno para ganar sus casos en primera instancia.
Dada la actitud tan agresiva del Tribunal de Circuito, no solo Abdul Rahman Sulayman tiene pocas
posibilidades de ganar un recurso de apelación —a pesar de que no hay pruebas
de que haya levantado las armas contra las fuerzas estadounidenses—, sino que
incluso la petición de hábeas corpus que Adnan Farhan Abdul Latif logró que se
admitiera podría ser revocada, lo que condenaría a un hombre con una enfermedad
mental a un tipo de detención prolongada que haría irrelevante la moratoria sin
principios de Obama.
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