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Juez confirma que el juicio de James Mitchell y Bruce Jessen, arquitectos del programa de tortura de la CIA, continuará

Andy Worthington
AndyWorthington.co.uk
9 de agosto de 2017

James Mitchell and Bruce Jessen as they appeared in videos of their depositions as part of the court case against them in 2017.

Excelentes noticias desde Washington, desde donde el juez federal Justin Quackenbush, ha dictaminado que “la demanda civil por parte de tres víctimas del programa de tortura de la CIA en contra de los dos psicólogos que lo crearon, irá a juicio el 5 de septiembre” después de descubrir que más de un año de investigación ha arrojado suficiente evidencia para apoyar la demanda de los afectados”, Larry Siems, editor de la aclamada memoria de Mohamedou Ould Slahi, La diario de Guantánamo , explica en el artículo para el Guardian.

La decisión era esperada, ya que el juez Quackenbush había permitido que el caso procediera desde el pasado mes de abril, una decisión altamente importante, acerca de la cual escribí en el artículo titulado “En el fallo histórico, el tribunal estadounidense permite que la demanda contra James Mitchell y Bruce Jessen, los arquitectos del programa de la tortura de la CIA, siga” (In Historic Ruling, US Court Allows Lawsuit Against James Mitchell and Bruce Jessen, Architects of CIA Torture Program, to Proceed). También escribí un artículo de seguimiento en junio de este año: En causa judicial en curso, foco en James Mitchell y Bruce Jessen, los arquitectos del programa de la tortura de la CIA brutal, inútil (In Ongoing Court Case, Spotlight On James Mitchell and Bruce Jessen, Architects of the Brutal, Pointless CIA Torture Program), después de que el New York Times obtuviera videos de deposiciones (Los videos del deposiciones) realizados por Mitchell y Jessen en donde los dos hombres intentan defender sus posiciones (el Times también obtuvo deposiciones de dos ex oficiales de la CIA y de los demandantes, al igual que nueva documentación desclasificada de la Agencia).

Como lo explica Larry Siems, después del fallo de esta semana, “ahora queda en manos del jurado de Spokane, Washington, decidir si los psicólogos, que supuestamente recibieron entre 75-81 millones de dólares bajo su contrato con la CIA para crear el llamado programa de interrogación mejorado, son financieramente responsables por los efectos psicológicos y físicos de su tortura”.

Si no has escuchado esto, checa mi banda The Four Fathers tocar 81 Million Dollars, la canción que escribí acerca de la desagradable noticia de que Mitchell y Jessen recibieron 81 millones por desarrollar e implementar un programa de tortura post 11/9, que incluye el llamado de que quienes participaron deberían enfrentar persecución, desde Bush en adelante.

De los tres demandantes, dos están vivos, Suleiman Abdullah Salim, un tanzano, y Mohamed Ahmed Ben Soud, de Libia, quienes “sobrevivieron encierro en una prisión secreta de la CIA en Afganistán en el 2003”, como lo describe Siems. Los dos “ahora se encuentran libres y viviendo en sus países de origen”. El tercer hombre, Gul Rahman, un afgano, es representado por su familia, ya que murió como resultado de la tortura a la que se le expuso en la prisión en donde se encontraba rehén.

Los tres hombres, es importante notar, son claramente víctimas de confusión de identidades, como muchos otros casos que han sido sujetos al programa de tortura y Rahman, que vivía con su esposa y cuatro hijas en un campo de refugiados en Peshawar, logrando sobrevivir con la venta de madera a otros refugiados, fue asesinado como si su vida no tuviera valor y Suleiman Abdullah Salim y Mohamed Ahmed Ben Soud fueron horriblemente torturados en un “hoyo negro” (nombrado COBALT) en Afganistán.

Ben Soud, inicialmente detenido en abril del 2003 en Afganistán, en donde vivía con su esposa y su bebé, y a donde se había ido a vivir en 1991 al escapar de su hogar por oponerse al coronel Gaddafi, fue detenido por 16 meses en una prisión clandestina “(black prison”) y en otra facilidad de la CIA, el Salt Pit, y llevado de regreso a Libia, en donde lo tuvieron hasta febrero del 2011 cuando las revueltas en contra del coronel comenzaron. Terriblemente torturado en esa prisión clandestina, dijo que, al llegar, “una mujer americana le informó que era prisionero de la CIA, que los derechos humanos habían terminado el 11 de septiembre y que no había leyes que aplicaran en la prisión”.

Salim, un pescador, se había casado recientemente antes de su captura y nunca volvería a ver a su esposa. Detenido en Kenia, en marzo de 2003, fue entregado a Afganistán vía Somalia y Djibouti, encerrado en una prisión clandestina y en el Salt Pit y después atrapado en Bagram por otros cuatro años antes de regresar a casa en agosto del 2008. Su “prolongado aislamiento lo dejó desacostumbrado a la interacción humana”, describe ACLU, añadiendo que “el pescador amante del reggae, quien era conocido como “Travolta” por sus talentos en la pista de baile, se ha quedado encerrado en un caparazón dentro de sí mismo”.

