Guantánamo: Obama vuelve a los días de los
juicios pantomima y de los tribunales ineficaces de la era Bush
Andy Worthington
11 de marzo de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
3 de mayo de
2011
Aquellos de nosotros que hemos estado estudiando de cerca Guantánamo no nos
hemos sorprendido cuando, el 7 de marzo, el presidente Obama ha anunciado
que iba a levantar la prohibición de realizar juicios por medio de una comisión
militar en Guantánamo, la cual él impuso
en su primer día en el cargo en enero de 2009.
Ese mismo día Obama también emitió
una orden ejecutiva que establece una revisión periódica de los casos de los
presos que se recomienda que continúen detenidos indefinidamente sin
cargos ni juicio por el Grupo de Trabajo de Revisión de Guantánamo, un grupo
de 60 funcionarios y abogados del departamento de gobierno y las agencias de
inteligencia, que revisaron todos los casos de Guantánamo en 2009.
Tampoco es de extrañar, porque el Presidente lo anunció
en mayo de 2009, durante un
importante discurso sobre seguridad nacional en los Archivos Nacionales, que
la vuelta a las Comisiones Militares se estaban barajando, unido a los juicios
del tribunal federal como una opción para juzgar a los detenidos en Guantánamo,
y en ese mismo discurso también anunció que algunos presos seguirán detenidos
indefinidamente sin cargos ni juicio.
El retorno de las Comisiones Militares
Desde entonces, las Comisiones Militares ya establecidas durante la
presidencia de Bush han procedido a enjuiciar - o, de hecho, a la petición de
acuerdos en lugar de a enjuiciar - en los casos de tres presos: Ibrahim
al-Qosi en julio del año pasado, Omar
Khadr en octubre, y Noor
Uthman Muhammed el mes pasado, y parece probable que los juicios de otros
tres hombres de los que se recomendó enjuiciamiento por Comisión Militar en
noviembre de 2009 y enero de 2010 por el fiscal general Eric Holder, ahora
procederán con rapidez.
Estos hombres son los siguientes: Abd al-Rahim al-Nashiri, un saudí, presunto
autor intelectual del ataque de Al Qaeda contra el USS Cole en 2000; Ahmed
al-Darbi, un saudita capturado en Azerbaiyán y acusados de participar en un
complot no realizado para atacar un barco en el estrecho de Ormuz; y Obaidullah,
un afgano acusado de jugar un papel periférico en la insurgencia contra las
fuerzas de EE.UU. en Afganistán. Todos los casos encierran problemas - al-Darbi,
a causa de sus detalladas denuncias sobre las torturas
a las que fue sometido; Obaidullah, porque él era un
don nadie que participó en la insurgencia, y no hizo nada que remotamente se
podría describir como un crimen de guerra; y al-Nashiri, en particular, porque,
después de su captura en los Emiratos Árabes Unidos en el otoño de 2002, se le
llevó
a prisiones secretas de la CIA en Tailandia y Polonia, donde fue sometido a
la técnica de tortura conocida como waterboarding, una forma de ahogamiento
controlado.
En el caso de al-Darbi y Obaidullah, parece probable que la administración se
evitará, en un caso, el campo de minas legal que supone la tortura, y en el
otro, una demostración de cómo, vergonzosamente, se equipara la persecución de
los terroristas con un insurgencia legítima, motivo por el que se llegará a
acuerdos. Sin embargo, parece poco probable que alguien en una posición de
autoridad quiera lograr un acuerdo con la fiscalía en el caso al-Nashiri, dada
la gravedad de sus presuntos delitos y su presunta participación en al-Qaeda, y
si este es el caso, entonces las autoridades estarán obligadas a dejar de lado
cualquier mención de su tortura, que puede ser difícil ya que estaba incluido en
el informe
del Inspector General de la CIA sobre la tortura en 2004, y a al-Nashiri
también le ha sido concedido
el status de "víctima" en una investigación en curso sobre la tortura de la
CIA en la prisión de Polonia.
