La Corte Suprema estadounidense apoya el encierro de por vida sin cargos ni juicio
en Guantánamo. Solo jueza Breyer disiente.
Moath al-Alwi, en una foto de Guantánamo incluida en su expediente militar
clasificado, fechada en marzo del 2008 y publicada por Wikileaks en abril del
2011 después de ser filtrada por Chelsea Manning.
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Por Andy Worthington
Close Guantánamo
Junio 16, 2019
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 24 de junio de 2019
¿Se acuerdan cuando las cortes estadounidenses garantizaban que los derechos de cualquier individuo de no ser encarcelado
indefinidamente sin cargos ni juicios, en acuerdo con todas las leyes y
acuerdos domésticos e internacionales?
Sí. Nosotros también, pero desafortunadamente todo eso cambió hace casi 15 años, cuando la Suprema Corte,
en el caso llamado Hamdi v. Rumsfeld, que involucraba al único ciudadano
estadounidense en Guantánamo, Yasser Hamdi, nacido en Baton Rouge,
Luisiana en 1980, pero que vivía desde pequeño en Arabia Saudita, determinó que
los prisioneros extranjeros en Guantánamo podrían, sí, adivinaste, ser
detenidos indefinidamente sin cargos ni juicios.
Hamdi, arrestado en Afganistán en diciembre del 2001, había estado detenido en Guantánamo hasta que las
autoridades se dieron cuenta que era ciudadano estadounidense. Cuando eso pasó,
lo movieron a un calabozo en territorio nacional en donde se convirtió en uno
de los tres ciudadanos o residentes detenidos como “combatientes enemigos” y en donde fue sujeto a tortura (los
otros eran Jose Padilla, ciudadano
americano y el residente legal Ali al-Marri).
En el fallo de Hamdi, la Suprema Corte (en opinión plural escrita por
Justice Sandra Day O’Connor) específicamente determinó que la AUMF
(Autorización para Uso de Fuerza Militar), autorizada por el Congreso una
semana después del 11/9 y la autorización al presidente para barrer a todos los
que él considerara como conectados con al-Qaeda o con los talibanes o que
estuvieran relacionados con los ataques del 11/9, que podrían ser detenidos
“por la duración del conflicto relevante” para prevenir su regreso a los campos
de batalla, una decisión que efectivamente avalaba un paralelo y una
innecesaria versión de la Convención de Ginebra, que permite la detención de
los combatientes hasta el fin de las hostilidades.
Sin embargo, mientras que la fraseología específica del fallo de Hamdi no suena como una autorización para la detención
indefinida sin cargos ni juicio, en realidad, eso es lo que ha transpirado, ya
que todos los esfuerzos por parte de los prisioneros en los últimos 15 años
para establecer que el “conflicto relevante” ya terminó, han terminado
rechazados en las cortes.
En enero del 2015, el presidente Obama, declaró en su discurso de Estado de
Unión, “Esta noche, por primera vez desde el 11/9, nuestra misión de combate en Afganistán, está
terminada”. Los abogados de Mukhtar al-Warafi, un prisionero yemení le pidió a la corte federal ordenar su
libertad, como expliqué en un artículo,
porque, como lo describió Shane Harris en un artículo para el Daily Beast, al-Warafi
dijo que “desde que Obama declaró que la guerra en Afganistán terminó, ya no
hay fundamentos para su detención”. Como explicó Harris, “cuando los abogados
estadounidenses respondieron, argumentaron que, de hecho, las hostilidades no
habían concluido y que todavía había bases para detener al hombre. Eso podría
ponerlos en la extraña posición de contradecir al presidente, argumentando que
solo porque el comandante en jefe diga que la guerra terminó, no necesariamente
lo hace cierto”.
En julio del 2015, la sugerencia de Harris se convirtió en realidad, cuando, como lo describió el New York Times, y como expliqué en un otro artículo,
el juez de distrito Royce C. Lamberth, “determinó que, a pesar de lo que el Sr.
