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En The Guardian: El inquietante uso de pruebas secretas en los "tribunales del terror" del Reino Unido

29 de abril de 2009
Andy Worthington


Para la sección Comment is free de The Guardian, "Tomarse libertades con nuestro sistema judicial" es un artículo que escribí sobre la situación, en gran medida pasada por alto, de los "sospechosos de terrorismo" británicos que no han sido juzgados, un grupo de hombres -en su mayoría residentes extranjeros, pero entre los que también hay ciudadanos británicos- que están encarcelados o sometidos a una estricta forma de arresto domiciliario, ya sea bajo órdenes de control o bajo fianza de deportación, sin haber sido acusados ni juzgados nunca, sobre la base de pruebas secretas.

El artículo, que ofrece un resumen del extraordinario desprecio del gobierno laborista por los principios de justicia de los que se enorgullece este país, es continuación de mi reciente serie sobre "El Guantánamo británico", que comenzó con un artículo para The Guardian, "La tortura mancha todas nuestras vidas,"y continuó con otros dos artículos en los que informé sobre una reunión parlamentaria presidida por la diputada Diane Abbott acerca del uso de pruebas secretas, y comparé la situación a la que se enfrentan estos hombres con el régimen de detención aplicado por la administración Bush en Guantánamo, y también reproduje cinco declaraciones, realizadas por los propios presos, que fueron leídas por actores en la reunión parlamentaria (véanse los enlaces más abajo).

El desencadenante del artículo, que incluye algunas reflexiones especialmente conmovedoras de Dinah Rose QC durante la reunión parlamentaria, fue una moción de urgencia presentada por Diane Abbott, que pide el fin del uso de pruebas secretas, que mencioné en un artículo en mi sitio la semana pasada, e insto a cualquiera que esté preocupado por esta despreciable situación a que pida a su diputado que se una a Diane Abbott y, según el último recuento, a otros 36 diputados, para exigir el fin del uso de pruebas secretas.

No tuve espacio, en el artículo de The Guardian, para mencionar las alternativas al sistema ad hoc inventado a raíz de los atentados del 11-S, que, cada año que pasa, resulta más perjudicial para la salud mental de las personas injustamente privadas de libertad por un gobierno que reaccionó con pánico y paranoia ante la percepción de amenaza terrorista que siguió a los atentados, pero he escrito sobre estas alternativas en artículos anteriores -por ejemplo, "Abu Qatada: Los jueces y el Gobierno avalan la tortura", publicado en febrero.

En esencia, se trata de persuadir al gobierno para que se una al resto del mundo en la búsqueda de una manera de utilizar las pruebas de las agencias de inteligencia sin comprometer ni sus fuentes ni sus métodos, para que las pruebas contra estos hombres puedan ser probadas en un tribunal abierto, y no en el secreto tribunal del terror - la Comisión Especial de Apelación de Inmigración (SIAC) - que, en la actualidad, se ocupa de sus casos de una manera inquietantemente opaca.

Como explicó Dinah Rose en la reunión parlamentaria, es "difícil explicar lo chocante que resulta la experiencia de la SIAC para un abogado acostumbrado a las normas básicas de nuestro sistema jurídico. El primer principio de la justicia natural es que una persona tiene derecho a conocer los cargos que se le imputan para poder responder a ellos. Damos por sentado este principio, desde nuestra más tierna infancia, [pero] este principio simplemente no se aplica en la SIAC".

Tomarse libertades con nuestro sistema judicial

Andy Worthington
The Guardian
29 de abril de 2009

El uso de pruebas secretas contra sospechosos de terrorismo en los tribunales británicos es una burla de nuestro proceso judicial

En apariencia, vivimos en un país en el que los procesos legales establecidos desde hace tiempo garantizan que, si eres detenido, serás acusado rápidamente y comparecerás ante un tribunal, presidido por un juez, en el que los abogados presentarán pruebas y un jurado de tus iguales decidirá tu destino.

Para un grupo de hombres, sin embargo, este escenario no es más que una ilusión. Estos hombres -la mayoría residentes extranjeros, pero también un puñado de ciudadanos británicos- son "sospechosos de terrorismo", y algunos de ellos han pasado hasta tres años encarcelados sin cargos ni juicio.