Dror Ladin, uno de los abogados de ACLU que presentaron la demanda a favor de los tres hombres mencionados, en el 2015, respondió al fallo del juez Quackenbush diciendo que “este es un día histórico para nuestros clientes que buscan justicia por la tortura sufrida. El fallo de la corte significa que, por primera vez, los individuos responsables por el brutal e ilegal programa de tortura enfrentarán un proceso legal significativo por lo que hicieron. Nuestros clientes han esperado justicia por mucho tiempo.”

Como procedió a explicar Larry Siems, “esta es la primera demanda presentada por parte de víctimas de tortura en las prisiones secretas de la CIA que ha alcanzado la fase previa a juicio. En varios casos, la administración de Bush y Obama, han intervenido para persuadir a las cortes de descartar este tipo de demandas, discutiendo que secretos de Estado estaban en riesgo si procedían”, como el caso de Jeppesen en contra de un subsidiario de Boeing, por el uso de sus aviones para los “vuelos de tortura” para la CIA, que fue vergonzosamente cerrado por la doctrina de secretos de Estado en el 2010, bajo el presidente Obama.

La publicación en diciembre del 2014 del resumen del reporte del Comité de Inteligencia del senado acerca del programa de la CIA, “reveló varios detalles que el gobierno había mantenido suprimidos por un largo periodo de tiempo, incluyendo los nombres de 39 hombres a los cuales se les aplicaron las “técnicas mejoradas de interrogación” de Mitchell y Jessen en una prisión llamada Cobalt y otras facilidades secretas de la CIA”, y detalles de su tortura.

Suleiman Abdullah Salim and Mohamed Ahmed Ben Soud, victims of the CIA's post-9/11 torture program (photos made available by the ACLU).

Como confirma el reporte, Suleiman Abdullah Salim y Mohamed Ahmed Ben Soud “fueron algunos de los prisioneros sujetos a tormentos como ser encadenados en posiciones dolorosas, ataques, ser golpeados por fuertes chorros de agua y confinamiento en cajas cerradas que provocaban claustrofobia”, mientras que Rahman “fue despojado de su ropa, mojado y amarrado al piso de concreto en noches heladas, provocando su muerte por hipotermia”. Los detalles de la tortura de estos hombres habían sido publicitados antes de que se emitiera el reporte del senado (leer mi informe sobre asesinatos en Afganistán aquí y también el detallado trabajo del caso por parte de ACLU Out of the Darkness). Esta publicación hizo imposible para los críticos de la divulgación desestimar los hechos.

Como lo plantea Larry Siems, “con tanta información oficialmente confirmada, la administración de Obama señaló que no reclamaría en base a los secretos del Estado para escabullirse de la demanda”- un caducado cambio de posición- y en una serie de fallos en el último año el juez Quackenbush ha “repetidamente rechazado movimientos legales por parte de los abogados de Mitchell y Jessen para descartar la demanda y ha ordenado un nivel de descubrimiento sin precedentes, incluyendo las deposiciones de no solo Mitchell y Jessen, sino de José Rodríguez, el ex director de la CIA del centro de antiterrorismo, y John Rizzo, vicepresidente del consejo de la Agencia cuando los “sitios negros” estaban en operación”.

Siems también explica cómo, al final de esta audiencia previa al juicio, el 28 de julio, el juez Quackenbush “indicó que estaba satisfecho de que la demanda por parte de la familia de Rahman fuera a juicio, pero dijo que quería revisar “que la evidencia para Salim y Ben Soud fuera suficiente”. Su fallo esta semana ha dejado claro que ellos, también, “presentaron evidencia suficiente para soportar la responsabilidad de Mitchell y Jessen en su tortura”.

En un final giro de eventos que muestra que el continuo desprecio de los Estados Unidos sus víctimas del programa de tortura, a pesar del tardío reconocimiento de Barack Obama de que la doctrina de secretos de Estado había terminado su curso como obstáculo para responsabilidad, los abogados de Mohamed Ahmed Ben Soud escucharon las noticias del fallo desde la isla de Dominica en el Caribe, en donde se reunieron con abogados del gobierno para tomar su testimonio que será presentado ante el jurado en septiembre. Como explica Siems, “tanto las visas de Ben Soud como de Salim fueron negadas para viajar a los Estados Unidos a principios de este año para las deposiciones, y probablemente no se les permitirá aparecer en persona para el juicio”.

Oficiales de la embajada estadounidense en Kabul, de todas maneras, “le otorgaron una visa al sobrino de Rahman, quien representa a su familia en la demanda”, y en su deposición, realizada en Nueva York en enero, “describió la angustia de su familia cuando desapareció su tío y el descubrimiento gradual de su secuestro y tortura hasta la muerte en la prisión secreta de la CIA”. Como añadió Siems, sumando a que continua la indiferencia hacia la muerte de Gul Rahman, “la familia no ha recibido confirmación de su muerte ni ha podido recibir su cuerpo”.

