Guantánamo: cuando ser puesto en libertad no significa nada
27 de enero de 2014
Andy
Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 29 de agosto de 2023
Primero, las buenas noticias: el 9 de enero, el Pentágono anunció que se había
recomendado la liberación del primer preso de Guantánamo sometido a una Junta
de Revisión Periódica (PRB, por sus siglas en inglés). Las PRB se mencionaron
por primera vez hace casi tres años, en marzo de 2011, cuando el presidente
Obama emitió
una orden ejecutiva que autorizaba el encarcelamiento continuado de 48
presos sin cargos ni juicio, sobre la base de que eran demasiado peligrosos
para ponerlos en libertad, aunque no existieran pruebas suficientes para
someterlos a juicio.
Al dictar la orden ejecutiva, el presidente Obama seguía las recomendaciones formuladas por el
Equipo de Trabajo para la Revisión de Guantánamo de interinstitucional de alto
Nivel había nombrado tras asumir el cargo en 2009, y que pasó un año
reuniéndose una vez a la semana para revisar los casos de los presos restantes.
Abogados y grupos de derechos humanos se mostraron consternados por la decisión
del presidente Obama de emitir una orden ejecutiva que autorizaba
específicamente la detención indefinida sin cargos ni juicio, y sólo se les
aseguró vagamente que, como compensación, se crearían Juntas de Revisión
Periódica para determinar si los hombres seguían siendo considerados una
amenaza o no, en las que participarían representantes de seis agencias
gubernamentales estadounidenses -incluidos el Departamento de Estado y
Seguridad Nacional- que escucharían los testimonios de los presos de Guantánamo
a través de videoconferencia en Washington D.C.
De los 48 hombres inicialmente designados para prisión permanente sin cargos ni juicio, dos
murieron en 2011, pero desde entonces se han añadido otros 25, tras dos
importantes derrotas judiciales en los juicios ante comisiones militares. El
grupo de trabajo había recomendado inicialmente 36 presos para juicio, pero en
dos sentencias, en octubre
de 2012 y enero
de 2013, el tribunal conservador de apelaciones de Washington D.C. anuló
dos de las únicas condenas de las comisiones militares, en los casos de Salim
Hamdan y Ali Hamza al-Bahlul, porque dictaminó que los crímenes de guerra por
los que habían sido condenados -principalmente apoyo material al terrorismo y
conspiración- habían sido inventados por el Congreso. Como la mayoría de los
hombres recomendados para juicio iban a ser acusados de estos delitos ahora
desacreditados, 25 de estos hombres se han añadido a los otros 46 que se
enfrentan a PRB, por lo que habrá 71 juntas de revisión en total.
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Decepcionantemente, el primero de los PRB no tuvo lugar hasta octubre de 2013, como
escribí aquí, y, cuando se celebró el primero, en el caso de Mahmoud
al-Mujahid, yemení, no se permitió la asistencia de representantes de los
medios de comunicación, una preocupante falta de transparencia sobre la que
escribí en un
artículo para Al-Jazeera.
En consecuencia, la noticia del 9 de enero fue realmente bienvenida. Como anunció el Pentágono en
un comunicado:
"Por consenso, los miembros del PRB concluyeron que la continuación de la
detención conforme a la ley de guerra ya no es necesaria para proteger contra
una amenaza significativa y continuada a Estados Unidos y que, por lo tanto,
Mujahid es elegible para ser transferido sujeto a condiciones apropiadas de
seguridad y trato humano."
David Remes, uno de los abogados de al-Mujahid, dijo que su cliente estaba "encantado"
con la decisión de la junta, tal como la describió el New York Times.
Remes añadió: "Ahora que ha sido absuelto, debe ser trasladado.
El hecho de que sea yemení no debería ser un impedimento". Al-Mujahid fue
descrito como un "yihadista comprometido" en los archivos militares
clasificados publicados por WikiLeaks en 2011, y como guardaespaldas de Osama
bin Laden, aunque esa acusación provenía de una confesión falsa hecha por un
compañero de prisión, y, como añadió el Times, algo crucial: "Un
funcionario familiarizado con la revisión del caso del señor Mujahid dijo que
la evaluación de inteligencia de 2008 estaba desactualizada."
