Andy Worthington habla sobre Bagram en Al Jazeera
30 de septiembre de 2009
Andy Worthington
Ayer tuve el placer de participar en "¿Es Bagram el otro Guantánamo?", un debate sobre la prisión
estadounidense situada en la base aérea de Bagram, en Afganistán, en el
programa "The Riz Khan Show" de Al Jazeera, tras el reciente anuncio de la
Administración Obama de que tiene previsto instaurar tribunales al estilo de
Guantánamo para los aproximadamente 600 presos recluidos en Bagram. El programa
está disponible a continuación en dos partes, a través de YouTube:
Cómo expliqué en dos artículos publicados tras el anuncio del Gobierno de Obama —“Obama
lleva Guantánamo y las entregas extraordinarias a Bagram (y no los Convenios de
Ginebra)” y “¿Es
Bagram la nueva prisión secreta de Obama?” —, estas propuestas suponen una
mejora con respecto al sistema de revisión existente para los presos de Bagram,
que, de manera inquietante, consiste únicamente en las Juntas de Revisión de
Combatientes Enemigos Ilegales, en las que los presos no tienen representación
alguna y solo se les permite hacer una declaración antes de escuchar las
pruebas en su contra. Sin embargo, como también expliqué en mis artículos, está
claro que la decisión de introducir un nuevo sistema de revisión resulta
inquietante por dos razones concretas.
La primera es que el anuncio de los planes para un nuevo proceso de revisión se planificó
cínicamente para persuadir a un tribunal de apelación de que revocara una sentencia
dictada en marzo por el juez del Tribunal de Distrito John D. Bates, quien
concedió derechos de hábeas corpus a un número bastante reducido de prisioneros
extranjeros, recluidos en Bagram desde hace hasta seis años, que fueron
“entregados” a la prisión desde otros lugares, basándose correctamente en que
no hay diferencia entre estos prisioneros y los trasladados a Guantánamo —o,
como lo describió el juez Bates, porque "tanto los propios detenidos como los
fundamentos de la detención son esencialmente los mismos".
En segundo lugar, las nuevas propuestas no reconocen que los detenidos en tiempo de guerra deben ser
tratados como prisioneros de guerra de conformidad con los Convenios de
Ginebra, sometidos a un proceso de selección en el momento de su captura para
separar a los soldados de los civiles atrapados en la confusión de la guerra, y
no retenidos durante un tiempo indefinido antes de ser sometidos a tribunales
militares, por la sencilla razón de que la aplicación de estas políticas no
devuelve a Estados Unidos al Estado de derecho, como prometió Obama, sino que
contribuye a la reescritura unilateral de los Convenios de Ginebra que tuvo
lugar bajo la administración Bush.
En mi conversación con Riz Khan, me acompañó David Rivkin, un abogado conservador, para mantener un
animado debate sobre algunas de las cuestiones planteadas, en el que me complació
especialmente insistir, ante la afirmación del Sr. Rivkin de que es aceptable
retener a los prisioneros en una "guerra irregular" como "combatientes
enemigos", que el concepto mismo de "combatiente enemigo" es un legado nefasto
del desprecio de la administración Bush por la ley, y que solo hay dos formas
aceptables de retener a los prisioneros: o bien como prisioneros de guerra
protegidos por los Convenios de Ginebra, que pueden ser retenidos hasta el fin
de las hostilidades, o, si están involucrados en terrorismo, como sospechosos
de delitos, que pueden y deben ser trasladados al sistema judicial federal para
ser juzgados. El Sr. Rivkin fue un invitado educado y bien informado, que
defendió con firmeza la mejora de las condiciones de detención de los prisioneros
desde los peores días de la administración Bush, pero me pareció alarmante que
considerara apropiado creer que la amenaza que representaban los soldados
"irregulares" era tal que justificaba la continuación de las políticas de la
administración Bush.
También me complació tener la oportunidad de desmentir la afirmación del Sr. Rivkin de que los tribunales
federales son incapaces de tramitar casos derivados de la "guerra irregular" y
de que, debido a las complejidades de la recopilación de información, están
abocados a que los jueces aprueben la puesta en libertad de los presos en los
casos que se les presentan, ya que, como se ha demostrado de manera convincente
en las peticiones de hábeas corpus de los presos de Guantánamo cuyos casos han
sido revisados objetivamente por jueces de tribunales de distrito, la razón por
la que estos casos fracasan no es por ninguna dificultad a la hora de presentar
las pruebas, sino porque, en la mayoría de los casos, no existen pruebas (para
más detalles, véase aquí,
aquí,
aquí
y aquí).
En cambio, lo que el Gobierno presenta como pruebas no es, en su mayor parte, más que acusaciones
infundadas formuladas por otros presos cuya falta de fiabilidad ha sido
reconocida por el ejército y los servicios de inteligencia (y que fueron coaccionados
o sobornados, o que padecen problemas de salud mental), "mosaicos" de
información de inteligencia que no resisten un análisis independiente, y, en el
caso más reciente —el de Fouad al-Rabiah, un preso kuwaití—, la impactante
verdad de que, a raíz de acusaciones falsas realizadas por otros presos, los
interrogadores lo sometieron a una serie de "técnicas de interrogatorio
mejoradas" abusivas —o, en otras palabras, a técnicas que bien podrían cumplir
la definición
legal de tortura— hasta que confesó falsamente que se había reunido con
Osama bin Laden y que estaba involucrado con Al Qaeda.
Nota: Próximamente estará disponible un artículo detallado sobre la resolución de
hábeas corpus de Fouad al-Rabiah, pero por ahora pueden consultar mi
primera respuesta, que se basó únicamente en la información disponible
públicamente en el momento de la resolución y que no indicaba el alcance de sus
confesiones falsas.
POSDATA: Aquí
tienen la actualización sobre la historia de Fouad al-Rabiah.
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