Obama dijo acerca del estatus de la guerra en Afganistán, allá continúan las
luchas entre los Estados Unidos y los talibanes. Como resultado…el gobierno
retiene la autoridad legal de detener a los combatientes enemigos, incluidos
los miembros talibanes, para prevenirlos de regresar a la batalla”. El juez
Lamberth declaró “una corte no puede ver los discursos políticos aislados para
determinar las realidades actuales y realísticas solamente porque hacerlo sería
más fácil que ver toda la evidencia relevante. El gobierno no siempre dice lo
significa o hace significado de lo que dice”.
Moath al-Alwi
Subsecuentemente, Moath al-Alwi (aka Muaz al-Alawi),
un prisionero yemení detenido en Guantánamo desde el 16 de enero del 2002, a
cinco días de haber abierto la prisión, retomó el argumento de “fin de la
guerra”. Al-Alwi ha pasado años buscando legalmente su salida de Guantánamo. En
junio del 2004, en el mismo día en el que fue el fallo de Hamdi, la Suprema Corte también
dio el fallo de Rasul v. Bush, en que los prisioneros en Guantánamo podían pedir a las cortes federales decretos
federales de habeas corpus para la revisión de la legalidad de su detención.
Los abogados podían representar clientes de la prisión y en el 2005 al-Alwi
solicitó el decreto de habeas corpus. Desafortunadamente, el Congreso les quitó
el derecho de habeas a los prisioneros y no fue hasta el 2008 en Boumediene v. Bush, que la Suprema Corte revisó
los casos de Guantánamo, dándoles a los prisioneros derechos de habeas
garantizados constitucionalmente.
La petición de habeas de Al-Alwi fue decidida
subsecuentemente en diciembre del 2008, cuando el juez de distrito Richard Leon
falló a favor de la continuación de la detención porque él se había “hospedado
en casas asociadas con los talibanes y al-Qaeda…recibido entrenamiento militar
en dos campos distintos cercanamente asociados con al-Qaeda y los talibanes y
había apoyado a las fuerzas de lucha talibana en dos frentes distintos en la
guerra contra la Alianza del Norte”. En otras palabras, como expliqué en un artículo en ese
momento, el juez Leon decretó que “podía ser detenido indefinidamente sin
cargos ni juicios porque, a pesar de haber viajado a Afganistán para luchar
contra otros musulmanes antes del 11 de septiembre del 2001, “suponiendo que no
tuviera asociación alguna con al-Qaeda”, y habiendo declarado que “su apoyo a y
su asociación con los talibanes fue mínima y no dirigida a los Estados Unidos o
a las fuerzas de coalición”, él estaba en Afganistán cuando el conflicto se
convirtió en una guerra diferente con la invasión estadounidense en octubre del 2001”.
Al-Alwi apeló, pero su apelación fue rechazada
en el tribunal de apelación de D.C. en junio del 2012.También
solicitó su liberación a través de la Junta de Revisión Periódica, un tipo de
liberación bajo probatoria establecida bajo el presidente Obama, que fue rechazada en octubre del
2015.
Lo que es particularmente deprimente acerca de todo esto, es que, aunque al-Alwi, a través de los años, resistiendo la ilegalidad
fundamental de su detención convirtiéndose en uno de los huelguistas de hambre
de periodos largos, no parece representar ningún tipo de amenaza para los
Estados Unidos. En el 2017, fue celebrado dentro de los que se inclinan a
recordar que los prisioneros de Guantánamo son seres humanos, como un artista talentoso que pasaba todo su
tiempo construyendo embarcaciones bellísimas con cartón y cualquier otro
material que pudiera conseguir.
Un barco construido por Moath al-Alwi, en la exposición de "Art from Guantánamo Bay,"
realizada del 2017-18 en el John Jay College of Criminal Justice in New York.
