La historia de Abdullah Mujahid, jefe de policía
afgano traicionado por la administración estadounidense y enviada injustamente
a Guantánamo.
14 de agosto de 2007
Andy Worthington
En un excelente artículo para el Boston Globe, Farah Stockman, que visitó la agitada ciudad
afgana de Gardez a principios de este año, informa sobre el inquietante caso de
Abdullah Mujahid, ex jefe de policía de la ciudad, que actualmente languidece
en una celda de Guantánamo, tras haber sido enviado allí en julio de 2003.
Miembro de la minoría étnica tayika de la ciudad, Mujahid -con el apoyo de la Alianza del Norte,
dominada por los tayikos, y del nuevo gobierno del presidente Hamid Karzai-
había ocupado el vacío dejado por los talibanes derrotados en Gardez en 2002, y
había asumido el control de la seguridad de la ciudad. En los primeros días,
sin financiación alguna del gobierno central, Mujahid, y su amigo de la
infancia Ziauddin, que se hizo cargo del ejército, improvisaron una fuerza de
seguridad, utilizando "voluntarios sin formación para patrullar con sus
armas personales". Aunque hubo quejas - Stockman informa de que "los
ciudadanos de Gardez les acusaron de dejar que sus combatientes robaran a los
conductores en los puestos de control, según entrevistas con funcionarios de la
ONU, Estados Unidos y Afganistán y un informe de Human Rights Watch" - muchos
en la ciudad estaban contentos con los nuevos acuerdos. Tal y como lo describe
Stockman, muchos de los habitantes "apoyaban a los dos hombres, que
estaban enzarzados en una guerra tribal contra Pacha Khan Zadran, un señor de
la guerra del sur", y explica que, a lo largo de 2002, "el ejército
estadounidense describió a las fuerzas de Mujahid y Ziauddin como
progubernamentales en los informes de los medios de comunicación, y calificó a
Zadran de renegado".
Haji Muhammad Hasan, padre de Abdullah Mujahid,
sostiene una foto de su hijo. Fotografía de Declan Walsh para acompañar un
artículo que escribió para The Guardian en junio de 2006, en el que localizaba
a testigos con los que los estadounidenses decían no haber podido contactar,
que respaldaban la versión de Mujahid de que no debería haber sido detenido y
enviado a Guantánamo.
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Tal era el apoyo que Mujahid y Ziauddin recibían del pequeño grupo de fuerzas especiales
estadounidenses responsables de supervisar la seguridad en la provincia, que en
la primavera de 2002, cuando los estadounidenses estaban inmersos en la
"Operación Anaconda", una misión para expulsar a los restos de Al
Qaeda y los talibanes de las cercanas montañas de Shah-i-Kot, Mujahid y
Ziauddin fueron reclutados para ayudar. En una entrevista con Stockman,
Ziauddin explicó que el comandante de las Fuerzas Especiales (un hombre llamado
Mike) le dio "dinero y un teléfono por satélite", así como
"zapatos, uniformes y material de acampada para unos 320
combatientes", y que más tarde, cuando el padre de Mujahid regresó de una
visita religiosa a Arabia Saudí, el comandante "llevó bombones a la casa
de la familia y recibió a cambio perfume".
En 2003, sin embargo, Stockman informa de que la estrella de Mujahid estaba menguando y que "el
ejército estadounidense estaba intentando sustituir a los problemáticos hombres
fuertes por líderes educados y modernos". También informa de que el
gobierno estadounidense estaba "intentando establecer el primer 'Equipo de
Reconstrucción Provincial' en Gardez para trabajar con el gobierno afgano, con
la esperanza de ganarse la confianza de los ciudadanos echando a los líderes
corruptos y convirtiendo Gardez en un modelo de buen gobierno, según
entrevistas con funcionarios estadounidenses que trabajaron en Gardez."
Bajo estos nuevos acuerdos, hombres como Abdullah Mujahid se convirtieron en desechables.
Stockman informa de que el nuevo comandante de las Fuerzas Especiales (otro
hombre llamado Mike) trabajó con él durante un tiempo, y que otro detenido de
Guantánamo, el Dr. Hafizullah Shabat Khail, que al parecer era enemigo personal
de Mujahid, fue capturado por Mujahid en esa época y entregado a los operativos
de las Fuerzas Especiales, que lo enviaron a Guantánamo. Entre bastidores, sin
embargo, Stockman informa de que el comandante Mike estaba "trabajando
discretamente para desterrar a Mujahid y Ziauddin de Gardez, según antiguos y
actuales funcionarios afganos y de la ONU que se reunían con él frecuentemente
en reuniones de coordinación de la seguridad."
Tal y como lo describe Stockman, un punto de inflexión clave en la suerte de Mujahid se produjo a
principios de 2003, cuando él y Ziauddin se enfrentaron con el general Dan K.
