Guantánamo: una semana desoladora para Estados Unidos
14 de diciembre de 2010
Andy Worthington
Justo cuando parecía que la parálisis
del presidente Obama con respecto a Guantánamo no podía empeorar —con los
nuevos juicios y las liberaciones de presos aparentemente suspendidos de forma
indefinida porque cualquier otra medida resultaría políticamente
inconveniente—, la Cámara de Representantes y el Director de Inteligencia
Nacional han intervenido para hacer que la posibilidad de cerrar Guantánamo sea
aún más remota.
El Congreso tiene un historial extremadamente pobre en lo que respecta a Guantánamo, ya que
prácticamente respaldó cualquier disparate cruel e ilegal que se le presentó
durante los años de Bush, y demostró, en 2009, que no tenía interés alguno en
las reformas propuestas por el presidente Obama.
El pasado mes de octubre, por 258 votos contra 163 (con una mayoría que incluía a 88 demócratas), la
Cámara de Representantes respaldó
una moción propuesta por el representante Hal Rogers (republicano por
Kentucky), cuyo objetivo era "prohibir la transferencia de prisioneros de
Guantánamo, y punto", y que, en palabras del representante Rogers, tenía por
objeto "proteger al pueblo estadounidense de todas las amenazas… incluidas las
intenciones retorcidas de terroristas y extremistas radicales". Resultaba
revelador que los diputados votaran en tan gran número a favor de una moción
basada en información tan infundada, dado que no existe confirmación alguna de
que la mayoría de los presos recluidos en Guantánamo sean, o hayan sido alguna
vez, "terroristas y extremistas radicales".
Bajo la presión del Gobierno, el Senado frustró
este plan al votar, por 79 votos contra 19, a favor de permitir que el
Gobierno trasladara a los presos al territorio continental de EE.UU. para ser
juzgados, como parte de un proyecto de ley de 42 800 millones de dólares para
Seguridad Nacional, aunque ningún preso absuelto pudiera ser reubicado en el
territorio continental de EE.UU. por el país que lo había encarcelado
injustamente en primer lugar —un veto que, hay que señalar, también
fue respaldado por el Departamento de Justicia de Obama, el Tribunal de
Apelación del Distrito de Columbia y por el propio presidente Obama, cuando anuló
un plan del asesor jurídico de la Casa Blanca, Greg Craig, para traer a un
puñado de presos absueltos —de entre 17
uigures, musulmanes encarcelados injustamente que no podían ser devueltos a
China debido al riesgo de tortura— a vivir en Estados Unidos.
El plan de la Cámara de Representantes para mantener abierta Guantánamo
La semana pasada, la Cámara de Representantes volvió a las andadas, votando por 212 votos contra 206, como
parte de un proyecto de ley de asignaciones presupuestarias de 1,1 billones de dólares, para prohibir al
presidente gastar dinero alguno en trasladar a los presos al territorio
continental de EE.UU. o en adquirir instalaciones para retenerlos en suelo estadounidense.
En los dos apartados pertinentes del proyecto de ley, los redactores de la legislación se centraron
especialmente en los planes del Gobierno de celebrar
juicios ante tribunales federales contra Khalid Sheikh Mohammed y otros
cuatro hombres acusados de participar en los atentados del 11 de septiembre,
anunciados por el fiscal general Eric Holder el pasado mes de noviembre, pero
aplazados por el presidente ante la oposición generalizada; y también en los
planes, anunciados el pasado mes de diciembre, de adquirir
una prisión en Illinois para albergar a los presos destinados a juicio (34
en la actualidad) — y, lo que es más polémico, a otros 48 presos destinados a
la detención
indefinida sin cargos ni juicio.
Los presos absueltos —los aproximadamente 33 hombres que esperan que terceros países estén dispuestos a
ofrecerles un nuevo hogar, debido al temor a la tortura en sus países de origen
y a la prohibición de EE.UU. de alojarlos en el país — permanecerían en
Guantánamo, al igual que los 58 yemeníes absueltos y en libertad, que ahora se
encuentran recluidos como presos políticos debido a una moratoria
que el presidente Obama anunció el pasado mes de enero, en respuesta a la
histeria generalizada tras la noticia de que el autor del fallido atentado con
bomba en un avión el día de Navidad, Umar Farouk Abdulmutallab, había sido
reclutado en Yemen.