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La segunda petición de habeas de Al-Alwi’s entregada en el 2015, fue rechazada por la corte de distrito y otra apelación por el en el tribunal de apelación de D.C.
en agosto del 2018. Después, él le pidió a la Suprema Corte considerar que,
como lo describió el New York Times, “las bases legales para
retenerlo como un prisionero de tiempos de guerra ya no aplicaba porque había
pasado mucho tiempo desde su captura y porque el conflicto en Afganistán había
cambiado”.
La Suprema Corte y el jueza Breyer
La semana pasada, sin embargo, desafortunada pero predeciblemente, la Suprema Corte rechazó tomar su caso, pero en una
declaración que acompañaba la negativa, el jueza Stepeh Breyer declaró que era
“ya tarde para confrontar una pregunta difícil abierta por Hamdi”: si la
“detención por la duración del conflicto relevante” pudiera significar
“detención perpetua”.
En específico, Breyer escribió:
"La opinión plural del jueza O’Connor (en Hamdi) advirtió que “si las circunstancias
prácticas” de ese conflicto fueran “en tu totalidad distintas a los conflictos
que informan el desarrollo de la ley de guerra”, el “entendimiento” de la corte
acerca de lo que la AUMF autorizó “pudieran desenmarañarse”. De hecho, a la luz
de la “naturaleza poco convencional” de la “guerra contra el terror”, había un
“prospecto substancial” de que la detención para la “duración del conflicto
relevante” pudiera ser el monto de la “detención perpetua”. Pero como esto “no
era la situación que enfrentaban desde esa fecha”, la pluralidad reservaba la
pregunta acerca de si la AUMF o la Constitución permitirían tal resultado."
Con la referencia del caso de al-Alwi, Breyer mencionó que la corte de apelaciones (la Corte de Circuito de D.C) “estuvo de acuerdo
con el gobierno acerca de que podían continuar su detención mientras persistan
las “hostilidades armadas” entre los Estados Unidos y los talibanes y al-Qaeda”.
El gobierno afirma que tales hostilidades continúan, pero no afirma que el fin
esté a la vista. Como consecuencia de esto, al-Alwi enfrenta el prospecto real
de que pasará el resto de su vida detenido bajo su estatus como combatiente
enemigo de una generación atrás, aunque el conflicto del día de hoy pueda
diferir sustancialmente del que el Congreso anticipó cuando pasó la AUMF, así
como los “conflictos que informan el desarrollo de la ley de guerra”.
Breyer concluyó que “Yo, en un caso apropiado,
concedería certiorari para hablar acerca de, si, en relación a la
duración y otros aspectos del conflicto relevante, el Congreso ha autorizado y
la Constitución permite la detención continua”.
La intervención de Breyer es recomendable, pero como
Mark Joseph Stern explicó la semana pasada en un artículo para Slate, llega 15 años tarde. Al
momento de Hamdi, cuatro juezas formaban la pluralidad (O'Connor, Juez Presidente William Rehnquist, Anthony
Kennedy, y Breyer), mientras que otros dos David Souter y Ruth Bader Ginsburg,
“concurrieron con el criterio de la pluralidad acerca de que los las
protecciones de los procesos deberían de estar disponibles para que Hamdi pudiera
desafiar su estatus y detención, proveyendo una mayoría para esa parte del
fallo”, pero “disidiendo del fallo de la pluralidad de que la AUMF estableciera
autorización del congreso para la detención de los enemigos combatientes”.
Solo uno de ellos, Clarence Thomas, estuvo totalmente
del lado de la administración de Bush, mientras que otros dos, el conservador
Antonin Scalia y el veterano liberal John Paul Stevens, disintieron, notando,
como Mark Joseph Stern lo puso, que “el Congreso ha fracasado en suspender la
orden de habeas corpus, que concede a los individuos el derecho de desafiar su
detención” y que “a menos y hasta que el Congreso suspenda ese derecho, que
solo puede hacer en “casos de rebelión o invasión”, el presidente no puede
revocar el debido proceso de los ciudadanos”. Más aun, como lo describe Stern,
Scalia comentó que “la AUMF no otorga los poderes de detención en el extranjero
que el gobierno dice. Aunque Hamdi debería o tener un juicio justo o ser liberado”.
