El juicio del 11-S en Guantánamo: La oscura farsa
continúa
Los cinco presos de
Guantánamo acusados de participar en los atentados terroristas del 11 de
septiembre de 2001. De arriba abajo: Khalid Sheikh Mohammed, Ramzi bin
al-Shibh, Mustafa al-Hawsawi, Ali Abd al-Aziz Ali (alias Ammar al-Baluchi) y
Walid bin Attash.
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Andy Worthington
Close Guantánamo
8 de julio de 2014
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 25 de septiembre de 2023
En dos artículos, éste y otro que publicaré próximamente, ofreceré información actualizada sobre las
comisiones militares de Guantánamo, el sistema de juicios que la administración
Bush sacó
de los libros de historia de Estados Unidos en noviembre de 2001 con la
intención de juzgar, condenar y ejecutar a presuntos terroristas sin las
garantías que ofrecen los juicios ante tribunales federales y sin las prohibiciones
habituales contra el uso de información obtenida mediante tortura.
Notoriamente, la primera versión de las comisiones resucitada por la administración Bush se vino
abajo en junio de 2006, cuando, en el caso Hamdan v. Rumsfeld, el Corte Supremo dictaminó que el sistema de comisiones carecía de
"facultades para proceder porque sus estructuras y procedimientos violan
tanto el Código Uniforme de Justicia Militar como los cuatro Convenios de
Ginebra firmados en 1949".
No obstante, el Congreso reactivó posteriormente las comisiones, en otoño de 2006, y, aunque el
Presidente Obama las suspendió brevemente cuando tomó posesión de su cargo en
2009, el Congreso las reactivó
por segunda vez en otoño de 2009.
A pesar de ello, sólo se han resuelto ocho casos desde que comenzó la "guerra contra el
terror": tres bajo el mandato de George W. Bush (David Hicks en marzo de
2007, Salim Hamdan en agosto de 2008 y Ali Hamza al-Bahlul en noviembre de
2008) y cinco bajo el de Barack Obama (Ibrahim al-Qosi en julio de 2010, Omar
Khadr en octubre de 2010, Noor Uthman Muhammed en febrero de 2011, Majid Khan
en febrero de 2012 y Ahmed al-Darbi en febrero de 2014). De los ocho, en seis
se llegó a un acuerdo de culpabilidad, y la credibilidad que tenían las
comisiones se hizo añicos cuando las dos únicas condenas que implicaban juicios
reales -las de Salim Hamdan y Ali Hamza al-Bahlul- fueron anuladas en apelación
en
octubre de 2012 y enero
de 2013 sobre la base de que los crímenes de guerra por los que fueron
condenados no estaban reconocidos internacionalmente y habían sido inventados
por el Congreso. Puede encontrarse más información sobre todos estos casos en
un artículo que elaboré en marzo, titulado "La
lista completa de presos acusados en las comisiones militares de Guantánamo."
El gobierno apeló en el caso de Ali Hamza al-Bahlul, y el pasado mes de octubre se celebró una
vista, aunque el tribunal aún no se ha pronunciado. Sin embargo, las sentencias
Hamdan y al-Bahlul ya han hecho que el gobierno abandone
sus planes de seguir adelante con otros juicios distintos de los que se
están celebrando actualmente: el de Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro
hombres acusados de participar en los atentados del 11-S; el de Abd al-Rahim
al-Nashiri, acusado de planear el ataque contra el USS Cole en 2000; y el de
Abd al-Hadi al-Iraqi, uno de los últimos hombres en llegar a Guantánamo, en
abril de 2007.
Todos estos hombres estuvieron recluidos en "sitios negros" de la CIA antes de su
traslado a Guantánamo, donde, como expliqué en mi última actualización sobre
las comisiones en marzo, "fueron sometidos a tortura, lo que, por
supuesto, hace improbable un juicio justo y abierto, y ha dado lugar a un
prolongado juego del gato y el ratón, ya que el gobierno intenta suprimir toda
mención a la tortura, mientras que los equipos de defensa tratan de sacarla a la luz."
