Jueces del Reino Unido comparan la tortura a la que fue sometido Binyam
Mohamed con la de Abu Zubaydah
26 de noviembre de 2009
Andy Worthington
Binyam Mohamed es un residente británico detenido en Pakistán en abril de 2002, quien
permaneció bajo custodia pakistaní, bajo la supervisión de agentes
estadounidenses, hasta julio de 2002, cuando fue enviado por la CIA a
Marruecos, donde fue torturado durante 18 meses y se le relacionó con un
“complot de bomba sucia” que ni siquiera existió. Tras su calvario en
Marruecos, pasó cuatro meses en la “Prisión
Oscura” de la CIA en Kabul, y luego fue trasladado en avión a Guantánamo en
septiembre de 2004.
Durante los últimos 15 meses, Mohamed ha sido testigo de cómo dos jueces del Tribunal Superior
británico han intentado hacer pública la información transmitida por los
servicios de inteligencia estadounidenses a sus homólogos británicos sobre las
torturas que sufrió en Pakistán, antes de su traslado a Marruecos.
En este sentido, se han visto frustrados, una y otra vez, por el ministro de Asuntos Exteriores
británico, David Miliband, quien ha argumentado
repetidamente que la divulgación de un resumen de siete párrafos y 25
líneas de estos documentos, recopilado por los propios jueces, pondría en
peligro la relación de intercambio de inteligencia de Gran Bretaña con Estados Unidos.
Binyam Mohamed seguía en Guantánamo, a la espera de ser juzgado
por una comisión militar, cuando los
jueces intentaron por primera vez hacer público su informe el pasado
agosto. En los meses siguientes, el Departamento de Justicia de EE.UU. retiró
su acusación de que estaba implicado en un “complot para fabricar una bomba
sucia”, también se retiraron los cargos de la Comisión Militar y, en febrero de
este año, en un claro intento tanto del Gobierno británico como de la
Administración Obama de silenciar la filtración sobre las torturas, se le dio
prioridad en la lista de casos que estaba revisando el Grupo de Trabajo
interinstitucional de la Administración Obama y fue puesto en libertad
en el Reino Unido.
Sin embargo, sin dejarse intimidar, los jueces —el juez Thomas y el juez Lloyd Jones— se negaron a dar
marcha atrás, desafiando al ministro de Asuntos Exteriores en relación con la
divulgación de la información en cuatro ocasiones entre octubre de 2008 y
octubre de 2009 y, en una medida aparentemente sin precedentes, pidiendo a los
medios de comunicación británicos que se involucraran. El viernes pasado
emitieron una sexta sentencia sobre el caso (PDF), en la que declaraban que el
trato dispensado a Mohamed "nunca podría describirse adecuadamente como “un
secreto”, un “secreto de inteligencia” o “un resumen de inteligencia
clasificada”” y, además, restablecía dos pasajes de su quinta sentencia, que
habían sido eliminados a petición del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth.
Al parecer, estos pasajes se restablecieron a instancias de los “abogados especiales”» (abogados
designados por el Gobierno para gestionar las pruebas secretas ante los
tribunales en nombre de Mohamed), quienes llevan tiempo
sosteniendo que el Gobierno no tiene motivos para ocultar “información que
apuntaba a la comisión de delitos graves” en nombre de la seguridad nacional, y
quienes comunicaron al ministro de Asuntos Exteriores que las censuras
anteriores “eran más extensas de lo necesario”.
Aunque otros cuatro pasajes —y el escurridizo resumen— siguen censurados, los dos restablecidos tras el
retiro de las objeciones del Ministerio de Asuntos Exteriores son
significativos, ya que se refieren a los notorios
memorandos emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de
Justicia en agosto de 2002 y mayo de 2005, hechos públicos por la
administración Obama en abril de este año, que pretendían autorizar el uso de
la tortura por parte de la CIA.
El primer pasaje decía: “Uno de esos memorandos, con fecha del 1 de agosto de 2002, del Sr. J. S.
Bybee, fiscal general adjunto, al Sr. John Rizzo, consejero general en
funciones de la CIA, dejaba claro que las técnicas descritas eran las empleadas
contra el Sr. Zubaydah, presunto miembro de alto rango de Al Qaeda”.
El segundo señaló: “Dado que los párrafos se refieren a las acciones de los propios Estados Unidos, la
divulgación de los párrafos censurados es coherente con la publicación de los
memorandos sobre las técnicas de interrogatorio de la CIA [a los que se hace
referencia en el párrafo anterior] y no da a conocer ninguna información sobre
Estados extranjeros”.
Los jueces procedieron a expresar su descontento con la insistencia del Gobierno en que los otros cuatro
pasajes permanecieran censurados, señalando que 'el contenido íntegro de los
cuatro pasajes [ya] era de dominio público", y añadiendo: "No se ha presentado
ni podría presentarse ningún argumento en contra".
