En Guantánamo se acusa a un sexto "detenido de
alto valor" y aparecen pruebas inquietantes
31 de marzo de 2008
Andy Worthington
El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado hoy que Ahmed Khalfan
Ghailani, tanzano capturado tras un tiroteo en Gujrat (Pakistán) en julio de
2004, será el decimoquinto preso de Guantánamo juzgado por una comisión militar
en relación con su presunta implicación en los atentados con bomba contra las
embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania el 7 de agosto de 1998.
En concreto, Ghailani está acusado de "asesinato en violación del derecho de guerra, asesinato
de personas protegidas, ataque a civiles, ataque a bienes de carácter civil,
lesiones corporales graves causadas intencionadamente, destrucción de bienes en
violación del derecho de guerra y terrorismo" -además de conspiración para
cometer todos los delitos anteriores- por su presunta participación en la
obtención y el transporte del material utilizado en la bomba de Tanzania, y por
ayudar a comprar el camión que se utilizó en el atentado. También se le acusa
de "proporcionar apoyo material al terrorismo", basándose en las
acusaciones de que, tras el atentado, huyó a Afganistán, donde siguió
trabajando para Al Qaeda "como falsificador de documentos, preparador
físico en un campo de entrenamiento de Al Qaeda y guardaespaldas de Osama bin Laden".
Ghailani es el sexto de los 14 denominados "detenidos de alto valor" -los recluidos en
prisiones secretas gestionadas por la CIA que fueron trasladados a Guantánamo
en septiembre de 2006- que se presenta para ser juzgado por una comisión
militar. Se une así a Khalid
Sheikh Mohammed, Ramzi bin al-Shibh, Mustafa al-Hawsawi, Ali Abdul Aziz Ali
y Walid bin Attash (además de Mohammed al-Qahtani, célebre víctima de torturas
en Guantánamo), que
fueron propuestos para juicio en febrero, en relación con los atentados del 11-S.
El novedoso sistema de juicios de la "Guerra contra el Terror", concebido por Dick
Cheney y sus asesores en noviembre de 2001, aún no ha logrado ninguna
condena (lo más cerca que estuvo de conseguirlo fue el acuerdo negociado con el
australiano David
Hicks el año pasado, que regresó a su país para cumplir sólo siete meses de
prisión) y ha estado plagado de controversias desde su creación. Condenados por
sus propios abogados defensores militares, desbaratados
por sus propios jueces nombrados por el gobierno, desestimados por el Corte
Supremo y resucitados después por un Congreso sonámbulo, actualmente cojean
hacia los juicios en los casos del canadiense Omar
Khadr, que sólo tenía 15 años cuando fue capturado, y cuyo presunto
asesinato de un soldado estadounidense es seriamente impugnado por su equipo
jurídico, y Salim
Hamdan, un yemení que era uno de los chóferes de Osama bin Laden.
Las Comisiones han tropezado en la fase de lectura de cargos en otros dos casos, los de Mohamed
Jawad, afgano de sólo 16 años que presuntamente lanzó una granada contra un
vehículo en el que viajaban dos soldados estadounidenses y un traductor afgano,
y Ahmed al-Darbi, saudí detenido en Azerbaiyán y acusado de conspirar para
atentar contra rutas marítimas en Oriente Próximo.
Y lo que es más importante, las comisiones parecen estar fatalmente contaminadas por las
acusaciones de tortura, lo que hace dudar que puedan conseguir una sola condena
"limpia" que se considere legítima en algún lugar más allá de la
propia administración y su cada vez más reducido grupo de animadores.
En esto, el caso de Ahmed Khalfan Ghailani no parece ser una excepción. Ghailani
no alegó, durante su tribunal militar del año pasado, que hubiera sido
torturado (a diferencia de Khalid Sheikh Mohammed, Abu Zubaydah y Abdul Rahim
al-Nashiri, cuya tortura mediante ahogamiento simulado fue admitida
recientemente por el director de la CIA, Michael Hayden), pero durante mi
investigación para The Guantánamo
Files: The Stories of the 774 Detainees in America's Illegal Prison,
descubrí una información que indicaba que, ya fuera bajo coacción o por algún
otro método, había hecho una acusación falsa contra uno de los presos de Guantánamo.
Uno de los aspectos más inquietantes de la recopilación de pruebas utilizadas contra los presos de
Guantánamo es la acumulación de acusaciones desde los Tribunales de Revisión
del Estatuto de Combatiente iniciales, convocados entre julio de 2004 y marzo
de 2005 para evaluar si habían sido designados correctamente como "combatientes
enemigos", hasta las sucesivas rondas de Juntas Administrativas de
Revisión anuales, convocadas para evaluar si siguen constituyendo una amenaza
para Estados Unidos o si siguen teniendo valor para los servicios de inteligencia.