En este artículo, ofreceré información actualizada sobre el juicio del 11-S, y en un segundo
artículo que aparecerá a continuación examinaré la evolución del caso de Abd
al-Rahim al-Nashiri y la comparecencia de Abd al-Hadi al-Iraqi.
Las vistas suelen celebrarse cada tres meses aproximadamente, y en 2013 los abogados defensores
en el juicio del 11-S dedicaron gran parte de su tiempo a impugnar una orden de
protección, dictada en diciembre de 2012 por el juez jefe de las comisiones, el
coronel James L. Pohl, por la que se aceptaban las peticiones de los fiscales
de que el material facilitado a la defensa (a través del proceso conocido como
"descubrimiento") se sometiera a una orden de protección, porque
"contiene información que, si se difunde sin autorización, podría suponer
una amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional y podría implicar
los intereses de privacidad del acusado y de terceros."
Como ya expliqué
en octubre de 2013:
[L]os abogados de los presos argumentan que la orden de protección viola la Convención
contra la Tortura de la ONU, específicamente a través de la aceptación del
juez Pohl, como dijo
Katherine Hawkins [abogada e investigadora], de que "las
"observaciones y experiencias" de tortura de los acusados en los
sitios negros de la CIA son clasificadas." Los abogados de los hombres
señalan que la prohibición "viola el requisito de la Convención contra la
Tortura de que las víctimas de tortura tengan 'derecho a quejarse' ante las
autoridades de los países donde son torturadas, y convierte a la comisión en
'cómplice en la ocultación de pruebas de crímenes de guerra'".
En diciembre, en la última vista del año, Ramzi bin al-Shibh, uno de los cinco presuntos
co-conspiradores del 11-S, "fue
expulsado dos veces de la sala por interrupciones: en la primera ocasión
gritó: '¡Esto es tortura! Tenéis que parar la privación de sueño y los
ruidos'", como expliqué en un
artículo en marzo. Y añadí: "Esto llevó a cuestionar su competencia
mental, pero no se habían abordado hasta el 31 de enero de este año, porque se
negó a hablar con una junta de salud mental cuyos miembros dijeron al juez que,
por tanto, no sabían si era apto para ser juzgado". Como consecuencia, el
juez Pohl se vio obligado a aplazar la siguiente ronda de vistas, prevista para
febrero, y éstas no se celebraron hasta abril, cuando la competencia de bin
al-Shibh volvió a estar bajo escrutinio.
El extraño caso de la investigación del FBI sobre el equipo de defensa del 11-S
Sin embargo, el estado mental de bin al-Shibh se vio eclipsado casi de
inmediato por lo que parecía ser un nuevo escándalo, cuando, el 14 de abril,
los abogados de la defensa "acusaron al FBI en audiencia pública de
intentar convertir a un agente de seguridad del equipo de la defensa en un
informador secreto", como lo describió el Miami Herald, lo que llevó al juez
Pohl a pedir inmediatamente un receso.
Jim Harrington, abogado defensor civil de bin al-Shibh, declaró que dos agentes del FBI habían
visitado el domicilio del oficial de seguridad de defensa de su equipo, en
busca de información sobre quién había facilitado a los medios de comunicación una
declaración realizada por Khalid Sheikh Mohammed que había salido a la luz en enero.
Los Oficiales de Seguridad de Defensa, que trabajan para contratistas externos, "tienen
habilitaciones de seguridad Top Secret", según el Miami Herald, y
se les asigna la misión de "orientar a los miembros del equipo, tanto abogados
como analistas, sobre qué información debe ocultarse en los expedientes
judiciales y qué información puede divulgarse sin clasificar".
Jim Harrington señaló que, cuando el FBI se puso en contacto con él, el oficial de seguridad de Defensa -que, según dijo,
había sido suspendido posteriormente del caso- fue obligado a "firmar un
acuerdo de no-divulgación que parecía involucrarle en una relación continua de informante."
