Juez confirma que el juicio de
James Mitchell y Bruce Jessen, arquitectos del programa de tortura de la CIA,
continuará
Andy Worthington
AndyWorthington.co.uk
9 de agosto de 2017
Excelentes noticias desde Washington, desde donde el juez federal Justin Quackenbush, ha
dictaminado que “la demanda civil por parte de tres víctimas del programa de
tortura de la CIA en contra de los dos psicólogos que lo crearon, irá a juicio
el 5 de septiembre” después de descubrir que más de un año de investigación ha
arrojado suficiente evidencia para apoyar la demanda de los afectados”, Larry
Siems, editor de la aclamada memoria de Mohamedou Ould Slahi, La diario de Guantánamo , explica en
el artículo para el Guardian.
La decisión era esperada, ya que el juez Quackenbush había permitido que el caso procediera desde el pasado
mes de abril, una decisión altamente importante, acerca de la cual escribí en
el artículo titulado “En el fallo histórico, el tribunal estadounidense permite que la demanda contra James
Mitchell y Bruce Jessen, los arquitectos del programa de la tortura de la CIA,
siga” (In Historic Ruling, US Court Allows Lawsuit
Against James Mitchell and Bruce Jessen, Architects of CIA Torture Program, to
Proceed). También escribí un artículo de seguimiento en junio de este año: En causa judicial en curso, foco en James
Mitchell y Bruce Jessen, los arquitectos del programa de la tortura de la CIA
brutal, inútil (In Ongoing Court Case, Spotlight
On James Mitchell and Bruce Jessen, Architects of the Brutal, Pointless CIA
Torture Program), después de que el New York Times obtuviera videos de deposiciones
(Los videos del deposiciones)
realizados por Mitchell y Jessen en donde los dos
hombres intentan defender sus posiciones (el Times también obtuvo deposiciones de dos ex oficiales de la CIA y
de los demandantes, al igual que nueva documentación desclasificada de la Agencia).
Como lo explica Larry Siems, después del fallo de esta
semana, “ahora queda en manos del jurado de Spokane, Washington, decidir si los
psicólogos, que supuestamente recibieron entre 75-81 millones de dólares bajo
su contrato con la CIA para crear el llamado programa de interrogación
mejorado, son financieramente responsables por los efectos psicológicos y
físicos de su tortura”.
Si no has escuchado esto, checa mi banda The Four Fathers tocar
81 Million Dollars,
la canción que escribí acerca de la desagradable
noticia de que Mitchell y Jessen recibieron 81 millones por desarrollar e
implementar un programa de tortura post 11/9, que incluye el llamado de que
quienes participaron deberían enfrentar persecución, desde Bush en adelante.
De los tres demandantes, dos están vivos, Suleiman
Abdullah Salim, un tanzano, y Mohamed Ahmed Ben Soud, de Libia, quienes
“sobrevivieron encierro en una prisión secreta de la CIA en Afganistán en el
2003”, como lo describe Siems. Los dos “ahora se encuentran libres y viviendo
en sus países de origen”. El tercer hombre, Gul Rahman, un afgano, es
representado por su familia, ya que murió como resultado de la tortura a la que
se le expuso en la prisión en donde se encontraba rehén.
Los tres hombres, es importante notar, son claramente
víctimas de confusión de identidades, como muchos otros casos que han sido
sujetos al programa de tortura y Rahman, que vivía con su esposa y cuatro hijas
en un campo de refugiados en Peshawar, logrando sobrevivir con la venta de
madera a otros refugiados, fue asesinado como si su vida no tuviera valor y
Suleiman Abdullah Salim y Mohamed Ahmed Ben Soud fueron horriblemente
torturados en un “hoyo negro” (nombrado COBALT) en Afganistán.
Ben Soud, inicialmente detenido en abril del 2003 en
Afganistán, en donde vivía con su esposa y su bebé, y a donde se había ido a
vivir en 1991 al escapar de su hogar por oponerse al coronel Gaddafi, fue
detenido por 16 meses en una prisión clandestina “(black prison”) y en otra
facilidad de la CIA, el Salt Pit, y llevado de regreso a Libia, en donde lo
tuvieron hasta febrero del 2011 cuando las revueltas en contra del coronel
comenzaron. Terriblemente torturado en esa prisión clandestina, dijo que, al
llegar, “una mujer americana le informó que era prisionero de la CIA, que los
derechos humanos habían terminado el 11 de septiembre y que no había leyes que
aplicaran en la prisión”.
Salim, un pescador, se había casado recientemente
antes de su captura y nunca volvería a ver a su esposa. Detenido en Kenia, en
marzo de 2003, fue entregado a Afganistán vía Somalia y Djibouti, encerrado en
una prisión clandestina y en el Salt Pit y después atrapado en Bagram por otros
cuatro años antes de regresar a casa en agosto del 2008. Su “prolongado
aislamiento lo dejó desacostumbrado a la interacción humana”, describe ACLU,
añadiendo que “el pescador amante del reggae, quien era conocido como
“Travolta” por sus talentos en la pista de baile, se ha quedado encerrado en un
caparazón dentro de sí mismo”.
