Guantánamo y los tribunales
estadounidenses: ¿Cuándo no se termina una guerra? Aparentemente cuando es la
“guerra contra el terror”
4.4.23
Andy Worthington
Traducido por El Mundo no Puede Esperar 25 de abril de 2023
Khalid Qassim, prisionero en Guantánamo y el juez
Thomas Hogan del Tribunal de Distrito en Washington, D.C., que es responsable
de tomar la decisión en el caso de Qassim, cuyos abogados están buscando que el
juez ordene su liberación, en base a que no era más que un soldado de a pie en
Afganistán al momento de su captura hace más de 21 años y que, por eso, el
gobierno estadounidense no puede seguir diciendo que tiene derecho a detenerlo,
después del retiro completo de las tropas estadounidenses de Afganistán en
agosto del 2021.
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Es una señal de la ilegalidad fundamental de Guantánamo que, 19 meses desde que
Estados Unidos decisivamente terminara su presencia militar de casi 20 años en
Afganistán al retirar todas sus tropas, un prisionero de Guantánamo — que en
supuesto no fue nada más que un soldado de a pie para los talibanes al momento
de los ataques del 11/9 y la subsiguiente invasión de Afganistán encabezada por
Estados Unidos — está peleando en un tribunal estadounidenses para intentar que
un juez reconozca que, dado el fin definitivo de la participación de EE.UU. en
hostilidades en Afganistán, debe ser liberado.
El prisionero en cuestión es Khalid Qassim (también conocido como Qasim), un
yemení que ha sido detenido por casi 21 sin cargos ni juicio en Guantánamo, y
sigue detenido aunque, el pasado julio, una Junta de Revisión Periódica
(proceso de revisión introducido por Obama) aprobara
su liberación, reconociendo que “su bajo nivel de entrenamiento y falta de
liderazgo en al-Qaeda o con los talibanes”.
Esta fue una decisión importante que finalmente llevó a un final la insistencia del
gobierno estadounidense de que puede seguir deteniéndolo no por lo que
supuestamente hizo antes de su captura, sino por las preocupaciones en relación
a su falta de obediencia durante su encarcelamiento en Guantánamo.
Sin embargo, las Juntas de Revisión Periódica son procesos meramente
administrativos que no tienen peso legal y que se han hecho evidentes en los
últimos dos años, desde que el presidente Biden tomó el poder, aunque el gobierno
dice que respeta las decisiones tomadas por las PRB (no sólo en el caso de
Qassim, sino en los casos de otros 16 hombres aprobados para ser liberados), la
realidad es que, mientras que estos hombres continúan a languidecer en el limbo
de la administración, tres otros que han logrado persuadir a los jueces en
darle peso a sus casos ya fueron liberados.
Mohammed al-Qahtani, un saudí mentalmente muy enfermo, fue
repatriado en marzo del año pasado, habiendo persuadido al juez dos años
antes que, como describí al momento de su liberación, “un caso válido podría
ser el de enviarlo de vuelta a Arabia Saudita porque las autoridades en
Guantánamo fueron incapaces de lidiar adecuadamente con su enfermedad”.
En junio del año pasado, Asadullah Haroon Gul, otro prisionero, un afgano, fue
repatriado después de asegurar la primera victoria de habeas corpus
para un prisionero de Guantánamo en más de diez años. Gul había supuestamente
trabajado con Hezb-e-Islami Gulbuddin (HIG), una milicia encabezada por
Gulbuddin Hekmatyar, quien se había alineado con al-Qaeda después de la
invasión estadounidense de Afganistán en octubre del 2001, pero que, como fue
descrito en el caso de Gul “había alcanzado un acuerdo de paz con el gobierno afgano
en el 2016, lo que significa que EE. UU no puede seguir teniendo justificación
alguna para detener a alguien afiliado con HIG”.
El tercer caso involucra a Majid Khan, un paquistaní que involucró con al-Qaeda
cuando era un joven vulnerable y fue mensajero con dinero utilizado para un
ataque terrorista. Khan se arrepintió acerca de sus acciones, pero estuvo
detenido y torturado en “sitios negros” de la CIA por tres años y medio antes
de ser transferido a Guantánamo en septiembre del 2006, en donde eventualmente
se convirtió en un testigo colaborador. A cambio de su arrepentimiento y
cooperación, recibió una sentencia cubierta de 19 años desde el inicio de su
captura inicial, que terminó el 1 de marzo del año pasado. Tomó otros 11 meses
para que el gobierno encontrara un tercer país que estuviera preparado para
ofrecerle un nuevo hogar (porque no era seguro para él que regresara a Pakistán),
pero eventualmente persuadieron a Belice y fue
reubicado ahí en febrero de este año.
