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Guantánamo y el Habeas Corpus: La víctima de la tortura y el recluta talibán

10 de abril de 2010
Andy Worthington

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 05 de octubre de 2023


Tal es el histérico desprecio por la ley en algunas partes de Estados Unidos que cuando, el 22 de marzo, el juez de distrito James Robertson ordenó la liberación de Guantánamo de Mohamedou Ould Slahi, un mauritano de 38 años que en su día fue descrito como el "detenido de mayor valor del centro", los legisladores republicanos montaron en cólera.

The Hill informó de que el senador Kit Bond (republicano de Mo.), miembro de mayor rango del Comité de Inteligencia, declaró: "Aunque el Departamento de Justicia de Holder debería apelar esta escandalosa decisión, no estoy conteniendo la respiración. Holder parece más decidido a cerrar Guantánamo que a mantener a los terroristas encerrados donde deben estar". The Hill también informó de que el representante Lamar Smith (republicano de Texas) envió una carta a Holder pidiéndole que apelara la sentencia, en la que escribía: "Es ciertamente posible, si no probable, que el Sr. Slahi vuelva a intentar cometer atentados terroristas contra estadounidenses inocentes si se le permite salir en libertad. Esta sentencia pone claramente en peligro al pueblo estadounidense y no debe permitirse que se mantenga."

Según trascendió, Eric Holder tampoco estaba contento con la sentencia, y no necesitó ser calumniado por el senador Bond para emitir su propia queja. Hablando desde una reunión en Phoenix, Arizona, Holder dijo que, aunque "obviamente respetamos la decisión que tomó el juez, es de esperar que un tribunal de apelación examine las pruebas que presentamos en el procedimiento de hábeas corpus y llegue a una conclusión contraria."

La tortura de Mohamedou Ould Slahi

El razonamiento que subyace a la sentencia del juez Robertson no está aún claro, ya que su opinión no se ha hecho pública. Sin embargo, cabe destacar que Slahi fue sometido a varios años de tortura, que comenzaron poco después de que fuera detenido por las autoridades mauritanas el 20 de noviembre de 2001, a petición de la administración Bush. "Mi país me entregó, saltándose todo tipo de garantías procésales, como si fuera un caramelo a Estados Unidos", declaró ante el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente en Guantánamo en 2004.

Tras su captura, fue trasladado por Estados Unidos a Jordania -uno de los al menos 15 prisioneros entregados a Jordania por la CIA entre 2001 y 2004-, donde permaneció recluido ocho meses y donde, según declaró, lo que le ocurrió fue "indescriptible" y lo torturaron "quizá dos veces por semana, un par de veces, a veces más". Después fue trasladado a la prisión estadounidense de Bagram, en Afganistán, durante dos semanas, y llegó a Guantánamo el 4 de agosto de 2002.

Como "detenido de mayor valor" en Guantánamo -en los días previos a que Khalid Sheikh Mohammed y otros 13 "detenidos de alto valor" fueran trasladados en avión desde prisiones secretas de la CIA en septiembre de 2006-, Slahi fue sometido de nuevo a tortura, que incluyó aislamiento prolongado, privación prolongada del sueño, palizas, amenazas de muerte y amenazas de que su madre sería llevada a Guantánamo y violada en grupo. Este programa, que se puso en marcha en mayo de 2003 y se amplió con otras "técnicas de interrogatorio mejoradas" autorizadas por el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, culminó, en agosto de 2003, en un incidente en el que Slahi fue sacado en un barco, con gafas de aislamiento, mientras los agentes susurraban, al alcance del oído, que estaba "a punto de ser ejecutado y hecho desaparecer". Como explicó Der Spiegel en un artículo de 2008, "estaba tan aterrorizado que se orinó en los pantalones".

Después de esto, como lo describió el propio Slahi (en una carta a sus abogados fechada el 9 de noviembre de 2006), "dije sí a todas las acusaciones que me hicieron mis interrogadores. Incluso escribí la infame confesión de que planeaba atentar contra la Torre CN de Toronto basándome en los consejos del SSG [redactado]. Sólo quería quitarme a los monos de encima".