No se dijo nada sobre qué pasaría con el único hombre que había sido condenado en un juicio ante una
comisión militar —Ali Hamza al-Bahul, sentenciado
a cadena perpetua en noviembre de 2008 por producir un vídeo promocional
para Al Qaeda, tras un
juicio unilateral en el que se negó a presentar una defensa—, pero los
comentaristas daban por hecho que seguiría recluido en Guantánamo (aunque la
prisión cerrara a su alrededor), y en los últimos seis meses se le han sumado
otros dos: Ibrahim al-Qosi, que en su día fue cocinero de Al Qaeda, que aceptó
un acuerdo con la fiscalía en verano y se espera
que cumpla solo dos años más, y Omar Khadr, el ex niño soldado canadiense,
que aceptó
un acuerdo con la fiscalía en octubre y que será
trasladado a custodia canadiense el próximo octubre.
La primera de las dos secciones del proyecto de ley de asignaciones que se refieren a Guantánamo
(Sección 1116) establece: "Ninguno de los fondos disponibles en esta ley o en
cualquier ley anterior podrá utilizarse para trasladar, liberar o ayudar en el
traslado o la liberación a los Estados Unidos, sus territorios o posesiones, o
dentro de ellos, a Khalid Sheikh Mohammed o a cualquier otro detenido que (1)
no sea ciudadano de los Estados Unidos ni miembro de las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos; y (2) esté o haya estado detenido a partir del 24 de junio de
2009 en la Base Naval de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba,
por el Departamento de Defensa".
La segunda (artículo 2210) establece: "Ninguno de los fondos asignados al Departamento de Justicia en esta
ley o en cualquier ley anterior podrá destinarse a la adquisición de ninguna
instalación que vaya a utilizarse, total o parcialmente, para el
encarcelamiento o la detención de cualquier persona recluida en la Base Naval
de la Bahía de Guantánamo, Cuba, a fecha de 24 de junio de 2009".
Cómo engañaron a los demócratas de la Cámara de Representantes —y cómo Obama se
durmió en los laureles
Lo que resulta especialmente ridículo de la votación no es tanto que la Cámara de
Representantes cuente con tantos representantes electos que se oponen a los
planes del presidente porque son temerosos y crédulos respecto a Guantánamo, o
cínicos y alarmistas, sino, como informó
The Hill el jueves, que muchos demócratas de la Cámara de Representantes ni
siquiera se habían molestado en leer el proyecto de ley, y no se habían
percatado de las dos secciones y, además, que ni el presidente Obama ni Eric
Holder habían alertado a la Cámara sobre su contenido.
Tal y como explicó The Hill:
[Muchos] demócratas, entre ellos el diputado Jim Moran (demócrata por Virginia), miembro de la subcomisión de
asignaciones para defensa, afirmaron que ni siquiera sabían que se había
incluido esa disposición. La ira de Moran hacia el presidente estalló en una
breve entrevista concedida el jueves a The Hill sobre dicha disposición y el
debate fiscal celebrado poco después de que el Grupo Parlamentario Demócrata
votara a favor de rechazar el acuerdo de recortes fiscales de Obama. "Esto es
una falta de liderazgo por parte de Obama", espetó Moran. "No sé dónde coño
está Obama en esto ni en nada más. Están ausentes sin permiso".
La mayoría de los demócratas no sabían que la disposición estaba incluida en la resolución continuada hasta que
la norma del proyecto de ley llegó al pleno, momento en el que los miembros
liberales comenzaron a desertar en masa. La representante Jane Harman
(demócrata por California), una voz destacada en cuestiones de seguridad nacional,
y los cuatro principales demócratas del Comité Judicial se enteraron durante la
votación sobre el reglamento, dijo Moran. En un momento dado, el reglamento que
regía el proyecto de ley pendía de un solo voto, mientras el líder de la
mayoría, Steny Hoyer (demócrata por Maryland), y la presidenta de la Cámara,
Nancy Pelosi (demócrata por California), corrían por el hemiciclo tratando de
controlar los daños.