McNeill -actual jefe de la OTAN en Afganistán- que había viajado a Gardez
"para pedirles que retiraran a sus combatientes de dos colinas
estratégicas que dominaban la ciudad", argumentando los afganos, sin duda
con cierta justificación, que eso permitiría a sus enemigos -concretamente
Pacha Khan Zadran y Al Qaeda- "entrar por las colinas". Stockman
informa de que "las fuerzas estadounidenses acabaron bombardeando los
alijos de armas de Ziauddin en las colinas, pero no le detuvieron hasta muchos
meses después" -enviándole a Bagram durante un año, pero liberándole
después sin cargos- y añade: "Con el tiempo, Las fuerzas estadounidenses
llegaron a sospechar que Ziauddin y Mujahid lanzaban cohetes contra la nueva
base del Equipo de Reconstrucción Provincial de Estados Unidos, según las
entrevistas con soldados estadounidenses y funcionarios afganos que sirvieron
en Gardez en aquella época", aunque no hay pruebas de que esas sospechas
estuvieran justificadas.
Las relaciones se deterioraron aún más en marzo, después de que las Fuerzas Especiales
estadounidenses mataran a Jamil Nasser, un prisionero afgano bajo su custodia
(y miembro del nuevo ejército afgano) e insistieran en transferir a sus siete
compañeros supervivientes, todos ellos torturados y golpeados de forma
horrenda, a la custodia de Mujahid. Según el Proyecto Crímenes de Guerra, un
grupo de derechos humanos de Washington que investigó los abusos, el comandante
de las Fuerzas Especiales estadounidenses "amenazó con matar a Mujahid si
liberaba a los prisioneros", y puede que fueran las acciones posteriores
de Mujahid las que convencieran a los estadounidenses no sólo de destituirlo,
sino de hacerlo enviándolo a Guantánamo. Stockman informa de que Mujahid
"ordenó que [los hombres heridos] recibieran tratamiento médico y
colchones", y luego "describió las lesiones de los prisioneros a los
fiscales militares afganos, que más tarde redactaron un informe recomendando
que se castigara a los soldados estadounidenses".
Según Stockman, fue poco después de este incidente cuando el gobierno afgano decidió destituir a
Mujahid de su cargo. Raz Mohammad Dalili, gobernador en aquel momento, explicó
en una entrevista reciente que el comandante de las Fuerzas Especiales
"ayudó a persuadirle -y a convencer al gobierno central de Afganistán-
para que sustituyera a Mujahid por un jefe de policía con formación profesional".
Stockman informa de que Mujahid inicialmente "se negó a permitir que el
nuevo jefe entrara en la ciudad', pero que accedió a dimitir después de que se
le ofreciera un trabajo como "comandante de carreteras" en Kabul.
Durante este periodo, según su antiguo chófer, un hombre llamado Ahmad, el
comandante de las Fuerzas Especiales "llamó a Mujahid a su despacho y le
aconsejó que abandonara Gardez, advirtiéndole de que corría el riesgo de ser
enviado a Guantánamo si se quedaba", y cuando regresó para asistir a una
boda en julio fue debidamente detenido -y enviado a Guantánamo como se le había prometido.
Stockman habló con el antiguo adjunto de Mujahid, Fazel Ahmad Wasiq, que en la actualidad
"dirige el centro de formación policial de Gardez asistido por Estados
Unidos". Waziq dijo que era "algo bueno para la ciudad tener un nuevo
jefe de policía", pero insistió en que Mujahid "no merecía ser
enviado a Guantánamo". Explicó que, tras su detención, visitó al
comandante de las Fuerzas Especiales para pedir explicaciones, pero le dijeron:
"Nos lo ordenaron los superiores".
Pie de foto del Boston Globe: Gardez, la
capital provincial que fue hogar de Abdullah Mujahid, ha crecido desde su
marcha. Hace poco, los compradores de un mercado bullían de actividad, pero los
residentes afirman que la insurgencia hace estragos en el fondo. (Foto de Jean Chung).
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Mujahid no fue el único aliado de EE.UU. capturado en esa época sobre la base de información
falsa. Relato las historias de varios hombres más en The Guantánamo Files, pero
agradezco a Farah Stockman que también haya puesto de relieve lo que le ocurrió
a Ahmad, el chófer de Mujahid, quien afirmó que los estadounidenses "lo
desnudaron y en un momento dado lo mantuvieron boca abajo durante más de 10
horas durante el interrogatorio". Ahmad también relató que le preguntaron
si Mujahid había "acumulado armas en secreto mientras era jefe de
policía", y añadió: "Respondí que había entregado todas las armas y
no había guardado ni una bala". También fue detenido Syed Nabi Siddiqui, coronel
de policía que "había servido a las órdenes de Mujahid y se había quedado
para trabajar con el nuevo jefe". Siddiqui declaró que los soldados
estadounidenses "lo golpearon, lo fotografiaron desnudo y lo mantuvieron
en una jaula mientras lo interrogaban", y añadió: "Las fuerzas
estadounidenses preguntaron: '¿Quién es Mujahid? ¿Es un delincuente? ¿Mató a
alguien?' Les respondí que Mujahid impide que los ladrones entren en la ciudad".