Sin embargo, su trato fue tan severo que, en mayo de 2004, el teniente coronel Stuart Couch, del Cuerpo de Marines, a quien se había asignado su caso como fiscal el año anterior, dimitió en lugar de seguir adelante con el caso. En una reunión con el fiscal jefe, el coronel del ejército Bob Swann, el teniente coronel Couch "dijo al coronel Swann que, además de las razones jurídicas, se oponía 'moralmente' a las técnicas de interrogatorio 'y sólo por esa razón se negaba a participar de cualquier modo en el procesamiento [de Slahi]'".

Según todos los indicios, la tortura de Slahi terminó en cuanto empezó a cooperar. Como explicó Der Spiegel en 2008, y el Washington Post informó la semana pasada, después de que "rompiera", se convirtió en uno de los prisioneros más cooperativos de Guantánamo, al que se le concedieron privilegios especiales, como comida rápida y una pequeña parcela de jardín, y al que se consideró una fuente de información inestimable, aunque los observadores más escépticos pudieran concluir que la información proporcionada por un hombre roto por la tortura podría, de hecho, ser menos que fiable.

Sin embargo, es improbable que cualquier confesión obtenida mediante tortura de Slahi -que ha mantenido insistentemente que no tenía conocimiento previo de los atentados del 11-S- hubiera bastado para que el juez Robertson concediera su petición de hábeas corpus, a menos que se le demostrara, además, que otras fuentes que alegaban la implicación de Slahi con los secuestradores del 11-S tampoco eran fiables.

Dudas sobre la importancia de Slahi

En este punto, las afirmaciones de las autoridades estadounidenses sobre Slahi empiezan a parecer bastante dudosas. Aunque el Informe de la Comisión del 11-S lo describía como "un importante operativo de Al Qaeda" que "reclutó a los secuestradores del 11-S en Alemania", la narración más detallada, tal y como se revela en el informe, es menos concluyente. En cambio, como expliqué en mi libro The Guantánamo Files:

    [Se afirmó que Ramzi bin al-Shibh y tres de los secuestradores del 11-S -Mohammed Atta, Marwan al-Shehhi y Ziad Jeddah- viajaban en un tren en Alemania cuando conocieron a un hombre llamado Khalid El-Masri, y "entablaron una conversación sobre la yihad en Chechenia". El-Masri les dijo que se pusieran en contacto con un hombre llamado Abu Musab (alias de Slahi) en Duisburgo, pero cuando se reunieron con él, les dijo que era difícil llegar a Chechenia porque los viajeros solían ser detenidos en Georgia, y les aconsejó que en su lugar fueran a Afganistán para recibir entrenamiento.

Como también les había explicado:

    El propio Slahi ha rebatidoesta historia, negando la acusación de que "reclutara para la yihad", pero incluso si fuera cierta, sólo demuestra que era un reclutador para una guerra en Chechenia que muchos musulmanes consideraban una lucha legítima, que enviaba a posibles reclutas para que se entrenaran en campos de entrenamiento establecidos desde hacía tiempo en Afganistán, y no lo relaciona de ninguna manera significativa con el 11-S.

    A pesar de ello, las autoridades estadounidenses han presentado insistentemente sus actividades en Alemania como más significativas de lo que sugería el Informe de la Comisión del 11-S, optando por ignorar la versión oficial -que los secuestradores atrajeron la atención de Bin Laden una vez que estuvieron en Afganistán- y afirmando que Slahi organizó el encuentro de uno de ellos "con Osama Bin Laden, y que este individuo juró entonces lealtad a Osama Bin Laden y se convirtió en un miembro importante e influyente de Al Qaeda".

El testigo estrella del gobierno estadounidense es Ramzi bin al-Shibh y, como explicó Der Spiegel en 2008, la historia del reclutamiento procedía originalmente de él. Sin embargo, bin al-Shibh también fue torturado bajo custodia estadounidense y, además, como señaló Der Spiegel:

    Los investigadores alemanes familiarizados con la historia que condujo a los atentados del 11-S son más cautos en su valoración de la posición de Slahi dentro de Al Qaeda. Dicen que las declaraciones de bin al-Shibh sobre Slahi reclutando a los atacantes tiene "estatus de leyenda", y que ninguna de sus informaciones apoya sus afirmaciones.

