Echando sal en las heridas de Guantánamo: el grupo de trabajo anuncia
la detención indefinida
23 de enero de 2010
Andy Worthington
Con una sorprendente falta de sensibilidad, el Grupo de Trabajo sobre Guantánamo de
Barack Obama eligió el aniversario de la promesa
incumplida del presidente de cerrar la prisión para anunciar sus
conclusiones sobre el destino final de los 196 presos que aún permanecen
recluidos, afirmando, sin un atisbo de ironía, que “casi 50” de ellos “deberían
permanecer detenidos indefinidamente sin juicio en virtud de las leyes de la
guerra”, tal y como explicó el Washington Post.
La invocación de las leyes de la guerra por parte de la Administración se refiere en realidad a la Autorización
para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), aprobada por el Congreso a raíz de
los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, que autorizó al
presidente “a emplear toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas
naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon,
autorizaron, cometieron o ayudaron a cometer los atentados terroristas
ocurridos el 11 de septiembre de 2001” (o a quienes les dieron refugio), según
la interpretación del Corte Suprema en junio de 2004, en el caso Hamdi contra
Rumsfeld, en el que se afirmó que “el Congreso ha autorizado de forma
clara e inequívoca la detención” de las personas amparadas por la AUMF.
Puede que esto sea técnicamente legal en Estados Unidos, pero entra en conflicto con la
interpretación que el resto del mundo hace del derecho de la guerra. Tal y como
las entienden todos los demás países civilizados, las leyes de la guerra
implican la detención de los combatientes mientras duren las hostilidades, de
conformidad con los Convenios de Ginebra, que, en virtud del artículo 3 común,
prohíben el “trato humillante y degradante” y los interrogatorios coercitivos a
los que fueron sometidos los hombres de Guantánamo, después de que el presidente
Bush declarara en febrero de 2002 que los Convenios de Ginebra no se aplicaban
a Al Qaeda ni a los talibanes.
Además, nunca se investigó a estos hombres para determinar si eran realmente combatientes. Según el artículo
5 del Tercer Convenio de Ginebra (relativo al trato de los prisioneros de
guerra), si existe alguna duda sobre si los detenidos se ajustan a la
descripción del artículo 4 (en términos generales, fuerzas armadas regulares),
deben ser tratados como prisioneros del artículo 4 hasta que un tribunal
competente haya determinado su estatus. Celebrados cerca del momento y el lugar
de la captura, estos tribunales se convocaron en todas las guerras de Estados
Unidos desde Vietnam en adelante; en la primera
Guerra del Golfo, por ejemplo, se celebraron 1.196 tribunales y 886 hombres
fueron posteriormente puestos en libertad.
Sin embargo, en Afganistán no se celebraron juicios ante tribunales competentes (y tampoco se celebran a
día de hoy, bajo el mandato del presidente Obama), y los combatientes
irregulares (como los que luchaban por los talibanes o las fuerzas militares
vinculadas a Al Qaeda que apoyaban a los talibanes) se escabulleron de las
protecciones garantizadas a todas las personas detenidas en tiempo de guerra,
ya fueran combatientes o civiles, y fueron calificados de «combatientes
enemigos ilegales», a quienes, según la administración Bush, se les podían
privar de todos sus derechos.
Esto era una tontería, tal y como confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1958 en un comentario sobre
el Cuarto Convenio (relativo al trato de los civiles) en el que se afirmaba
que toda persona en manos del enemigo debe tener algún estatuto en virtud del
derecho internacional: o bien es un prisionero de guerra y, como tal, está
amparado por el Tercer Convenio, o bien es un civil amparado por el Cuarto
Convenio, o bien… es un miembro del personal médico de las fuerzas armadas
amparado por el Primer Convenio”. Además, “no existe un estatus intermedio;
nadie en manos del enemigo puede quedar al margen de la ley”.
Esta interpretación fue ratificada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en una sentencia de 1998,
pero en la “guerra contra el terrorismo”, el resultado de las cínicas maniobras
de la Administración Bush fue Guantánamo, una prisión en la que se presumía
culpables a hombres que nunca habían sido investigados adecuadamente, a pesar
de que, en la mayoría de los casos, las autoridades no sabían nada sobre ellos.
Esto se debió en gran medida a que el 86 % de ellos
no había sido capturado “en el campo de batalla”, como afirmaban altos
funcionarios, sino que había sido vendido al ejército estadounidense por sus
aliados afganos y pakistaníes, en un momento en que se pagaban recompensas, con
un promedio de 5.000 dólares por cabeza, por sospechosos de pertenecer a Al Qaeda
y los talibanes.
