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El Mundo no Puede Esperar moviliza a las personas que viven en Estados Unidos a repudiar y parar la guerra contra el mundo y también la represión y la tortura llevadas a cabo por el gobierno estadounidense. Actuamos, sin importar el partido político que esté en el poder, para denunciar los crímenes de nuestro gobierno, sean los crímenes de guerra o la sistemática encarcelación en masas, y para anteponer la humanidad y el planeta.




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El amargo legado de Bush (en el séptimo aniversario del 11-S)

11 de septiembre de 2008
Andy Worthington


"El amargo legado de Bush" es el título de un artículo que he escrito hoy para la sección "Comment is free" de The Guardian, en el que hago un breve repaso de la desolación jurídica y moral de la "Guerra contra el Terror" de la administración Bush, y señalo que, aunque tanto Barack Obama como John McCain han prometido cerrar Guantánamo (el icono más visible de la huida de la ley tras el 11-S), y Obama también ha hablado de un calendario para la retirada de las fuerzas estadounidenses de Irak, ninguno de los dos se ha ocupado todavía del sistema penitenciario irresponsable que se esconde tras Guantánamo, ni de los espinosos detalles de cómo cerrar realmente la prisión.

Refiriéndome a la labor de Reprieve, la organización benéfica de acción legal cuyos abogados representan a 31 presos de Guantánamo, hablé de las dificultades particulares a las que se enfrentan varios de estos hombres, que han recibido el visto bueno para ser puestos en libertad, pero que no pueden ser liberados debido a los tratados que impiden la repatriación de extranjeros si corren el riesgo de ser torturados, y otros obstáculos que impiden el cierre de la prisión, como las Comisiones Militares, el vergonzoso sistema de enjuiciamiento de sospechosos de terrorismo concebido por el vicepresidente Dick Cheney y sus asesores más cercanos apenas dos meses después de los atentados del 11 de septiembre.

El amargo legado de Bush

Andy Worthington
The Guardian
11 de septiembre de 2008

La respuesta de la administración al 11 de septiembre fue afianzar la injusticia en el país y en todo el mundo. Ahora, esto debe cambiar

Hoy, mientras hacemos una pausa para recordar a las 3.000 personas que murieron en los terribles atentados del 11 de septiembre de 2001, también es importante recordar que, en lo que respecta a la respuesta de la administración Bush, el amargo legado de aquel día sigue siendo una profunda mancha en la reputación moral de Estados Unidos.

Para llevar a cabo una "guerra" contra un grupo de criminales terroristas, la administración hizo caso omiso de la Constitución estadounidense y de la declaración de derechos, desestimó las convenciones de Ginebra, respaldó el encarcelamiento sin cargos ni juicio, creó un sistema de juicios espectáculo para sospechosos de terrorismo de la nada, se concedió a sí misma el derecho a espiar a ciudadanos estadounidenses con impunidad e invadió un país soberano sin justificación.

Aunque es tranquilizador que ambos candidatos presidenciales se hayan comprometido a cerrar Guantánamo, y que Barack Obama haya señalado que actuará para retirar las fuerzas estadounidenses de Irak, ni Obama ni John McCain han explicado aún en detalle cómo se cerrará Guantánamo.

Además, no se ha hablado de lo que hay detrás de la tristemente célebre prisión extraterritorial de Cuba: una red de prisiones que no rinden cuentas en Afganistán e Irak, y los cientos de otros prisioneros, sometidos a "entregas extraordinarias", que languidecen en cárceles de terceros países o en instalaciones secretas dirigidas o supervisadas por la CIA.

Ahora se necesita un liderazgo decisivo para corregir estos errores y para que Estados Unidos vuelva a ser un país fundado en el Estado de Derecho.

Algo de esto puede lograrse con unas pocas leyes cruciales: mantener la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, prohibir el uso de "entregas extraordinarias", mantener a los prisioneros detenidos en tiempo de guerra de acuerdo con las convenciones de Ginebra y llevar a los criminales ante la justicia dentro del sistema judicial estadounidense.

Otros problemas, sin embargo, requieren una atención minuciosa a los detalles, como bien saben mis colegas de Reprieve, la organización benéfica de acción legal. Los abogados de Reprieve representan a 31 de los 263 presos que siguen recluidos en Guantánamo. Uno de estos hombres, el residente británico Binyam Mohamed, se enfrenta a un juicio ante una comisión militar en Guantánamo (un sistema condenado por Lord Steyn como "tribunal canguro").

Mohamed es víctima de entregas y torturas, y sus abogados intentan actualmente, a través del Tribunal Supremo, persuadir al gobierno británico de que haga públicas las pruebas potencialmente exculpatorias que obran en su poder en relación con su caso. Sus razones son simples: sin esta información, no podrán preparar una defensa adecuada, ya que un flujo constante de información relativa a los juicios ha demostrado que están diseñados para garantizar las condenas e impedir toda mención de tortura. Hasta que no se cierre este sistema y se trasladen los juicios a la península, Guantánamo seguirá siendo un faro de injusticia.

Nueve de los otros clientes de Reprieve han sido autorizados a salir de Guantánamo, tras múltiples juntas de revisión, porque las autoridades han llegado a la conclusión de que no suponen una amenaza para Estados Unidos, pero permanecen en Guantánamo debido a tratados que impiden la devolución de extranjeros a países donde corren riesgo de tortura o, en otros casos, porque son, literalmente, apátridas.

Algunos ejemplos son: varios residentes italianos de origen tunecino, cuya devolución a Túnez sería un desastre para los derechos humanos; dos residentes saudíes, nacidos en Arabia Saudí pero rechazados por el gobierno porque sus padres son de Chad y Palestina; y Ahmed Belbacha, argelino que ha interpuesto un recurso judicial para impedir su repatriación, debido a temores legítimos por su seguridad. Aunque Belbacha vivía en el Reino Unido y había solicitado asilo, técnicamente no era residente cuando en 2001 se fue de vacaciones a Pakistán, lo que provocó su secuestro y traslado a Guantánamo.

Hasta que se resuelvan estos casos y se encuentren nuevos hogares para estos hombres, Guantánamo seguirá abierto como una afrenta a la justicia estadounidense y un corrosivo recordatorio de los graves errores -la falta de investigación, la presunción de culpabilidad y el pago de recompensas por "sospechosos de Al Qaeda y los talibanes"- que llevaron a que la prisión se llenara de hombres inocentes y soldados de infantería talibanes que no tenían conocimiento de Al Qaeda ni de los atentados del 11-S.


 

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