Habrá que esperar a que se haga público el dictamen del juez Robertson para descubrir si éstas fueron también sus conclusiones, pero desde luego parece posible, como también parece probable que los intentos de las autoridades de implicar a Slahi en todo tipo de otros complots -en particular el complot de Ahmed Ressam para volar el aeropuerto de Los Ángeles en 1999- sean también exagerados. Slahi declaró que confesó falsamente formar parte del complot de Ressam mientras lo torturaban en Jordania, y explicó que, aunque se trasladó a Canadá en 1998 con la esperanza de encontrar trabajo como ingeniero eléctrico, regresó a Mauritania en enero de 2000 porque los servicios de inteligencia lo mantenían bajo vigilancia constante. "Dondequiera que iba tenía gente detrás de mí en el mercado vigilándome el trasero", declaró en su tribunal de Guantánamo. "Dije ¿qué diablos? Esta no es la vida que quiero vivir".

Pasada por alto en las afirmaciones de que Slahi fue una figura clave en los atentados del 11-S, en lugar de, quizás, una figura periférica en los círculos yihadistas, hay una explicación específica de por qué los estadounidenses pidieron a las autoridades mauritanas que lo detuvieran en noviembre de 2001. Como también expliqué en The Guantánamo Files:

    No se trataba de un desconocido. Además de haber sido interrogado en Canadá, había sido investigado en Alemania, había sido interrogado en Senegal cuando se dirigía a Mauritania en enero de 2000, y también había sido interrogado en dos ocasiones por los propios estadounidenses: por tres agentes del FBI y "otro tipo del Departamento de Justicia" en Mauritania en febrero de 2000, y de nuevo en octubre de 2001, cuando un agente estadounidense participó en un interrogatorio y, según Slahi, amenazó con traer a "gente negra" para torturarle.

Si realmente tenía algo que ocultar, después de todo esto, parece poco probable que hubiera esperado de tan buen grado a que las autoridades mauritanas lo recogieran en su casa el 20 de noviembre de 2001, cuando comenzó su largo calvario.

Aunque la historia de Mohamedou Ould Slahi, despojada de sus principales acusaciones, plantea interrogantes sobre qué tipo de implicación con grupos yihadistas es necesaria para que un juez deniegue la petición de hábeas corpus de un preso de Guantánamo y lo devuelva a la detención permanente sin cargos ni juicio, un caso que siguió al de Slahi unos días después demostró que estar en Afganistán en el momento de la invasión liderada por EE.UU. en octubre de 2001, y estar en algún tipo de proximidad a las fuerzas árabes que luchaban con los talibanes, era suficiente para que un preso perdiera su petición de habeas corpus.

Un recluta talibán pierde su petición de habeas

El prisionero en cuestión, Mukhtar al-Warafi, un yemení que tenía 27 años cuando fue capturado en el norte de Afganistán en noviembre de 2001, sobrevivió a una masacre en una fortaleza con paredes de barro, Qala-i-Janghi, donde cientos de prisioneros -en su mayoría, aunque no todos, soldados de infantería de los talibanes- habían sido llevados tras rendirse a la Alianza del Norte. Según una declaración leída por un militar asignado para representarlo en una junta de revisión en Guantánamo, al-Warafi estudió procedimientos médicos en Yemen, "no tuvo nada que ver en absoluto con los talibanes" y fue a Afganistán "para ayudar a proporcionar asistencia médica a los pobres y al público".

Como en el caso de Slahi, la opinión del juez de su caso, Royce C. Lamberth, aún no se ha hecho pública, pero es seguro que al juez Lamberth no le habrá convencido la historia de al-Warafi, y no habrá aceptado su declaración de que, aunque admitió haber viajado a Khawaja Ghar en Afganistán y llevar un AK-47, dijo que lo tenía para defensa propia y que se lo había dado un médico con el que trabajaba en una clínica, ni su declaración de que prestó primeros auxilios en la clínica al-Ansar de Kunduz, a todo tipo de personas, pero no "a soldados heridos."

Todavía no estoy en condiciones de decir si creo que el juez Lamberth tomó la decisión correcta en el caso de Mukhtar al-Warafi, pero al igual que con otros casos en los que figuras periféricas relacionadas con los talibanes han sido consignadas a la detención indefinida como consecuencia de haber perdido sus recursos de hábeas, debo reiterar que cada uno de estos resultados no justifica en absoluto las políticas de detención de la administración Bush en la "Guerra contra el Terror".