Dror Ladin, uno de los abogados de ACLU que
presentaron la demanda a favor de los tres hombres mencionados, en el 2015,
respondió al fallo del juez Quackenbush diciendo que “este es un día histórico
para nuestros clientes que buscan justicia por la tortura sufrida. El fallo de
la corte significa que, por primera vez, los individuos responsables por el
brutal e ilegal programa de tortura enfrentarán un proceso legal significativo
por lo que hicieron. Nuestros clientes han esperado justicia por mucho tiempo.”
Como procedió a explicar Larry Siems, “esta es la
primera demanda presentada por parte de víctimas de tortura en las prisiones
secretas de la CIA que ha alcanzado la fase previa a juicio. En varios casos,
la administración de Bush y Obama, han intervenido para persuadir a las cortes
de descartar este tipo de demandas, discutiendo que secretos de Estado estaban
en riesgo si procedían”, como el caso de Jeppesen en contra de un subsidiario
de Boeing, por el uso de sus aviones para los “vuelos de tortura” para la CIA,
que fue vergonzosamente
cerrado por la doctrina de secretos de Estado en el 2010, bajo el
presidente Obama.
La publicación en diciembre del 2014 del resumen del
reporte del Comité de Inteligencia del senado acerca del programa de la CIA,
“reveló varios detalles que el gobierno había mantenido
suprimidos por un largo periodo de tiempo, incluyendo los nombres de 39
hombres a los cuales se les aplicaron las “técnicas mejoradas de interrogación”
de Mitchell y Jessen en una prisión llamada Cobalt y otras facilidades secretas
de la CIA”, y detalles de su tortura.
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Como confirma el reporte, Suleiman Abdullah Salim y
Mohamed Ahmed Ben Soud “fueron algunos de los prisioneros sujetos a tormentos
como ser encadenados en posiciones dolorosas, ataques, ser golpeados por
fuertes chorros de agua y confinamiento en cajas cerradas que provocaban
claustrofobia”, mientras que Rahman “fue despojado de su ropa, mojado y
amarrado al piso de concreto en noches heladas, provocando su muerte por hipotermia”.
Los detalles de la tortura de estos hombres habían sido publicitados antes de
que se emitiera el reporte del senado (leer mi informe sobre asesinatos en
Afganistán aquí y también el detallado trabajo del caso por parte de ACLU Out of the Darkness). Esta publicación hizo imposible para los críticos
de la divulgación desestimar los hechos.
Como lo plantea Larry Siems, “con tanta información
oficialmente confirmada, la administración de Obama señaló que no reclamaría en
base a los secretos del Estado para escabullirse de la demanda”- un caducado
cambio de posición- y en una serie de fallos en el último año el juez
Quackenbush ha “repetidamente rechazado movimientos legales por parte de los
abogados de Mitchell y Jessen para descartar la demanda y ha ordenado un nivel
de descubrimiento sin precedentes, incluyendo las deposiciones de no solo
Mitchell y Jessen, sino de José Rodríguez, el ex director de la CIA del centro
de antiterrorismo, y John Rizzo, vicepresidente del consejo de la Agencia
cuando los “sitios negros” estaban en operación”.
Siems también explica cómo, al final de esta audiencia
previa al juicio, el 28 de julio, el juez Quackenbush “indicó que estaba
satisfecho de que la demanda por parte de la familia de Rahman fuera a juicio,
pero dijo que quería revisar “que la evidencia para Salim y Ben Soud fuera
suficiente”. Su fallo esta semana ha dejado claro que ellos, también,
“presentaron evidencia suficiente para soportar la responsabilidad de Mitchell
y Jessen en su tortura”.
En un final giro de eventos que muestra que el
continuo desprecio de los Estados Unidos sus víctimas del programa de tortura,
a pesar del tardío reconocimiento de Barack Obama de que la doctrina de
secretos de Estado había terminado su curso como obstáculo para
responsabilidad, los abogados de Mohamed Ahmed Ben Soud escucharon las noticias
del fallo desde la isla de Dominica en el Caribe, en donde se reunieron con
abogados del gobierno para tomar su testimonio que será presentado ante el
jurado en septiembre. Como explica Siems, “tanto las visas de Ben Soud como de
Salim fueron negadas para viajar a los Estados Unidos a principios de este año
para las deposiciones, y probablemente no se les permitirá aparecer en persona
para el juicio”.
Oficiales de la embajada estadounidense en Kabul, de
todas maneras, “le otorgaron una visa al sobrino de Rahman, quien representa a
su familia en la demanda”, y en su deposición, realizada en Nueva York en
enero, “describió la angustia de su familia cuando desapareció su tío y el
descubrimiento gradual de su secuestro y tortura hasta la muerte en la prisión
secreta de la CIA”. Como añadió Siems, sumando a que continua la indiferencia
hacia la muerte de Gul Rahman, “la familia no ha recibido confirmación de su
muerte ni ha podido recibir su cuerpo”.
