Otros presos recomendados para juicio languidecen, año tras año, sin esperanza de justicia, y a otros 46 se les recomendó específicamente la detención indefinida sin cargos ni juicio, sobre la base de que son demasiado peligrosos para ponerlos en libertad, aunque no haya pruebas suficientes para someterlos a juicio.

Esto significa, por supuesto, que las supuestas pruebas son fundamentalmente poco fiables, una mezcla dudosa de declaraciones obtenidas mediante el uso de la tortura y otras formas de coacción, e informes de inteligencia poco fiables, pero el gobierno se niega a reconocer esa desagradable verdad.

En lugar de ello, los hombres se han visto obligados a recurrir a una huelga de hambre, ya en su sexto mes, para despertar al mundo de su difícil situación y presionar a la administración para que actúe. Hace ocho semanas, el presidente Obama pronunció un elocuente discurso sobre la seguridad nacional, en el que describió a la perfección lo injusto y contraproducente que es Guantánamo, y prometió reanudar la liberación de presos, pero todavía no ha liberado a ni un solo preso autorizado, y tampoco ha iniciado las revisiones de los 46 hombres cuya detención indefinida autorizó en marzo de 2011, cuando prometió establecer Juntas de Revisión Periódica (PRB, por sus siglas en inglés) para revisar los casos de los hombres, a fin de establecer si siguen siendo considerados demasiado peligrosos para ser liberados.

En un esfuerzo por salir de este punto muerto, el abogado de un preso en particular ha presentado una petición inusual al tribunal de Washington D.C. que examina su petición de hábeas corpus. Esta posible vía para salir de Guantánamo también ha sido bloqueada en general, esta vez por los jueces del tribunal de apelaciones de la capital (el Tribunal de Circuito de Washington D.C.), donde jueces políticamente motivados reescribieron las normas probatorias que rigen las peticiones, enfadados porque el tribunal inferior había admitido a trámite las peticiones de hábeas corpus de decenas de presos después de que el Tribunal Supremo confirmara que tenían derechos de hábeas corpus constitucionalmente garantizados en junio de 2008.

Sin embargo, Jennifer Cowan, abogada de Ibrahim Idris, preso sudanés de unos 50 años, ha pedido al tribunal que ponga en libertad a su cliente porque padece una enfermedad mental y una obesidad mórbida tales que no se le puede considerar una amenaza. En el caso Hamdi contra Rumsfeld, de junio de 2004, el Tribunal Supremo declaró que la ley utilizada para retener a los presos de Guantánamo, la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), aprobada la semana siguiente a los atentados del 11-S, sólo permitía al gobierno retener a un preso "con el fin de impedir que regresara al campo de batalla."

Sin embargo, Idris, como lo describió el Miami Herald, es "un sudanés obeso, diabético y esquizofrénico que ha vivido principalmente en el pabellón psiquiátrico de Guantánamo desde que llegó a la prisión del terror estadounidense en Cuba el día de su apertura".

Como Jennifer Cowan describió la situación en su alegato ante el juez jefe Royce Lamberth:

La grave enfermedad mental y física de larga duración del peticionario hace prácticamente imposible que participe en las hostilidades si fuera puesto en libertad, y tanto el derecho interno como el derecho internacional de la guerra establecen explícitamente que si un detenido está tan enfermo que no puede volver al campo de batalla, debe ser repatriado. Interpretada de conformidad con el derecho interno y los principios del derecho internacional, la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar ("AUMF") no permite mantener detenido al Sr. Idris.

Poco se sabía de Idris hasta esta presentación, aunque el pasado septiembre se supo que era uno de los presos cuya liberación había autorizado el Equipo de Trabajo de Revisión de Guantánamo. Su Informe de evaluación del detenido (DAB por sus siglas en inglés), el expediente militar clasificado publicado por WikiLeaks en 2011, que fue recopilado en abril de 2008, debería ser motivo de vergüenza para las autoridades. "El detenido se ha resistido a cooperar con los interrogadores y permanece en gran medida sin explotar", afirmaba el documento, y añadía: "Ha entrenado a otros detenidos de la JTF-GTMO para que utilicen técnicas de resistencia mientras están bajo custodia estadounidense."

De hecho, como explicaba Carol Rosenberg en el Miami Herald, lejos de entrenar a otros, "sus compañeros de prisión no le quieren cerca", porque "se comporta de forma extraña: lleva la ropa interior en la cabeza, susurra para sí mismo, delira."

La petición, de 14 páginas, está respaldada por informes médicos de la prisión y constituye una triste acusación contra un sistema de detención que no puede tratar de forma justa y adecuada a un preso gravemente enfermo mental y físicamente. Página tras página del escrito y de los informes médicos, la miope narrativa del gobierno -que Idris estuvo en la batalla de Tora Bora en Afganistán, el enfrentamiento entre EE.UU. y Al Qaeda y los talibanes en diciembre de 2001- es rebatida por el reconocimiento de los profesionales de la salud mental de que los procesos de pensamiento de Idris están "gravemente desorganizados", como explicó un psiquiatra del ejército en 2009, y que opera "en un sistema de realidad delirante, con poco fundamento en sus circunstancias del mundo real".

Como explicó Jennifer Cowan al Miami Herald, "si estás tan enfermo que no puedes volver al campo de batalla, no hay base para retenerte". Añadió que Idris "tiene múltiples enfermedades. Tiene enfermedades mentales, que son graves, enfermedades físicas de larga duración, y nadie cree que vaya a recuperarse de ninguna de ellas. No es como si estuviera resfriado".

Lo más triste de toda esta lamentable historia es que el psiquiatra del ejército declaró que a Idris "se le diagnosticó una enfermedad mental a las pocas semanas de llegar a Guantánamo" y, sin embargo, no se hizo ningún esfuerzo por repatriarlo, ni siquiera cuando otros presos sudaneses fueron enviados a casa -por George W. Bush y Barack Obama.

Hace tiempo que Idris debería haber sido devuelto a su familia, pero, a juzgar por los hechos, es poco probable que el gobierno -y, en concreto, la División Civil del Departamento de Justicia, que se ocupa de los casos judiciales de los presos y tiene un historial ininterrumpido, desde Bush hasta Obama, de impugnar agresivamente todo lo relacionado con sus peticiones de hábeas corpus- esté de acuerdo, y eso, por supuesto, es otra fuente de vergüenza que añadir a las innumerables que encarna Guantánamo.

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