En una
moción de emergencia de la defensa, los abogados declararon:
"Aparentemente, como parte de su estrategia de litigio, el gobierno ha
creado lo que parece ser una relación de informante confidencial con un miembro
del equipo de defensa del Sr. bin al Shibh, y le ha interrogado sobre las
actividades de todos los equipos de defensa. Las implicaciones de esta
intrusión en el campo de la defensa son asombrosas. La implicación más
inmediata, sin embargo, es que todos los equipos de defensa tienen un potencial
conflicto de intereses entre su lealtad a sus clientes y su interés en
demostrar su inocencia a los investigadores del FBI."
El 15 de abril, el juez Pohl, dejando de lado la cuestión de la
competencia de bin al-Shibh al afirmar que era "competente hasta que
alguien argumentara lo contrario" (en palabras del Miami Herald), "ordenó a
todos los que trabajaban para los equipos de defensa del 11-S que notificaran a
su abogado principal si las agencias gubernamentales estadounidenses, incluido
el FBI, se habían puesto en contacto con ellos", y "también solicitó
una propuesta de los abogados defensores sobre qué pruebas debía reunir, a qué
personas debía interrogar". Cuando se le preguntó si estaba al corriente
de la investigación, el fiscal jefe, el general de brigada del ejército Mark
Martins, dijo: "No, no lo estábamos".
Extrañamente, resultó que la declaración de KSM ni siquiera se consideraba una prueba del caso, y
había sido declarada no clasificada por la CIA, aunque una presentación
de emergencia de la fiscalía a finales de febrero reveló que "los
fiscales trataron dos copias como pruebas judiciales después de que los
abogados de la defensa les entregaran el documento" en diciembre.
El 17 de abril, el general de brigada Martins anunció que el abogado del Departamento de Justicia
Fernando Campoamor-Sánchez había sido nombrado asesor especial del proceso, y
se le dio de plazo hasta el 21 de abril "para explicar al juez, en una
'presentación completa de los hechos', lo que [había] podido descubrir sobre lo
que el FBI [estaba] haciendo."
Por su parte, el juez Pohl reconoció lo que parecía ser una investigación del FBI. "Ahora
mismo", dijo, "parece por el estado del expediente actual" que
"hay algún tipo de investigación del FBI sobre el equipo del señor Mohammad".
El 21 de abril, Campoamor-Sánchez confirmó que el FBI estaba llevando a cabo una investigación relacionada con el
juicio del 11-S, pero sin relación con la publicación de la declaración de KSM.
En una presentación de nueve páginas ante el tribunal, escribió, como lo
describió el Miami Herald, que el gobierno "mantuvo específicamente
a los fiscales del juicio del 11-S en la oscuridad" sobre lo que describió
como una "investigación preliminar".
El 21 de abril, Campoamor-Sánchez confirmó que el FBI estaba llevando a
cabo una investigación relacionada con el juicio del 11-S, pero sin relación
con la publicación de la declaración de KSM. En una
presentación de nueve páginas ante el tribunal, escribió, como lo describió
el Miami Herald, que el gobierno
"mantuvo específicamente a los fiscales del juicio del 11-S en la
oscuridad" sobre lo que describió como una "investigación preliminar".
El Herald añadió que la presentación "no aclara qué está investigando el FBI".
En su lugar, Campoamor-Sánchez declaró que había entregado al juez "un
segundo documento clasificado" en el que describía "la naturaleza de
la investigación preliminar real del FBI que se está llevando a cabo".
Añadió que cualquier divulgación más amplia "pondría en peligro una
investigación criminal en curso del FBI", y explicó en una nota a pie de
página que el desencadenante de una investigación preliminar era
"[c]ualquier "alegación o información" indicativa de una posible
actividad criminal o de amenazas a la seguridad nacional."
Campoamor-Sánchez solicitó al juez Pohl un plazo adicional de 30 días para obtener más
información sobre la investigación, y el juez accedió y aplazó el procedimiento
hasta junio. Cuando el tribunal volvió a reunirse el 16 de junio,
Campoamor-Sánchez afirmó con seguridad que "no hay ningún informante o
topo en el bando de la defensa", y añadió que la actividad del FBI
"no creaba ningún conflicto de intereses porque los agentes no estaban
investigando a los abogados defensores, sino sólo interrogando a su personal de
apoyo". También afirmó que los abogados de la defensa "deberían confiar
en el argumento de la acusación, respaldado por una declaración jurada del FBI,
de que la investigación que inició la controversia al interrogar a miembros del
equipo de la defensa estaba cerrada."
