Un juez condena el uso ilegal y "inadmisiblemente punitivo” que
hace la Administración Trump de Guantánamo para retener a migrantes
13 de diciembre de 2025
Andy Worthington
La jueza Sparkle Sooknanan, del Tribunal de Distrito de Washington D. C., y algunos de los primeros
migrantes enviados a Guantánamo en febrero de 2025, según las fotografías
publicadas por el Departamento de Seguridad Nacional.
|
Las ruedas de la justicia pueden girar lentamente en el sistema judicial estadounidense, por razones que
implican diversas formas de ineficiencia, pero también por la necesidad de
realizar investigaciones detalladas sobre los precedentes legales. No obstante,
a lo largo de los 249 años de historia de la República, los tribunales han
desempeñado repetidamente, aunque a veces de forma glacial, un papel clave a la
hora de garantizar el cumplimiento de los controles y contrapesos de la
Constitución, es decir, la separación de poderes entre las ramas ejecutiva,
legislativa y judicial del Gobierno.
El 5 de diciembre, diez meses después de que comenzara un ejemplo particularmente nocivo de extralimitación
del poder ejecutivo —la detención de migrantes con órdenes definitivas de
deportación de los Estados Unidos en centros de detención situados en la base
naval estadounidense de la bahía de Guantánamo —, la jueza Sparkle L.
Sooknanan, del Tribunal de Distrito de Washington D. C., dictaminó
de manera definitiva que la política de la Administración Trump de retener
a los migrantes en Guantánamo era “inadmisiblemente punitiva", ya que
violaba la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda, y que además era
completamente ilegal en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
La sentencia se dictó en el marco de una demanda colectiva, Luna Gutiérrez contra Noem, que había sido presentada
inicialmente en junio por abogados de la Unión Americana por las Libertades
Civiles (ACLU), el Centro para los Derechos Constitucionales (CCR) y el
Proyecto Internacional de Asistencia a los Refugiados (IRAP) en nombre de dos
ciudadanos nicaragüenses que se encontraban recluidos en Guantánamo en ese
momento, pero también en nombre de todos los demás migrantes en “una situación
similar", es decir, “todos los inmigrantes detenidos originalmente en
Estados Unidos y que se encuentran o se encontrarán recluidos en la base naval
de Guantánamo, Cuba".
Como afirmaron los abogados, “no cuestionan la autoridad del Gobierno para detenerlos en
territorio estadounidense ni para expulsarlos directamente a su país de origen
o a otro país autorizado por la ley”. Lo que impugnan es la decisión sin
precedentes e ilegal del Gobierno de recluirlos en un centro de detención en
Guantánamo, que, según la INA y a efectos de la aplicación de dicha ley, no es
territorio de los Estados Unidos. La detención de inmigrantes fuera de los
Estados Unidos es claramente ilegal según la ley"
“Además", añadieron, “el uso que hace el Gobierno de Guantánamo para la detención de inmigrantes es
arbitrario y caprichoso, carece de cualquier propósito legítimo e impone
condiciones de detención punitivas a los inmigrantes detenidos, lo que viola
sus derechos constitucionales".
Posteriormente, la administración Trump solicitó la desestimación del caso y el 23 de octubre se
celebró una vista que dio lugar a la sentencia de la jueza Sooknanan el 5 de
diciembre, en la que confirmó en gran medida la designación de la demanda
colectiva y emitió un extenso dictamen en el que desestimaba los argumentos
inadecuados del Gobierno.
“Los hechos, aceptados como ciertos"
En su fallo, la jueza Sooknanan comenzó basándose en “los hechos, aceptados como ciertos, de la
demanda de los demandantes", lo que desmontó las afirmaciones iniciales
del Gobierno de que en Guantánamo se encontraba recluido “lo peor de lo
peor" y los delincuentes "más peligrosos", al señalar que el
Gobierno había “admitido que muchos de los inmigrantes detenidos en Guantánamo
[eran] “de bajo riesgo", sin antecedentes penales más allá de una
infracción migratoria”.