Los comentarios de David Remes sobre el hecho de que al-Mujahid sea yemení inciden,
lamentablemente, en la inquietante realidad de su excarcelación: el hecho de
que lo único que significa es que se une a otros 55 presos yemeníes cuya
excarcelación fue autorizada por el Equipo de Trabajo de Revisión de
Guantánamo hace cuatro años, pero que siguen recluidos (junto con otros 21 de
otros países, 77 en total de los 155 hombres que siguen recluidos en total). En
palabras del New York Times, estos hombres "hace tiempo que se
recomendó su traslado si se cumplían las condiciones de seguridad, pero siguen
varados en Guantánamo debido a la inestabilidad en Yemen".
A menudo se exagera esa inestabilidad, y rara vez se menciona el papel de Estados Unidos en
fomentarla, mediante repetidos ataques con aviones no tripulados en los que
mueren civiles. Sin embargo, como señaló el New York Times, un incidente
reciente que sin duda perjudicó las esperanzas de que los prisioneros sean
liberados fue un ataque el 5 de diciembre contra el Ministerio de Defensa de
Yemen por parte de lo que el Times describió como un "grupo insurgente
afiliado a Qaeda", que "provocó un retraso indefinido en un viaje a
Yemen de una agencia de las Naciones Unidas que estaba previsto para este
mes". Esa agencia, afirmaba el Times, había estado "trabajando con el
gobierno yemení para desarrollar un programa de rehabilitación para algunos
presos en Yemen" y, por separado, funcionarios estadounidenses y yemeníes
habían mantenido conversaciones sobre la utilización del programa para tratar
con algunos de los 56 presos yemeníes exculpados en Guantánamo.
Los obstáculos para liberar a los yemeníes exculpados
Los obstáculos para liberar a los yemeníes exculpados proceden de dos fuentes: del Congreso, como
parte de la legislación diseñada para impedir la liberación de presos, que duró
tres años hasta que se suavizaron
esas restricciones el mes pasado, en la versión de este año de la Ley de
Autorización de la Defensa Nacional, y del presidente Obama, que impuso
la prohibición de liberar a yemeníes en enero de 2010, después de que se
revelara que un complot fallido para atentar contra un avión había sido urdido
en Yemen.
El pasado mes de mayo, en un
importante discurso sobre cuestiones de seguridad nacional, provocado en
gran parte por la huelga de hambre que se estaba llevando a cabo en toda la
prisión de Guantánamo, el presidente prometió reanudar la liberación de los
presos excarcelados y abandonó su prohibición de repatriaciones a Yemen. Desde
entonces han sido liberados
once hombres, pero ninguno de ellos era yemení.
Funcionarios de la administración declararon al New York Times que estaban "revisando
activamente la situación de los yemeníes caso por caso". Uno de ellos dijo
que los responsables políticos estaban considerando "varias
opciones", entre ellas "intentar persuadir al gobierno saudí para que
se haga cargo de la custodia de varios detenidos yemeníes que tienen lazos
tribales o familiares en Arabia Saudíta; encontrar otros países dispuestos a
reasentar a uno o dos yemeníes; y repatriar a un yemení de riesgo
particularmente bajo para ver cómo va".
Esto, sin embargo, no aborda el número de yemeníes en espera de ser liberados, para quienes la única
solución puede ser el establecimiento de un programa de rehabilitación. El
pasado agosto, el presidente Obama y el presidente de Yemen, Abdu Rabbu Mansour
Hadi, emitieron una declaración conjunta en la que citaban los planes del
gobierno yemení de "establecer un programa de rehabilitación de
extremistas para abordar el problema del extremismo violento dentro de Yemen,
que también podría facilitar el traslado de los detenidos yemeníes recluidos en Guantánamo".
Como señaló el Times, funcionarios diplomáticos les dijeron que esta declaración coincidió con el
hecho de que Yemen se pusiera en contacto con el Instituto Interregional de las
Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia, y en
concreto con su iniciativa "Desvinculación y rehabilitación de extremistas
violentos y terroristas", puesta en marcha en 2012, que ha trabajado en
países africanos como Nigeria, en Indonesia y en Tayikistán, y entre cuyos
empleados se encuentra Douglas Stone, descrito por el Times como "un
general retirado de los Marines al que se atribuyó el éxito de la renovación de
las operaciones de detención estadounidenses en Irak, y que más tarde diseñó
una revisión de las prácticas de detención en Afganistán."