También reiteraron sus razones para afirmar que el resumen de los documentos transmitidos por los
servicios de inteligencia estadounidenses a sus homólogos británicos debía
hacerse público, señalando, como ya han hecho en numerosas ocasiones, que “lo
que figura en esos siete párrafos da lugar a un caso discutible de tortura o
trato cruel, inhumano o degradante”, y que no contienen “nada secreto ni de
carácter de inteligencia”, ya que se limitan a “admisiones por parte de
funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos sobre el trato que infligieron a BM [Mohamed]”.
Todo este proceso no es, claramente, más que un largo y lento rodeo en torno a la oscura verdad de la
tortura a la que fue sometido Binyam Mohamed por agentes estadounidenses en
Pakistán (con el conocimiento de las autoridades británicas) antes incluso de
que fuera enviado a Marruecos, y en este contexto, la decisión de los jueces de
comparar los detalles aún no revelados del trato recibido por Mohamed con los
detalles de dominio público sobre el trato recibido por Abu Zubaydah supone
otro pequeño pero extremadamente importante paso hacia la revelación de lo que
los jueces (y los Abogados Especiales) consideran claramente información que no
tiene por qué ocultarse.
Como explicó Clive Stafford Smith, el abogado de Mohamed, en The Guardian:
Llevo meses en posesión de una copia del infame memorándum de Bybee [PDF],
lo que nos permite considerar cuáles de las “técnicas de interrogatorio
mejoradas” prefiere el Gobierno británico mantener en secreto. Según las
identificadas por Bybee, las 10 técnicas son:
(1) sujeción de la atención, (2) empuje contra la pared, (3) sujeción facial, (4) bofetada facial (bofetada
insultante), (5) confinamiento en espacio reducido, (6) permanecer de pie
contra la pared, (7) posturas de estrés, (8) privación del sueño, (9)
colocación de insectos en una caja de confinamiento, y (10) el submarino.
Dado que Mohamed nunca ha mencionado que fuera sometido a la técnica del “submarino”, y dado que, según
se desprende de los memorandos de la OLC, los agentes de la CIA nunca llegaron
a introducir insectos en la “caja de confinamiento” de Abu Zubaydah, a pesar de
estar autorizados a hacerlo, parece que nos encontramos, en cambio, ante
algunas o todas las demás ocho técnicas.
Quizás esta sea, pues, la razón por la que el Gobierno británico sigue tan empeñado en
que no se revelen los detalles de lo que sabía sobre el trato que recibió
Mohamed en Afganistán, ya que fue cómplice de las técnicas que se estaban
desarrollando para el programa de la CIA sobre “detenidos de alto valor”, cuyo
primer conejillo de indias oficial fue Abu Zubaydah.
Para ser justos, la mayoría de estas técnicas acabaron trasladándose
a Guantánamo de todos modos, como parte del deseo del secretario de Defensa
Donald Rumsfeld de no quedar excluido del juego de la tortura por su viejo
amigo Dick Cheney. Pero lo que hicieron los jueces británicos el viernes pasado
fue llevarnos de vuelta a abril de 2002.
Al recordar aquella época febril, poco después de la captura tanto de Zubaydah como de Mohammed, y casi
cuatro meses antes de que Jay Bybee y John Yoo intentaran redefinir la tortura
para que la CIA pudiera dedicarse a su práctica, los jueces británicos han
señalado dos aspectos importantes.
En primer lugar, nos han recordado que, de hecho la tortura ya se estaba practicando
mucho antes de que supuestamente se
autorizara, lo que tiene consecuencias inquietantes para quienes ordenaron su
uso, consecuencias que no han sido abordadas adecuadamente por la
Administración Obama y que no se abordan en absoluto en la decisión de Eric
Holder de investigar únicamente a aquellos agentes que sobrepasaron las
indefendibles directrices sobre “interrogatorios mejorados” establecidas por
Bybee y Yoo en agosto de 2002.
En segundo lugar, al comparar el trato recibido por Binyam Mohamed con el de Abu Zubaydah, los
jueces también nos han recordado que el uso de la tortura no se limitó a un
grupo selecto de 14 “detenidos de alto valor” —entre los que se encontraban
Zubaydah y Khalid
Sheikh Mohammed— que fueron trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006,
sino también a otros 80 prisioneros que, según reconoció
la OLC, estaban recluidos en prisiones secretas de la CIA, y a las muchas
docenas de personas más cuya tortura fue subcontratada a torturadores a sueldo
en países como Egipto, Jordania, Marruecos y Siria.
Binyam Mohamed tuvo la mala suerte de sufrir ambas opciones —tortura por terceros en Marruecos tanto antes
como después de recibir su propia dosis de «interrogatorios mejorados» a manos
de los estadounidenses—, pero el viernes pasado, los tenaces jueces del
Tribunal Superior del Reino Unido dieron al menos un paso más para garantizar
que la información sobre estos programas de tortura no pueda ser ocultada por
quienes los autorizaron o fueron cómplices de ellos, con el pretexto espurio de
que su divulgación perjudicaría la seguridad nacional.
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