Guantánamo: los jueces asestan dos nuevos golpes a
una administración asediada
2 de julio de 2007
Andy Worthington
El viernes, en dos decisiones distintas, los jueces de Estados Unidos reprendieron
duramente a la administración por su política de mantener recluidos a unos 300
presos en Guantánamo sin cargos ni juicio, y por sus planes de juzgar a otros
80 presos ante Comisiones Militares, el muy denostado sistema de enjuiciamiento
de sospechosos de terrorismo, que permite el uso de pruebas secretas obtenidas
mediante soborno, coacción y tortura.
En un breve auto hecho público el viernes por la mañana, el Corte Supremo aceptó escuchar las
alegaciones de dos presos de Guantánamo -el kuwaití Fawzi al-Odah y el bosnio
Lakhdar Boumediene- de que tenían derecho a impugnar su detención ante los
tribunales estadounidenses. Esta decisión es consecuencia de una sentencia
anterior del Corte Supremo, de junio de 2004, en la que se reconocía a los
presos el derecho a impugnar su detención, y que fue anulada en octubre de
2006, cuando un Congreso sin apenas sensibilidad aprobó la draconiana Ley de
Comisiones Militares, por la que se suprimía el derecho de los presos a
presentar recursos de hábeas corpus para impugnar el fundamento de su detención
y se restablecía el sistema de juicios por comisiones militares, que el Corte
Supremo había desestimado en junio de 2006 por considerarlo ilegal en virtud de
la legislación estadounidense y de los Convenios de Ginebra.
La decisión del viernes, adoptada por cinco de los nueve jueces, revocó una decisión adoptada
en respuesta a un recurso presentado por los presos en abril. En aquella
ocasión, el Corte Supremo rechazó su petición de ser oídos, aunque no descartó
una nueva intervención: Los jueces John Paul Stevens y Anthony M. Kennedy
señalaron la "evidente importancia" de los casos, pero dijeron que
sería prematuro intervenir, mientras que otros tres miembros del tribunal -los
jueces Stephen G. Breyer, Ruth Bader Ginsburg y David H. Souter- dijeron que
querían actuar de inmediato.
La medida es tan inusual que los observadores del tribunal se han esforzado por recordar la
última ocasión en que el Corte Supremo revocó una opinión, asumiendo un caso al
que previamente se le había denegado la vista, y han llegado a la conclusión de
que fue hace 60 años. Aunque los jueces no ofrecieron ninguna explicación, los
abogados de los presos han sugerido que podrían haberse dejado influir por la
declaración jurada presentada la semana pasada con uno de los casos por el
teniente coronel Stephen Abraham, oficial de inteligencia del ejército con 26
años de experiencia y el primer ex miembro de los tribunales que critica el
proceso en público, quien declaró que la recopilación de material para su uso
en los tribunales era muy defectuosa y que todo el sistema estaba orientado a
refrendar la designación previa de los detenidos como "combatientes enemigos".
El Corte Supremo no empezará a juzgar los casos hasta otoño, pero mientras tanto, aunque no se ha
hecho público el recuento de votos de la decisión, los observadores jurídicos
han estado escrutando los perfiles de los jueces, especulando con que la
opinión del juez Anthony M. Kennedy era fundamental. Los abogados citados por
el New
York Times dijeron que "no era posible predecir cómo votaría
finalmente en lo que podría ser un tema divisivo en el tribunal", pero
llama la atención que, en junio de 2006, fue implacablemente duro en su
veredicto sobre la ilegalidad de las Comisiones Militares, advirtiendo a la
administración de que "las violaciones del artículo 3 común [de los
Convenios de Ginebra, que prohíbe 'los tratos crueles y la tortura' y 'los
ultrajes a la dignidad personal, en particular los tratos humillantes y
degradantes'] se consideran 'crímenes de guerra', punibles como delitos
federales, cuando son cometidos por o contra nacionales y personal militar de Estados Unidos."
El viernes por la tarde, el coronel del ejército Peter Brownback, el juez militar que preside la
Comisión Militar de Omar Khadr, un canadiense que sólo tenía 15 años cuando fue
capturado en Afganistán en julio de 2002, asestó un segundo golpe a la
administración. Brownback -y su colega, el capitán de navío Keith Allred, que
presidía la Comisión Militar de Salim Hamdan, yemení acusado de ser uno de los
chóferes de Osama bin Laden- sorprendieron a todos hace cuatro semanas al
dictaminar que las Comisiones no podían seguir adelante porque, según los
términos de la Ley de Comisiones Militares, los procesados tenían que haber
sido designados "combatientes enemigos ilegales" en los tribunales
que los habilitaban para ser juzgados por una Comisión Militar, mientras que
Khadr y Hamdan -y, de hecho, todos los demás presos de Guantánamo- sólo habían
sido considerados "combatientes enemigos".
Al emitir un segundo dictamen, en respuesta a un nuevo argumento jurídico del Pentágono, el coronel
Brownback se negó a dar marcha atrás y dictaminó que el gobierno no había
resuelto la falta de jurisdicción en el caso de Khadr. El capitán Allred aún
tiene que emitir un segundo dictamen en el caso de Hamdan, pero mientras tanto
el comandante de la Marina Jeffrey Gordon, portavoz del Pentágono, declaró que
la administración estaba preparando la presentación de un recurso ante el
Tribunal de Revisión de las Comisiones Militares, un tribunal de apelación que
se creó apresuradamente tras el descarrilamiento de las Comisiones el 4 de
junio, y añadió, de forma reveladora: "Estamos decepcionados con la
decisión del juez en este asunto."
El mismo día en que se produjeron estas trascendentales decisiones, 145 miembros de la Cámara de
Representantes -144 demócratas, encabezados por James Moran, de Virginia, y un
solitario republicano, Walter Jones, de Carolina del Norte- enviaron una carta
al presidente Bush instándole a cerrar Guantánamo y trasladar a los presos a
prisiones militares en el territorio continental de Estados Unidos. "El
cierre de los centros de detención de Guantánamo representaría un primer paso
positivo hacia el restablecimiento de nuestra reputación internacional como
líder de la democracia y los derechos individuales", afirmaban los
Representantes en su carta, en la que, al igual que los abogados de Fawzi
al-Odah y Lakhdar Boumediene, también pedían el restablecimiento de los
derechos de habeas corpus de los presos, explicando: "Esto permitirá la
puesta en marcha de juicios justos y transparentes para llevar ante la justicia
a los enemigos de nuestro país." Sin embargo, la rapidez con la que
responderá la administración es otra cuestión. La portavoz de la Casa Blanca,
Emily Lawrimore, se apresuró a dar una respuesta provisional, afirmando que la
carta había sido recibida y señalando que el Presidente ya había declarado que
quería cerrar Guantánamo, añadiendo: "Antes de que eso pueda ocurrir deben
darse una serie de pasos, y seguimos trabajando en ellos". A pesar de la
escalada de críticas, me pregunto si, en privado, la obstinada cábala
encabezada por el Presidente y el Vicepresidente Cheney ha decidido que uno de
esos pasos es el requisito de que primero se congele el infierno.
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