También denunció el coste exorbitante que supone mantener a los migrantes en Guantánamo —“aproximadamente
100 000 dólares al día por detenido", en comparación con "una media
de 165 dólares al día por detenido" en el territorio continental de
Estados Unidos— y confirmó los numerosos ejemplos de altos funcionarios del
Gobierno que hicieron “declaraciones públicas sobre el propósito de alojar a
los detenidos por inmigración en Guantánamo".
Estos revelaron que la política no implicaba ningún tipo de necesidad, sino que, como explicó el
secretario de Defensa Pete Hegseth, se trataba de "disuasión".
Hegseth añadió que la misión de Guantánamo era “fundamental para el mensaje que
estamos enviando al mundo, que es que nuestra frontera está cerrada".
También se citó a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, quien se jactó
en las redes sociales de que “acababa de estar en Cuba" y de que los no
ciudadanos “no deberían venir a este país o los perseguiremos, los
encontraremos y los encerraremos"
También cabe destacar, aunque no se mencionó, el hecho de que, en la orden
ejecutiva que Trump emitió el 29 de enero, en la que se pedía la ampliación
masiva del actual Centro de Operaciones Migratorias de Guantánamo (creado
inicialmente en la década de 1970 para interceptar a los migrantes en el mar)
con el fin de albergar hasta 30 000 migrantes, describió a todos estos
detenidos, en su mayoría teórica, como “extranjeros delincuentes de alta
prioridad que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos".
El juez Sooknanan también repasó las deplorables condiciones a las que estaban sometidos los migrantes
detenidos en Guantánamo, que, como era de esperar, se asemejaban a las que
tuvieron que soportar los prisioneros de la «guerra contra el terrorismo», ya
que, aunque algunos de los más de 700 migrantes recluidos hasta la fecha en
Guantánamo han estado detenidos en el Centro de Operaciones Migratorias, la
mayoría han permanecido en el Campamento 6 de la prisión de la “guerra contra
el terrorismo", después de que los tres “detenidos de bajo valor” restantes,
recluidos allí durante muchos años, fueran trasladados sin ceremonias a otro
bloque, el Campo 5, donde se encuentran los llamados "detenidos de alto
valor" y de los que, durante casi dos décadas, se ha considerado esencial
para la seguridad nacional que los "detenidos de bajo valor"
permanezcan estrictamente segregados.
Ni ella ni los denunciantes señalaron esto, ni tampoco señalaron la flagrante ilegalidad del uso del Campo
6, sobre el que ya he escrito
anteriormente, no solo porque no se mencionaba en la orden ejecutiva, sino
principalmente porque su uso, por ley, está estrictamente reservado a aquellos
detenidos por su supuesta conexión con Al Qaeda y los atentados del 11 de septiembre.
Al relatar las condiciones a las que estaban sometidos los detenidos migrantes, la jueza Sooknanan destacó
que estaban "vigilados principalmente por personal militar", que “no
se les informaba de la hora del día, ni se les informaba sobre sus casos de
inmigración, lo que les iba a pasar o adónde les iban a llevar a
continuación" no tenían “ninguna forma de solicitar asistencia
médica" y recibían "comida insuficiente", por lo que algunos
perdieron “entre 4,5 y 9 kilos" en cuestión de semanas.
En el Campamento 6, añadió, "solo se les permitía una hora al día de recreo en una jaula
interior", y “los guardias han maltratado físicamente a los detenidos y
les han negado el agua como forma de castigo”. Además, aquellos que “se
quejaban de las condiciones o del maltrato a los funcionarios eran atados a
sillas de sujeción durante horas".
En el Centro de Operaciones Migratorias, por su parte, los detenidos por motivos de inmigración eran
alojados "en pequeñas unidades tipo barracones, con varias personas en
cada habitación", y estaban “siempre confinados en sus unidades, excepto
durante una hora al día", cuando eran “liberados en un pequeño recinto de
recreo, rodeado de personal militar armado y perros guardianes”. Cuando regresaban
del patio, eran “registrados de forma invasiva", “incluido un cacheo de
sus genitales", y, además, “los guardias insultaban y se burlaban de los
detenidos” y "amenazaban con dispararles".
¿Guantánamo forma parte de los Estados Unidos?
