Guantánamo: ¿Justicia retrasada o justicia denegada?
28 de octubre de 2008
Andy Worthington
En el mundo real, la culpabilidad y la inocencia están claramente definidas, y los
presuntos responsables de un delito se consideran inocentes hasta que se
demuestre su culpabilidad ante un tribunal. Sin embargo, desde los atentados
del 11-S, la administración estadounidense ha acabado con esas convenciones tan arraigadas.
Con el pretexto de librar una "guerra contra el terrorismo", los responsables de las políticas
estadounidenses posteriores al 11-S -principalmente el Vicepresidente Dick
Cheney, el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y sus asesores jurídicos-
fijaron un nuevo y arrogante rumbo hacia aguas desconocidas. Decididos a que
los detenidos no fueran protegidos como prisioneros de guerra enemigos,
descartaron los Convenios de Ginebra, con su prohibición de "tratos
crueles e inhumanos" y de interrogatorios coercitivos.
Menos comentada, aunque no menos significativa, fue su desestimación de los tribunales del campo de
batalla establecidos en virtud de las Convenciones de Ginebra. Celebrados
durante todos los conflictos de la historia moderna de Estados Unidos,
incluidos Vietnam y la primera Guerra del Golfo, estos tribunales permitieron a
los militares llamar a declarar a testigos cerca del momento y el lugar de la
captura, para separar a los soldados de los civiles atrapados en la niebla de
la guerra.
Sin embargo, en lugar de procesar a los "sospechosos de terrorismo" como delincuentes, la
administración también dio la espalda al sistema judicial estadounidense,
introduciendo una parodia distópica de la ley, en la que los prisioneros eran
retenidos sin cargos ni juicio como "combatientes enemigos ilegales".
Basado en la presunción de culpabilidad, este nuevo sistema ofrecía a los detenidos
escasas o nulas oportunidades de demostrar jamás su inocencia.
Esto se reveló explícitamente el pasado mes de junio, cuando el teniente coronel Stephen
Abraham, veterano de los servicios de inteligencia estadounidenses, destapó los
Tribunales
de Revisión del Estatuto de Combatiente (CSRT), la versión de Guantánamo de
los tribunales del campo de batalla. Introducidos después de que el Corte
Supremo de Estados Unidos dictaminara, en junio de 2004, que los presos tenían
derechos de habeas corpus (en otras palabras, el derecho a impugnar el
fundamento de su encarcelamiento en un tribunal), los tribunales fueron un
desaire deliberado al Corte Supremo, y también una burla de sus predecesores
del campo de batalla, principalmente porque a ninguno de los presos se le
permitió nunca llamar a un testigo externo para que declarara en su favor.
Para colmo de males, a los prisioneros no se les permitía representación legal y se les impedía ver o
escuchar las pruebas clasificadas contra ellos, que a menudo consistían en
confesiones extraídas de otros prisioneros en circunstancias desconocidas. Además,
como explicó el teniente coronel Abraham, la información recopilada para los
tribunales a menudo consistía en información de inteligencia "de carácter
general, a menudo obsoleta, a menudo 'genérica', rara vez relacionada
específicamente con los sujetos individuales de los CSRT o con las
circunstancias relacionadas con la condición de esas personas" y,
básicamente, estaba diseñada para confirmar la designación previa de los
prisioneros como "combatientes enemigos".
Una
prueba más del desprecio de la administración por la justicia la
proporcionó uno de los antiguos colegas del teniente coronel Abraham en la
Oficina de Revisión Administrativa de la Detención de Combatientes Enemigos
(OARDEC), que le envió un correo electrónico apoyando sus acciones, y también
observó que, "después de que se determinara que varios detenidos 'no eran
combatientes enemigos', el Departamento de Defensa eliminó esa opción y tuvimos
que empezar a utilizar el término 'ya no son combatientes enemigos' para los
detenidos sin motivo aparente". Efectivamente, así fue. Ansiosa por no
admitir que un solo prisionero era inocente -en parte para protegerse de
demandas judiciales, pero sobre todo, sospecho, porque sus responsables
mantenían, como hacen hasta hoy, que eran incapaces de cometer errores-, la
administración sólo autorizó la puesta en libertad de 38 prisioneros mediante
el proceso del CSRT, y se aseguró de que todos ellos fueran etiquetados como
"ya no combatientes enemigos."
En la época de los sucesores del CSRT, las Juntas Administrativas de Revisión (ARB) anuales, cuyo
objetivo declarado era determinar si los presos seguían constituyendo una
amenaza para Estados Unidos, las autoridades prescindieron rápidamente de la
afirmación de que los presos "ya no eran combatientes enemigos".
Aunque 14 presos fueron etiquetados como tales, el resto de los aprobados para
abandonar Guantánamo (119 en total) seguían siendo considerados explícitamente
"combatientes enemigos", y sólo se aprobaba su traslado desde
Guantánamo (a la custodia de su país de origen, o de un tercer país). Cuando se
anunciaron las decisiones relativas a la segunda y tercera rondas de las ARB,
en febrero de 2007 y febrero de 2008, todos los presos autorizados a salir (55
y 33, respectivamente) seguían siendo considerados "combatientes enemigos".
