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La Corte Penal Internacional (CPI) autoriza la investigación de los crímenes de guerra en Afganistán, incluido el programa de tortura de los Estados Unidos

05 de marzo de 2020
Andy Worthington

Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 20 de marzo de 2020


El logo de la Corte Penal Internacional (CPI) y una imagen de una prisión secreta.

Buenas noticias desde la Haya. La Cámara de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) ha aprobado la investigación de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde mayo del 2003 “por parte de las fuerzas armadas estadounidenses y miembros de la CIA, los talibanes, los grupos armados afiliados y las fuerzas gubernamentales afganas”, explica el Centro Para Derechos Constitucionales (CCR por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa.

La investigación, dice el CCR, incluirá “crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra …cometidos como parte del programa de tortura de Estados Unidos”, no solo en Afganistán, sino en “territorios de otros miembros de Estado del Estatuto de Roma implicados en el programa de tortura estadounidense”; en otras palabras, otros sitios de la red global de la CIA de “sitios negros” de prisiones de tortura que, notoriamente, incluyeron instalaciones en Polonia, Rumania y Lituania. El CCR explicó que “aunque los Estados Unidos no es parte del Estatuto de la CPI, la Corte tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos por actores estadounidense en el territorio de una miembro de Estado de la CPI” y este aspecto, la investigación revisará los crímenes cometidos desde el primero de julio del 2002.

El CCR comentó que “la investigación marca la primera vez que oficiales estadounidenses senior podrían enfrentar consecuencias criminales por su participación en el programa de tortura”.

El fallo del día de hoy invierte una previa y ampliamente criticada decisión por parte de la Cámara de pre juicio de la CPI en abril 12 del 2019 en la que no autoriza la investigación que fue presentada por el fiscal en jefe de la CPI, Fatou Bensouda en noviembre 20 del 2017. El CCR continúa explicando que esta fue “la primera ocasión en la que la CPI negó la petición del fiscal para abrir una investigación” y viene pisándole los talones a la evidente hostilidad que recibió la Corte por parte de la administración de Trump. Oficiales estadounidenses amenazaron con imponer sanciones sobre atacar criminalmente a los oficiales de la CPI y revocar la visa del fiscal de la Corte para los Estados Unidos”.

En un esfuerzo por desviar la atención de la cobardía política de la corte, la Cámara antelación del juicio concluyó el año pasado que, aunque “el criterio legal para abrir una investigación quedó satisfecho” porque “había evidencia de crímenes graves dentro de la jurisdicción de la Corte que no fueron enjuiciados en ningún otro lugar”, la solicitud de una investigación fue rechazada porque, “no está en los intereses de la justicia” debido a la especulación de la corte acerca de que los estados involucrados “no cooperarían” y porque, como explicaron “el clima político y el paisaje político” haría, en las palabras del CCR, “de una investigación significativa, algo difícil”.

En respuesta al fallo del abril pasado, el CCR notó que “ex diplomáticos, fiscales en jefe y reporteros especiales de la ONU, así como otros expertos internacionales en derechos humanos y leyes, así como organizaciones no gubernamentales, presentaron reportes breves en apoyo a la investigación”.

Además, en la audiencia ante la Cámara de Apelaciones en diciembre, los abogados representando a las víctimas del programa de tortura “argumentaron”, como lo describe el CCR, que “la investigación de la CPI en la situación de Afganistán representa su última oportunidad para obtener algún tipo de justicia por los crímenes que sufrieron”, añadiendo que “Los Estados Unidos no han querido investigar y enjuiciar liderazgo civil y militar responsable por tortura y otras violaciones graves de la ley internacional. La CPI es la corte de último recurso para aquellos a quienes se les ha negado justicia en algún otro lado”.

El CCR representa dos hombres que, como lo plantean, “fueron torturados en sitios obscuros de la CIA, detención proxy e instalaciones del DoD (Departamento de la Defensa por sus siglas en inglés)” y que ahora están indefinidamente en Guantánamo. Estos dos hombres Sharqawi Al-Hajj y Guled Hassan Duran, están “entre las víctimas que presentaron representaciones en apoyo a la solicitud del fiscal, detallando su experiencia; y como fue explicado por el CCR (y como escribí aquí) “Sharqawi Al-Hajj recientemente intentaron suicidarse, cortándose las muñecas”.

Otro ex prisionero de “sitio negro” que fue parte del caso, pero que no estuvo en Guantánamo, es Mohammed al-Asad, quien tristemente murió en el 2016 “sin ver la justicia”, como lo indica el CCR, añadiendo que “su esposa continúa esta búsqueda” con el apoyo de la Clínica de Justicia Global en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. El CCR también comentó que “Al-Asad fue secretamente detenido y torturado en Djibouti y Afganistán, ambos Estados miembros de la CPI, como parte del programa de tortura”.