La agencia había celebrado reuniones en Roma y Londres en agosto y octubre "con
funcionarios yemeníes y un grupo de posibles países donantes -incluido Estados
Unidos- que ya están trabajando en Yemen", según funcionarios
diplomáticos, pero los planes para una visita se vieron desbaratados por el
atentado terrorista de diciembre, y no se ha fijado una nueva fecha. Jonathan
Lucas, director de la agencia, declaró: "Tenemos que esperar a que mejore
la situación de seguridad para que la ONU empiece a enviar misiones a Yemen. De
momento no tenemos ningún plazo".
Alguien descrito como "familiarizado con los métodos de la agencia", pero "que no
estaba autorizado a hablar en su nombre", dijo al Times que sus
recomendaciones se centran en "crear un centro penitenciario seguro donde
los detenidos puedan someterse a evaluaciones intensivas e individualizadas por
parte de psicólogos, sociólogos, líderes religiosos, familiares y otros",
con el objetivo de "identificar qué motivó a cada preso a involucrarse en un
grupo terrorista o insurgente -compromiso ideológico, presión de grupo, deseo
de aventura o dinero- y separar a los reclusos más extremistas de los
moderados".
La fuente añadió: "Un asesoramiento intenso, con la ayuda de los líderes familiares y
comunitarios, puede reducir significativamente el riesgo de que los presos más
moderados participen en actividades terroristas tras su puesta en
libertad."
El 22 de enero, Voice of America publicó un artículo en el que analizaba
la situación yemení y señalaba:
Hace unos nueve años, Arabia Saudita introdujo el concepto de "rehabilitación
suave", basado en el principio de que el terrorismo no puede ser
derrotado por la fuerza, sino mediante incentivos y reorientación religiosa.
Los centros de rehabilitación saudíes han sido
criticados por algunos por ser demasiado blandos: al menos en uno de ellos,
los presos tienen acceso a una piscina olímpica, una sauna, un gimnasio y
televisión. Pero, como dijo el director del programa, Said
al-Bishi, a la AFP el pasado mayo, "para luchar contra el terrorismo,
debemos darles un equilibrio intelectual y psicológico... mediante el diálogo y
la persuasión".
Y, como ha señalado Christopher Boucek, de Carnegie Endowment,
los programas de rehabilitación de Arabia Saudita han tenido resultados positivos e "intrigantes", con tasas de
reincidencia y de nuevos arrestos de sólo el uno o el dos por ciento.
Nabeel Khoury, experto en Oriente Medio y seguridad nacional del Chicago Council on Global Affairs,
que fue jefe adjunto de la misión de Estados Unidos en Yemen de 2004 a 2007,
declaró a la VOA: "El problema es el dinero y el personal. ¿Tienen los
yemeníes suficientes personas con el tipo de conocimientos que se necesitan
para trabajar en la rehabilitación de personas que han participado en la guerra
y la violencia?".
La VOA añadió que Yemen ha pedido a EE.UU. 20 millones de dólares para cubrir el coste de construcción de un centro de
rehabilitación, descrito como "una ganga comparado con los 800.000 dólares
anuales que EE.UU. gasta en mantener a cada detenido en Cuba."
Andrea Prasow, asesora principal de seguridad nacional y defensora del Programa de EE.UU. de Human Rights Watch,
formó parte de un grupo que viajó recientemente a Yemen para discutir la
situación con el ministro de Asuntos Exteriores yemení, Abu Bakr al-Qirbi.
Según dijo a la VOA, "el Sr. al-Qirbi explicó que, en su opinión, un
centro de rehabilitación debe estar realmente diseñado para ayudar a los
hombres que regresan a recuperarse y reintegrarse en la sociedad yemení".
