En The Guardian: ¿El fin de las pruebas secretas?
02 de diciembre de 2009
Andy Worthington
Para la sección “Comment
is free” de The Guardian, “¿El fin de las pruebas secretas?” es un artículo
que escribí para celebrar lo que parece ser el fin de la política de ocho años
del Gobierno británico de encarcelar a sospechosos de terrorismo —tanto
extranjeros como ciudadanos británicos— sin cargos ni juicio, o de privarles de
su libertad mediante una forma de arresto domiciliario, basándose en pruebas secretas.
El aparente fin de la respuesta poco meditada del Gobierno ante las amenazas terroristas tras los
atentados del 11-S se produce tras una sentencia del Tribunal Superior dictada
ayer. Refiriéndose a una
sentencia pionera de junio, en la que los Lores de la Ley concluyeron que
el uso de pruebas secretas por parte del Gobierno contravenía el derecho de las
personas sometidas a órdenes de control a un juicio justo (tal y como garantiza
el artículo 6 del Convenio
Europeo de Derechos Humanos), los jueces del Tribunal Superior ampliaron
estos mismos derechos a otros hombres que se enfrentaban a la deportación en
circunstancias idénticas. Según los jueces, era «imposible» concluir «que en
los casos de libertad bajo fianza se requiera un estándar procesal menos
estricto» que en los casos de órdenes de control.
El quid de la cuestión, durante los últimos ocho años, ha sido la insistencia del Gobierno en que es legítimo restringir
el acceso de los detenidos a las pruebas secretas. En el “tribunal
antiterrorista” —el Tribunal Especial de Apelaciones de Inmigración (SIAC)—,
que se utiliza para casos presuntamente relacionados con el terrorismo, se
designan abogados especiales para representar a los detenidos en sesiones a puerta
cerrada, en las que se discuten las pruebas secretas, pero luego se les impide
hablar de lo que ocurre en esas sesiones con los hombres a los que representan.
Como expliqué en junio, “esta barrera impenetrable a la transparencia también
funciona en sentido contrario, ya que los sospechosos no pueden informar a los
abogados de manera efectiva cuando se les mantiene en la ignorancia respecto a
los detalles del caso en su contra”.
La sentencia de los Lores en junio marcó el principio del fin del régimen de órdenes de control, y la
sentencia de ayer del Tribunal Superior, en los casos de dos hombres a los que
el Gobierno desea deportar —XC, un estudiante paquistaní y uno
de los “North West 10”, y U,
un argelino—, hace lo mismo con el sistema de libertad bajo fianza para la deportación.
Mientras espero a ver si el Gobierno se decide por fin a prestar atención a las propuestas presentadas por
el grupo multipartidista para la reforma legislativa JUSTICE (PDF),
que incluyen explicaciones exhaustivas sobre cómo se puede seguir protegiendo
el material sensible dentro de un marco legalmente aceptable (en lugar de basar
la política durante ocho años en la paranoia y el desprecio por la ley), dejo
la última palabra por ahora a la incansable abogada Gareth Peirce, que ha
representado a algunos de estos hombres desde que fueron encarcelados por
primera vez sin cargos ni juicio en Belmarsh en diciembre de 2001.
Tal y como explicó The
Guardian, ella “acogió con satisfacción el “rotundo no” del tribunal a
la idea de que se pudiera detener a personas basándose en pruebas secretas, sin
posibilidad de recurrir al Tribunal Superior para solicitar una revisión
judicial”, y afirmó: “Los jueces dijeron que hay un mínimo absoluto e
irreducible de información que una persona debe tener”.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