Al rastrear la acumulación de acusaciones, un enorme número de afirmaciones se atribuyen a
"un alto operativo de Al Qaeda" o a "un alto lugarteniente de Al
Qaeda". Al no facilitarse nombres, ha sido imposible determinar la fuente
de estas afirmaciones, aunque con frecuencia son tan contradictorias con la
cronología previamente establecida de las acciones de los prisioneros -por
ejemplo, situándolos en campos de entrenamiento y en casas de huéspedes cuando
ni siquiera estaban en Afganistán- que resulta evidente que muchas de estas afirmaciones,
si no la mayoría, se produjeron bajo coacción, probablemente cuando se mostró a
los supuestos "detenidos de alto valor" el "álbum familiar"
de prisioneros que se utilizó desde los primeros días de las prisiones
gestionadas por Estados Unidos en Afganistán, a finales de diciembre de 2001.
Sólo en una ocasión descubrí que una de esas fuentes de "Al Qaeda" había sido nombrada, y
no era otra que Ahmed Khalfan Ghailani. Como expliqué en el capítulo 20 de The
Guantánamo Files, "el yemení Mohammed al-Hanashi ... admitió ante su
tribunal en 2004 que llegó a Afganistán ocho o nueve meses antes del 11-S y que
luchó con los talibanes. Sin embargo, en el momento de su revisión, en 2005, se
habían añadido nuevas acusaciones, incluida la afirmación de que Ahmed Khalfan
Ghailani "le identificó por haber estado en el campo de al-Farouq [el
principal campo de entrenamiento para árabes, asociado en los años anteriores
al 11-S con Osama bin Laden] en 1998-99 antes de pasar al frente en
Kabul". En otras palabras, aunque al-Hanashi admitió haber viajado a
Afganistán para servir como soldado de infantería de los talibanes, a un hombre
que estuvo detenido en circunstancias extremadamente dudosas en otra parte del
mundo se le mostró su foto y se le ocurrió una historia sobre haberlo visto dos
o tres años antes de su llegada a Afganistán, lo que, en adelante, se
consideraría una prueba en su contra."
Por supuesto, pasará algún tiempo antes de que el caso de Ghailani llegue a juicio, ya que el
coronel Steve David, principal abogado defensor de la Comisión, ya está
luchando para encontrar suficientes abogados militares que representen a los
que ya han sido acusados, pero está claro, sólo por este ejemplo, que
accidentalmente se coló en la red, que la calidad de las confesiones de
Ghailani será controvertida, y que se plantearán preguntas sobre las
circunstancias en las que fueron recogidas.
La gran ironía de su caso es que las principales pruebas contra él no proceden de los dos años y dos
meses que permaneció bajo custodia secreta de la CIA, sino del testimonio
de otros hombres, como Mohamed al-Owhali, Wadih El-Hage, Mohammed Sadiq Odeh y
Khalfan Khamis Mohamed, que, aunque fueron capturados en el extranjero y
"entregados" a territorio estadounidense en 1998 y 1999, fueron
trasladados para ser sometidos a un juicio penal, en lugar de ser recluidos en
el sistema ad hoc de prisiones secretas gestionadas por la CIA que se
desarrolló tras el 11 de septiembre. Posteriormente fueron interrogados,
acusados y procesados con éxito por su implicación en los atentados de la
embajada africana en octubre de 2001, y condenados a cadena perpetua, sin
utilizar ninguna de las técnicas de tortura (conocidas eufemísticamente como
"técnicas de interrogatorio mejoradas") que la administración Bush
introdujo tras los atentados del 11-S.
Aunque existen otras complicaciones en los casos de los terroristas de las embajadas africanas
-entre las que destacan el papel del agente doble Ali Mohammed y la falta de
comunicación entre la CIA y el FBI-, el hecho de que se pudieran llevar a cabo
con éxito los enjuiciamientos sin recurrir a la tortura debería haber enviado
un mensaje claro a la administración Bush, apenas unas semanas antes de que
Dick Cheney autorizara sigilosamente al Presidente a capturar a presuntos
terroristas en cualquier lugar del mundo, designarlos "combatientes
enemigos", retenerlos sin cargos ni juicio y, en caso necesario, juzgarlos
ante Comisiones Militares, que había otras formas de enfrentarse a una amenaza
terrorista sin recurrir a la tortura, el encarcelamiento sin cargos y los
dudosos juicios espectáculo.
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