Debido a que a Khan le habían dado una sentencia y ésta había terminado, el gobierno
estaba legalmente obligado a liberarlo y, de hecho, cuando habían pasado 100
días, le pudo pedir
a un tribunal que ordenara su liberación.
Como expliqué cuando Khan fue liberado, fue imposible no contrastar su situación con
la de los hombres aprobados para ser liberados, pero todavía detenidos, hasta
que estuvieran libres, “el mensaje que el gobierno estadounidense les envía a
ellos y al mundo, es que es más fácil reubicar de Guantánamo a alguien
condenado por terrorismo, pero arrepentido que reubicar a alguien que no ha sido
acusado de cometer algún crimen”.
La presentación de la corte en el caso de Khalid Qassim, 27 de octubre del 2022
Y así, para Khalid Qassim, cuyos abogados están intentado romper a través de la absurda e ilegal
situación en la cual hombres aprobados no pueden pedirle a un juez que ordenen
su liberación porque las decisiones de liberarlos fueron meramente
administrativas.
Sin embargo, nadie debería olvidar que, en la búsqueda de asegurar una orden de
liberación por parte del juez para Qassim, sus abogados están astillando el
muro levantado alrededor de Qassim y otros hombres aprobados para ser
liberados, quienes, como los abogados de Khan memorablemente describieron
cuando fueron al tribunal en su nombre después de que terminara su sentencia,
requería “discreción y gracia” por parte de las autoridades para asegurar su
propia libertad — una situación que, como estamos viendo con el encarcelamiento
en curso de Qassim y los otros hombres aprobados para ser liberados, es una
pobre sustitución de la ley.
A finales de octubre del año pasado, los abogados de Qassim — el muy respetado
erudito legal Anthony G. Amsterdam, profesor emérito de la escuela de leyes de
la universidad de Nueva York, Thomas Wilner, quien fue Consejero de Registro de
los prisioneros de Guantánamo en sus 2004 y 2008 y su colega Neil Koslowe —
presentaron una moción, completamente ignorada por los medios convencional, en
la que buscan demostrar cómo “los principios duraderos, fundamentales y
aceptados de la ley de la guerra” no “proveen al gobierno con la autoridad
legal que ahora dice tener, para continuar a privar al solicitante de su
libertad después de que el conflicto armado por el cual supuestamente fue
capturado ha terminado”.
En sus párrafos introductorias, los abogados de Qassim resumieron “los hechos” del caso, que, como explican,
“no están en disputa”.
Como declararon:
El gobierno no disputa que el solicitante ha estado encarcelado por el gobierno de
Estados Unidos en la bahía de Guantánamo desde el 1 de mayo del 2002 y que jamás
ha sido acusado de involucrarse o dar material para apoyar el terrorismo o de
algún otro crimen. No disputa que ha estado en detención en base al alegato del
gobierno que dice que, hace más de dos décadas, fue parte de o apoyó a fuerzas
armadas que participaron en operaciones de combate activo en contra de las
tropas estadounidenses en Afganistán. Tampoco disputa que esas operaciones de
combate terminaron, que el presidente Biden ha declarado el final de esa guerra
“eterna” y ordenó el retiro de todas las tropas y que, para el 11 de septiembre
del año pasado, la participación de las tropas estadounidenses en combate
activo había terminado.
Sin embargo, el gobierno afirma que, a pesar del retiro de tropas estadounidenses y
el final de las operaciones de combate activas, los Estados Unidos permanecen
activamente involucrados en luchar contra al-Qaeda y otras organizaciones
terroristas alrededor del mundo a través de otros medios más objetivos, como
los drones, ataques aéreos y con misiles y otros métodos de larga distancia
para asesinar objetivos. El demandante no disputa esas afirmaciones.
