EXCLUSIVA: Nombrado nuevo fiscal jefe para las comisiones militares de Guantánamo
06 de mayo de 2009
Andy Worthington
En un acontecimiento que no hará sino alimentar las sospechas de que el gobierno de
Obama está planeando
reactivar el criticado sistema de juicios ante Comisiones Militares de la
administración Bush en Guantánamo (como señaló el secretario de Defensa Robert
Gates en un testimonio ante el Comité de Asignaciones del Senado la semana
pasada), acabo de enterarme de que el fiscal jefe de las Comisiones, el coronel
Lawrence Morris, se retira del servicio activo y será sustituido por el capitán
John Murphy (Reserva de la Marina de los Estados Unidos). No se ha anunciado
ninguna fecha oficial para el relevo, pero se espera que la transición tenga
lugar en los próximos dos meses.
El coronel Morris asumió el cargo de fiscal jefe tras la dimisión, en octubre de 2007, del coronel Morris
Davis, quien más tarde asestó lo que debería haber sido un
golpe mortal a la poca credibilidad que tenía el sistema de juicios -ante
la condena generalizada de expertos jurídicos, los propios abogados defensores
militares del gobierno, varios ex fiscales y el Corte Supremo de los EE.UU.-
cuando explicó que había dimitido específicamente porque había sido puesto en
una cadena de mando bajo William J. Haynes II, asesor jurídico general del Pentágono.
Mientras arremetía contra la administración Bush por politizar todo el proceso, el coronel Davis criticó
especialmente a Haynes, porque había estado presionando para que las Comisiones
permitieran el uso de pruebas obtenidas mediante tortura, a pesar de su propia
oposición. Más tarde provocó la repentina dimisión de Haynes, cuando informó,
en febrero de 2008, de que, en una discusión con Haynes sobre los juicios de
Nuremberg, en la que el coronel Davis había señalado que se habían producido
algunas absoluciones, que habían "dado gran credibilidad a los
procedimientos", Haynes había respondido diciendo: "Un momento, no
podemos tener absoluciones. Si hemos estado reteniendo a estos tipos durante
tanto tiempo, ¿cómo podemos explicar que salgan libres? No puede haber
absoluciones. Tenemos que tener condenas".
Bajo el mando del coronel Morris, se presentaron a juicio unas dos
docenas de casos, aunque su mandato se vio salpicado por la polémica sobre
el papel desempeñado por el general de brigada Thomas Hartmann, asesor jurídico
de la juez retirada Susan
Crawford, la autoridad convocante de la Comisión. Crawford, protegida de
Dick Cheney y amiga íntima de David Addington, Jefe de Gabinete de Cheney (que
sigue en su puesto, a pesar del cambio de administración), tiene la última
palabra sobre los casos que se someterán a juicio, y se supone que supervisa
objetivamente todo el proceso.
Sin embargo, como comenté en un artículo el pasado octubre, "El
corazón oscuro de los juicios de Guantánamo", es difícil tener fe en
su objetividad dadas sus estrechas conexiones con Cheney
y Addington (los arquitectos de las Comisiones), y el hecho de que el
coronel Davis la había criticado por extralimitarse en sus funciones
administrativas. "[Ella] tenía a su personal evaluando las pruebas antes
de la presentación de los cargos, dirigiendo la preparación de los casos antes
del juicio por parte de la fiscalía (que comenzó mientras yo estaba de baja
médica), redactando los cargos contra los acusados y asignando fiscales a los
casos", explicó el coronel Davis, y añadió: "Entremezclar las
funciones de autoridad convocante y fiscal perpetúa la percepción de un proceso
amañado en contra de los acusados."
El año pasado, cuando el General de Brigada Hartmann fue criticado repetidamente por los jueces de las
Comisiones por su parcialidad a favor de la acusación (y fue finalmente
destituido de su cargo, aunque se le mantuvo en otro puesto de asesor), era
difícil escapar a la conclusión de que, aunque existía un catálogo de quejas
sobre su personalidad abrasiva, había sido efectivamente un escudo de
sacrificio, establecido para evitar el escrutinio de la cadena de mando que
conducía de Crawford a la Oficina de Asesoría Jurídica del Pentágono, y de ahí
a Cheney y Addington.
