Encontrar un nuevo hogar para 44 presos de Guantánamo que han sido
absueltos
13 de octubre de 2009
Andy Worthington
En un artículo reciente, “75
presos de Guantánamo, autorizados para su puesta en libertad; 31 podrían salir
hoy”, analicé las implicaciones del anuncio de que 75 de los 223 presos que
quedan en Guantánamo han sido autorizados para su puesta en libertad. Esto se
dio a conocer a través de una
lista publicada en la prisión, en la que se identificaba a los presos por
nacionalidad, y de una declaración de un portavoz militar, el capitán de
corbeta de la Armada Brook DeWalt, quien explicó: “Era una oportunidad para
simplemente mejorar la comunicación. Hay mucha información circulando y se
reciben muchas cosas desde muchos ángulos diferentes. Esto ayuda a situarlo en
un contexto más conciso para ellos [los presos]”.
La lista se basa en las deliberaciones de un Grupo de Trabajo Interinstitucional, creado
por el presidente Obama en su segundo día en el cargo, para determinar
quiénes deben ser puestos en libertad y quiénes deben seguir detenidos, y en mi
artículo examiné los casos de 31 de los presos (26 yemeníes, tres saudíes y dos
kuwaitíes, uno de los cuales ha sido puesto
en libertad desde entonces), señalando que, en teoría, no había razón para
que no fueran puestos en libertad de inmediato.
“Sin embargo, también señalé que miembros de la propia administración de Obama habían declarado al New York
Times que el Gobierno temía poner en libertad a los yemeníes (a pesar
de que se les había autorizado la puesta en libertad), porque el propio
Guantánamo podría haberlos radicalizado, exponiéndolos a militantes y
enojándolos contra Estados Unidos, y también debería haber añadido, como me
señaló en un correo electrónico el exabogado defensor militar, el comandante
David Frakt, que la liberación de estos hombres depende también de los caprichos
del Congreso, donde los legisladores “aprobaron este verano una ley que exige a
la administración notificar al Congreso con 15 días de antelación antes de
liberar a cualquier persona de Guantánamo”.
No obstante, aunque la obstrucción del Congreso bien podría ser una complicación adicional (que traté
en otro artículo la semana pasada, “Un
abogado denuncia la “depravación del Congreso” en Guantánamo”), sigue
siendo evidente que la salida de Guantánamo para estos 30 hombres debería ser
más fácil que para los otros 44 presos autorizados para ser liberados, ya que
se trata de hombres que no pueden ser repatriados, bien por el temor a que
sufran torturas u otros malos tratos (incluida la detención arbitraria y los
juicios ficticios) a su regreso, bien porque (en el caso de dos palestinos)
son, en la práctica, refugiados apátridas.
¿Quiénes son los 44 presos?
De estos 44 presos, 15 recibieron la orden de puesta en libertad de jueces de tribunales federales de
distrito, como resultado de las peticiones de hábeas corpus que el Corte
Suprema autorizó en una sentencia
de extraordinaria importancia en junio de 2008. Trece de estos hombres son
uigures —musulmanes de la oprimida provincia china de Xinjiang, cuya puesta
en libertad ordenó el juez Ricardo Urbina hace un año, y sobre cuya difícil
situación he escrito extensamente (en particular aquí
y aquí)—
y los demás son un argelino, Sabir Lahmar, cuya puesta
en libertad fue ordenada el pasado noviembre, y Abdul Rahim al-Ginco, un
joven sirio, torturado y encarcelado por Al Qaeda y los talibanes, cuya puesta
en libertad fue ordenada en junio de este año.
Los otros 29 son los siguientes: nueve tunecinos, seis argelinos más, tres sirios más, dos egipcios,
dos uzbekos, dos palestinos, un azerbaiyano y un tayiko. Aunque no se han
facilitado sus nombres, la identidad de la mayoría de estos hombres puede
deducirse por proceso de eliminación (hay, por ejemplo, solo dos egipcios, dos
uzbekos y un azerbaiyano en Guantánamo) y, además, se conoce la decisión de
liberar al prisionero tayiko, Umar Abdulayev, ya que se anunció en julio.