La disputa se presenta sobre las consecuencias de aquellos hechos. El gobierno dice
que podrían continuar a encarcelar al Sr. Qassim, quien originariamente fue
tomado en custodia para evitar que regresara a un conflicto armado en curso en
Afganistán, mientras que este continuara a estar involucrado en luchas
terroristas alrededor del mundo. Esa batalla, por su puesto, es probable que continué
mucho después de que nos vayamos y probablemente mucho después de que nuestros
hijos y nietos se hayan ido. La afirmación del gobierno, por lo tanto, es que
pueden privar al demandante de su libertad para siempre sin cargos ni juicio,
aunque nunca haya sido acusado de estar involucrado con terrorismo e incluso
después del fin de las hostilidades particulares en las que supuestamente
participó.
Como procedieron a explicar los abogados, la autoridad atribuida del gobierno por
sus políticas de detención en Guantánamo es la “autorización para el uso de
fuerza militar” o AUMF (por sus siglas en inglés), una resolución aprobada por
el congreso una semana después de los ataques del 11/9 que “autorizó al
Ejecutivo usar “toda la fuerza necesaria y apropiada” en contra de aquellos
responsables por los ataques”. Sin embargo, como mencionaron, “la AUMF en sí
está en silencio con respecto a la autoridad de detener”.
La autoridad se materializó en la Suprema Corte en junio del 2004, en Hamdi v. Rumsfeld, cuando, como
describieron los abogados, la Corte “confirmó que el Ejecutivo tenía la
autoridad que estaba buscando bajo la AUMF para detener individuos que
supuestamente fueran ‘parte de o apoyaran fuerzas hostiles hacia los EE.UU. o
socios de coalición’ en Afganistán y que ‘participaran en conflicto armado en
contra de los Estados Unidos’ ahí”.
Sin embargo, como añadieron los abogados, “la Corte cuidadosamente definió el alcance
y duración de la autoridad”. En su controladora opinión acerca del caso, la
jueza Sandra Day O’Connor aceptó que la “detención de ‘individuos que
luchan contra los Estados Unidos en Afganistán…por la duración del conflicto
particular en el cual fueron capturados es tan fundamental y aceptó un
incidente de guerra como un ejercicio de ‘fuerza necesaria y apropiada’ que el
congreso autorizó al presidente usar”.
Como procedieron a explicar los abogados:
La Corte enfatizó, sin embargo, que esas detenciones sólo podían ser
“temporarias”, su propósito no era penal, sino únicamente para prevenir que los
individuos “regresaran al campo de batalla y tomaran armas otra vez” durante
“el conflicto en curso”. La Corte enfatizó que “es un principio claramente
establecido de la ley de guerra que la detención no deberá durar más que las
hostilidades activas”. Explicó que la autoridad de detención estadounidense
sobre los individuos como el solicitante que supuestamente participó en
operaciones de combate en contra de las fuerzas de EE.UU. en Afganistán sólo
existió debido a que las “operaciones de combate activas en contra de
combatientes talibanes aparentemente siguen en curso”. Por lo tanto, la Corte
concluyó que las detenciones del gobierno podían continuar “si el registro
establece que las tropas de EE.UU. siguen involucradas en combate activo en
Afganistán”.
Añadieron que:
No hay duda alguna de que la autoridad de detención que el gobierno ahora dice
tener va más allá de la autorizada en Hamdi.
Ha pasado más de un año desde que todas las tropas estadounidenses se retiraron
de Afganistán, todas las operaciones de combate activo terminaron y el
presidente declaró el fin de la guerra “para siempre” ahí. Sin embargo, el
gobierno estadounidense dice que tiene el derecho de continuar a detener a
estos hombres incluso después de que “el conflicto particular en el que
supuestamente fueron capturados” haya terminado y dice que tiene la autoridad
de seguir deteniéndolos mientras continúe la lucha contra el terrorismo
alrededor del mundo. Eso, en efecto, es una afirmación del gobierno de que
tiene el derecho a detener a estos hombres para siempre.
La declaración jurada
En una declaración jurada, tres profesores de derecho — David Glazier, profesor de derecho de la Universidad de Loyola, Robert K.
Goldman, profesor de leyes en escuela de derecho de la Universidad Americana de
Washington y Gabor Rona, profesor de la Escuela de Derecho Practice Cardozo,
todos profesores de derecho “con áreas de especialidad específica en ley
gobernante de conflicto armado” — apoyan completamente la posición de los
abogados de Qassim.
