Un juez británico aprueba el uso de pruebas secretas en un caso
relacionado con Guantánamo
19 de noviembre de 2009
Andy Worthington
Quienes hemos sido conscientes de que los principios de la justicia abierta en el Reino
Unido se ven amenazados de una manera sin precedentes nos hemos centrado, hasta
la fecha, principalmente en el uso
de pruebas secretas en casos relacionados con el terrorismo —algo que el
público en general y gran parte de los medios de comunicación han ignorado en
gran medida— y en el uso de las «superordenanzas judiciales», que recientemente
saltaron a la palestra con la tormenta en Twitter sobre el caso Trafigura.
El uso de pruebas secretas en casos relacionados con el terrorismo afecta a presos sujetos a órdenes de
control (una forma de arresto domiciliario) o encarcelados en libertad bajo
fianza a la espera de deportación, a quienes se les asignan abogados especiales
para que hablen en su nombre en sesiones a puerta cerrada del Tribunal Especial
de Apelación de Inmigración (SIAC), pero a quienes luego se les prohíbe hablar
con dichos abogados sobre lo ocurrido en esas sesiones. Este régimen se encuentra
ahora amenazado, después de que los Lores
de la Ley dictaminaran en junio que la imposición de órdenes de control
viola el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el
derecho a un juicio justo, ya que a un sospechoso sometido a una orden de
control no se le proporciona “información suficiente sobre las acusaciones que
se le imputan para que pueda dar instrucciones efectivas al abogado especial
que se le ha asignado”.
Ayer, sin embargo, se abrió un nuevo frente en el ataque contra la transparencia judicial cuando el juez
Silber dictaminó, en los casos de siete antiguos presos de Guantánamo que
demandan al Gobierno por daños y perjuicios —en relación con las denuncias de
que agentes de los servicios de inteligencia participaron en actos ilegales y
en una conspiración—, que, por primera vez en la historia de un proceso civil,
el MI5, el MI6 y la policía podrán ocultar pruebas a los demandados y a sus
abogados por motivos de seguridad nacional.
Los siete hombres en cuestión son Bisher
al-Rawi, Moazzam
Begg, Richard Belmar, Omar Deghayes,
Jamil
El-Banna, Binyam
Mohamed y Martin Mubanga, y preveían que su recurso implicaría una disputa
sobre el uso de los certificados de inmunidad por interés público, diseñados
para impedir el uso de pruebas en casos en los que el Gobierno alega que su
divulgación revelaría fuentes de inteligencia o supondría una amenaza para la
seguridad nacional. El uso de los certificados de PII ha obstaculizado la
divulgación de documentos en el prolongado
caso de Binyam Mohamed, el residente británico que fue sometido a una “entrega
extraordinaria” y a torturas por parte del Gobierno de EE.UU., con la
complicidad de los servicios de inteligencia británicos, pero nadie preveía
que, en este caso concreto, un juez autorizaría el uso del mismo sistema de
abogados especiales utilizado por la SIAC.
El juez Silber reconoció que el caso planteaba lo que él denominó una "cuestión jurídica fundamental" y
añadió que coincidía con los demandantes en que el recurso "debería tramitarse
con celeridad".
Es de esperar que el Tribunal de Apelación reconozca que la sentencia del juez Silber debe ser
revocada, pero, mientras tanto, Louise Christian, la abogada de algunos de los
antiguos presos de Guantánamo, captó todas las terribles implicaciones de la
sentencia cuando explicó:
El juez ha sancionado lo que sería una atrocidad constitucional, al permitir que el Gobierno se base en pruebas
secretas en los tribunales civiles ordinarios. [Lo ha hecho] al tratar la
cuestión como si se tratara de un asunto jurídico puramente técnico, y no de
una cuestión que revoca toda la historia del derecho consuetudinario y el
principio fundamental de que ambas partes deben estar en pie de igualdad. Al
otorgar al Gobierno tal ventaja en los litigios civiles, el tribunal derrocara
la esencia misma del Estado de derecho.
Añadió que estaba “convencida de que el tribunal de apelación no permitirá una erosión tan grave
de los derechos de los ciudadanos a exigir responsabilidades al Gobierno,
especialmente en una cuestión tan importante como la complicidad en la
tortura”, y todos debemos esperar que su análisis sea acertado. Al igual que en
el caso de Binyam Mohamed, parece que se está socavando la justicia,
invocándose cuestiones de seguridad nacional no para proteger la seguridad
nacional, sino para evitar que el Gobierno y sus agentes se vean en una
situación embarazosa o, lo que es más grave, que se les exija responsabilidades
por su complicidad en la tortura y los abusos sistemáticos que constituyeron el
núcleo de la “guerra contra el terrorismo” de la Administración Bush.
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