Como resultado, la justificación de la Administración Obama para mantener detenidos
indefinidamente a 50 hombres sin cargos ni juicio refuerza la falsa afirmación
de la Administración Bush de que existe una categoría de prisioneros de guerra
que pueden ser retenidos indefinidamente (en contraposición a ser retenidos
como prisioneros de guerra hasta el fin de las hostilidades). Lo que hace que
esta conclusión resulte aún más inquietante es que la justificación para
mantener a estos hombres detenidos indefinidamente se basa en pruebas que,
según la propia admisión del presidente Obama, están “viciadas” por el uso de
la tortura.
En
un importante discurso sobre seguridad nacional pronunciado en mayo, cuando
dio las primeras señales de que iba a retomar la justificación de la
Administración Bush para mantener detenidos a estos hombres de forma indefinida
sin cargos ni juicio, el presidente Obama se refirió a los prisioneros que “no
pueden ser procesados por delitos cometidos en el pasado, en algunos casos
porque las pruebas pueden estar viciadas, pero que, no obstante, suponen una
amenaza para la seguridad de Estados Unidos”.
Hay que reconocer que la Administración ha admitido, aunque tarde, que la decisión sobre si retener o no
a estos hombres no es competencia exclusiva del poder ejecutivo. Tal y como
explicó el Post, los funcionarios afirmaron que “cada detenido tiene derecho a
impugnar su encarcelamiento mediante un recurso de hábeas corpus ante un
tribunal federal”. Se trata de un reconocimiento bienvenido, ya que el papel de
los tribunales, establecido por una
sentencia de enorme importancia del Corte Suprema en junio de 2008, ha sido
notablemente
marginado por la Administración, a pesar de que, en los últimos 16 meses,
los jueces de los tribunales de distrito hayan dictaminado, en 32
de 41 casos, que las supuestas pruebas del Gobierno —procedentes en gran
parte de los propios
presos o de sus compañeros
de prisión— están tan “viciadas” que resultan inútiles e inverosímiles.
Los jueces también han puesto objeciones al mensaje implícito del presidente —que otras pruebas
convincentes proceden de los servicios de inteligencia— y han señalado, en
varias ocasiones, que los “mosaicos” de información de inteligencia presentados
para justificar la detención pueden ser útiles a la hora de recabar
información, pero no
resisten un examen minucioso ante un tribunal.
Aún no se ha facilitado ninguna indicación sobre la identidad de los 50 hombres cuya detención
indefinida aboga el Grupo de Trabajo, pero es muy probable que uno de ellos sea
Fayiz al-Kandari, un kuwaití (del que se habló
el pasado mes de octubre), quien siempre ha sostenido que era un
cooperante humanitario que se vio envuelto en el caos posterior a la invasión
de Afganistán. Cabe destacar que al-Kandari se ha mostrado persistentemente
poco cooperativo con los interrogadores de Guantánamo y se ha negado a
implicarse en ninguna actividad relacionada con el terrorismo.
Sin embargo, según las autoridades, en una versión de la realidad elaborada casi exclusivamente a
partir de múltiples niveles de rumores proporcionados por otros prisioneros,
mientras estuvo en Afganistán, entre agosto y diciembre de 2001, no-solo logró
visitar el campo de entrenamiento de al-Farouq (el principal campo de
entrenamiento para árabes en los años previos al 11-S), sino también impartir
instrucción a miembros y reclutas de Al Qaeda, actuar como asesor de Osama bin
Laden y producir cintas de audio y vídeo de reclutamiento que animaban a
afiliarse a Al Qaeda y a participar en la yihad.
Al-Kandari es uno de los hombres cuya única esperanza ahora es que un juez de un tribunal de distrito
vea más allá del endeble caso que las autoridades han presentado contra él,
pero para quienes buscan justicia para los verdaderos terroristas (o, al menos,
para aquellos contra quienes existen pruebas que se asemejan a pruebas reales),
las noticias procedentes del Grupo de Trabajo son, como mínimo, más
alentadoras. Tal y como explicó el Post, el Grupo de Trabajo ha
recomendado que “unos 35 presos sean juzgados
en tribunales federales o militares”.
Sin la distracción de los 50 hombres supuestamente peligrosos que pueden ser retenidos indefinidamente sin
pruebas, esta cifra demuestra de forma bastante exhaustiva el colosal índice de
fracaso del experimento de la administración Bush en Guantánamo: de los 779
hombres retenidos, poco menos del 5 % se enfrentará a un juicio. Si algo
demuestra que prescindir de las garantías procésales en tiempos de guerra y
establecer la culpabilidad a través de presunciones arrogantes es una idea
desastrosa, debería ser esta estadística.