El CCR también describió “otros equipos legales representando víctimas ante la CPI incluido Reprieve y los abogados de Abd al-Rahim al-Nashiri”, que también está en Guantánamo y enjuiciado en un proceso que parece interminable, tipo juicio, llamado comisiones militares.

Comentando las noticias del día de hoy, Katherine Gallagher, abogada senior de staff del CCR y representante legal de víctimas de la CPI dijo “el día de hoy, la Corte Penal Internacional respiró una nueva vida del mantra “nadie está por encima de la ley” y restauró esperanza de que la justicia está disponible y es aplicable para todos. Por más de quince años, y como muchas de las víctimas del programa de tortura, Sharqawi Al-Hajj y Guled Duran han sufrido física y psicológicamente en detención ilegal estadounidense, mientras que ex oficiales senior de los Estados Unidos han disfrutado impunidad. En autorizar esta investigación crítica y postergada por mucho tiempo en los crímenes relacionados con Afganistán, la Corte dejó claro que la interferencia política en asuntos judiciales no será tolerada”.

Nikki Reisch, consejero para la Clínica de Justicia Global de la Universidad de Nueva York dijo “en nombre de nuestro cliente Mohammed al-Asad y su familia, aplaudimos a la Cámara de Apelaciones por rechazar la lógica repugnante del programa de tortura de los Estados Unidos, que buscó colocar detenidos en sitios obscuros legales y negarles acceso a la justicia por los abusos que sufrieron. En el momento en que las tendencias autoritarias están al alza, la decisión envía una señal importante a todos los Estados de que eso no está bien y de que nadie está por encima de la ley”.

Reprieve representa a otro prisionero de Guantánamo, Ahmed Rabbani, quien “está dentro de las víctimas que apoyó la apelación”. Entregado a Afganistán y torturado por 540 días por personal estadounidense, ha estado detenido en Guantánamo desde el 2004 sin cargos ni juicio. Respondiendo a las noticias de que la apelación se detuvo, comentó que “si la gente que me torturó es investigada y enjuiciada, seré muy feliz. Pediría una sola cosa: una disculpa. Si están dispuestos a compensarme con un millón por cada año que he pasado aquí, eso no sería suficiente. Todavía estoy sufriendo por la tortura hasta el día de hoy, pero estaría feliz con solo tres palabras: lo sentimos mucho”.

El jefe de litigación del Reino Unido para Reprieve, Preetha Gopalan añadió “esta decisión es una noticia bienvenida para todos quienes creen que los que cometieron los crímenes de guerra no deberían de disfrutar de impunidad, sin importar qué tan poderosos sean. Esta es la primera vez que los Estados Unidos tendrán que ser responsables por sus acciones, aunque intentaron intimidan a la CPI para que cerrara su propia investigación. Que la CPI no haya cedido a la presión y que, en su lugar, haya mantenido los derechos de sus víctimas a la responsabilidad, nos da esperanza de que nadie está fuera del alcance de la justicia”.

Como explicó Reprieve en su desplegado de prensa, “la decisión de la Corte viene en un momento en el que tanto los Estados Unidos como el Reino Unido están intentando bloquear investigaciones domésticas de la era de la “guerra contra el terror”, tortura y rendición. El gobierno inglés enfrenta el rechazo de la Alta Corte acerca de su fracaso para tener una investigación independiente de abusos históricos. El presidente estadounidense Donald Trump recientemente intervino en tres casos de crímenes de guerra, perdonando a dos miembros de servicio militar y restaurando el rango de un tercero”. Reforzando el ángulo británico, el Guardian reportó que “es posible” que “las alegaciones en relación a las tropas inglesas” pudieran emerger mientras procede la investigación junto con, probablemente, otras fuerzas de la OTAN que tampoco son inmunes al escrutinio de sus acciones.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) que “actualmente representan a Khaled El Masri, Suleiman Salim y Mohamed Ben Soud, quienes fueron detenidos y torturados en Afganistán, ante la CPI”, también desplegaron una declaración, vía Jamil Dakwar, director de su Programa de Derechos Humanos, que dice que “esta decisión revindica el estado de derecho y da esperanza a miles de víctimas que buscan responsabilidad cuando los tribunales domésticos y las autoridades les han fallado. Mientras que el camino es largo y pedregoso, la decisión es un hito histórico que refuerza la independencia de la CPI en cara a las técnicas intimidantes de la administración de Trump. Los países deben de cooperar en su totalidad con la investigación y no ceder a ningún tipo de esfuerzo autoritario del gobierno de Trump para sabotearla. Ya es momento de que los perpetradores de crímenes de guerra bien documentados que persiguen a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas hasta el día de hoy, sean encontrados responsables”.

Nota: para más información, visita el sitio del CCR.


 

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