Así como significativo es el hecho de que un juicio propiamente dicho - en
lugar de un acuerdo con la fiscalía - corre el riesgo muy real de exponer que
los supuestos crímenes de guerra incluidos en las Comisiones Militares -
conspiración y apoyo material al terrorismo, por ejemplo - no
son crímenes de guerra legítimos, pero, en cambio, fueron inventados por el
Congreso en 2006 y mantenidos, a pesar de las críticas de funcionarios de alto
nivel de la administración de Obama, cuando una versión reavivada de las
Comisiones fue aprobada por el Congreso en la Ley de Comisiones Militares de
2009.
Más allá de estas dificultades, donde el anuncio de Obama abre nuevos caminos
para la posibilidad de que muchos de los otros 30 presos aún encerrados de los
que se recomendó fueran procesados por Grupos de Trabajo también serán juzgados
por la Comisión Militar - tal vez incluso Khalid Sheikh Mohammed y cuatro otros
hombres acusados de participar en los ataques del 11 de Septiembre. Se
propuso que estos hombres fueran juzgados por el Tribunal Federal en
noviembre de 2009, pero estos planes fueron archivados como consecuencia de la
reacción de los republicanos y los miembros del propio partido de Obama.
Personalmente, creo que las Comisiones Militares siguen siendo ilegítimas,
pero dada la negativa
del Congreso para permitir que los presos de Guantánamo sean llevados a
tierra firme para hacer frente a juicios en EE.UU. (que se incluyó en un
importante proyecto de ley de gastos militares de defensa en diciembre pasado, y
fue un movimiento abiertamente político, además de ser abiertamente
inconstitucional), las Comisiones Militares son, en la actualidad, la única
opción de enjuiciamiento a disposición de los prisioneros. Pragmáticamente, si
estos siguen estando relacionados con acuerdos a cambio de sentencias cortas - y
la administración mantiene su
palabra sobre estos - entonces, a pesar de ser fundamentalmente defectuosos,
proporcionan lo que puede ser la única manera de que los presos dejen
Guantánamo.
Para entender por qué este es el caso, es necesario reflexionar sobre el
hecho de que 89 de los restantes 172 prisioneros fueron absueltos por el Grupo
de Trabajo, pero no pueden ir a ninguna parte, ya sea porque son yemeníes, y
Obama emitió
una moratoria sobre la liberación de cualquiera de los 58 yemeníes en enero
pasado, después de que se descubriera que el terrorista que fallo en atentar
contra un avión el día de Navidad, Omar Faruk Abdulmutallab, había sido
reclutados en Yemen, o porque no pueden ser repatriados, ya que corren el riesgo
de ser torturados y sufrir malos tratos en sus países de origen. Estos 31
hombres no pueden ser reubicados en los EE.UU., debido a la oposición del
Presidente, del Tribunal de Circuito de DC, y del Congreso, y no se sabe si
terceros países estarán dispuestos a ofrecerles un nuevo hogar. Como resultado,
estos 89 presos parecen tener menos probabilidades de dejar de Guantánamo que
sus compañeros de prisión que lleguen a acuerdos en los juicios llevados a cabo
por Comisión Militar, y pueden, como he estado explicando durante todo el año,
legítimamente ser descritos como presos
políticos.
La orden ejecutiva establece una revisión periódica de los caso de los 47
hombres designados para la detención indefinida sin cargos ni juicio
También son menos afortunados que los condenados a ser enjuiciados por la
Comisión Militar los 47 hombres designados para la detención indefinida sin
cargos ni juicio. La orden ejecutiva que formaliza su detención y que prevé
revisiones periódicas de su estado, y que se publicó el 7 de marzo, se veía venir
antes de Navidad, pero estaba claramente en la mesa desde enero de 2010,
cuando el Grupo de Trabajo presentó su informe al Presidente, recomendando que
48 de los prisioneros - uno de ellos murió
en Guantánamo el mes pasado - debían seguir detenidos indefinidamente sin
cargos ni juicio, porque "el enjuiciamiento no es viable en un tribunal federal
o por una Comisión Militar."