Como declararon:
Nos han pedido que abordemos la pregunta acerca de si los duraderos, fundamentales
y aceptados principios de la ley de la guerra le dan al gobierno estadounidense
la autoridad de continuar deteniendo individuos capturados en combate en contra
de los EE.UU. y tropas aliadas en la guerra en Afganistán después de que la
guerra y las operaciones de combate hayan terminado, pero continúan los ataques
contra al Al-Qaeda y otros grupos terroristas. La respuesta a esa pregunta es
no. No existe ningún principio fundamental o aceptado de la ley internacional
que le dé al gobierno esa autoridad.
Estamos de acuerdo con lo sostenido por la Suprema Corte en Hamdi v. Rumsfeld de que la detención preventiva no
punitiva de individuos “legítimamente identificados” como talibanes
combatientes involucrados en conflicto armado en contra de los EE.UU. fue un
“incidente fundamental” de guerra autorizada por la ley internacional de
guerra. Pero también estamos de acuerdo que la opinión del juez O’Connor para
la corte correctamente declaró que “es un principio de la ley de guerra
claramente establecido que la detención no debe durar más que las hostilidades
activas”. Para este propósito, las actividades activas relevantes serían
consideradas terminadas con el término de las operaciones de combate activas y
el retiro de todas las tropas estadounidenses. A este punto, todos los
detenidos de la ley de guerra deben ser liberados y repatriados inmediatamente,
a menos que alguno sea sujeto de procesos criminales activos o que esté
cumpliendo una sentencia legal adjudicada penalmente. En esos casos — pero
únicamente en esos casos — puede ser atrasada la repatriación hasta que el
proceso judicial termine o se imponga el castigo.
Sería inaudito que el gobierno acertara que individuos detenidos como participantes
en un conflicto puedan continuar a ser detenido después de la clara terminación
de hostilidades activas en el conflicto mientras que continúa combatir
terrorismo alrededor del mundo. No existe fundamento para que ese punto de
vista en principios aceptados de la ley de guerra.
La audiencia, diciembre 5 del 2022
Como lo veo, los abogados de Qassim armaron un caso
convincente y hermético acerca de que no hay bases legales para su
encarcelamiento en curso. Sin embargo, para persuadir al juez Thomas Hogan del
Tribunal de Distrito de D.C, necesitaron repudiar contra alegatos hechos por
abogados del Departamento de Justicia que, como han hecho a través de la
historia de Guantánamo, se comportaron como si sus vidas dependieran de
defender cualquier esfuerzo en tribunal para retar cualquier aspecto del
alegado de autoridad de detención por parte del gobierno.
Argumentando el caso de Qassim, se le pidió a Thomas Wilner repelar los alegatos de que los
casos previos de “términos de guerra” — Al-Bihani v. Obama y
Al-Alwi v. Trump, ambos rechazados
por los jueces — tenía relevancia con el caso de Qassim, que claramente no.
Estos dos casos fueron decididos en el 2010 y 2018, cuando EE. UU estaba
involucrado en combate activo en Afganistán.
De manera más tortuosa, los abogados del Departamento de Justicia intentaron decir
que la responsabilidad de la AUMF se había extendido por la Sección 1021 de la
Ley de Autorización de la Defensa Nacional (NDAA por sus siglas en inglés) del
2021, que afirma que “la autoridad para las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos de detener a personas cubiertas…pendiente de la disposición bajo la ley
de guerra” — y por “personas cubiertas” aquellos que supuestamente “planearon,
autorizaron y cometieron o ayudaron a los ataques terroristas que ocurrieron el
11 de septiembre del 2001, o que albergaron a los responsables por aquellos
ataques”, o quienes fueron “parte de o substancialmente apoyaron a al-Qaeda, a
los talibanes o fuerzas asociadas que están involucradas en hostilidades contra
los Estados Unidos o sus socios de coalición”.
En particular, los abogados del Departamento de Justicia se aprovecharon de una
particular descripción de la “disposición bajo la ley de guerra” en la Sección
2021, básicamente la “detención bajo la ley de guerra sin cargos ni juicio al
final de las hostilidades aprobada por la Autorización del Uso de Fuerza
Militar”.
