¿Están a punto de eliminarse las órdenes de control?
10 de noviembre de 2010
Andy Worthington
Vaya, vaya. No voy a hacerme ilusiones, pero el anuncio
publicado el domingo por el Observer de que "la derogación de las
órdenes de control para sospechosos de terrorismo dio un paso más anoche
cuando… fuentes de alto nivel de seguridad de Whitehall rompieron filas para
revelar que el MI5 “no estaba empeñado” en mantener ese polémico régimen"
resulta prometedor.
Las órdenes
de control, una forma de arresto domiciliario virtual, se introdujeron en
2005 después de que los Law Lords declararan ilegal la respuesta inmediata del
Gobierno tras el 11-S para hacer frente a los "sospechosos de terrorismo"
extranjeros —encarcelarlos en Belmarsh sin cargos ni juicio, basándose en
pruebas secretas—. En los últimos años, su uso se amplió para incluir a
ciudadanos británicos, además de a extranjeros, que a menudo han sido sometidos
a una forma de "exilio interno" extrajudicial, obligados a trasladarse a
cientos de millas de sus hogares, además de verse sometidos a estrictos toques
de queda, seguimiento por pulsera electrónica, la obligación de presentarse
ante los servicios de seguridad a cualquier hora del día y de la noche, el
control de todos sus visitantes, la prohibición del uso de ordenadores y
teléfonos móviles, y la posibilidad de que el personal del Ministerio del
Interior pudiera registrar sus viviendas en cualquier momento.
Sin embargo, la continuidad de las órdenes de control se ha visto amenazada desde junio de 2009, cuando los
Lores
de la Cámara de los Lores dictaminaron que su imposición vulnera el
artículo 6 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos —que garantiza el derecho a un juicio justo—,
ya que a un sospechoso detenido en virtud de una orden de control no se le
proporciona "información suficiente sobre las acusaciones que se le imputan
como para que pueda dar instrucciones efectivas al abogado especial que se le
ha asignado".
Aunque el régimen de órdenes de control requiere el respaldo parlamentario para seguir vigente, ya
que se renueva anualmente en la Cámara de los Comunes, este año los
liberales demócratas estaban decididos a ponerle fin, votando en bloque a
favor de derogar la legislación; en consecuencia, la abolición de las órdenes
de control fue un elemento central de su postura firme en materia de libertades
civiles, y era algo que estaba decididos a llevar a cabo, junto con la
derogación del período de 28 días de prisión preventiva para los sospechosos
detenidos dentro de los límites normales de la ley.
La semana pasada, tal y como expliqué detalladamente en un artículo
anterior, se produjo una fisura en el seno del Gobierno cuando se reveló
que la ministra del Interior, Theresa May, se había visto intimidada por los
servicios secretos y estaba cambiando de opinión respecto a la supresión de las
órdenes de control, y que Jonathan Evans, el nuevo director del MI5, también
había mantenido una conversación discreta con David Cameron sobre la
importancia que los servicios de seguridad atribuían a dichas órdenes.
Esto llevó a Ken Macdonald, el miembro de la Cámara de los Lores del Partido Liberal Demócrata designado
por Theresa May para supervisar la revisión de la legislación antiterrorista
del Partido Laborista, a escribir a la ministra del Interior, "advirtiéndole de
que denunciaría públicamente cualquier decisión de mantener las órdenes de
control", lo que provocó a su vez un menosprecio público hacia Macdonald,
cuando May aprovechó una intervención en la BBC para afirmar que, aunque
"consideraba apropiado que alguien externo lo examinara y dijera que se habían
analizado las cuestiones adecuadas y se había hablado con las personas
adecuadas… en última instancia, la decisión sobre lo que está en vigor en
materia de nuestra legislación antiterrorista es una decisión que corresponde
al Gobierno".
A pesar de ello, otros opositores se alinearon junto a Ken Macdonald —entre ellos, el secretario de
Energía, Chris Huhne, un crítico acérrimo cuando era liberal demócrata en la
oposición; el secretario de Justicia, Ken Clarke; y el diputado inconformista y
contrario a la tortura David
Davies, quien comunicó al Gobierno que esperaba que 50 diputados
conservadores y liberales demócratas votaran en contra si se tomaba la decisión
de mantener las órdenes de control.
Dado que los liberales demócratas son vistos cada vez más —tanto por sus propios miembros como por la
opinión pública en general— como los perdedores de esta coalición, me
sorprendería que Nick Clegg pudiera permitirse dejar escapar las órdenes de
control, tal y como hizo con su promesa estrella de no subir las tasas
universitarias. Esto, por supuesto, quedó recientemente echo trizas con el
anuncio del Gobierno de que se permitirá a las universidades duplicar
o triplicar sus tasas, lo que llevó a Aaron Porter, presidente de la Unión
Nacional de Estudiantes (NUS), a declarar a la BBC que
la NUS "perseguirá" a cualquier liberal demócrata que vote a favor del aumento
de las tasas.
En conclusión, pues, esta filtración del sábado por la noche desde Whitehall al Observer bien
podría ser significativa, aunque cabe señalar, para terminar, que no contribuye
en absoluto a resolver la difícil
situación de otros "sospechosos de terrorismo", que también se
encuentran detenidos sin cargos ni juicio sobre la base de pruebas
secretas —ya sea en libertad bajo fianza a la espera de deportación, donde
las restricciones a su libertad son notablemente similares a las de las órdenes
de control, o, en otros casos, en prisión.
A diferencia de quienes están sujetos a órdenes de control, estos hombres se enfrentan a la deportación
a sus países de origen —entre ellos Argelia y Jordania— sobre la base de
endebles “memorandos
de entendimiento” (o, en el caso de Argelia, nada más que un acuerdo
verbal), que se supone que garantizan que recibirán un trato humano, a pesar de
que estos acuerdos han sido ampliamente criticados por su falta de
fiabilidad y por no ser más que un cínico intento de los países
occidentales de eludir sus obligaciones, en virtud de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Tortura, de no "expulsar, devolver
(“refouler”) o extraditar a una persona a otro Estado cuando existan motivos
fundados para creer que correría el riesgo de ser sometida a tortura".
Para estos hombres, la intervención de los Law Lords sobre el uso de pruebas secretas en las órdenes
de control no se ha ampliado, y siguen atrapados —en sus hogares o en prisión—
sin cargos ni juicio, y sobre la base de pruebas secretas, con pocos diputados
dispuestos a dar seguimiento a la moción "Early
Day Motion" presentada por la diputada Diane Abbott en marzo de 2009,
que pedía el fin del uso de pruebas secretas en todos los casos relacionados
con acusaciones de terrorismo, y a volver al principio rector de todos los
países que se jactan de ser civilizados: el derecho a ser acusado y juzgado en
un juicio público.
Mientras esperamos las conclusiones de la revisión de la lucha antiterrorista dirigida por Ken
Macdonald, no olvidemos a aquellos para quienes la justicia sigue pareciendo un
sueño inalcanzable.
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