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Guantánamo: Obama vuelve a los días de los juicios pantomima y de los tribunales ineficaces de la era Bush

Andy Worthington
11 de marzo de 2011

Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
3 de mayo de 2011

Aquellos de nosotros que hemos estado estudiando de cerca Guantánamo no nos hemos sorprendido cuando, el 7 de marzo, el presidente Obama ha anunciado que iba a levantar la prohibición de realizar juicios por medio de una comisión militar en Guantánamo, la cual él impuso en su primer día en el cargo en enero de 2009.

Ese mismo día Obama también emitió una orden ejecutiva que establece una revisión periódica de los casos de los presos que se recomienda que continúen detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio por el Grupo de Trabajo de Revisión de Guantánamo, un grupo de 60 funcionarios y abogados del departamento de gobierno y las agencias de inteligencia, que revisaron todos los casos de Guantánamo en 2009.

Tampoco es de extrañar, porque el Presidente lo anunció en mayo de 2009, durante un importante discurso sobre seguridad nacional en los Archivos Nacionales, que la vuelta a las Comisiones Militares se estaban barajando, unido a los juicios del tribunal federal como una opción para juzgar a los detenidos en Guantánamo, y en ese mismo discurso también anunció que algunos presos seguirán detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio.

El retorno de las Comisiones Militares

Desde entonces, las Comisiones Militares ya establecidas durante la presidencia de Bush han procedido a enjuiciar - o, de hecho, a la petición de acuerdos en lugar de a enjuiciar - en los casos de tres presos: Ibrahim al-Qosi en julio del año pasado, Omar Khadr en octubre, y Noor Uthman Muhammed el mes pasado, y parece probable que los juicios de otros tres hombres de los que se recomendó enjuiciamiento por Comisión Militar en noviembre de 2009 y enero de 2010 por el fiscal general Eric Holder, ahora procederán con rapidez.

Estos hombres son los siguientes: Abd al-Rahim al-Nashiri, un saudí, presunto autor intelectual del ataque de Al Qaeda contra el USS Cole en 2000; Ahmed al-Darbi, un saudita capturado en Azerbaiyán y acusados de participar en un complot no realizado para atacar un barco en el estrecho de Ormuz; y Obaidullah, un afgano acusado de jugar un papel periférico en la insurgencia contra las fuerzas de EE.UU. en Afganistán. Todos los casos encierran problemas - al-Darbi, a causa de sus detalladas denuncias sobre las torturas a las que fue sometido; Obaidullah, porque él era un don nadie que participó en la insurgencia, y no hizo nada que remotamente se podría describir como un crimen de guerra; y al-Nashiri, en particular, porque, después de su captura en los Emiratos Árabes Unidos en el otoño de 2002, se le llevó a prisiones secretas de la CIA en Tailandia y Polonia, donde fue sometido a la técnica de tortura conocida como waterboarding, una forma de ahogamiento controlado.

En el caso de al-Darbi y Obaidullah, parece probable que la administración se evitará, en un caso, el campo de minas legal que supone la tortura, y en el otro, una demostración de cómo, vergonzosamente, se equipara la persecución de los terroristas con un insurgencia legítima, motivo por el que se llegará a acuerdos. Sin embargo, parece poco probable que alguien en una posición de autoridad quiera lograr un acuerdo con la fiscalía en el caso al-Nashiri, dada la gravedad de sus presuntos delitos y su presunta participación en al-Qaeda, y si este es el caso, entonces las autoridades estarán obligadas a dejar de lado cualquier mención de su tortura, que puede ser difícil ya que estaba incluido en el informe del Inspector General de la CIA sobre la tortura en 2004, y a al-Nashiri también le ha sido concedido el status de "víctima" en una investigación en curso sobre la tortura de la CIA en la prisión de Polonia.

Así como significativo es el hecho de que un juicio propiamente dicho - en lugar de un acuerdo con la fiscalía - corre el riesgo muy real de exponer que los supuestos crímenes de guerra incluidos en las Comisiones Militares - conspiración y apoyo material al terrorismo, por ejemplo - no son crímenes de guerra legítimos, pero, en cambio, fueron inventados por el Congreso en 2006 y mantenidos, a pesar de las críticas de funcionarios de alto nivel de la administración de Obama, cuando una versión reavivada de las Comisiones fue aprobada por el Congreso en la Ley de Comisiones Militares de 2009.

Más allá de estas dificultades, donde el anuncio de Obama abre nuevos caminos para la posibilidad de que muchos de los otros 30 presos aún encerrados de los que se recomendó fueran procesados por Grupos de Trabajo también serán juzgados por la Comisión Militar - tal vez incluso Khalid Sheikh Mohammed y cuatro otros hombres acusados de participar en los ataques del 11 de Septiembre. Se propuso que estos hombres fueran juzgados por el Tribunal Federal en noviembre de 2009, pero estos planes fueron archivados como consecuencia de la reacción de los republicanos y los miembros del propio partido de Obama.