Los abogados de Qassim señalaron en su presentación, sin embargo, que la Sección
1021(d) de la NDAA del 2012 “explícitamente declara que la provisión no ‘limita
o extiende la autoridad del presidente o el objetivo de la Autorización del Uso
de Fuerza Militar’” y, como resultado, el fallo de “fin de guerra” relacionado
con soldados, en Hamd, aplica todavía.
En la audiencia, Wilner también destacó la Sección 2031 de la NDAA del 2012,
refiriéndose a la custodia militar para aquellos que supuestamente son
“miembros de o parte de al-Qaeda o fuerza asociada que actúa en coordinación o
con dirección conforme a al-Qaeda” y “haber participado en el curso de planear
o llevar a cabo un ataque o intento de ataque en contra de los Estados Unidos y
sus socios de coalición”, reforzaron la distinción entre soldados y
terroristas.
Sin embargo, los abogados del Departamento de Justicia buscaron invocar la presunta
relevancia de la Sección 1031 en el caso de Qassim con referencia a los otros
dos casos decididos en junio y julio del 2022 — Husayn v. Austin y Paracha v. Biden. Como eplicó Wilner, sin
embargo, en ambos casos, se han hecho alegatos de participación en terrorismo
y, por eso, no fueron relevantes al caso de Qassim y su muy enfoque muy
específico en el impacto del término de las hostilidades en un soldado.
Para dar un contexto adicional, debe ser mencionado que Husayn es Abu Zubaydah, la primera víctima del programa
de tortura de la CIA post 11/9, que ha sido acusado de estar involucrado en
terrorismo, aunque, a través de los años, el gobierno ha, espectacularmente,
caminado hacia atrás en la mayoría de sus alegatos. Paracha, entretanto, es
Saifullah Paracha, cuya participación con al-Qaeda fue cuidadosamente socavada
cuando el caso en contra de su hijo Uzair Paracha colapsó y fue liberado de una
prisión estadounidense en marzo del 2020. No fue sino hasta mayo del 2021 que
su padre fue recomendado para ser liberado y finalmente
puesto en libertad a finales de octubre del año pasado.
Destaco estos casos porque, para mí, vale la pena que todos los involucrados en
defender el encarcelamiento de largo plazo sin cargos ni juicio en Guantánamo
no solo dejar de defender el encarcelamiento de soldados después del término de
una guerra, sino que lean cuidadosamente la declaración jurada presentada en el
caso de Qassim por tres profesores de derecho que, después de declarar que
“actividades hostiles serían consideradas terminadas con el fin de las
operaciones de combate activas y el retiro de todas las tropas
estadounidenses”, añadiendo que “en ese punto, todos los detenidos de la ley de
guerra deberían de ser inmediatamente liberados y repatriados a menos que
alguno de ellos sea sujeto a procedimientos activos criminales o sirviendo una
sentencia penal legalmente adjudicada. En aquellos casos — sólo en aquellos
casos — la repatriación puede ser demorada hasta que se complete el proceso
judicial y cualquier castigo impuesto”.
Con referencia a Qassim, sin embargo, Tom Wilner señaló que, en Husayn y Paracha, el juez “nunca aborgó si los
principios establecidos de la ley de guerra apoyaban el alegado del gobierno de
que podrían continuar a detener hombres como el solicitante [Qassim] que
supuestamente fue capturado por estar involucrado o apoyar operaciones de
combate activas en contra de tropas de los Estados Unidos después de que dichas
operaciones terminaran”, trayendo de vuelta el agudo enfoque del fallo del juez
O’Connor en Hamdi.
La preocupación del juez Hohan acerca del encarcelamiento sin fin de Qassim
Aunque es imposible predecir a qué conclusión llegará el
juez Hogan en el caso de Qassim, existen momentos de alentadores en la
audiencia — cuando, por ejemplo, discutió que
el fallo de Mehta de otorgar la petición de habeas corpus a Asadullah Haroon
Gul, a pesar de los esfuerzos del Departamento de Justicia de mantenerlo para
siempre encarcelado sin cargos ni juicio (y a pesar de la decisión de la PRB en
aprobar su liberación).
Como lo describió el juez Hogan, el Juez Mehta “levantó preocupaciones” acerca de
“cuanto tiempo el gobierno mantendría su posición en donde las batallas activas
en Afganistán habían terminado hace mucho” y, sin embargo, la posición del
gobierno en el caso de Gul “sugería que su detención podría durar el resto de
su vida y que se preocupó acerca de eso”.
