“Cruel Britannia”: Human Rights Watch denuncia la complicidad británica en la tortura en Pakistán
25 de noviembre de 2009
Andy Worthington
Human Rights Watch acaba de publicar un nuevo informe, titulado “Cruel Britannia”, en
el que se investiga la complicidad británica en la tortura de sospechosos de
terrorismo en Pakistán y se exige una investigación independiente sobre la
actuación del Gobierno británico en ese país. El informe no podía llegar en
peor momento para el Gobierno británico, que
se esfuerza por ocultar otras pruebas de complicidad en la tortura y los
malos tratos infligidos a siete ciudadanos y residentes británicos que
estuvieron recluidos en Guantánamo, y también se esfuerza por contener
a dos jueces del Tribunal Superior que, durante los últimos 15 meses, han
demostrado su compromiso con sacar a la luz la complicidad británica en la
tortura del exprisionero de Guantánamo Binyam
Mohamed a manos de agentes estadounidenses en Pakistán en abril y mayo de 2002.
Este último informe se basa en una excelente labor de investigación periodística realizada durante los
últimos dos años por Ian Cobain, del diario The Guardian, quien fue el primero
en dar a conocer la noticia de la complicidad británica en la tortura de
sospechosos de terrorismo en Pakistán en abril de 2008, y la ha seguido investigando
tenazmente desde entonces, al tiempo que informaba sobre la complicidad
británica en la tortura de sospechosos de terrorismo en otros países.
Sin embargo, lo que confiere tanta fuerza a este informe en concreto son las declaraciones
recabadas por Human Rights Watch de funcionarios de seguridad paquistaníes,
quienes confirmaron que los relatos de tortura son “básicamente exactos” y
quienes, en un caso concreto, el de Salahuddin Amin, también implicaron al Gobierno
estadounidense, explicando que “el deseo de los británicos y los
estadounidenses de obtener información de él era “insaciable””. Human Rights
Watch también obtuvo la confirmación de funcionarios del Gobierno británico,
que hablaron de forma extraoficial, de que su análisis era “totalmente acertado”.
Hoy no tengo tiempo para presentar mi propio análisis del informe de Human Rights Watch, pero les insto
a que lo lean, y a continuación reproduzco el informativo
comunicado de prensa que anuncia su publicación, emitido ayer por Human
Rights Watch. Sin embargo, para dejar a los lectores con una sola pregunta, me
pregunto cómo pueden considerarse fiables las condenas dictadas por los
tribunales del Reino Unido contra Rangzieb
Ahmed (a quien sus torturadores, respaldados por el Reino Unido, le
arrancaron las uñas) y Salahuddin Amin
(condenado en el juicio “Crevice”) pueden considerarse fiables, cuando es
evidente que se basaron en información obtenida mediante el uso de la tortura,
la cual, no lo olvidemos, no solo debe ser rechazada por las naciones
civilizadas debido a su barbarie y a que su uso es ilegal, sino también porque
es fundamentalmente poco fiable.
Reino Unido: Se inicia una investigación judicial sobre la complicidad en actos de tortura
Comunicado de prensa de Human Rights Watch, 24 de noviembre de 2009
(Londres) – El Gobierno del Reino Unido debe ordenar inmediatamente una investigación judicial independiente sobre la
participación y la complicidad de los servicios de seguridad británicos en la
tortura de sospechosos de terrorismo en Pakistán, señaló Human Rights Watch en
un informe publicado hoy.
El informe de 46 páginas, “Cruel Britannia: British Complicity in
the Torture and Ill-treatment of Terror Suspects in Pakistan” (Cruel
Bretaña: La complicidad británica en la tortura y el maltrato de sospechosos de
terrorismo en Pakistán), incluye testimonios de las víctimas y sus familiares
en el caso de cinco ciudadanos del Reino Unido de origen paquistaní--Salahuddin
Amin, Zeeshan Siddiqui, Rangzieb Ahmed, Rashid Rauf y una quinta persona que
desea mantenerse en el anonimato–torturados en Pakistán por parte de los
servicios de seguridad paquistaníes entre 2004 y 2007. Human Rights Watch
concluyó que, aunque no existen pruebas de la participación directa de
funcionarios británicos en la tortura, la complicidad del Reino Unido está clara.
“Los servicios de inteligencia y de aplicación de la ley británicos se confabularon e hicieron de
la vista gorda ante el uso de la tortura contra sospechosos de terrorismo en
Pakistán”, señaló Ali Dayan Hasan, investigador principal para Asia Meridional
de Human Rights Watch. “Los funcionarios británicos sabían que las agencias de
inteligencia paquistaníes utilizan habitualmente la tortura, eran conscientes
de casos concretos y no intervinieron”, agregó.
Un funcionario bien posicionado dentro del Gobierno del Reino Unido dijo a Human Rights Watch que las
acusaciones de complicidad británica, hechas por Human Rigths Watch en su
testimonio ante el Comité Conjunto de Derechos Humanos del Parlamento Británico
en febrero de 2009, fueron exactas. Otra fuente gubernamental dijo a Human
Rights Watch que su investigación sobre esta cuestión había “dado en el clavo”.
Estos funcionarios señalaron que los servicios de inteligencia paquistaníes cooperaron en casos
específicos compartiendo información extraída en interrogatorios abusivos con
funcionarios británicos, que se emplearon en procesos celebrados en tribunales
del Reino Unido y en otras investigaciones. Los agentes de inteligencia y de
aplicación de la ley británicos transmitieron preguntas a los funcionarios
paquistaníes para que las formularan en los interrogatorios individuales, a
sabiendas de que los funcionarios paquistaníes estaban empleando la tortura.