Añadió, sin embargo, que "los requisitos de seguridad no deben ser un
obstáculo para su traslado. Estos 56 hombres nunca han sido acusados de un
delito y, al igual que los demás detenidos en Guantánamo, llevan años recluidos
en violación del derecho internacional."
La próxima Junta de Revisión Periódico, y más secretismo
Como explicó recientemente Associated
Press, la segunda Junta de Revisión Periódica se celebrará el martes 28 de
enero, aunque no se permitirá a los periodistas ni a los representantes de las
ONG visitar Guantánamo para presenciarla. En su lugar, tendrán que "ver
los procedimientos sólo por enlace de vídeo desde Washington" (aunque en
un lugar distinto al de los seis miembros de la junta) y tampoco podrán
escuchar cuando el preso en cuestión -Abd-al Malik Wahab al-Rahabi, yemení-
hable con los miembros de la junta de revisión, un proceso que, en el caso de
Mahmoud al-Mujahid, duró seis horas.
El Pentágono alega que está obligado a "imponer restricciones por motivos de seguridad", y
ha declarado que se hará pública una trascripción una vez concluida la vista.
Sin embargo, como señaló AP, un memorando publicado recientemente "señala
que la transcripción puede ser redactada o alterada". Además, ni los
asistentes ni los propios presos podrán escuchar ninguna parte de la vista en
la que se discuta material clasificado.
Los abogados que representan a las ONG y a los medios de comunicación piden "acceso
completo" a las secciones no clasificadas de los PRB. Andrea Prasow
declaró a AP: "Que el detenido explique por qué no supone un riesgo, por
qué debería volver a casa, parece ser el objetivo del procedimiento y no vamos
a poder verlo. Me parece indignante".
El teniente coronel del ejército Todd Breasseale, portavoz del Pentágono, intentó defender las
acciones del gobierno, citando "el coste y las complejidades
logísticas" de llevar observadores al propio Guantánamo, y describiendo la
restricción de escuchar hablar a los prisioneros como necesaria para mantener
una "seguridad razonable" y evitar la exposición de cualquier
información sensible.
Los críticos, sin embargo, señalan que se permitió a los observadores escuchar el testimonio de
los presos durante las juntas de revisión que se celebraron bajo la presidencia
de Bush, tanto en Guantánamo como en Bagram (Afganistán). David A. Schulz,
abogado de una coalición de 14 organizaciones de medios de comunicación,
declaró: "Es una nueva restricción significativa del nivel de
transparencia que se había permitido hasta ahora. Se podría argumentar que,
debido al carácter extraordinario de la situación, es aún más importante que haya
la máxima transparencia."
Además, Daphne Eviatar, abogada de Human Rights First, señaló que "si la mayor parte de
las pruebas contra el detenido son clasificadas, entonces no habrá mucho que
ver y todos nos encontraremos, una vez más, en la situación de tener que
confiar en que el gobierno está haciendo lo correcto".
Abd-al Malik Wahab al-Rahabi, el preso cuyo PRB es el martes, también fue, como Mahmoud
al-Mujahid, acusado de ser guardaespaldas de Osama bin Laden por un testigo
poco fiable. Hace muchos años, declaró a uno de sus abogados que había hecho
confesiones falsas, afirmando que fue "torturado a golpes" en
Kandahar, que los interrogadores estadounidenses le rompieron el pulgar y que
fue "amenazado con ser recluido bajo tierra y privado de luz solar hasta
que confesara".
El próximo PRB será para Ghaleb Nasser (alias Ghaleb al-Bihani), otro yemení y cocinero de las
fuerzas de apoyo a los talibanes, a quien un juez denegó
su petición de habeas corpus hace cinco años. Su abogada, Pardiss Kebriaei,
del Centro de Derechos Constitucionales, declaró a AP que tiene
"esperanzas de que se autorice su traslado, pero también recelos debido al
retraso en el envío de yemeníes a su patria".
Como ella misma ha dicho, reiterando lo que venimos diciendo desde que se anunció
en verano el inicio de los PRB, Para que el proceso sea realmente
significativo tiene que haber mucha más transparencia, tienen que acelerar el
ritmo y la autorización tiene que significar el traslado. No beneficia a nadie
engrosar la pila de personas que reciben la autorización y no son
trasladadas".
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