Aparte del incómodo hecho de que muchos de estos hombres son, de hecho, inocentes arrastrados en redadas
basadas en información deficiente o vendidos a las fuerzas estadounidenses por
cazarrecompensas, que no deberían cargar el resto de sus vidas con la etiqueta
de "combatiente enemigo", planteo estas cuestiones en este momento
concreto por una razón apremiante, que nos lleva de nuevo a la
"inocencia", ese molesto concepto que ha sido desterrado por la
actual administración.
De todos los hombres recluidos en Guantánamo, sólo diecisiete han conseguido que el gobierno
renuncie a sus pretensiones de que son "combatientes enemigos". Estos
hombres, que siguen todos en Guantánamo, son uigures, musulmanes chinos que
habían huido de la opresión gubernamental en su tierra natal (Turquestán
Oriental, conocida por los chinos como la provincia de Xinjiang) para
refugiarse en una aldea degradada de las montañas afganas de Tora Bora. Cuando
comenzó la invasión de Afganistán liderada por Estados Unidos en octubre de
2001, las fuerzas estadounidenses bombardearon el asentamiento, pensando que
pertenecía a Al Qaeda o a los talibanes. Varios de los hombres murieron, pero
los demás huyeron a las montañas, se escondieron de los incesantes bombardeos
en una cueva y acabaron llegando a Pakistán, donde fueron vendidos a las
fuerzas estadounidenses por lugareños oportunistas.
Durante el tiempo que han permanecido bajo custodia estadounidense, los uigures han soportado muchas
humillaciones. Ansiosa por asegurarse de que China no se oponía a la invasión
de Irak, la administración estadounidense invitó a interrogadores chinos a
visitar a los prisioneros de Guantánamo. Las autoridades también designaron a
un grupo separatista uigur, el Movimiento para la Independencia del Turkestán
Oriental (ETIM), como organización terrorista, afirmaron que estaba vinculado a
Al Qaeda y los talibanes, y luego afirmaron que los uigures de Guantánamo
estaban todos relacionados de alguna manera con el grupo.
Sin embargo, varios de los tribunales militares no quedaron convencidos. Siete de los uigures fueron
declarados "ya no combatientes enemigos" tras sus CSRT, aunque en dos
de estos casos el Pentágono destituyó a los miembros del tribunal original
y ordenó segundos tribunales que confirmaron a los hombres como
"combatientes enemigos". Al no estar dispuesta a devolver a China a
los cinco uigures exculpados, la administración acabó convenciendo
a Albania para que los aceptara en mayo de 2006, pero desde entonces, a
pesar de haber sido exculpados mediante el proceso ARB, los uigures restantes
han permanecido atrapados en Guantánamo, ya que la generosidad de Albania se agotó
y no se pudo encontrar ningún otro país dispuesto a acogerlos.
En julio de este año, después de que una nueva
sentencia del Corte Supremo revocara la legislación que había despojado a
los presos de sus derechos de hábeas corpus en los cuatro años transcurridos,
el caso de uno de los uigures, Huzaifa
Parhat, fue finalmente revisado por un tribunal estadounidense. Asombrados
por la falta de pruebas que vincularan al ETIM con Al Qaeda y los talibanes, y
a los uigures con el ETIM, los jueces del Tribunal de Apelaciones de Washington
D.C. "declararon inválida la decisión de un Tribunal de Revisión del
Estatuto de Combatiente" de que Parhat era un "combatiente
enemigo", y en los meses siguientes se desmoronó lo que quedaba de las
causas contra el resto de los uigures, ya que el gobierno admitió que "no
serviría de nada" seguir intentando demostrar que Parhat era un
"combatiente enemigo", y luego hizo lo mismo con los otros 16 uigures.
Por ello, cuando el juez Ricardo Urbina, del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Washington D.C., tuvo que
tomar una decisión sobre el destino de los uigures hace tres semanas, no dudó
en declarar:
"Dado que la Constitución prohíbe las detenciones indefinidas sin causa,
la detención continuada es ilegal". Además, como no se había encontrado
ningún tercer país que aceptara a los uigures, ordenó que fueran puestos en
libertad al cuidado de comunidades de la zona de Washington D.C., y de
Tallahassee, Florida, que habían elaborado planes detallados para su
reasentamiento en Estados Unidos.
El núcleo de la sentencia del juez Urbina era su convencimiento de que los uigures -por utilizar esas
palabras tan temidas por la administración- eran inocentes y habían sido
encarcelados por error. Como era de esperar, por supuesto, la administración apeló,
pero todo lo que tenían en su arsenal eran afirmaciones recicladas y
completamente desacreditadas de que los uigures eran "un peligro para el
público", que habían "admitido haber recibido entrenamiento con armas
en un campo de entrenamiento militar".
Lamentablemente, los jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia pasaron por
alto la pura hipocresía de la postura del gobierno y le concedieron una
suspensión temporal. El 21 de octubre, el tribunal reiteró su postura y
decidió, por dos votos contra uno, prorrogar la suspensión y programar los
alegatos orales para el 24 de noviembre.
Mientras tanto, casi siete años después de que los uigures fueran capturados y vendidos a las fuerzas
estadounidenses en Pakistán, siguen encarcelados en Guantánamo, donde deben de
estar preguntándose si la inocencia es un concepto que la administración Bush
ha destruido irrevocablemente.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
