¿Guantánamo Para Siempre?
Andy Worthington
11 de enero de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
19 de enero de
2011
En el noveno aniversario de la apertura de Guantánamo, parecería duro
preguntarle al presidente Obama si todos los planes de cerrar la prisión han
fallado y si ella va a permanecer operando por tiempo indeterminado.
Después de todo, puede ser que el presidente no haya podido cerrarla
dentro del año de asumir la presidencia, a pesar de haber prometido
de hacerlo con una orden ejecutiva su segundo día en la Casa Blanca, pero tanto
él como su vocero continúan afirmando que es su intención cerrarla.
Sin embargo, en realidad es razonable proponer que Guantánamo es ahora una
institución permanente por varias razones. La primera se refiere a cínicas
jugadas hechas por congresistas en los últimos meses, como incluir
cláusulas de provisión de fondos en la ley de presupuesto militar destinadas
explícitamente a mantener abierto Guantánamo, prohibir el uso de fondos para
transferir prisioneros para ser juzgados en el continente de EEUU, prohibir el
uso de fondos para comprar o construir una prisión en el continente de EEUU para
los prisioneros de Guantánamo, y prohibir
transferencia de aquellos prisioneros que fueron aprobados por el Grupo de
Trabajo de Revisión de Guantánamo del presidente (compuesto por representantes
de departamentos gubernamentales y agencias de inteligencia) a países
considerados peligrosos por los congresistas, incluyendo Afganistán, Pakistán y
Yemen.
En todos estos desafíos a sus declaradas intenciones – traer al continente
por lo menos algunos de los 33 hombres que fueron recomendados por la Grupo de
Trabajo para ser juzgados en cortes federales, manteniéndolos en una prisión en
EEUU y liberar algunos de los 89 prisioneros “aprobados para ser transferidos”
por la Grupo de Trabajo – el presidente Obama podría haber anulado la decisión
del congreso. Como fue informado antes
de Navidad, estaba perfectamente en su poder vetar la legislación o firmar
un dictamen anulando aquellas partes de la ley de presupuesto que él pudiera
considerar ser una violación a la autoridad constitucional de la
presidencia.
Sin embargo al final, demostrando lo que muchos observadores ya consideran
típica cobardía, él eligió no hacer nada de ello. Un veto nunca fue siquiera
considerado porque eso amenazaría la autorización del congreso de miles de
millones de dólares para continuar con las devastadoramente caras guerras en
Afganistán e Irak y que no-autoridad tiene deseo de terminar, pero firmar un
dictamen declarando las cláusulas como una violación inconstitucional al poder
del ejecutivo era una clara posibilidad a pesar de las connotaciones negativas
después que George W. Bush hiciera uso tan excesivo de dictámenes firmados
durante su presidencia. Como explicaran David B. Rivkin Jr. y Lee A. Casey,
abogados que trabajaron en el departamento de justicia bajo Ronald Reagan y
George H.W. Bush, en una editorial del Wall
Street Journal, “Los esfuerzos del congreso de bloquear futuros juicios a
través de la restricción de gastos al presidente son inconstitucionales y
tendrían que ser abandonados.”
Sin embargo y a pesar de estas críticas tan incisivas al congreso
provenientes de comentaristas conservadores, Obama se negó a ir tan lejos como
Rivkin y Casey y eligió limitar su oposición a rezongos que suenan bien, pero
que de última son inocuos. Como informó el New York
Times, “Él criticó severamente esas restricciones, pero no reclamó que él
tenia la autoridad constitucional de ignorarlas” y dijo en cambio que “iba a
pedirle al congreso que revocara las restricciones, tratara de ‘atenuar sus
efectos’ y opusiera todo intento de extenderlas o expandirlas después que
caducaran en setiembre, al final del año fiscal en curso.”