Como expliqué
en su momento, esta decisión resultó angustiosa para Abdulayev y sus
abogados por dos motivos: en primer lugar, porque cuando los abogados del
Gobierno anunciaron que “ya no defenderían su detención”, también anunciaron
que “querían que los diplomáticos estadounidenses organizaran su repatriación”,
a pesar de que Abdulayev está aterrorizado ante la idea de regresar a
Tayikistán, ya que fue amenazado por agentes tayikos que lo visitaron en
Guantánamo; y, en segundo lugar, porque la decisión del Grupo de Trabajo
también llevó al Departamento de Justicia a solicitar a un juez que desestimara
la petición de hábeas corpus de Abdulayev, lo que llevó a sus abogados a
señalar que la decisión del Grupo de Trabajo «no era una determinación de que
la detención [de Abdulayev] fuera o no fuera legal», y que, por lo tanto, “no
contribuye en nada a eliminar el estigma de estar recluido en Guantánamo o de
ser acusado de terrorismo por Estados Unidos”.
En realidad, se trata de un problema generalizado para aquellos a quienes se ha autorizado la puesta en
libertad pero que temen ser repatriados, no solo porque las recientes
sentencias del Tribunal de Apelación han eliminado
una serie de salvaguardias judiciales establecidas por los jueces para
impedir la repatriación forzosa de varios presos de Guantánamo (para quienes el
“estigma” de “haber sido acusados de terrorismo por Estados Unidos” reviste una
gran importancia), sino también porque, en un sentido más amplio, la
Administración Obama no está dispuesta a declarar abiertamente que algún preso
fuera detenido por error (como me explicó recientemente uno de los abogados de
los presos, ningún abogado aconsejaría admitir la responsabilidad, ya que eso
abriría la veda a las reclamaciones de indemnización). Como resultado, la
administración no está haciendo nada para facilitar la labor de Daniel Fried,
el alto diplomático nombrado en marzo de 2009 como enviado especial a
Guantánamo, cuya poco envidiable tarea consiste en persuadir a otros países
para que acepten a los presos liberados de Guantánamo.
Incluso dejando de lado por un momento las dificultades causadas por la negativa del Tribunal de Apelación
y del Congreso a aceptar en Estados Unidos a los presos absueltos (lo que
alimenta la reticencia a ayudar en los países europeos, como reconoció Fried en
una
reciente entrevista con la BBC), hay señales inquietantes de que esta
reticencia por parte de la administración a declarar abierta y categóricamente
que la administración Bush cometió errores colosales también está socavando las
propias decisiones tomadas por el Grupo de Trabajo de Obama.
Recientemente, por ejemplo, cuando funcionarios suizos visitaron Guantánamo para investigar los casos de
cuatro hombres cuya puesta en libertad había sido autorizada, con el fin de
averiguar si estarían dispuestos a acoger a alguno de ellos, regresaron no con
una valoración imparcial, sino con conclusiones sesgadas que solo les pudo
haber presentado el ejército estadounidense, el cual, en efecto, les había
mostrado sus expedientes y les había mostrado material que se presentaba como
pruebas, pero que, en las peticiones de hábeas corpus de otros presos, se ha
demostrado, una
y otra
vez, que no son más que acusaciones falsas realizadas por otros presos
(bajo coacción o como resultado de sobornos) o por los propios presos,
múltiples niveles de rumores inaceptables y "mosaicos" de inteligencia que no
resisten un escrutinio independiente.
Según informaciones
de los medios suizos, los representantes del Gobierno concluyeron que, de
los cuatro hombres investigados, dos uigures eran de "bajo riesgo", aunque en
realidad no suponen ningún riesgo, ya que convencieron a la Administración Bush
de que retirara sus acusaciones de que eran "combatientes enemigos", y habiendo
sido absueltos por las juntas de revisión militar de la administración Bush,
por un tribunal de distrito de EE. UU. y por el Grupo de Trabajo de la
administración Obama, y otros dos hombres, un uzbeko y un palestino —también
absueltos por las juntas de revisión militar de la era Bush y por el Grupo de
Trabajo de Obama— fueron considerados de “riesgo medio” y “alto riesgo”.
¿Qué ha estado haciendo el Grupo de Trabajo durante ocho meses?