Hay varios problemas con esta propuesta, por supuesto - más allá del refuerzo
angustiante de las razones misma sobre la que George W. Bush estableció
Guantánamo, en primer lugar - no menos importante es la creencia por el Grupo de
Trabajo de que estos hombres pueden ser considerados peligrosos pero no hay
evidencias que puedan ser usadas para probar su caso. Como expliqué en
diciembre:
El Grupo de Trabajo trató de explicar que "los principales obstáculos para
el enjuiciamiento en los casos considerados inviables por el Grupo de Trabajo
normalmente no se derivan de la preocupación por la protección de fuentes
confidenciales o de los métodos de divulgación, o de la preocupación de que las
pruebas contra los detenidos estén contaminadas", pero sus explicaciones no
fueron convincentes. Detrás se afirma que "la información de inteligencia que
hay sobre ellos puede ser precisa y fiable", a pesar de que se haya recogido en
circunstancias dudosas, y que, en muchos casos, "no hay testigos que estén
disponibles para testificar en los procedimientos en contra de ellos", aquí yace
la verdad más contundente, como ya he explicado [en un análisis del informe del
Grupo de Trabajo en junio de 2010]: " que la información de inteligencia, y
cualquier testimonio disponible que puede haber, están a la vez contaminados por
las circunstancias en que " la recolección de la información" se llevó a cabo -
los interrogatorios coercitivos, y en algunos casos la tortura de los propios
presos, o de sus compañeros de prisión. "
Para demostrar esto, me remito a las 59
peticiones de hábeas corpus examinados por los jueces en la Corte de
Distrito en Washington DC, de los cuales 38 han sido ganados por los presos,
señalando:
[E]stos problemas han sido puesto de relieve una y otra vez por los
jueces, con una objetividad que eludió el Grupo de Trabajo - como, por ejemplo,
en el caso de Fouad
Al Rabiah, un kuwaití enviado por el Presidente Bush para ser enjuiciado
ante una comisión militar, quien fue liberado después de que un juez dictaminó
que todo el caso contra él se basaba en un relato falso que el mismo había
inventado después de ser torturado y las amenazado, y, por citar sólo dos
ejemplos más, Alla
Ali Bin Ali Ahmed, un yemení capturado en una pensión para estudiantes en
Pakistán, y Mohammed
El-Gharani, de Chad, que sólo tenía 14 años cuando fue capturado en una
redada en una mezquita en Pakistán. En ambos casos, los prisioneros fueron
liberados después de que los jueces dictaminarán que los testigos del gobierno -
compañeros de los prisioneros - fueran irremediablemente poco fiables, y fueran,
si no objeto de violencia, si de sobornó para hacer declaraciones
falsas.
Es por tanto, poco sincero por parte de la Fuerzas de Trabajo afirmar que
"los principales obstáculos para el enjuiciamiento" de estos [47] hombres
"normalmente no se derivan de ... la preocupación de que las pruebas contra los
detenidos estén contaminadas", cuando, para ser sinceros, el registro está
repleto de ejemplos que prueban todo lo contrario.
Otro problema es que la orden ejecutiva establece un proceso de revisión para
los 47 hombres, que consiste en Juntas de Examen Periódico (PRB), que son
notablemente similares al proceso de revisión establecido por la administración
Bush - Los Tribunales de Revisión del Estatuto de los Combatientes (CSRT) - que
el Corte
Suprema consideró inadecuados cuando se les garantizó constitucionalmente a
los prisioneros el derecho de hábeas corpus en junio de 2008.
Al igual que con los CSRT, a los hombres se les presentará un resumen sin
clasificar de las denuncias en contra de ellos, estarán representados por un
"representante personal" (no un abogado), se les permitirá refutar los cargos en
su contra (aunque sin los medios para hacerlo), serán capaces de "llamar a los
testigos que estén razonablemente disponibles", y también habrá en contra de
ellos evidencias clasificadas que no se les permitirá ver - aunque hay una
disposición para que puedan "recibir un sustituto suficiente o resumen, en lugar
de la información subyacente," si el gobierno planea apoyarse en evidencias
clasificada (como sin duda ocurre, o sino se les enjuiciaría).