Criticando la prohibición de traer prisioneros al continente para ser
juzgados, Obama defendió el procesamiento de sospechosos de terrorismo en la
corte federal como “una poderosa herramienta en nuestros esfuerzos para proteger
nuestra nación,” y describió la prohibición impuesta por el congreso como “un
peligroso e inaudito desafío a la crítica autoridad del poder ejecutivo para
determinar dónde y cuándo procesar a los detenidos en Guantánamo, basándose en
los hechos y las circunstancias de cada caso y en nuestros intereses de
seguridad nacional.” Sin embargo, como resultado de su negación a anular la
cláusula, los 33 hombres recomendados para juicio por la Grupo de Trabajo van a
permanecer, en su mayor parte, sin juicio.
Según se informa, la administración no está dispuesta a continuar con juicios
por comisión militar, criticada justamente por oponentes por considerarse un
sistema judicial de segundo nivel, especialmente después de la injusta
y vergonzosa declaración de culpabilidad pactada con el ex niño-prisionero
Omar Khadr en octubre. De ahí que el principal efecto de la capitulación de
Obama sea dar victoria a los congresistas que insertaron esta cláusula
específicamente para prevenir que el presidente prosiga con el juicio en corte
federal contra Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro hombres acusados de
participación en los ataques del 11 de setiembre. Este juicio fue anunciado
por el fiscal general Eric Holder en noviembre pasado, pero encontró la
resistencia feroz de ideólogos republicanos mal informados que todavía creen en
la noción destructiva y equivocada de la administración de Bush que los
sospechosos de terrorismo son guerreros y no criminales.
Al criticar la prohibición de usar fondos militares para liberar cualquiera
de los 89 prisioneros absueltos por la Grupo de Trabajo a menos que, según
describe el Times, el secretario de defensa Robert Gates “certifique que el país
cumple con un estricto conjunto de medidas de seguridad,” el presidente declaró
que este proceso de certificación, agregado a otros cuestionamientos de
seguridad ya emprendidos por el gobierno, “dificultaría la conducción de
negociaciones delicadas con países extranjeros” e “interferiría con la autoridad
del poder ejecutivo de hacer determinaciones importantes y trascendentales de
política exterior y seguridad nacional con respecto a si y bajo qué
circunstancias se harían estas transferencias dentro del contexto de un
conflicto armado activo.”
Sobre este punto el efecto será menos notable, pues 58 de los 89 hombres
aprobados para ser liberados por la Grupo de Trabajo ya han sido detenidos
indefinidamente sin cargo o juicio por un año ya que son originarios de Yemen.
En enero pasado, después de una sobrerreacción histérica a la noticia que el
fallido terrorista que quiso poner una bomba en un avión en Navidad, Umar Farouk
Abdulmutallab, aparentemente había sido reclutado en Yemen, el presidente anunció
una moratoria a la liberación de todo prisionero yemení que está todavía en
vigencia y no hay indicios de que sea levantada. De los 31 hombres restantes, la
mayoría está esperando países terceros que estén preparados a recibirlos, pues
no pueden ser repatriados en forma segura pues existe el riesgo que sean
torturados, y la administración, el congreso y la tribunal federal de
apelaciones de Distrito de Columbia todos
se aseguraron bien que ninguno de los hombres sea liberado en EEUU. Por lo
tanto, es poco probable que la prohibición del congreso se aplique a alguno de
estos hombres.
Los únicos prisioneros que no están cubiertos en esta prohibición son
aquellos cuya liberación fue aprobada
luego de ganar la petición de habeas corpus en la corte del distrito de
Washington D.C.. Sin embargo sobre este punto, el presidente Obama no ha hecho
más que enfurecer a sus partidarios liberales cuando, el lunes pasado repatrió
un argelino, Farhi Saeed bin Mohammed, en contra de su voluntad. Bin
Mohammed había ganado su petición de habeas corpus en noviembre 2009, pero
estaba aterrorizado de volver a su país natal donde principalmente temía ser
atacado por militantes islámicos. La jueza de su caso, Jueza Gladys Kessler,
luchó a
su favor para prevenir su repatriación forzada, pero finalmente ella fue
desautorizada por la corte suprema, facilitando su retorno a Argelia el lunes
pasado.