Por el contrario, sentencias como éstas sólo demuestran que, a la hora de definir quién puede seguir retenido legítimamente en Guantánamo, el Ejecutivo, los legisladores, el Tribunal Supremo y los tribunales inferiores han permitido que prevalezca una situación injustificable en la que se sigue equiparando a soldados rasos menores con terroristas. Y ello a pesar de que es evidente que los primeros deberían haber sido retenidos en todo momento como prisioneros de guerra protegidos por los Convenios de Ginebra, en lugar de ser trasladados por avión al otro lado del mundo a un campo de interrogatorio experimental donde un gran número de ellos fueron sometidos, de una forma u otra, a variaciones de las "técnicas de interrogatorio mejoradas" a las que fue sometido Mohamedou Ould Slahi.

Para los críticos de los casos de hábeas corpus, como Benjamin Wittes y Robert Chesney, del Brookings Institute, la aparente discrepancia entre las sentencias de los casos de Mohamedou Ould Slahi y Mukhtar al-Warafi no hará sino reforzar las opiniones que expresaron en un artículo de opinión para el Washington Post en febrero, en el que afirmaban que los jueces estaban dictando sentencias muy diferentes porque, cuando "el Tribunal Supremo se declaró competente sobre Guantánamo en el verano de 2008", los jueces "se abstuvieron tímidamente de dar ninguna orientación sobre las innumerables cuestiones importantes que los casos que autorizaba previsiblemente generarían".

Wittes y Chesney quieren que el Congreso establezca nuevas normas, pero, en una carta al Post, David Cole, del Centro de Derechos Constitucionales, echó por tierra este argumento, señalando que "sus quejas se basan en una visión ingenua tanto del proceso judicial como del legislativo, y es poco probable que su receta resuelva el 'problema' que identifican".

Cole continuó:

    Nadie debería sorprenderse de que distintos jueces lleguen a resultados diferentes en cuestiones jurídicas difíciles. Por eso luchamos por los nombramientos judiciales y por eso tenemos un proceso de apelación que facilita la uniformidad de las normas.

    Tampoco es probable que la legislación reduzca los desacuerdos. En primer lugar, es muy optimista pensar que este Congreso pueda ponerse de acuerdo sobre una norma de detención. En segundo lugar, las cuestiones que se plantean -como evaluar si las declaraciones son voluntarias o coaccionadas, hasta qué punto la "mancha" de una declaración coaccionada se extiende a otras pruebas, o si una persona representa una amenaza que justifique la detención preventiva- no son susceptibles de reglas claras, sino que requieren una cuidadosa aplicación de las normas caso por caso. Es una tarea para los jueces, no para el Congreso.

No cabe duda de que Cole tiene razón. Sin embargo, lo que estas recientes sentencias han demostrado no es que nadie deba tener problemas con que los jueces lleguen a veredictos diferentes, sino que al ordenar la puesta en libertad de Mohamedou Ould Slahi, pero no la de Mukhtar al-Warafi, los problemas no son de los jueces, que pueden discernir si hay pruebas o no, sino de la confusión fundamental entre Al Qaeda y los talibanes. Esta confusión está consagrada en la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar, aprobada por el Congreso a raíz de los atentados del 11-S, que proporciona la base para detener a quienes están asociados con Al Qaeda o con los talibanes.

Si no se han encontrado pruebas de que Mohamedou Ould Slahi estuviera asociado con Al Qaeda, eso debería bastar para garantizar su puesta en libertad. Si, por el contrario, Mukhtar al-Warafi estaba asociado con los talibanes, en los márgenes de la actividad de Al Qaeda en Afganistán durante la invasión liderada por Estados Unidos, no veo cómo eso justifica que siga detenido.

Se nos dice que hay varios terroristas en Guantánamo: hasta 35, según las recomendaciones formuladas por el Equipo de Trabajo interinstitucional del presidente Obama sobre los que deberían ser sometidos a juicio. Sin embargo, según las pruebas de la semana pasada, ni Mohamedou Ould Slahi ni Mukhtar al-Warafi cumplen los requisitos para ser considerados terroristas y, en mi opinión, ninguno de ellos debería seguir recluido.

POSDATA: El dictamen no clasificado sobre la sentencia del caso Slahi ya está disponible (PDF>), y en breve publicaré una actualización.


 

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