Personalmente, creo que las Comisiones Militares siguen siendo ilegítimas, pero dada la negativa del Congreso para permitir que los presos de Guantánamo sean llevados a tierra firme para hacer frente a juicios en EE.UU. (que se incluyó en un importante proyecto de ley de gastos militares de defensa en diciembre pasado, y fue un movimiento abiertamente político, además de ser abiertamente inconstitucional), las Comisiones Militares son, en la actualidad, la única opción de enjuiciamiento a disposición de los prisioneros. Pragmáticamente, si estos siguen estando relacionados con acuerdos a cambio de sentencias cortas - y la administración mantiene su palabra sobre estos - entonces, a pesar de ser fundamentalmente defectuosos, proporcionan lo que puede ser la única manera de que los presos dejen Guantánamo.

Para entender por qué este es el caso, es necesario reflexionar sobre el hecho de que 89 de los restantes 172 prisioneros fueron absueltos por el Grupo de Trabajo, pero no pueden ir a ninguna parte, ya sea porque son yemeníes, y Obama emitió una moratoria sobre la liberación de cualquiera de los 58 yemeníes en enero pasado, después de que se descubriera que el terrorista que fallo en atentar contra un avión el día de Navidad, Omar Faruk Abdulmutallab, había sido reclutados en Yemen, o porque no pueden ser repatriados, ya que corren el riesgo de ser torturados y sufrir malos tratos en sus países de origen. Estos 31 hombres no pueden ser reubicados en los EE.UU., debido a la oposición del Presidente, del Tribunal de Circuito de DC, y del Congreso, y no se sabe si terceros países estarán dispuestos a ofrecerles un nuevo hogar. Como resultado, estos 89 presos parecen tener menos probabilidades de dejar de Guantánamo que sus compañeros de prisión que lleguen a acuerdos en los juicios llevados a cabo por Comisión Militar, y pueden, como he estado explicando durante todo el año, legítimamente ser descritos como presos políticos.

La orden ejecutiva establece una revisión periódica de los caso de los 47 hombres designados para la detención indefinida sin cargos ni juicio

También son menos afortunados que los condenados a ser enjuiciados por la Comisión Militar los 47 hombres designados para la detención indefinida sin cargos ni juicio. La orden ejecutiva que formaliza su detención y que prevé revisiones periódicas de su estado, y que se publicó el 7 de marzo, se veía venir antes de Navidad, pero estaba claramente en la mesa desde enero de 2010, cuando el Grupo de Trabajo presentó su informe al Presidente, recomendando que 48 de los prisioneros - uno de ellos murió en Guantánamo el mes pasado - debían seguir detenidos indefinidamente sin cargos ni juicio, porque "el enjuiciamiento no es viable en un tribunal federal o por una Comisión Militar."

Hay varios problemas con esta propuesta, por supuesto - más allá del refuerzo angustiante de las razones misma sobre la que George W. Bush estableció Guantánamo, en primer lugar - no menos importante es la creencia por el Grupo de Trabajo de que estos hombres pueden ser considerados peligrosos pero no hay evidencias que puedan ser usadas para probar su caso. Como expliqué en diciembre:

    El Grupo de Trabajo trató de explicar que "los principales obstáculos para el enjuiciamiento en los casos considerados inviables por el Grupo de Trabajo normalmente no se derivan de la preocupación por la protección de fuentes confidenciales o de los métodos de divulgación, o de la preocupación de que las pruebas contra los detenidos estén contaminadas", pero sus explicaciones no fueron convincentes. Detrás se afirma que "la información de inteligencia que hay sobre ellos puede ser precisa y fiable", a pesar de que se haya recogido en circunstancias dudosas, y que, en muchos casos, "no hay testigos que estén disponibles para testificar en los procedimientos en contra de ellos", aquí yace la verdad más contundente, como ya he explicado [en un análisis del informe del Grupo de Trabajo en junio de 2010]: " que la información de inteligencia, y cualquier testimonio disponible que puede haber, están a la vez contaminados por las circunstancias en que " la recolección de la información" se llevó a cabo - los interrogatorios coercitivos, y en algunos casos la tortura de los propios presos, o de sus compañeros de prisión. "

Para demostrar esto, me remito a las 59 peticiones de hábeas corpus examinados por los jueces en la Corte de Distrito en Washington DC, de los cuales 38 han sido ganados por los presos, señalando:

    [E]stos problemas han sido puesto de relieve una y otra vez por los jueces, con una objetividad que eludió el Grupo de Trabajo - como, por ejemplo, en el caso de Fouad Al Rabiah, un kuwaití enviado por el Presidente Bush para ser enjuiciado ante una comisión militar, quien fue liberado después de que un juez dictaminó que todo el caso contra él se basaba en un relato falso que el mismo había inventado después de ser torturado y las amenazado, y, por citar sólo dos ejemplos más, Alla Ali Bin Ali Ahmed, un yemení capturado en una pensión para estudiantes en Pakistán, y Mohammed El-Gharani, de Chad, que sólo tenía 14 años cuando fue capturado en una redada en una mezquita en Pakistán. En ambos casos, los prisioneros fueron liberados después de que los jueces dictaminarán que los testigos del gobierno - compañeros de los prisioneros - fueran irremediablemente poco fiables, y fueran, si no objeto de violencia, si de sobornó para hacer declaraciones falsas.