Como mencionó Obaidullah en su declaración, explicando
lo que esperaba su familia con la demanda, “si lo mataron, espero que nos dejen
saber que “aquí está el cadáver”, por lo menos que nos entreguen un cuerpo”.
Críticas de los intentos de Mitchell y Jessen por defenderse a sí mismos
Antes del fallo del lunes, Mitchell y Jessen causaron
enojo al “recurrir a argumentos de defensa utilizados por los criminales de
guerra nazis acusados para deslindarse y no ser encontrados culpables de
tortura”, como Kevin Gosztola describió en Shadowproof el 28 de julio:
Antes de los argumentos orales en Spokane, Washington, el 28 de julio, los abogados de
la defensa de Mitchell y Jessen invocaron [PDF]
los casos de Karl Rasche, un banquero que “facilitó
grandes préstamos a un fondo para la disposición personal de Heinrich Himmler”,
quien encabezaba la SS y de Joachim Drosihn, quien fue un técnico del gas
venenoso para la compañía que lo manufacturaba, Zyklon B, utilizado para
exterminar judíos en los campos de concentración.
John Kiriakou, ex oficial de la CIA, que denunció el uso de la Agencia del submarino como parte del mencionado
programa de tortura, reaccionó diciendo que “esto solo establece su lugar en la
historia y no solo en la historia, sino en la infamia”.
“Cuando recurren a la defensa utilizada por los criminales de guerra nazis acusados para
defenderse a sí mismos, no podrían caer más bajo”, añadió Kiriakou. (De hecho,
al principio, él no tomaba en serio esto y pensaba que era algún tipo de
broma).
Reportando acerca
del fallo de Quackenbush esta semana, Gosztola notó que el juez declaró que
“aunque la CIA haya mantenido el control del programa, los acusados, estando en
el lugar de los hechos, ejercieron significativo control durante las
interrogaciones de los individuos”, añadiendo que “los acusados no han
establecido si actuaron bajo la dirección del gobierno, bajo su autoridad, o si
dicha autoridad fue legal y validada”.
Gosztola también mencionó que el juez Quackenbush “llamó
la atención a “varios argumentos poco convincentes” por parte de Mitchell y
Jessen”, declarando que “los acusados argumentan que existieron otros programas
de interrogación “paralelos”, lo cual contradice el testimonio del ex
vicepresidente del consejo legal de la Agencia, John Rizzo que afirmó que
únicamente un programa fue legalmente autorizado”.
El juez Quackenbush también mencionó que “el argumento
de que los acusados diseñaron el programa exclusivamente para el uso en
“detenidos de alto valor” es poco convincente. Jessen testificó que los
términos “evolucionaron con el tiempo” y que el término “HDV”
(detenidos de alto valor) “no existía cuando empezamos”. La
designación de un individuo podía cambiar y era, por lo tanto, arbitrario. El
acusante Salim fue designado como “nivel bajo”, “nivel alto” y “no es enemigo
combatiente” varias veces.
Respondiendo a lo que Kevin Gosztola describe como “el
argumento de que “ahí no hay conexión” entre las técnicas de tortura propuestas
por Mitchell y Jessen y las aplicadas a los demandantes,” el juez Quackenbush
describe esto como “hechos incorrectos”, declarando que “algunas técnicas eran
idénticas y otras tenían, aparentemente, variantes, como las del disparo de
fuertes chorros de agua”.
Gosztola comentó que “el juez Quackenbush afirma que
los ex detenidos no están obligados a probar que Mitchell y Jessen tenían
motivos para lastimarlos. Podrían probablemente ser encontrados responsables
por acciones que llevaron al trato abusivo de Salim y Soud en Cobalt (la sitio
negro en Afganistán) en donde se sabe trabajaron en noviembre del 2002 antes de
que Salim y Soud llegaran”. Como lo plantea el juez, “el reporte de los
acusados argumentando en contra de “asistencia substancial” intenta minimizar
su participación y en algunos momentos llega a niveles increíbles: la
participación de los acusados estaba limitada a sugerir técnicas potenciales
para Zubaydah y posteriormente proporcionar una detallada lista de técnicas que
se habían usado en SERE los pasados 50 años”.
Como explicó el juez Quackenbush, “esta declaración es
imprecisa en cuanto a los hechos y engañosa. No es creíble que los acusados
recibieran un pago de 81 millones de dólares por sugerir algunas técnicas que
el programa SERE de la Fuerza Aérea ya sabía. También está claro que los
acusados no sugirieron únicamente técnicas. De hecho, ellos aplicaron algunas
técnicas a Zubaydah, interrogaron a Rahman y participaron en el programa varios
años”.
El juez Quackenbush también agregó que los intentos de Mitchell y Jessen para
“lograr que el estudio de rendición, detención e interrogación del Comité
Selecto de Inteligencia de la CIA se excluyera del juicio y se considerara como
“rumores”, anula su opinión de que el comité “no estaba calificado para
investigar el programa” y que había “producido un desconfiado, partisano y poco
confiable reporte”.
En conclusión, solo puedo decir “¡que venga el juicio!”. Promete ser muy
interesante.
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