El calendario del juicio del 11-S: ya estamos en
febrero de 2008
04 de junio de 2011
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 14 de octubre de 2023
El martes, el Pentágono emitió un
comunicado de prensa en el que anunciaba que los fiscales de la Oficina de
Comisiones Militares de Guantánamo habían presentado cargos contra cinco
presos: Khalid Sheikh Mohammed, Ramzi Bin al-Shibh, Walid Bin Attash, Ali Abd
al-Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi.
Acusando a los cinco hombres de ser "responsables de la planificación y ejecución" de los
atentados del 11-S, el Pentágono añadió que los ocho cargos son
"conspiración, asesinato en violación de la ley de guerra, ataque a
civiles, ataque a objetos civiles, causar intencionadamente lesiones corporales
graves, destrucción de bienes en violación de la ley de guerra, secuestro de
aviones y terrorismo".
Según procedió a explicar el Pentágono, sujetos a la aprobación de la Autoridad Convocante de la
Comisión, el vicealmirante retirado Bruce MacDonald, los fiscales recomendaron
que los cargos "se remitieran como capitales".
Cualquiera que preste atención se dará cuenta de que ya hemos estado aquí antes, el 11 de febrero de
2008, cuando el Pentágono
anunció que Khalid Sheikh Mohammed y los otros cuatro nombrados
anteriormente (más un sexto hombre, Mohammed al-Qahtani, contra el que
posteriormente se retiraron
los cargos) estaban acusados de "conspiración, asesinato en violación
del derecho de la guerra, ataque contra civiles, ataque contra objetivos
civiles, lesiones corporales graves causadas intencionadamente, destrucción de
bienes en violación del derecho de la guerra, terrorismo y suministro de apoyo
material al terrorismo", y cuatro de ellos fueron acusados, además, de
"secuestro o puesta en peligro de un buque".
Los lectores avispados recordarán también que hace 18 meses, el 13 de noviembre de 2009, el fiscal
general Eric
Holder anunció que los cinco hombres acusados el martes serían juzgados en
un tribunal federal y no en una Comisión Militar en Guantánamo. Holder dijo con
confianza a la nación, y al resto del mundo:
Tras ocho años de retraso, los presuntos responsables de los atentados del 11 de septiembre se enfrentarán
por fin a la justicia. Serán llevados a Nueva York para responder de sus
presuntos delitos en un tribunal situado a pocas manzanas de donde una vez se
alzaron las torres gemelas.
Confío en la capacidad de nuestros tribunales para ofrecer a estos acusados un juicio justo, como lo han
hecho durante más de 200 años. Los presuntos conspiradores del 11 de septiembre
serán juzgados en nuestro sistema judicial ante un jurado imparcial y con
arreglo a normas y procedimientos establecidos desde hace mucho tiempo.
También quiero asegurar al pueblo estadounidense que enjuiciaremos estos casos enérgicamente y que
perseguiremos el máximo castigo disponible. Se trata de delitos
extraordinarios, por lo que buscaremos las penas máximas.
Para los detractores de las Comisiones Militares
(que eran muchos), la decisión de Holder de procesar a los presuntos
conspiradores del 11-S ante un tribunal federal constituyó un respaldo
apropiado y basado en principios a los juicios ante tribunales federales como
el lugar adecuado para juzgar a terroristas. Las Comisiones, reactivadas
por el vicepresidente Dick Cheney en noviembre de 2001, habían sido
concebidas para llevar a cabo ejecuciones rápidas de las personas detenidas -y,
en muchos casos, torturadas- en la "Guerra contra el Terror", y
aunque el Corte Supremo las había declarado ilegales en junio de 2006, habían
sido reactivadas por el Congreso.
Allí, los legisladores, adhiriéndose a la misma justificación errónea de la "Guerra contra el
Terror" que la administración Bush -a saber, que los terroristas eran en
realidad "guerreros"- inventaron
crímenes de guerra para una versión revivida de las Comisiones que surgió
por primera vez en otoño de 2006, y que luego fue revivida
para la administración Obama en el verano de 2009.