Aunque se me asegura que, como la administración lo describe, la orden
ejecutiva "está destinada exclusivamente a establecer, con carácter
discrecional, un proceso para revisar periódicamente el ejercicio continuo del
poder ejecutivo y discrecional de las actuales autoridades de detención en casos
individuales," y también que "no crea ninguna tipo adicional o distinto de
autoridad de detención", y "que no afecta al alcance de la autoridad de
detención en virtud de la legislación vigente," es deshonesto por parte de la
administración afirmar, "Los detenidos en Guantánamo tienen el privilegio
constitucional del hábeas corpus, y nada en este orden está destinada a afectar
a la jurisdicción de los tribunales federales para determinar la legalidad de su
detención. "
Esto se debe a que, a pesar de sus garantías, la administración siempre se ha
comportado como si el habeas corpus fuera una distracción, y esta sólo ha creído
en las conclusiones del Grupo de Trabajo - de ahí su decisión de prejuzgar a los
48 hombres cuyas peticiones de hábeas podrían haber mostrador diferentes
resultados, evitando la necesidad de revisión ejecutiva.
Además, la orden ejecutiva muestra otro problema fundamental con el enfoque
que la administración da a Guantánamo - y que también ha eludido la Corte de
Distrito al tramitar las peticiones corpus de estos hombres. Esto se refiere a
la legislación que sustenta las detenciones de Guantánamo, en primer lugar - la
Autorización
para el Uso de Fuerza Militar, aprobada por el Congreso la semana después de
los ataques del 11 de septiembre, que autorizó al Presidente "a usar toda la
fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas
que él determine que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron en los
ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001", o los
albergaba, pero fallo al no distinguir entre al-Qaeda (un grupo terrorista) y
los talibanes (un gobierno vilipendiado).
Tal y como la legislación hábeas ha mostrado, la mayoría de los hombres que
han perdido sus peticiones no son más
que soldados talibanes de a pie, que no tenían conocimiento de las
operaciones terroristas internacionales de al-Qaeda, y que deberían, en
consecuencia, haber sido encarcelados como prisioneros de guerra y protegidos
por el Convenio de Ginebra.
Incluidos entre los 47 hombres designados para la detención indefinida, estos
soldados siguen siendo ultrajados por las afirmaciones del gobierno de que son
"demasiado peligrosos para ser liberados", cuando la verdad es que la AUMF sigue
siendo el documento erróneo de base sobre la "Guerra contra el Terror", y los
detenidos en Guantánamo deberían ser liberados (sin demora), acusados con
relación a delitos de terrorismo (que son delitos y no "actos de guerra"), o
redesignados como prisioneros de guerra, que puede mantenerles encerrados hasta
la conclusión de las hostilidades.
Esto, sin embargo, implicaría que se les reconociera como soldados, y no como
el tipo mal definido de amenaza terrorista invocado con enorme éxito por la
administración Bush y que Obama no ha hecho nada para disipar. Esta negativa a
abordar los problemas fundamentales de Guantánamo no sólo sigue alimentando la
histeria en los Estados Unidos acerca de los soldados detenidos en Guantánamo,
sino que también ha dado lugar a una vergonzosa indiferencia hacia el
enjuiciamiento del puñado de personas realmente acusadas de participar en actos
internacionales de terrorismo (incluido los ataques del 11S), a pesar de que
poner a estos hombres frente a la justicia debería haber sido el propósito de la
"Guerra contra el Terror" desde el principio.
Andy Worthington es el autor de "Los archivos de
Guantánamo: Las historias de los 774 detenidos en la prisión Ilegal de
América." Este artículo apareció originalmente en andyworthington.co.uk
el 10 de marzo de 2011.
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