En gran parte de su fallo, la jueza Sooknanan desmontó los débiles argumentos del Gobierno de que el
tribunal carecía de jurisdicción, muchos de los cuales, debo decir, pueden
resultar en gran medida incomprensible para quienes no tienen conocimientos jurídicos.
Tras un largo análisis jurídico del significado de «expulsión» en relación con las "órdenes de
expulsión”, una sección en particular que me pareció significativa se refería a
la definición de “Estados Unidos” en la INA, lo cual era relevante porque la
jueza Sooknanan había establecido que “la expulsión se produce cuando una
persona sujeta a una orden de expulsión abandona los Estados Unidos".
Como señaló, la sección 8 U.S.C. § 1101(a)(38) de la INA establece, sin ambigüedades, que "el
término "Estados Unidos", salvo que se disponga lo contrario en el
presente documento, cuando se utiliza en sentido geográfico, significa el
territorio continental de los Estados Unidos, Alaska, Hawái, Puerto Rico, Guam,
las Islas Vírgenes de los Estados Unidos y la Mancomunidad de las Islas
Marianas del Norte".
En consecuencia, como añadió, basándose en la opinión del juez A. Raymond Randolph del Tribunal de
Circuito de Washington D. C. en un caso de Guantánamo de 2020, Ali contra
Trump, “Guantánamo no forma parte de los Estados Unidos en virtud de la
[INA]". También citó la Ley de Tratamiento de Detenidos de 2005, que
también se refería a Guantánamo y en la que se afirmaba que “el término
"Estados Unidos", cuando se utiliza en sentido geográfico, se define
en [la INA] y, en particular, no incluye la Base Naval de los Estados Unidos en
la Bahía de Guantánamo, Cuba”.
Curiosamente, a pesar de que los anteriores abogados del Departamento de Justicia habían pasado dos
décadas afirmando que Guantánamo no formaba parte de los Estados Unidos, para intentar mantener la prisión y a los
prisioneros fuera del alcance de los tribunales, los abogados de Trump
trataron, en este caso concreto, de argumentar lo contrario, basándose en Boumediene
contra Bush, el caso del Corte Suprema de 2008 que estableció que los
presos de la “guerra contra el terrorismo" en Guantánamo tenían derechos
de hábeas corpus garantizados constitucionalmente.
La jueza Sooknanan señaló que los abogados del Gobierno "parecían resistirse" a la definición
de Estados Unidos que figura en la INA con referencia al caso Boumediene,
en el que el Corte sostuvo que el artículo I, sección 9, cláusula 2, de la
Constitución, en el que se establece que “no se suspenderá el privilegio del
hábeas hábeas”, "tiene plena vigencia en la bahía de Guantánamo”.
Como añadió, “entre los factores que contribuyeron a esa conclusión, el Corte señaló que "en todos
los sentidos prácticos, Guantánamo no está en el extranjero, sino que se
encuentra bajo la jurisdicción constante de los Estados Unidos"".
Como también señaló, "los demandados postulan que (pero no explican por
qué) Boumediene "socava la alegación fundamental [de los
demandantes] de que los demandados no pueden detener a extranjeros en
[Guantánamo]"”, aunque su repentino resurgimiento del interés por Boumediene
también podría interesar a los abogados que trabajan para los 15
hombres que siguen recluidos en la prisión de la "guerra contra el terrorismo".
Pasando a la “suficiencia de la demanda”, la jueza Sooknanan señaló acertadamente que “como reconoció el
abogado de los demandados en la vista de las mociones, antes de la política de
detención en Guantánamo que nos ocupa, Estados Unidos nunca había gestionado un
centro de detención fuera de su territorio para personas sujetas a órdenes de expulsión".
“Sin embargo, ahora", añadió, “los demandados afirman que la INA otorga al Ejecutivo una autoridad
prácticamente ilimitada para establecer centros de detención en cualquier lugar
fuera de los Estados Unidos, incluyendo una declaración en la vista de las
mociones en la que “reivindican la autoridad para retener a los inmigrantes
detenidos en bases militares estadounidenses en todo el mundo".
En una crítica demoledora a la posición del Gobierno, afirmó: “El carácter sin precedentes de esta
reivindicación de autoridad es otra pista de que la interpretación que hacen
los demandados del régimen legal es errónea", y citó un caso de 2014, Util.