El hecho de que el único hombre que fue liberado desde agosto último – y muy
probablemente el único que sea liberado en un futuro inmediato – sea alguien que
estaba desesperado por no ser devuelto a su país natal, es una triste denuncia a
la postura que el presidente Obama toma en el noveno aniversario de la apertura
de Guantánamo, dos años después que prometiera cerrar la prisión y un año
después que fallara en hacerlo.
Como expliqué más arriba, al negarse a enfrentar al congreso por las
intrusiones inconstitucionales a su autoridad – y a través de su moratoria a la
liberación de cualquier yemení, el presidente Obama se ha asegurado que no haya
distinción entre los 33 hombres recomendados para juicio por la Grupo de Trabajo
y los 89 hombres cuya liberación fue aprobada, pues casi todos han sido ahora
recluidos a arresto indefinido sin cargo o juicio por el futuro inmediato.
Completando este panorama, hay 48 hombres más que fueron marcados
explícitamente por la Grupo de Trabajo para ser arrestados indefinidamente sin
cargo y sin juicio. Esto ha sido una propuesta indefendible, ya desde que fue advertida
por el presidente por primera vez en mayo de 2009, pues los hombres en
cuestión son considerados demasiado peligrosos para ser liberados, a pesar de
que la administración admite que no tiene evidencia que pueda usar para probar
estos alegatos. Esto por supuesto indica que dar crédito a información poco
fiable obtenida a través de tortura fue una pieza clave para llegar a estas
conclusiones. Los planes también son preocupantes pues de esta manera perpetúan
explícitamente la postura tomada por el presidente Bush cuando estableció
Guantánamo, y porque ayudan a aquellos que quieren ver el uso de arresto
indefinido sin cargo y sin juicio nuevamente en el futuro. Y con respecto a esto
último, fue extremadamente deprimente escuchar antes de Navidad que Obama estaba
considerando presentar un
dictamen presidencial aprobando formalmente la detención indefinida de estos
48 hombres, aunque garantizando que recibirían algún tipo de reconsideración
normal de sus casos.
Se espera pronto una decisión al respecto; ésta debería ser resistida
ferozmente por todo aquél que cree que el perverso experimento en Guantánamo ya
ha durado demasiado y que mantener prisioneros es aceptable solamente cuando son
sospechosos criminales que serán juzgados, o son prisioneros de guerra quienes,
en todo caso, pueden ser mantenidos hasta el final de las hostilidades. Y si el
presidente Obama efectivamente firma este dictamen presidencial, es
responsabilidad de todo aquél que se opone al escándalo existente en Guantánamo,
de señalarlo como tal, junto con la interferencia del congreso y la moratoria de
Obama, no son sólo 48 prisioneros los designados a arresto indefinido sin cargo
y sin juicio, sino casi todo prisionero todavía en Guantánamo – 170 hombres en
total.
Las esperanzas que Guantánamo fuera cerrado probablemente ya se frustraron
durante los primeros meses de su presidencia, pero aun el más cínico observador
tendría dificultad en decir entonces que, después de dos años, Obama estaría
presidiendo sobre una situación tan similar a la creada por Bush, Dick Cheney
and Donald Rumsfeld en 2002 – cuando la población entera de la prisión esta de
hecho arrestada arbitrariamente, detenida indefinidamente sin cargo y sin
juicio, independientemente de que la mayoría de ellos debieran ser liberados o
juzgados.
Al comienzo del décimo aniversario del funcionamiento de la prisión, ésta es
una situación muy deprimente por la cual todo aquél preocupado por la justicia
para los prisioneros restantes, debería hacer campaña reclamando y denunciando
implacablemente.
Andy Worthington es periodista e historiador residente en Gran Bretaña. Es
autor de The Guantánamo Files, el primer libro que cuenta las
historias de todos los detenidos en la prisión ilegal de EE.UU. (publicado por
Pluto Press/Palgrave Macmillan), y co-director (con Polly Nash) del nuevo
documental, "Outside the Law: Stories from Guantanamo." Para más
información visite su blog aquí.
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