Más allá de estas discrepancias absurdas, que no ayudan en absoluto a la causa de Obama, la otra
conclusión que extraigo del análisis de las cifras del Grupo de Trabajo es que,
tras ocho meses revisando los casos de los presos, ha avanzado muy poco, a
pesar de las consultas detalladas con abogados y otros expertos, a pesar de las
búsquedas exhaustivas de información relativa a estos hombres, que se
encontraba dispersa por numerosos departamentos y agencias de una manera
inquietantemente incoherente, y a pesar de la creación de una base de datos que
reunía toda la información disponible en un solo lugar.
Aunque es imposible calcular las cifras exactas, está claro que, de los 29 hombres absueltos por el
Grupo de Trabajo, todos menos nueve (como máximo) fueron realmente aprobados
para su traslado, entre 2006 y 2008, por las Juntas de Revisión Administrativa
de Guantánamo. Cuando Obama llegó al poder, se había aprobado el traslado de
ocho tunecinos, cinco argelinos, cuatro uzbekos, tres palestinos, un egipcio,
un libio y Umar Abdulayev, el tayiko. Se han producido algunos ajustes —se ha
eliminado a un palestino de la lista y se ha añadido al azerbaiyano Poolad
Tsiradzho, además de un argelino, un egipcio, dos libios y tres sirios— y,
además, es posible que el Grupo de Trabajo haya cambiado de postura respecto a
algunos de los aprobados para su traslado bajo el mandato de Bush.
Sin embargo, si se suma a los aproximadamente 14 yemeníes mencionados en el último artículo, esta cifra
de unos 25 presos no supone precisamente un triunfo para el Grupo de Trabajo, y
pone de manifiesto, una vez más, que en lo que respecta a Guantánamo, el audaz
comienzo del presidente en enero —cuando promulgó su decreto ejecutivo sobre el
cierre de la prisión— se ha visto erosionado progresivamente por la confusión,
la extrema cautela y la indecisión.
Si este maldito símbolo de los años oscuros de George W. Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld y sus asesores
más cercanos va a cerrar alguna vez, es hora de que Barack Obama, Eric Holder y
Robert Gates se reorganicen y acepten que la confusión solo beneficia a quienes
están obsesionados por el fantasma
de Dick Cheney, y que se necesita claridad. Además, a pesar de los temores
de los abogados ante nuevas oleadas de litigios, esta claridad debe implicar
que los líderes de la nación reconozcan por qué los tribunales de distrito han
dictaminado, en el 79 % de las peticiones de hábeas corpus que se les han
presentado, que los hombres en cuestión no son ni terroristas ni soldados y
deben ser puestos en libertad.
La verdad está ahí fuera —y yo solo soy uno de los muchos escritores que la han estado explicando
durante los últimos cuatro años—, pero lo voy a dejar claro una vez más: la
mayoría de los prisioneros fueron capturados por aliados de EE.UU. a cambio de
recompensas, nunca fueron sometidos a un examen conforme a los Convenios de
Ginebra para determinar si eran o no combatientes de algún tipo, y no están
detenidos por nada que se parezca a una prueba, sino por un intento
vergonzosamente deficiente de construir un caso contra ellos en el aislamiento
de Guantánamo, mediante una combinación de tortura, coacción y soborno, y el
uso de información de inteligencia sin contrastar que se hace pasar por hechos.
Todos los que están en Guantánamo merecen algo mejor que esto: tanto las
pocas docenas de hombres que están genuinamente acusados de estar
involucrados con Al Qaeda, los atentados del 11-S y otros actos de terrorismo
internacional, y que deberían ser juzgados por sus presuntos delitos, y la
mayoría de la población carcelaria, cuya puesta en libertad sigue siendo
impedida, o terriblemente complicada, tanto por el Ejecutivo como por los
legisladores del Congreso —algunos hombres inocentes, y otros que fueron
soldados en una guerra civil ahora casi olvidada entre los talibanes y la
Alianza del Norte, cuya detención continuada no se basa en ningún concepto de
justicia, sino en el legado persistente de la errónea decisión de la
administración Bush de equiparar a Al Qaeda con los talibanes.
Nota: Para más información sobre los presos autorizados para su liberación, véase mi artículo «Los
refugiados de Guantánamo”.
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