Los abogados defensores no estaban del todo tranquilos. "Tengo un
temor razonable. Estoy ajustando mis velas. Estoy recortando mis velas",
dijo al juez David Nevin, uno de los abogados de Khalid Sheikh Mohammed. Los
abogados explicaron que habían descubierto cuatro episodios distintos de interrogatorios
del FBI a miembros del personal, en el marco de dos investigaciones que ahora
se les pedía que creyeran cerradas, aunque sólo se habían enterado de ellas
porque el hombre interrogado en abril, Dante James, especialista en
clasificación del equipo de Bin al-Shibh, se lo había contado. Los otros, como
explicaba el Miami Herald, eran "un
lingüista del equipo del presunto cerebro, Khalid Sheik[h] Mohammed, en enero
de 2013" y, en noviembre, "dos ex agentes de las fuerzas federales
del orden que trabajaban como investigadores civiles" en los equipos de
Ramzi bin al-Shibh y Mustafa al-Hawsawi.
Aunque la mayoría de los abogados defensores dijeron al juez Pohl que el descubrimiento de la
investigación del FBI había creado "sospechas e incertidumbre en los
equipos de defensa del 11-S", un abogado, Walter Ruiz, dijo que no había
encontrado ningún conflicto de intereses. Ruiz representa a Mustafa al-Hawsawi,
un saudí capturado con KSM en Pakistán en marzo de 2003, acusado de
proporcionar ayuda financiera y organizar los viajes de algunos de los
secuestradores del 11-S, y explicó que, aunque uno de los dos investigadores
civiles interrogados por el FBI era su investigador civil, Thomas Gilhool,
"había hablado de lo que había hecho el FBI tanto con Gilhool como con
Hawsawi y había llegado a la conclusión de que, por su parte, no existía ningún
conflicto de intereses."
Además, él y su cliente buscaban un
juicio separado porque a al-Hawsawi "no le interesan más
retrasos". Ruiz dijo que un juicio separado "le permitiría litigar
más rápidamente varias cuestiones", en particular las condiciones en el
Campo 7, donde están recluidos los "detenidos de alto valor". Lo
calificó de "pseudoaislamiento, que en detenciones de larga duración a
veces se considera tortura". También criticó la falta de contacto familiar
y lo que describió como la inadecuada provisión de instalaciones religiosas, y
calificó la forma en que los hombres han sido retenidos de "tremendamente
vergonzosa para nuestras fuerzas armadas."
¿Cuál será el impacto del informe del Senado sobre la tortura en el
juicio del 11-S?
Aunque las circunstancias en las que se descubrió la investigación del FBI arrojaron otra
sombra sobre la credibilidad de las comisiones, además de proporcionar otro
retraso de muchos meses en las aparentemente interminables audiencias previas
al juicio, no fue el único problema que salió a la luz en los últimos meses.
El 2 de abril, James Connell, uno de los abogados de Ali Abd al-Aziz Ali
(alias Ammar al-Baluchi), uno de los cinco presuntos co-conspiradores del 11-S,
estaba "intentando conseguir una copia del informe secreto del Senado
sobre los interrogatorios de la CIA que ha provocado una amarga ruptura entre
la agencia y el Congreso", como lo describió el Miami Herald. Connell explicó que
"el informe y los documentos relacionados contienen información sobre la
tortura de su cliente". El informe de 6.300 páginas, encargado por el
Comité de Inteligencia del Senado, tardó cuatro años en completarse y fue
entregado al comité en diciembre de 2012, pero aún no ha sido publicado, ya que
todas las partes implicadas -y en particular la CIA- discuten sobre qué parte
del mismo
debe permanecer clasificada.