El juez Hogan añadió “Obviamente este tribunal se ha preocupado por Qassim desde
el principio”.
Como continuó explicando, como un “simple soldado de a pie”, como Qassim sostiene
haber sido, “no puede ser detenido para siempre bajo el alegado de que es algún
tipo de terrorista”.
Como también comentó “No puedes tomar a un joven que salió de un pueblito en otro
país, quien aparentemente viajó a Afganistán y se vio envuelto en la batalla
ahí sin irse a otro lado, no planeó ningún tipo de actividad terrorista en
ningún lado ni nada”, añadiendo que nunca había existido la duda “de si cargaba
o no un arma”.
Hogan también mencionó el estatus de Qassim como prisionero finalmente aprobado para
ser liberado por una PRB, pidiéndole a la abogada del Departamento de Justicia,
Julia Heiman, “¿Qué obligación, si existía alguna, bajo la ley y la autoridad
de detención has citado, el gobierno tiene que, en entrar un país para
individuos aprobados, como el Sr. Qassim, cuyo antecedente es, pienso, lo menos
terrorista que puedes obtener? Quiero decir, no es un planeador, organizador —
no es nada de eso, en el actual predicado ahí. Así que qué pasara
eventualmente?”.
Añadió que “he estado preocupado por varios años que no iba a ser aprobado por mucho
tiempo y ahora, bajo esta administración por lo menos, han aprobado a algunas
personas, pero no han sacado a nadie”, y preguntó si algún oficial del
Departamento de Estado había sido asignado a tal labor, como había sido el caso
del presidente Obama.
En respuesta a eso, después de haber consultado con sus colegas, Julia Heiman
contestó que “la embajadora Kaidanow, ahora designada como responsable de los
asuntos pertinentes a la transferencia de detenidos de Guantánamo” — aunque no
estaba claro cuánto sabía acerca de la designación de Kaidnanow el pasado
verano o cuánto le importaba al Departamento de Justicia que continuaran a
defender la detención de prisioneros incluso cuando habían sido aprobados para
ser liberados a través de un proceso de PRB.
No puedo dejar de preguntarme si el juez Hoga, estaba silenciosamente destacando
la falta de pensamiento unido que ha plagado Guantánamo desde los años de
Obama, cuando el Departamento de Justicia persistentemente — como ahora en el
caso de Qassim, — buscaba defender el encarcelamiento en curso de hombres que
habían sido aprobados para ser liberados a través de un proceso de revisión
administrativo.
En conclusión, Tom Wilner destacó el por qué una orden del tribunal en el caso de
Qassim era tan necesaria.
Explicó:
Me he reunido con la oficina del Departamento de Estado a cargo de la reubicación.
Son personas muy amables y debo decir que tienen un trabajo muy difícil. Antes
que nada, es muy complicado lograr que países acepten personas porque nosotros
no lo hacemos. Cada país dice “¿Por qué no recibes algunos? ¿Por qué
necesitamos recibir a tu gente?, lo cual significa algo. Segundo…incluso cuando
alguien es aprobado, no te dan todo el apoyo de las agencias gubernamentales
aquí. Algunos levantarán preguntas: “¿Por qué estás haciendo esto?” Agencias de
seguridad. Tercero, es particularmente complejo ahora porque hay un mar de
refugiados alrededor del mundo buscando asilos en estos países…el hecho es que,
sin una orden de la corte, esta gente no es nada más que un bloque de carne
sujeto a lo que sea que el gobierno les hace, si les que los dejan reunirse con
nosotros. Es verdaderamente asqueroso.
Concluyó: “Su señoría, permítame decirle, que pienso que el alegato del gobierno es una
verdadera ofuscación”.
Espero que el juez Hogan entienda completamente el significado histórico del caso ante
él. Tristemente como puede verse del fracaso de los medios convencional a
ponerle atención, la peligrosa traición de la ley en Guantánamo no es de mucho
interés para los americanos hoy en día, pero una decisión para aprobar la
liberación de Khalid Qassim sería recordada como un punto importante en el
paisaje legal de Guantánamo que tiene demasiados pocos altos desde que la
prisión abriera hace 21 años.
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