El rastro de la tortura: La aprobación de la Casa Blanca a la tortura
de la CIA y el caso de Binyam Mohamed
16 de octubre de 2008
Andy Worthington
"El rastro de la tortura" es el título de un artículo que he escrito hoy para
la sección "Comment is free" de The
Guardian, en el que analizo la revelación de ayer en el Washington Post
de que la CIA había aprobado el uso de técnicas de tortura, incluido el submarino,
en dos memorandos secretos no revelados previamente y emitidos por la Casa
Blanca en 2003 y 2004 .
Se me había pedido que examinara el efecto -si lo hubiera- que esto tendría en los intentos, tanto en
Estados Unidos como en otros países, de hacer que la administración rindiera
cuentas por "crímenes de guerra", pero se trataba, esencialmente, de
una oportunidad para explicar cómo la administración sigue desafiando a la
realidad, insistiendo en que no tortura mientras intenta justificar la
retención de prisioneros en Guantánamo -o, como Binyam
Mohamed, presentándolos para ser juzgados por una Comisión
Militar-, incluso cuando estos intentos implican maniobras cada vez más
enrevesadas para evitar tener que admitir que alguno de estos hombres fue torturado.
El rastro de la tortura
Andy Worthington
The Guardian
16 de octubre de 2008
Que la Casa Blanca autorizara el "submarino" es inquietante. Pero que a nadie en la
política estadounidense dominante parezca importarle es peor.
La revelación, en el Washington Post de ayer, de que la administración Bush "emitió un par de
memorandos secretos para la CIA en 2003 y 2004 que respaldaban explícitamente
el uso por parte de la agencia de técnicas de interrogatorio como el
ahogamiento simulado contra sospechosos de Al Qaeda" aumentará las
peticiones para que la administración rinda cuentas de sus acciones.
Es poco probable, sin embargo, que esta revelación dé lugar a una actividad significativa, más allá
de añadir más voces a las campañas populares de destitución en Estados Unidos,
aunque puede conducir a un fortalecimiento de los planes en varios países
europeos para acusar a altos funcionarios por crímenes de guerra. Como explicó en
junio el profesor de Derecho Scott Horton, lo mejor que pueden esperar los
opositores al régimen es que los "funcionarios de la administración Bush
que impulsaron la tortura tengan que tener cuidado con sus planes de viaje."
El problema para todas las partes implicadas es que la propia administración sigue negándose a admitir que
ha practicado la tortura, y se le permite salirse con la suya en los dos
lugares donde la oposición podría realmente contar: el Senado y la Cámara de
Representantes. En lugar de perseguir a los altos funcionarios, la líder
demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, declaró que la
destitución estaba "fuera de la mesa" después de que los demócratas
obtuvieran la mayoría en la Cámara de Representantes hace dos años. Un mes
antes, los políticos habían respaldado los intentos del ejecutivo de protegerse
a sí mismo y a sus empleados de cualquier responsabilidad por sus acciones
mediante la aprobación de la Ley de Comisiones Militares, partes de la cual
estaban claramente destinadas a eximir a los funcionarios estadounidenses de
ser procesados por crímenes de guerra.
Liberada de los desafíos directos, la administración ha intentado, en cambio, sofocar toda mención a la tortura en su
trato con los prisioneros capturados en la "guerra contra el terror".
Un ejemplo de ello es el residente británico Binyam
Mohamed. Según sus abogados de la organización benéfica Reprieve, el Sr.
Mohamed, detenido en Pakistán en abril de 2002, fue enviado a Marruecos por la
CIA (antes de que la agencia introdujera la tortura "dentro de la
empresa"), donde sus torturadores le arrancaron varias confesiones falsas.
A raíz de ello, se le acusó de conspirar para detonar una "bomba
sucia" radiactiva en una ciudad estadounidense y se le sometió a juicio
ante una comisión militar en Guantánamo.
Sin embargo, la semana pasada, cuando un juez de Washington DC tuvo por fin la oportunidad de revisar su caso, el
Departamento de Justicia estadounidense optó
por retirar los cargos relacionados con el "complot de la bomba"
en lugar de proseguir con ellos, presumiblemente porque los altos funcionarios
eran conscientes de que todo el rastro de la toma de decisiones sobre por qué
Mohamed fue entregado a Marruecos conducía a los más altos niveles del
gobierno, y al tipo de conversaciones entre la CIA y altos funcionarios
-incluidos el vicepresidente Dick Cheney y el secretario de Defensa Donald
Rumsfeld- que se comentaron en el artículo de ayer del Washington Post.
Aun así, es posible que el Sr. Mohamed siga enfrentándose a los mismos cargos en un juicio ante una comisión militar,
porque el departamento de defensa, a salvo del escrutinio judicial, sigue
creyendo que puede seguir adelante con los procesamientos en un sistema que
está tan amañado que, cuando uno de los fiscales, el teniente coronel Darrel
Vandeveld, dimitió hace dos semanas, expresó sus profundas dudas de que el
sistema fuera "capaz de hacer justicia".
El hecho de que algunos de estos casos -como el del Sr. Mohamed- impliquen el presunto uso de entregas extraordinarias y
torturas por parte de la CIA o en su nombre sólo sirve para confirmar que
incluso los críticos y opositores confirmados de las políticas de detención e
interrogatorio de la administración en la "guerra contra el terror"
están muy lejos de pedir cuentas a los altos funcionarios. Sin embargo, tal vez
lo más vergonzoso sea que en la campaña electoral, donde estas cuestiones
deberían contar para algo, no se mencionen en absoluto.
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