Tanto Ahmad como Siddiqui fueron pronto "liberados de la custodia estadounidense con un
papel que decía que se había determinado que no constituían una amenaza",
pero la cosa cambió para Mujahid, que se ha enfrentado a una serie de
acusaciones infundadas en los cuatro años transcurridos desde su captura. Una
de las primeras -que había sido miembro de Harakat-e-Mulavi, un grupo afgano
que luchó contra la invasión rusa en la década de 1980 [y] que ahora se cree
que tiene vínculos con extremistas"- vino de Siddiqui, que la contó -como
un trozo de historia antigua- a los estadounidenses que lo habían capturado.
Cuando esta acusación se desmoronó, la administración estadounidense decidió
que era un alto dirigente de Lashkar-e-Tayyiba, un grupo militante paquistaní
que opera principalmente en Cachemira. "Parece que me han confundido con
otra persona", dijo Mujahid durante su Junta Administrativa de Revisión
anual en Guantánamo en 2005. Sus abogados investigaron debidamente la
acusación, buscaron en Google el nombre de su cliente y descubrieron que un
hombre llamado Abdullah Mujahid había sido, en efecto, un alto dirigente de
Lashkar-e-Tayyiba, pero había sido asesinado en noviembre de 2006.
Antes de que pudieran objetar, se comunicó a sus abogados que Mujahid había sido autorizado para
salir de Guantánamo, pero aún no ha sido liberado. Quienes conocen su historia
-incluso aquellos a quienes no les caía bien- siguen sorprendidos por el hecho
de que fuera enviado a Guantánamo. Thomas Ruttig, ex jefe de la oficina de la
ONU en Gardez, declaró que había "instado al gobierno afgano a que destituyera
a Mujahid de su cargo porque se le consideraba una figura inculta, perturbadora
y corrupta", pero añadió que esperaba que "fuera despedido o juzgado
por corrupción en Afganistán, no retenido indefinidamente en Cuba sin
juicio". "Nunca soñé que lo enviarían a Guantánamo", dijo Ruttig
en una entrevista reciente en Kabul. John Sifton, investigador de Human Rights
Watch, que ayudó a redactar un informe en 2003 que "acusaba a Mujahid y a
su círculo íntimo de permitir que sus combatientes establecieran puestos de
control ilegales para sacar dinero a los camioneros", dijo también que
Mujahid no debería haber sido enviado a Guantánamo. "Guantánamo no es ni
vagamente el lugar apropiado para él", dijo, añadiendo, como dijo
Stockman, que "la administración no debería utilizar su poder de retener a
terroristas acusados en Guantánamo para resolver problemas políticos o
criminales en Afganistán".
Es un argumento válido e inquietante. Como señala Stockman, "la caída de Mujahid ... revela hasta
qué punto el ejército está utilizando el centro de detención de Guantánamo para
un propósito totalmente distinto del esbozado por el Presidente Bush: mantener
entre rejas a los peores sospechosos de terrorismo." Añade que el uso de
Guantánamo para encarcelar a "jefes tribales poco cooperativos o
revoltosos, muchos de los cuales habían sido partidarios clave de la invasión
liderada por EE.UU. ... podría tener importancia jurídica, porque Bush ha
intentado justificar la creación de un lugar donde los detenidos pueden ser recluidos
sin las protecciones legales normales alegando que los prisioneros son
combatientes enemigos que podrían lanzar un ataque terrorista si son puestos en libertad."
También señala que Mujahid es sólo uno de al menos una docena de detenidos de Guantánamo, que eran
funcionarios del gobierno posterior a los talibanes, y que fueron
"detenidos en sus casas u oficinas durante una campaña más amplia de
Estados Unidos para frenar a los señores de la guerra." De hecho, hablé
con Farah Stockman antes de que se publicara este artículo, sobre mis
investigaciones acerca de los ex funcionarios del gobierno que acabaron en
Guantánamo, de las que se habla con detalle en The Guantánamo Files, y puedo
confirmar que "al menos una docena" es probablemente quedarse corto,
y que las cifras se elevan probablemente hasta dos docenas. Y aunque Stockman
tiene sin duda razón al centrarse en la escandalosa desechabilidad de estos
hombres, ya que la administración estadounidense trató de reconfigurar la
política afgana -y también tiene razón al arremeter contra la administración
por el mal uso de Guantánamo como prisión para jefes tribales en lugar de
terroristas-, sigue siendo evidente para mí que muchos de los afganos
encarcelados injustamente -no sólo los trabajadores del gobierno, sino la
mayoría de los afganos retenidos en Guantánamo- fueron enviados allí no por
ninguna gran agenda, sino simplemente porque la administración fue incapaz de
identificar quién era un enemigo y quién un amigo, y con frecuencia recurrió a
pedir consejo a dudosos aliados, con sus propias enemistades de larga data, que
contaban mentiras sobre sus rivales con impunidad, seguros de que los
estadounidenses no investigarían ninguna de sus acusaciones.
Este es realmente un buen artículo, pero sólo empieza a arañar la superficie del enfoque
criminalmente negligente de la "inteligencia" que dio lugar al envío
de 218 detenidos afganos a Guantánamo, 61 de los cuales -incluidos Abdullah
Mujahid y el Dr. Haifizullah Shabaz Khail- siguen allí, sin cargos ni juicio,
después de más de cuatro años.
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