El hecho de que Obama no haya logrado cerrar Guantánamo antes de la
fecha límite de enero es desastroso
21 de noviembre de 2009
Andy Worthington
La admisión del presidente Obama en China de que no cumplirá el plazo que él
mismo se impuso para el cierre de Guantánamo resulta desastrosa para la
mayoría de los 215 hombres que siguen recluidos allí, así como para quienes,
hace diez meses, esperaban que actuara con rapidez para cerrar este amargo
símbolo de las políticas de detención e interrogatorio al margen de la ley de
la administración Bush en la “guerra contra el terrorismo”.
A pesar de anunciar el cierre de Guantánamo en su segundo día en el cargo, como parte de una serie de
órdenes ejecutivas que revertían la extralimitación ejecutiva de la
administración Bush, Obama no presentó después un plan detallado, perdiendo la
oportunidad de trasladar a varios hombres encarcelados injustamente al
territorio continental de EE.UU. (los uigures,
musulmanes de China cuya puesta en libertad en Estados Unidos había sido
ordenada por un juez de un tribunal de distrito), y permitiendo que los
alarmistas republicanos tomaran la iniciativa, movilizando a los legisladores
(incluidos algunos del propio partido de Obama) para aprobar una ley que
impidiera que ningún preso absuelto fuera puesto en libertad en Estados Unidos.
Recientemente, los legisladores estaban incluso dispuestos a llegar incluso a impedir
que el Gobierno trasladara a los presos al territorio continental de EE.UU.
por cualquier motivo, incluso para ser juzgados. Altos funcionarios se
opusieron con éxito a esta propuesta y anunciaron
la semana pasada que diez prisioneros, entre ellos Khalid
Sheikh Mohammed, el autor intelectual confeso de los atentados del 11-S,
iban a ser trasladados al territorio continental de EE.UU. para ser juzgados,
ya sea en tribunales federales o en una versión renovada de las muy criticadas
comisiones militares, introducidas en noviembre de 2001 y reactivadas por el
Congreso en 2006 después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos
dictaminara que eran ilegales.
Sin embargo, los funcionarios de la administración también han explicado, tal y como lo
describió el Washington
Post, que el Gobierno no tiene intención de juzgar a más de 40
prisioneros en total, lo que deja a 175 hombres en Guantánamo en una situación
que ha sido preocupante desde que el Congreso se rebeló contra las intenciones
de Obama, y que de repente se ha vuelto aún más alarmante.
Mientras se mantenía el plazo de Obama, existía la posibilidad de que el presidente pudiera persuadir a
los legisladores para que abandonaran su oposición a trasladar a estos 175
hombres al territorio continental de EE.UU., de modo que Guantánamo pudiera
cerrarse tal y como se había prometido.
Ahora, sin embargo, dado que el presidente ha admitido públicamente que esto no será posible y se ha
negado a fijar un nuevo plazo, resulta difícil imaginar qué presión puede
ejercer el Gobierno sobre los legisladores para convencerlos de que abandonen
su oposición a permitir la entrada de cualquier preso en Estados Unidos, a
menos que vaya a ser juzgado.
La horrible verdad es que, como resultado, los presos absueltos por las juntas de revisión militar bajo la
administración Bush, por el Grupo de Trabajo interinstitucional de la
administración Obama, establecido como parte de sus órdenes ejecutivas, o por
los tribunales estadounidenses, tras el éxito de las peticiones de hábeas
corpus, que no pueden ser repatriados por temor a que sean torturados en sus
países de origen, no tienen otra alternativa que permanecer en Guantánamo,
hasta que, si es posible, se encuentren otros países que los acepten.
Según las autoridades, alrededor de 90 presos aprobados para su liberación siguen en Guantánamo, y la
mayoría de ellos —procedentes de países como Argelia, China, Libia, Siria,
Túnez y Uzbekistán— no
pueden ser repatriados. Los países europeos han aceptado hasta ahora a un
puñado de presos
aprobados,
pero un importante escollo para la aceptación de otros ha sido la negativa de
los propios estadounidenses a acoger a los presos aprobados.