Lamentablemente para Holder, que creía
-acertadamente, en mi opinión- que juzgar a Khalid Sheikh Mohammed en un
tribunal sería "el acontecimiento definitorio de mi etapa como Fiscal
General" y que "la Historia demostrará que las decisiones que hemos
tomado son las correctas", la decisión de revivir las Comisiones, así como
de respaldar los juicios ante tribunales federales, enturbió fatalmente las aguas.
Holder quedó en ridículo cuando, al mismo tiempo que anunciaba que KSM y sus presuntos
cómplices serían juzgados por tribunales federales, afirmaba que otros cinco
presos serían juzgados por Comisiones Militares, pero, lo que es más
importante, la ambivalencia de la administración -y su negativa a centrarse
únicamente en los juicios ante tribunales federales- dio a los críticos la
opción de presionar para que se suspendieran los juicios ante tribunales
federales y abogar, en cambio, por juicios ante Comisiones Militares en
Guantánamo, y eso es exactamente lo que ocurrió.
Un cínico movimiento para provocar la histeria en relación con un juicio ante un tribunal federal en
Nueva York tuvo tanto éxito que la Casa Blanca se echó atrás, permitiendo a los
legisladores la oportunidad de insertar
una disposición en un proyecto de ley de gastos militares antes de las
Navidades del año pasado que impedía al Presidente Obama traer a cualquier
preso de Guantánamo a la parte continental de Estados Unidos para ser juzgado y
que, para echar sal en la herida, mencionaba explícitamente a Khalid Sheikh
Mohammed por su nombre.
Ante esta rebelión, Obama se negó a considerar un veto o una declaración de firma, lo que significa
que la única opción viable para un juicio sería en Guantánamo, como siempre
pretendieron los animadores de las Comisiones.
Eric Holder no pudo disimular su decepción cuando, el 4 de abril, anunció
la decisión de proceder a un juicio ante una Comisión Militar. En un
discurso lleno de críticas, dijo
a los legisladores:
Las decisiones sobre quién, dónde y cómo procesar siempre han sido -y deben seguir siendo- responsabilidad del
poder ejecutivo. Los miembros del Congreso sencillamente no tienen acceso a las
pruebas y demás información necesaria para juzgar. Sin embargo, han retirado de
la mesa una de las herramientas antiterroristas más probadas de la nación y nos
han atado las manos de una forma que podría tener graves ramificaciones.
El anuncio del martes, por tanto, no aporta nada que celebrar: sólo una confirmación de los fracasos
del presidente Obama a la hora de enfrentarse seriamente a sus críticos cuando
se trata de cuestiones de "seguridad nacional", algo que se ha
repetido una y otra vez en los últimos dos años.
Para Eric Holder, la decepción es mucho mayor, ya que consta en acta que la historia le juzgará por
cómo se ocupe de Khalid Sheij Mohammed y sus presuntos cómplices. Sin embargo,
Holder no es el único perdedor. La administración, el Congreso y el pueblo
estadounidense que, en gran número, se han dejado seducir por la venenosa
retórica de la "Guerra contra el Terror" de la administración Bush,
también han perdido, por la sencilla razón de que las Comisiones Militares
siguen siendo un lugar vergonzoso y de calidad inferior para juicios tan importantes como éste.
En contra de la retórica de quienes respaldan las Comisiones, lo último que necesitan los
familiares de quienes murieron el 11 de septiembre de 2001 es que los presuntos
autores sean procesados en un caótico tribunal canguro. Sin embargo, casi diez
años después de los atentados, la justicia -una justicia imparcial y
transparente, con un largo pedigrí histórico- sigue marginada, acosada hasta la
sumisión por quienes, movidos todavía por la venganza, quieren que los autores
sean "guerreros" y no lo que fueron: criminales asesinos en masa, que
no merecen poder usurpar la retórica de esta falsa guerra para sus propios fines.
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