Tal y como informó también The Hill, Eric Holder respondió finalmente al día siguiente de la votación,
instando al Senado a eliminar las disposiciones del proyecto de ley cuando se
someta a votación. The Hill explicó que, en una carta, Holder "calificó la
medida como una usurpación sin precedentes de la autoridad ejecutiva por parte
del Congreso" y afirmó: "No hemos podido identificar ningún caso similar […] en
la historia de nuestra nación en el que el Congreso haya intervenido para
prohibir el enjuiciamiento de determinadas personas o delitos". Sin embargo, no
explicó por qué, como señaló Jim Moran, la Administración estuvo "ausente sin
permiso" a la hora de reconocer las cláusulas venenosas ocultas en el proyecto
de ley.
Otro informe sin fundamento sobre la “reincidencia”
Mientras esperamos a ver si el Senado elimina efectivamente estas dos secciones, los defensores de
Guantánamo lograron otra victoria propagandística la semana pasada, cuando la
Oficina del Director de Inteligencia Nacional —dirigida, desde el 5 de agosto
de este año, por el teniente general James R. Clapper— publicó
un "informe" —en realidad, un "Resumen de la reincorporación de
los detenidos anteriormente recluidos en la bahía de Guantánamo, Cuba", de dos
páginas— que resultó tan perjudicial para los planes del Gobierno de cerrar
Guantánamo como podía serlo un informe. Me hace preguntarme quién lleva las
riendas cuando Clapper, el antiguo jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia
Geoespacial del Pentágono, "desempeñó un papel clave en la promoción de la
afirmación de la administración Bush de que Irak poseía armas de destrucción
masiva antes de la invasión de 2003", tal y como explicó Democracy
Now! en agosto.
Ya me
he quejado anteriormente de la tendencia del Pentágono a difundir afirmaciones
sin fundamento sobre la "reincidencia" de los presos liberados de Guantánamo,
que luego son difundidas con entusiasmo por unos medios de comunicación
dominantes a los que les encantan los titulares sensacionalistas por el mero
hecho de serlo, y que están dispuestos a abandonar toda pretensión de rigor
periodístico cuando se enfrentan a la propaganda del Pentágono. El último
ejemplo de esta preocupante tendencia se produjo en enero de este año, cuando
el Pentágono afirmó —sin aportar prueba alguna que lo respaldara— que uno de
cada cinco de los presos liberados de Guantánamo había vuelto a las actividades militantes.
La semana pasada, de nuevo sin aportar ninguna prueba, el director de Inteligencia Nacional, "de
conformidad con las directrices de la Ley de Autorización de Inteligencia del
Año Fiscal 2010", informó de que, de los 598 detenidos liberados de Guantánamo,
"la comunidad de inteligencia estima que 81 (el 13,5 %) han vuelto a
participar, de forma confirmada, en actividades terroristas o insurgentes tras
su traslado, y que 69 (el 11,5 %) son sospechosos de haberlo hecho". La
evaluación también señalaba: "De los 150 antiguos detenidos de GTMO
considerados confirmados o sospechosos de haber vuelto a participar en
actividades terroristas o insurgentes, la comunidad de inteligencia estima que
13 están muertos, 54 se encuentran bajo custodia y 83 siguen en libertad".
También se señaló que, de las "66 personas trasladadas desde enero de 2009" —es
decir, bajo el mandato del presidente Obama— "se ha confirmado que 2 han vuelto
a participar en actividades terroristas o insurgentes y se sospecha que 3 lo
han hecho".