Los funcionarios civiles y militares del Gobierno paquistaní informados de la situación han señalado en
numerosas ocasiones a Human Rights Watch que los funcionarios británicos eran
conscientes del maltrato a los sospechosos de terrorismo en cuestión.
“Un lección clave de los últimos ocho años de esfuerzos globales para combatir el terrorismo es que el
uso de la tortura y el maltrato es profundamente contraproducente”, señaló
Hasan. “Socava la legitimidad moral de los gobiernos que la utilizan y sirve de
excusa para el reclutamiento de las organizaciones terroristas”, agregó.
Cuatro de las víctimas dijeron que se habían encontrado con funcionarios británicos durante la
detención en Pakistán. En algunos casos, los encuentros se produjeron poco
después de sesiones de interrogatorio en las que habían sido torturados, cuando
todavía eran evidentes las muestras claras y visibles de la tortura.
Rangzieb Ahmed, de Greater Manchester, Inglaterra, fue arrestado el 20 de agosto de 2006 en la provincia
de la Frontera Noroccidental de Pakistán, y fue acusado de estar vinculado a Al
Qaeda. El 7 de septiembre de 2007, fue trasladado al Reino Unido. Ahmed contó a
Human Rights Watch que, durante la detención en Pakistán, las agencias de
seguridad paquistaníes le habían torturado, golpeado, privado de sueño y
maltratado de otras maneras repetidamente. Dijo que sus torturadores le
arrancaron tres uñas.
Human Rights Watch habló con miembros de las agencias paquistaníes de aplicación de la ley que
participaron en el procesamiento de Ahmed en varios momentos de su detención.
Estas fuentes, de organismos tanto civiles como militares de Pakistán,
confirmaron lo que denominaron la “autenticidad general” de sus afirmaciones,
entre ellas que los servicios de inteligencia británicos supieron “en todo
momento” de su detención y trato.
Zeeshan Siddiqui, de Hounslow, Londres, fue arrestado en Pakistán el 15 de mayo de 2005, bajo
sospecha de participación en terrorismo. Fue deportado al Reino Unido el 8 de
enero de 2006. Siddiqui dijo que, en repetidas ocasiones durante la detención,
le golpearon, encadenaron, inyectaron drogas y amenazaron con abusos sexuales y
más torturas.
Los agentes de seguridad paquistaníes que hablaron con Human Rights Watch, a condición de que se
respetara su anonimato, confirmaron que Siddiqui había sido detenido siguiendo
un chivatazo de los servicios de inteligencia británicos, y a petición de los
mismos. Las fuentes paquistaníes agregaron que los agentes de inteligencia
británicos fueron conscientes en todo momento de que Saddiqui estaba siendo
“procesado” al “estilo tradicional” y que los británicos estaban interrogando
“efectivamente” a Saddiqui aunque el servicio de inteligencia paquistaní ya lo
habían “procesado.”
“Probablemente se dio luz verde para meterlo en el sistema [legal] porque nadie pudo probar ni hacerle
admitir nada que fuera útil”, señaló la fuente.
Amin, de Edgware, fue condenado en abril de 2007, en el juicio de la operación “Crevice” por
organizar atentados contra varios posibles objetivos, entre ellos el club
nocturno londinense Ministry of Sound. Amin se entregó voluntariamente a las
autoridades paquistaníes después de que garantizaran a su familia que no iban a
maltratarle, pero fue torturado repetidamente durante 2004 y forzado a realizar
confesiones falsas.
Amin alega que, durante su detención, funcionarios de inteligencia británicos se encontraron con él en al
menos una docena de ocasiones. Después de diez meses de detención ilegal, Amin
fue puesto en libertad por las autoridades pakistaníes, y fue arrestado a su
llegada al aeropuerto de Heathrow en 2005.
Fuentes de la inteligencia paquistaníes dijeron que la versión de Amin sobre su detención y los encuentros
con agentes de inteligencia británicos y estadounidenses es “esencialmente
exacta”. Estas fuentes dijeron a Human Rights Watch que Amin era un caso
sometido a “mucha presión” y que los británicos y los estadounidenses tenían un
deseo “insaciable” de extraerle información. Estas fuentes agregaron que los
agentes británicos y estadounidenses que formaron “parte” de la detención de
Amin eran “perfectamente conscientes de que estábamos empleando todos los
medios posibles para extraerle información y estaban agradecidos de que lo hiciéramos”.
“El mal del terrorismo no justifica la participación en la tortura o el uso de sus resultados”, señaló
Hasan. “La reputación del Reino Unido como un país respetuoso de los derechos
humanos estará manchada hasta que se realice una investigación independiente y
se exijan responsabilidades”, agregó.
Las negaciones generales de complicidad en la tortura por parte de los secretarios de Asuntos Exteriores y
del Interior no han abordado las denuncias concretas de Human Rights Watch, el
diario The Guardian y los abogados que representan a las víctimas de la tortura.
El Gobierno tampoco ha respondido adecuadamente a las conclusiones y las recomendaciones del Comité
Conjunto de Derechos Humanos y el Comité de Asuntos Exteriores. El Comité
Conjunto ha pedido una investigación judicial independiente. “El Gobierno
británico ha hecho oídos sordos al parlamento, las víctimas y al público en
general al negarse a responder a cualquier pregunta sobre su conducta en
Pakistán”, señaló Hasan. “Debe poner en marcha inmediatamente una investigación
judicial independiente y establecer medidas para garantizar que su complicidad
en la tortura no vuelva a ocurrir nunca”, agregó.
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