Como mencionó Obaidullah en su declaración, explicando lo que esperaba su familia con la demanda, “si lo mataron, espero que nos dejen saber que “aquí está el cadáver”, por lo menos que nos entreguen un cuerpo”.

Críticas de los intentos de Mitchell y Jessen por defenderse a sí mismos

Antes del fallo del lunes, Mitchell y Jessen causaron enojo al “recurrir a argumentos de defensa utilizados por los criminales de guerra nazis acusados para deslindarse y no ser encontrados culpables de tortura”, como Kevin Gosztola describió en Shadowproof el 28 de julio:

    Antes de los argumentos orales en Spokane, Washington, el 28 de julio, los abogados de la defensa de Mitchell y Jessen invocaron [PDF] los casos de Karl Rasche, un banquero que “facilitó grandes préstamos a un fondo para la disposición personal de Heinrich Himmler”, quien encabezaba la SS y de Joachim Drosihn, quien fue un técnico del gas venenoso para la compañía que lo manufacturaba, Zyklon B, utilizado para exterminar judíos en los campos de concentración.

    John Kiriakou, ex oficial de la CIA, que denunció el uso de la Agencia del submarino como parte del mencionado programa de tortura, reaccionó diciendo que “esto solo establece su lugar en la historia y no solo en la historia, sino en la infamia”.

    “Cuando recurren a la defensa utilizada por los criminales de guerra nazis acusados para defenderse a sí mismos, no podrían caer más bajo”, añadió Kiriakou. (De hecho, al principio, él no tomaba en serio esto y pensaba que era algún tipo de broma).

Reportando acerca del fallo de Quackenbush esta semana, Gosztola notó que el juez declaró que “aunque la CIA haya mantenido el control del programa, los acusados, estando en el lugar de los hechos, ejercieron significativo control durante las interrogaciones de los individuos”, añadiendo que “los acusados no han establecido si actuaron bajo la dirección del gobierno, bajo su autoridad, o si dicha autoridad fue legal y validada”.

Gosztola también mencionó que el juez Quackenbush “llamó la atención a “varios argumentos poco convincentes” por parte de Mitchell y Jessen”, declarando que “los acusados argumentan que existieron otros programas de interrogación “paralelos”, lo cual contradice el testimonio del ex vicepresidente del consejo legal de la Agencia, John Rizzo que afirmó que únicamente un programa fue legalmente autorizado”.

El juez Quackenbush también mencionó que “el argumento de que los acusados diseñaron el programa exclusivamente para el uso en “detenidos de alto valor” es poco convincente. Jessen testificó que los términos “evolucionaron con el tiempo” y que el término “HDV” (detenidos de alto valor) “no existía cuando empezamos”. La designación de un individuo podía cambiar y era, por lo tanto, arbitrario. El acusante Salim fue designado como “nivel bajo”, “nivel alto” y “no es enemigo combatiente” varias veces.

Respondiendo a lo que Kevin Gosztola describe como “el argumento de que “ahí no hay conexión” entre las técnicas de tortura propuestas por Mitchell y Jessen y las aplicadas a los demandantes,” el juez Quackenbush describe esto como “hechos incorrectos”, declarando que “algunas técnicas eran idénticas y otras tenían, aparentemente, variantes, como las del disparo de fuertes chorros de agua”.

Gosztola comentó que “el juez Quackenbush afirma que los ex detenidos no están obligados a probar que Mitchell y Jessen tenían motivos para lastimarlos. Podrían probablemente ser encontrados responsables por acciones que llevaron al trato abusivo de Salim y Soud en Cobalt (la sitio negro en Afganistán) en donde se sabe trabajaron en noviembre del 2002 antes de que Salim y Soud llegaran”. Como lo plantea el juez, “el reporte de los acusados argumentando en contra de “asistencia substancial” intenta minimizar su participación y en algunos momentos llega a niveles increíbles: la participación de los acusados estaba limitada a sugerir técnicas potenciales para Zubaydah y posteriormente proporcionar una detallada lista de técnicas que se habían usado en SERE los pasados 50 años”.

Como explicó el juez Quackenbush, “esta declaración es imprecisa en cuanto a los hechos y engañosa. No es creíble que los acusados recibieran un pago de 81 millones de dólares por sugerir algunas técnicas que el programa SERE de la Fuerza Aérea ya sabía. También está claro que los acusados no sugirieron únicamente técnicas. De hecho, ellos aplicaron algunas técnicas a Zubaydah, interrogaron a Rahman y participaron en el programa varios años”.

El juez Quackenbush también agregó que los intentos de Mitchell y Jessen para “lograr que el estudio de rendición, detención e interrogación del Comité Selecto de Inteligencia de la CIA se excluyera del juicio y se considerara como “rumores”, anula su opinión de que el comité “no estaba calificado para investigar el programa” y que había “producido un desconfiado, partisano y poco confiable reporte”.

En conclusión, solo puedo decir “¡que venga el juicio!”. Promete ser muy interesante.


 

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