Como era de esperar, las propias afirmaciones del informe se exageraron en los titulares posteriores,
que no distinguían entre terroristas o insurgentes "confirmados" y
"sospechosos". Fox News publicó "Un 25 % de reincidencia en Guantánamo", y hubo
un reportaje descabellado y totalmente inexacto en GOP USA, que afirmaba, en
contra de lo que realmente se había propuesto, que "la tasa de reincidencia en
Guantánamo se dispara con el programa de liberación anticipada de Obama". Sin
embargo, incluso el New York Times, que se
llevó un duro golpe el año pasado cuando publicó en portada una noticia que
respaldaba la afirmación de que 1 de cada 7 presos liberados eran reincidentes,
no informó sobre la noticia con precisión. Aunque el titular del Times
era el modesto "Algunos exdetenidos siguen vinculados al terrorismo", el propio
artículo afirmaba que el informe "ofrecía el recuento público más detallado
hasta la fecha de lo que, según el Gobierno, ha ocurrido con los antiguos
detenidos de Guantánamo, un asunto que ha sido objeto de un acalorado debate político".
¿"El informe público más detallado hasta la fecha"? El informe no aportó nada de eso, y el Times agravó
sus fallos periodísticos al negarse a preguntar quiénes podrían ser esos 150
hombres. Sabemos de un puñado de presuntos —y controvertidos— reincidentes en
Rusia, de una docena o más en Arabia Saudí, de un kuwaití que se convirtió en
terrorista suicida y de afganos que reanudaron su oposición a EE.UU. —o tomaron
las armas por primera vez— tras su liberación, y también sabemos que algunos de
estos hombres fueron liberados porque engañaron
a las autoridades estadounidenses en Guantánamo, y sus captores fueron
demasiado arrogantes para ponerse en contacto con las autoridades afganas, que
habrían sabido quiénes eran.
Por qué los “reincidentes” no son necesariamente terroristas
Sin embargo, esta evaluación actual presenta tres problemas importantes: en primer lugar, la
calificación de "presuntos" terroristas o insurgentes es una afirmación
notablemente imprecisa para una evaluación de inteligencia y, en mi opinión,
carece de valor; en segundo lugar, la única forma en que este informe podría
ser remotamente preciso sería si tres de cada cuatro afganos liberados hubieran
tomado las armas contra las fuerzas estadounidenses; y, en tercer lugar,
centrarse en la palabra "terrorista" —incluso en esos casos sin fundamento que
aparentemente están "confirmados"— tiende más bien a ocultar el hecho de que,
si los afganos liberados están luchando contra las fuerzas estadounidenses,
puede que sea porque proceden de un país que sigue bajo ocupación estadounidense.
En conclusión, no he visto
ninguna prueba que sugiera que más de unas pocas docenas de prisioneros
liberados hayan participado jamás en nada que pueda calificarse honestamente de
"terrorismo". Es muy posible que docenas de prisioneros afganos liberados estén
luchando contra EE.UU. en su país de origen, pero si es así, la histeria que se
permite que florezca ante la mención de esta información revela un grave fallo
por parte de la administración Obama.
Al cruzarse de brazos y seguir manteniendo a los presos en Guantánamo al amparo de la legislación
aprobada la semana tras los atentados del 11-S —la
Autorización para el Uso de la Fuerza Militar—, la Administración Obama
persiste en respaldar el falso fundamento de la "guerra contra el terrorismo":
que Al Qaeda y los talibanes son, en esencia, intercambiables. Es preocupante
que un informe tan perjudicial como este último salga de la Oficina del
Director de Inteligencia Nacional bajo las narices de Obama, pero es aún más
preocupante que, al negarse a abordar de frente el problema fundamental de las
detenciones —decir al pueblo estadounidense sin ambigüedades que Guantánamo
albergaba, y en algunos casos sigue albergando, un pequeño número de
sospechosos de delitos (terroristas) y un número mucho mayor de soldados, así
como a todos los hombres inocentes detenidos a cambio de recompensas—, la
Administración siga fomentando y permitiendo el tipo de histeria
contraproducente que considera a todos los presos de Guantánamo, pasados y
presentes, como terroristas, cuando esto nunca ha sido así.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