Como Stern procedió a explicar, “Scalia y Stevens, los extraños compañeros de litera que defendieron el habeas corpus, ya no están. La
corte de Guantánamo cambió votos, O’Connor y Kennedy renunciaron y fueron
sustituidos por Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Ambos se oponen firmemente a
los derechos de los detenidos en Guantánamo. De hecho, mientras trabajaba para
la Corte de Apelaciones para el Circuito del distrito de Columbia, Kavanaugh
jugó un papel importante en
lastimar los esfuerzos de Kennedy en garantizar protecciones constitucionales
en Guantánamo.
Mark Joseph Stern también preguntó qué, para Breyer, sería “un caso apropiado” para certioari. “¿Por qué no es el caso de
al-Alwi uno apropiado?”, preguntó, notando que “Breyer no contestó”. En defensa
de Breyer, de cualquier manera, podría ser que correctamente conjeturó que,
dada la actual alineación de la Suprema Corte, ninguna victoria es posible. Con
Kavanaugh habiéndose recluido de los asuntos de Guantánamo dado su historial,
cualquier fallo sería probablemente dividido en 4-4 con Breyer, Ruth Bader
Ginsburg y dos de los nominados de Obama, Sonia Sotomayor y Elena Kagan de un
lado y Thomas, Alito, el otro nominado de Trump Neil Gorsuch y John Roberts del
otro, preservando el exhaustivamente insatisfactorio estado de asuntos actual.
Y todavía la necesidad de que alguna parte de la maquinaria del gobierno estadounidense tome acción para ponerle fin a esta
vergonzosa situación es de urgencia perpetua, si es que la ley significa algo
en los Estados Unidos.
Como explicó Mark Joseph Stern, desde Hamdi, “la Suprema Corte ha permitido una expansión de la detención indefinida más
allá de los llamados enemigos combatientes. En dos
casos recientes, la mayoría conservadora ha permitido que la administración
de Trump detenga a ciertos inmigrantes de manera indefinida, un desarrollo que
Breyer condena como una traición a “nuestros valores básicos”. Con el visto
bueno de la corte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está creando
un archipiélago de Guantánamos en donde el debido proceso ha sido suspendido
para inmigrantes”. Como lo menciona Stern, también, Breyer escribió un
desacuerdo en 2018 “Sería alarmante para mí creer que el Congreso” quisiera un
resultado así”.
La conclusión de Stern es relevante:
"Existe una lección que debe ser recogida de estos terribles casos: el poder de la detención indefinida es un
arma que los presidentes pueden empuñar atronada y brutalmente. En Hamdi,
la Suprema Corte le entregó esta arma a la rama ejecutiva, que continua a
usarla en una manera predecible aterradora y arbitraria. El Congreso debe
revocar la AUMF, así como cualquier otro estatuto, particularmente las leyes de
inmigración, que argumentativamente pueden ser interpretadas para permitir la
detención sin fin. No se puede confiar en que la Suprema Corte pueda forzar el
debido proceso, a pesar de las peticiones de Breyer. Si el Congreso no le pone
un fin a esta crueldad inconstitucional, nadie lo hará."
O, como lo plasma en un editorial Los Angeles Times, acerca de si “la
naturaleza de la guerra actual contra al-Qaeda y grupos similares justifica la
detención no limitada”, “mientras más pronto enfrente esta pregunta la Suprema
Corte, mejor será, porque parece haber poca oportunidad de que el Congreso o la
administración de Trump toquen el tema. Aun así necesita ser atendido, porque
es completamente hostil hacia nuestras leyes y nuestra Constitución retener a
docenas de personas por décadas o incluso indefinidamente en una prisión fuera
del país sin acusarlos con algún crimen específico o sin permitirles enfrentar
a sus acusadores o refutar los cargos presentando evidencia”.
No podríamos estar más de acuerdo.
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