    Es por tanto, poco sincero por parte de la Fuerzas de Trabajo afirmar que "los principales obstáculos para el enjuiciamiento" de estos [47] hombres "normalmente no se derivan de ... la preocupación de que las pruebas contra los detenidos estén contaminadas", cuando, para ser sinceros, el registro está repleto de ejemplos que prueban todo lo contrario.

Otro problema es que la orden ejecutiva establece un proceso de revisión para los 47 hombres, que consiste en Juntas de Examen Periódico (PRB), que son notablemente similares al proceso de revisión establecido por la administración Bush - Los Tribunales de Revisión del Estatuto de los Combatientes (CSRT) - que el Corte Suprema consideró inadecuados cuando se les garantizó constitucionalmente a los prisioneros el derecho de hábeas corpus en junio de 2008.

Al igual que con los CSRT, a los hombres se les presentará un resumen sin clasificar de las denuncias en contra de ellos, estarán representados por un "representante personal" (no un abogado), se les permitirá refutar los cargos en su contra (aunque sin los medios para hacerlo), serán capaces de "llamar a los testigos que estén razonablemente disponibles", y también habrá en contra de ellos evidencias clasificadas que no se les permitirá ver - aunque hay una disposición para que puedan "recibir un sustituto suficiente o resumen, en lugar de la información subyacente," si el gobierno planea apoyarse en evidencias clasificada (como sin duda ocurre, o sino se les enjuiciaría).

Aunque se me asegura que, como la administración lo describe, la orden ejecutiva "está destinada exclusivamente a establecer, con carácter discrecional, un proceso para revisar periódicamente el ejercicio continuo del poder ejecutivo y discrecional de las actuales autoridades de detención en casos individuales," y también que "no crea ninguna tipo adicional o distinto de autoridad de detención", y "que no afecta al alcance de la autoridad de detención en virtud de la legislación vigente," es deshonesto por parte de la administración afirmar, "Los detenidos en Guantánamo tienen el privilegio constitucional del hábeas corpus, y nada en este orden está destinada a afectar a la jurisdicción de los tribunales federales para determinar la legalidad de su detención. "

Esto se debe a que, a pesar de sus garantías, la administración siempre se ha comportado como si el habeas corpus fuera una distracción, y esta sólo ha creído en las conclusiones del Grupo de Trabajo - de ahí su decisión de prejuzgar a los 48 hombres cuyas peticiones de hábeas podrían haber mostrador diferentes resultados, evitando la necesidad de revisión ejecutiva.

Además, la orden ejecutiva muestra otro problema fundamental con el enfoque que la administración da a Guantánamo - y que también ha eludido la Corte de Distrito al tramitar las peticiones corpus de estos hombres. Esto se refiere a la legislación que sustenta las detenciones de Guantánamo, en primer lugar - la Autorización para el Uso de Fuerza Militar, aprobada por el Congreso la semana después de los ataques del 11 de septiembre, que autorizó al Presidente "a usar toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron en los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001", o los albergaba, pero fallo al no distinguir entre al-Qaeda (un grupo terrorista) y los talibanes (un gobierno vilipendiado).

Tal y como la legislación hábeas ha mostrado, la mayoría de los hombres que han perdido sus peticiones no son más que soldados talibanes de a pie, que no tenían conocimiento de las operaciones terroristas internacionales de al-Qaeda, y que deberían, en consecuencia, haber sido encarcelados como prisioneros de guerra y protegidos por el Convenio de Ginebra.

Incluidos entre los 47 hombres designados para la detención indefinida, estos soldados siguen siendo ultrajados por las afirmaciones del gobierno de que son "demasiado peligrosos para ser liberados", cuando la verdad es que la AUMF sigue siendo el documento erróneo de base sobre la "Guerra contra el Terror", y los detenidos en Guantánamo deberían ser liberados (sin demora), acusados con relación a delitos de terrorismo (que son delitos y no "actos de guerra"), o redesignados como prisioneros de guerra, que puede mantenerles encerrados hasta la conclusión de las hostilidades.

Esto, sin embargo, implicaría que se les reconociera como soldados, y no como el tipo mal definido de amenaza terrorista invocado con enorme éxito por la administración Bush y que Obama no ha hecho nada para disipar. Esta negativa a abordar los problemas fundamentales de Guantánamo no sólo sigue alimentando la histeria en los Estados Unidos acerca de los soldados detenidos en Guantánamo, sino que también ha dado lugar a una vergonzosa indiferencia hacia el enjuiciamiento del puñado de personas realmente acusadas de participar en actos internacionales de terrorismo (incluido los ataques del 11S), a pesar de que poner a estos hombres frente a la justicia debería haber sido el propósito de la "Guerra contra el Terror" desde el principio.

Andy Worthington es el autor de "Los archivos de Guantánamo: Las historias de los 774 detenidos en la prisión Ilegal de América." Este artículo apareció originalmente en andyworthington.co.uk el 10 de marzo de 2011.


 

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