Los jueces dictaminaron en diciembre de 2004 que este tipo de detención contravenía la Ley de Derechos Humanos. Para evitarlo, el gobierno introdujo un tipo de arresto domiciliario que mantiene a los sospechosos, durante la mayor parte del día, confinados en sus casas. Se les etiqueta, se les dice que se presenten ante las autoridades varias veces al día y se les somete a redadas domiciliarias sin previo aviso por parte de funcionarios del Ministerio del Interior para asegurarse de que no incumplen las condiciones de su confinamiento.

Los visitantes tienen que ser examinados por el Ministerio del Interior. Si el detenido es un hombre soltero, está insoportablemente aislado; si está casado y tiene hijos, se encuentra atrapado, sin poder trabajar, abocado al colapso mental, ya que sus hijos no pueden recibir visitas de amigos y se le niega el acceso a un ordenador para sus estudios.

Hay dos tipos de arresto domiciliario. Las órdenes de control se aplican a los presos que no pueden ser deportados, bien porque son ciudadanos británicos, bien porque existe el temor de que, si son repatriados, sean torturados, y la fianza de deportación se aplica a los presos que pueden ser deportados, porque el gobierno británico ha llegado a un acuerdo con los gobiernos de Argelia y Jordania. Estos pretenden garantizar que serán tratados humanamente a su regreso, a pesar de que ambos países son conocidos por sus violaciones de los derechos humanos.

Para estos hombres, la justicia se ejerce en un tribunal especial -la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración (Siac)- donde están representados en sesiones a puerta cerrada. Se les excluye mientras un defensor especial, un abogado autorizado para tratar con pruebas secretas, discute su caso.

En una reunión pública celebrada recientemente en la Cámara de los Comunes para debatir el uso de pruebas secretas, Dinah Rose QC, que tiene experiencia en tribunales Siac en tres funciones diferentes, habiendo sido instruida por el Ministerio del Interior, por los abogados de los detenidos y como abogada especial, explicó lo que ocurrió en una ocasión en la que actuó como abogada especial. El tribunal estaba examinando una solicitud del Ministerio del Interior para revocar la libertad bajo fianza. El detenido no tenía ni idea de lo que era esa prueba, y podría haber sido algo tan trivial como que su etiqueta funcionara mal, una situación que está fuera de su control.

Explicó Rose:

    A los abogados especiales se nos dijo cuáles eran las pruebas, pero se nos prohibió discutir el material con el recurrente o sus abogados. Sencillamente, no pudimos oponer resistencia alguna a la solicitud, a falta de instrucciones que pudieran explicar o arrojar una luz diferente sobre las pruebas.

Como resultado, el juez revocó la libertad bajo fianza del hombre y ordenó que fuera enviado a Belmarsh.

Rose añadió:

    Aún recuerdo mi profundo sentimiento de vergüenza cuando oí al apelante preguntar al juez: ¿por qué me envía a la cárcel? A lo que el juez respondió: 'No puedo decírselo'. No podía creer que estuviera presenciando semejante acontecimiento en un tribunal británico. No podía creer que nadie protestara ni armara un escándalo. Simplemente le llevaron a la cárcel, sin ninguna explicación.

Rose también lo explicó,

    Aunque el Siac parece y suena como un tribunal, y los jueces y abogados se comportan con la cortesía y las formalidades que se utilizan en los tribunales, en realidad no es nada de eso. A menudo me parece una farsa elaborada, en la que todos desempeñamos los papeles de abogado, procurador, apelante y juez, pero en la que falta por completo la sustancia básica de una vista judicial: la prueba de las pruebas para determinar dónde está la verdad...".

La reunión en la que intervino Rose estaba presidida por la diputada Diane Abbott, que más tarde presentó una moción de urgencia en la que declaraba "que esta Cámara cree que el uso de pruebas secretas en los tribunales del Reino Unido es fundamentalmente erróneo", y pedía al gobierno "que inicie inmediatamente una revisión independiente del uso de pruebas que nunca son oídas por el acusado o su abogado, pero que se utilizan para justificar la detención indefinida, condiciones severas de libertad bajo fianza u órdenes de control".

El texto completo del EDM está aquí, y si usted también piensa que el escenario descrito anteriormente debe más a Lewis Carroll o Franz Kafka que a las nociones de justicia abierta, por favor escriba a su diputado para pedirle que firme el EDM de Diane Abbott, lo que puede hacer a través de They Work For You, un sitio web dedicado a facilitar el acceso a los diputados y el seguimiento de sus actividades.


 

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