Los esfuerzos de Connell no han dado resultado hasta ahora, pero el 22
de mayo el Miami Herald informó de que su
interés por el informe sobre torturas, y sus repercusiones para el juicio del
11-S, era compartidas por el senador Carl Levin (demócrata de Michigan),
presidente del poderoso Comité de Servicios Armados del Senado, y la senadora
Dianne Feinstein (demócrata de California), presidenta del Comité de
Inteligencia del Senado.
En una
carta al presidente Obama, fechada el 6 de enero, escribieron: "Le
escribimos para instarle a que dirija todas las acciones apropiadas para
abordar el actual retraso en el juicio ante la comisión militar de Khalid
Shaykh Mohammad [sic] (KSM) y otros cuatro detenidos procesados en Guantánamo
en relación con los atentados terroristas del 11-S". Y añadieron:
"Gran parte del retraso está relacionado con la continua clasificación de
la información relativa al ya desaparecido Programa de Interrogatorios de
Detenidos de la CIA."
Como trataré en detalle en mi segundo artículo, de próxima publicación, en el que ofrezco
información actualizada sobre las comisiones militares, el 17 de abril el juez
Pohl ordenó
a la CIA que facilitara detalles de la detención en el "sitio
negro" - "nombres, fechas y lugares"- a los abogados de Abd
al-Rahim al-Nashiri. El juez explicó que los abogados "tienen derecho a la
información para preparar la defensa de Nashiri". Los abogados de Khalid
Sheikh Mohammed han pedido al juez Pohl que haga lo mismo en el caso de su
cliente, pero los avances son lentos, ya que la CIA sigue resistiéndose a la
orden del juez Pohl en el caso de al-Nashiri.
Sin embargo, los senadores Levin y Feinstein se hicieron eco de las preocupaciones de los
abogados en su carta. Levin y Feinstein en su carta, en la que afirmaban que
era urgente que se desclasificara la información pertinente, porque "el
retraso está socavando aún más la reputación de las comisiones militares ante
la opinión pública estadounidense y ante nuestros amigos y aliados en el
extranjero". Y añadían: "La continua clasificación de la información
también interfiere en los esfuerzos de nuestro país, largamente aplazados pero
importantes, por sacar a la luz pública el equivocado programa de la CIA al que
usted puso fin acertadamente hace casi cinco años."
Los senadores también dijeron que si la administración no resolvía estas cuestiones, el juicio del
11-S debería trasladarse a un tribunal federal, donde, por supuesto, se suponía
que iba a tener lugar, tras un
anuncio del fiscal general Eric Holder en noviembre de 2009, hasta que los
críticos iniciaron una reacción violenta y el presidente Obama dio marcha atrás.
En una carta fechada el 10 de febrero, la asesora de la Casa Blanca, Kathryn Ruemmler, respondió
afirmando que el presidente Obama comparte el compromiso de los senadores de
"facilitar el enjuiciamiento de los acusados en relación con los atentados
del 11-S", pero añadió que "las decisiones de desclasificación,
incluso con respecto a programas de legado histórico, se basan en hechos y
deben tomarse con la máxima sensibilidad hacia nuestra seguridad nacional."
Ruemmler también señaló que el presidente y el director de la CIA, John Brennan, "se han
comprometido a trabajar con ustedes y con otros miembros de sus respectivos
comités para garantizar que la información relativa al programa RDI [entrega,
detención e interrogatorio] sea desclasificada, en consonancia con nuestros
intereses de seguridad nacional."
Acertadamente, creo, el Miami Herald describió la carta Levin-Feinstein como "el último
giro en lo que ha estallado en una extraordinaria batalla entre bastidores
entre la CIA y sus supervisores en el Congreso sobre la investigación de 40
millones de dólares del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa de
interrogatorios", aunque la cuidadosa respuesta de la Casa Blanca sólo
mostró que los frenos siguen puestos respecto a la eventual publicación del informe.
Y mientras tanto, en Guantánamo, la justicia, en los casos de Khalid Sheikh Mohammed y los otros
cuatro hombres acusados de participar en los atentados del 11-S, parece tan
esquiva como siempre.
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