Air Regul. Grp. v. EPA, en el que la sentencia afirmaba: “Cuando una
agencia afirma descubrir en una ley vigente desde hace mucho tiempo un poder no
anunciado para regular una parte significativa de la economía
estadounidense" —o para tomar otra “decisión[] de gran importancia
económica y política”— “normalmente recibimos su anuncio con cierto escepticismo”.
La violación de la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda
La última demolición de la jueza Sooknanan se refirió a la violación por parte del Gobierno de la cláusula
del debido proceso de la Quinta Enmienda, que establece que “ninguna persona”
podrá ser privada de “la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal".
Afirmando que el Corte Suprema ha sostenido que “la detención por parte del Gobierno viola esa
cláusula a menos que la detención se ordene en un proceso penal con las
garantías procésales adecuadas", añadió que, aunque los procedimientos de
inmigración “son civiles, no penales", un caso del Corte Suprema, Bell
contra Wolfish, en el que el Corte determinó que “en virtud de la cláusula
del debido proceso, un detenido no puede ser castigado antes de que se dicte
una sentencia de culpabilidad de conformidad con el debido proceso legal",
ha sido “aplicado de manera coherente» por los tribunales inferiores «en el
contexto de la detención de inmigrantes".
Al respaldar la afirmación de los detenidos de que “la política del Gobierno de detener a los miembros de
la clase en Guantánamo es punitiva de manera inadmisible y viola la cláusula
del debido proceso", el juez Sooknanan consideró que la demanda de los
detenidos “alega suficientemente que la política de detención en Guantánamo
constituye un castigo inadmisible", ya que “incluye varias declaraciones
de responsables gubernamentales que reflejan que la «intención expresa» detrás
de la detención de la clase en Guantánamo es el castigo”, como se ha señalado anteriormente.
El juez Sooknanan añadió que, incluso “interpretando estas supuestas declaraciones de la manera más
favorable para los demandantes, como debe hacer el Corte en esta fase del
litigio, el Corte ve pruebas directas inusualmente sólidas de que los
demandados decidieron detener a algunos no ciudadanos en Guantánamo con el
propósito expreso de tomar represalias contra ellos y disuadir la conducta de
otros". Pero, como declaró el Corte Suprema en el propio caso Bell,
“la represalia y la disuasión no son objetivos gubernamentales legítimos no punitivos".
Volviendo a la denuncia, respaldó sus otras acusaciones de que “el Gobierno está utilizando
perversamente la conocida historia de Guantánamo como lugar de abusos y malos
tratos, incluyendo su condición de sede de dos antiguos “sitios negros" de
la CIA, para atemorizar a los inmigrantes", y, basándose en otras
características de la detención en Guantánamo que no están presentes en los
centros de detención de los Estados Unidos, como “el personal militar como
guardias", “el uso de sillas de inmovilización", “el periodo de
recreo supervisado por personal militar y perros guardianes” y “la prohibición
de materiales religiosos", concluyó que “en la medida en que una violación
del debido proceso requiere algo más que la prueba de que un funcionario
encargado de la detención deseaba subjetivamente castigar a un detenido
inmigrante, la denuncia en este caso va mucho más allá de ese deseo subjetivo.
Alega adecuadamente que la política de detención de los demandados en
Guantánamo contempla consecuencias diferentes —y, de hecho, materialmente más
severas— que las típicas de un confinamiento legal en relación con la expulsión”.
Queda por ver si la administración Trump apelará, pero tras la sentencia del juez Sooknanan debería
resultarles evidente que no hay motivos para hacerlo.
Mientras tanto, sin embargo, es al menos encomiable que se haya asestado un golpe legal definitivo
con respecto a Guantánamo y la detención de inmigrantes y, aunque la sentencia
no tiene ningún impacto en los 15 hombres que siguen recluidos en la prisión de
la «guerra contra el terrorismo» y enterrados bajo Donald Trump, también es
tranquilizador que, en su sentencia, la jueza Sooknanan haya señalado que,
desde su apertura, la prisión “ha sido sinónimo de malos tratos generalizados y
detenciones indefinidas”.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