El resto del 95 % de los presos de Guantánamo que nunca deberían haber sido detenidos lo componen “al
menos 110 detenidos” cuya puesta en libertad ha sido autorizada. Tal y como
explicaba el Post, el Grupo de Trabajo “consideró que aproximadamente 80
detenidos, entre ellos unos 30 yemeníes, reunían los requisitos para su
repatriación inmediata o su reasentamiento en un tercer país. Otros 30 yemeníes
aproximadamente fueron incluidos en una categoría propia, y su puesta en
libertad depende de que las condiciones en su país de origen se estabilicen de
forma drástica”.
Esto supone, por supuesto, otro golpe al caos de las políticas de la Administración Bush, ya que la cifra
de 110 puede sumarse a los 44 presos ya liberados por Obama, pero no está
exento de problemas. El Post eludió con cautela la cobarde
negativa de Obama a liberar a ningún yemení absuelto en un futuro
previsible, ante los ataques sin escrúpulos de los republicanos y de miembros
de su propio partido, que intentaron equiparar a los yemeníes absueltos con el
fallido autor del atentado con bomba en el avión el día de Navidad.
Al parecer, Umar Farouk Abdulmutallab había estado en contacto con un grupo de inspiración de Al Qaeda
en Yemen que incluía a exreclusos saudíes liberados por George W. Bush, a pesar
de las advertencias de los servicios de inteligencia de que se encontraban
entre el puñado de hombres peligrosos de Guantánamo; sin embargo, en medio de
la histeria que reinó recientemente, los yemeníes absueltos fueron sacrificados
en aras del interés político.
Les cifras sin adornos tampoco revelan que, de los 50 hombres procedentes de otros países, la mayoría
no puede ser repatriada por temor a que sean torturados a su regreso. En el
aniversario del fracaso del presidente Obama para cerrar Guantánamo —y también
de su fracaso para repudiar plenamente las viles políticas de la administración
Bush—, no debe pasarse por alto la difícil situación de estos hombres.
Aunque el Post señaló que la administración «prevé que unos 20 detenidos puedan ser repatriados para este
verano» y “ha recibido compromisos firmes de países dispuestos a acoger a otros
25 detenidos cuya liberación ha sido autorizada”, las experiencias de este año
han indicado
que otros países se muestran reacios a proporcionar un nuevo hogar a estos
hombres cuando Estados Unidos se ha desentendido de ellos.
La responsabilidad de negarse a permitir que ningún preso absuelto se establezca en Estados Unidos,
si no puede ser repatriado, recae en el presidente,
en los legisladores,
en el Departamento
de Justicia y en los jueces del Tribunal de Apelación —así como en
numerosos medios de comunicación—, pero su repercusión no solo sigue
deteriorando las relaciones con otros países a los que se les pide que hagan el
trabajo sucio de Estados Unidos, sino que también amenaza con dejar a hombres
inocentes abandonados a su suerte en Guantánamo durante un tiempo indefinido.
Allá por octubre de 2008, cuando
el juez Ricardo Urbina dictaminó que 17 hombres de China (los uigures), que
habían ganado sus recursos de hábeas corpus, debían ser reubicados en Estados
Unidos porque no podían ser repatriados y porque no se había encontrado ningún
otro país que los acogiera, explicó que su detención continuada era inconstitucional.
Quince meses después, las palabras del juez Urbina siguen siendo ciertas, como lo serán quizá el año que
viene por estas fechas, cuando algunos de estos hombres podrían seguir
recluidos en Guantánamo a menos que Estados Unidos asuma la responsabilidad de
sus propios errores.
POSDATA: En informes posteriores, las autoridades indicaron que se ha recomendado la
detención indefinida para un total de 47 presos, y que el Grupo de Trabajo
sugirió que estos, junto con los que se enfrentan a juicio (82 hombres en
total), fueran trasladados a unas nuevas instalaciones en el territorio
continental de Estados Unidos. Esta era la intención cuando se mencionó por
primera vez el plan
de comprar el Centro Correccional Thomson en Illinois, y sigue siendo
profundamente deprimente que el Grupo de Trabajo se conforme con trasladar al
territorio continental de EE.UU. el núcleo del experimento ilegal de la
administración Bush en Guantánamo: la detención indefinida sin cargos ni juicio.
La Associated Press también tuvo una visión diferente sobre los aproximadamente 60 yemeníes cuya liberación
fue aprobada, señalando únicamente que 17 de ellos "no se enfrentan a ningún
proceso judicial, pero es probable que permanezcan detenidos durante algún
tiempo, hasta que los funcionarios antiterroristas estadounidenses puedan
encontrar un lugar seguro en su país de origen o en otros países extranjeros
para enviarlos".
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