Al aceptar el cargo de fiscal jefe, el capitán Murphy debe saber que asume un trabajo plagado de
dificultades, sobre todo después de que el teniente coronel Darrel Vandeveld,
que dimitió como fiscal el pasado mes de septiembre, lanzara una sonora condena
de las Comisiones tras su marcha, declarando,
Mis dudas éticas sobre la posibilidad de seguir ejerciendo como fiscal se refieren principalmente a los
procedimientos para permitir la presentación de pruebas a los abogados
defensores. Estoy muy preocupado, hasta el punto de que creo que no puedo
seguir ejerciendo como fiscal en las Comisiones, por el
"procedimiento" poco riguroso e incierto para permitir la
presentación de pruebas a los abogados de la defensa. Uno habría pensado...
seis años después de que las Comisiones tuvieran un comienzo irregular, que se
habría creado una oficina jurídica que funcionara y que los procedimientos y
las políticas no sólo se habrían puesto en marcha, sino que se habrían
perfeccionado. En lugar de eso, lo que encontré, y lo que sigo encontrando, es
que la información, incluso en los casos más sencillos, es incompleta o poco fiable.
En un escrito presentado ante un tribunal en enero, el teniente coronel Vandeveld explicó
además que la fiscalía de la Comisión se encontraba en un "estado de
desorganización" y "carecía de toda organización discernible".
Afirmó que no "esperaba que los posibles crímenes de guerra se
presentaran, al menos al principio, en 'paquetitos ordenados'", como los
que "montarían las agencias de policía civil y las fiscalías", pero
se sintió consternado al descubrir que
las pruebas, tal y como estaban, permanecían dispersas en un incomprensible laberinto de bases de datos... o
esparcidas por las fiscalías en cajones, estanterías repletas de contenedores
de plástico vagamente etiquetados, o incluso simplemente apiladas sobre las
mesas de los fiscales que habían abandonado la Comisión para ir a otros
destinos. Además, descubrí que la mayoría de las pruebas físicas que se habían
recogido habían desaparecido o se habían almacenado en lugares que ninguna
persona con antigüedad en las Comisiones o conocimiento institucional de las
mismas podía identificar con algún grado de especificidad o certeza.
Sin embargo, si el historial del capitán Murphy sirve de algo, es posible que esto no le perturbe
excesivamente. El verano pasado fue el fiscal principal en el juicio
de Salim Hamdan, uno de los chóferes de Osama bin Laden, cuando presionó
enérgicamente para que el jurado militar impusiera a Hamdan una condena de 30
años, instando a que su "pena" fuera algo "tan significativa que
excluyera cualquier posibilidad de que restableciera sus vínculos con los
terroristas". Al final, por supuesto, Hamdan recibió una condena
de sólo cinco años y medio y, con deducciones por el tiempo cumplido, fue enviado a
casa a Yemen en noviembre, para cumplir el último mes de su condena.
Impertérrito ante este fracaso, el capitán Murphy apareció recientemente como parte del equipo de
acusación en el caso de Omar
Khadr, el canadiense que sólo tenía 15 años cuando fue capturado tras un
tiroteo en Afganistán en julio de 2002. Dado que el caso de Khadr es uno de los
que, fuera del Pentágono y de los pasillos del poder en Canadá, ha suscitado la
condena universal -principalmente por la negligencia
y el abuso
de un menor por parte de la administración Bush, y por los intentos
bien documentados de la acusación de suprimir pruebas vitales para su
defensa-, es muy posible que, como resultado, el Capt. Murphy siga una agenda
agresiva si la administración Obama decide ignorar todos los consejos sensatos
en sentido contrario y procede a reactivar las Comisiones, en lugar de
perseguir los casos que merecen ser juzgados (entre 25 y 50, según las mejores
estimaciones) en los tribunales federales del territorio continental estadounidense.
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