El otro grupo —que, según funcionarios del Gobierno, asciende a unas 75 personas— está formado por
aquellos a quienes el Gobierno no desea ni imputar ni poner en libertad,
alegando que son demasiado peligrosos para ser liberados, pero que no existen
pruebas suficientes para juzgarlos, o que las pruebas están viciadas por el uso
de la tortura (o, como lo expresó el Washington Post, “debido a
problemas probatorios y a las restricciones en el uso de material
clasificado”). Esto es profundamente inquietante, ya que, sencillamente, no hay
excusa para mantener a personas en lo que es, en esencia, una forma de
“detención preventiva” idéntica a la practicada por la administración Bush, y
los presos deberían ser acusados o puestos en libertad.
En el caso de un pequeño número de estos hombres —ocho, hasta la fecha—, la administración puede
justificar sus acciones porque perdieron sus recursos de hábeas corpus ante los
jueces de los tribunales de distrito, quienes dictaminaron que el Gobierno
había demostrado, por preponderancia de la prueba, que estaban asociados con Al
Qaeda y/o los talibanes. En consecuencia, el Gobierno puede seguir reteniéndolos
en virtud de la Autorización
para el Uso de la Fuerza Militar, el documento fundacional de la “guerra
contra el terrorismo” de la administración Bush, mediante el cual el Congreso
autorizó al presidente “a emplear toda la fuerza necesaria y apropiada contra
aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon,
autorizaron, cometieron o ayudaron a cometer los ataques terroristas ocurridos
el 11 de septiembre de 2001, o que dieron refugio a tales organizaciones o personas”.
Resulta difícil entender por qué los funcionarios del Gobierno mencionaron el número de presos a los que
el Gobierno pretende mantener detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio, ya
que las solicitudes de hábeas corpus que se están tramitando pondrán estas
decisiones en manos de los jueces, que es donde deben estar. A largo plazo, no
está claro hasta qué punto es aceptable retener a los presos sobre esta base,
especialmente si resulta que pueden permanecer detenidos el resto de sus vidas
por “delitos” no más graves que, por
ejemplo, cocinar para una fuerza de combate árabe que apoyaba a los
talibanes en 2001.
En un mundo no mancillado por la ilegalidad de la administración Bush, habrían sido retenidos como
prisioneros de guerra protegidos por los Convenios de Ginebra, que pueden ser
retenidos hasta el fin de las hostilidades (en cuyo caso seguirían retenidos,
ya que nadie parece tener ni idea de cuándo terminará esta guerra en
particular). Sin embargo, esto no sucedió, por supuesto, y, como resultado, la
administración debe hacer todo lo que esté en su mano para facilitar las peticiones
de hábeas corpus de la mayoría de estos 75 hombres y para liberar a aquellos
cuyas peticiones prosperen (como en 30
de los 38 casos resueltos hasta ahora).
Aun así, sigue siendo inaceptable que estos hombres tengan que permanecer en Guantánamo mientras sus
recursos siguen su curso en los tribunales, del mismo modo que sigue siendo
inaceptable que los presos absueltos sigan languideciendo en Guantánamo ni un
minuto más, y mucho menos durante meses, o posiblemente años, más allá del
plazo que la Administración ha demostrado ser incapaz de cumplir.
En una entrevista con Fox News tras su anuncio sobre Guantánamo, el presidente Obama
explicó: “Estamos en un camino y un proceso en el que preveo que Guantánamo
se cerrará el año que viene. No voy a fijar una fecha exacta porque gran parte
de esto también va a depender de la cooperación del Congreso”.
Esa última frase resume el problema de forma sucinta, y solo puedo esperar que esa cooperación se
produzca, aunque un problema importante, claramente, es que los republicanos se
deleitarán en frustrar aún más al presidente. Sin embargo, si esto no ocurre,
el fracaso a la hora de cerrar Guantánamo proyectará una sombra oscura sobre la
presidencia de Obama, y una aún más oscura sobre los presos —ya sean hombres
absueltos o otros que siguen detenidos sin cargos ni juicio— que concluirán,
con razón, que, para ellos, realmente no hay justicia en Estados Unidos.
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