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Del directora nacional de El Mundo No Puede Esperar

Debra Sweet


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La continua e injustificada persecución de Julian Assange

9 de septiembre de 2020
Andy Worthington

Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 15 de septiembre de 2020


Un vehículo con el mensaje ‘Don’t extradite Assange’ (“No extraditen a Assange, el periodismo no es un crimen”), fotografiado el día de hoy, septiembre 9, 2020, en Waterloo (Foto: Andy Worthington).

Una lucha enormemente importante para la libertad de prensa actualmente está tomando lugar en el Old Bailey, en Londres en donde, el lunes, tres semanas de audiencias comienzan en relación a la propuesta de extradición a los Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En el 2010 y 2011, WikiLeaks publicó documentos filtrados por un miembro activo del ejército estadounidense, Bradley, hoy Chelsea Manning, que expusieron evidencia de crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, en este caso de mi área de especialidad, Guantánamo.

Las revelaciones de Guantánamo estaban contenidas en archivos militares clasificados relacionados con la mayoría de los 779 hombres que estuvieron detenidos en la prisión por el ejército estadounidense desde que ésta abrió en enero del 2002, que, por primera vez, explícitamente revelan lo profundamente poco confiable que es la supuesta evidencia en contra de los prisioneros, la mayoría siendo producto de los prisioneros que dieron numerosas declaraciones falsas en contra de otros prisioneros. Yo trabajé con WikiLeaks como socio informativo para la publicación de los archivos de Guantánamo (conocidos en inglés como los Guantánamo Files) y el resumen de la importancia de los expedientes puede ser encontrado en el artículo que escribí cuando fueron publicados titulado WikiLeaks Reveals Secret Guantánamo Files, Exposes Detention Policy as a Construct of Lies (“Wikileaks revela los archivos secretos de Guantánamo, expone política de detención como una construcción de mentiras”).

Debo añadir que soy uno de los testigos de la defensa que aparecerá en la corte en algún momento de las próximas semanas para discutir la importancia de los expedientes de Guantánamo. Ver este aporte de Kevin Gosztola de Shadowproof enlistando los testigos que serán parte, incluidos el profesor Noam Chomsky, Jameel Jaffer, director ejecutivo de Knight First Amendment Institute en la Universidad de Columbia, el periodista John Goetz, Jakob Augstein, Emily Dische-Becker y Sami Ben Garbia, los abogados Eric Lewis y Barry Pollack, y la Dr. Sondra Crosby, una doctora que examinó a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres en donde vivió casi siete años después de que el asilo le fuera otorgado en el 2012.

El caso de la defensa (ver aquí y aquí) y el de la acusación (ver aquí) han sido hechos disponibles por Bridges for Media Freedom, que “trabaja para educar al público y a los principales interesados acerca de amenazas a la libertad de los pedios en todo la esfera de reportaje moderno digital” y la organización también está haciendo que las declaraciones y horarios de testimonios estén disponibles, a la fecha, el profesor estadounidense de periodismo de transmisión Mark Feldstein (ver aquí y aquí), el abogado Clive Stafford Smith, fundador de Reprieve (ver aquí), Paul Rodgers, profesor de estudios de la paz en la Universidad de Bradford (ver aquí) y Trevor Timm de la Freedom of the Press Foundation (ver aquí).

A pesar de todo esto, y las semanas de testimonios por parte de expertos, por venir, la verdad contundente es que estas audiencias no deberían estarse realizando en lo absoluto. Al hacer que los documentos filtrados por Chelsea Manning sean públicamente disponibles, WikiLeaks actuó como un editor y, mientras que a los gobiernos obviamente no les gusta la evidencia publicada en relación a sus secretos y crímenes, una de las diferencias definitivas entre una sociedad supuestamente libre y una dictadura es que, en una sociedad libre, aquellos que publican documentos filtrados críticos de sus gobiernos no son castigados a través de medios legales por hacerlo. En los Estados Unidos, la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, tiene como objetivo prevenir lo que actualmente está ocurriendo en el caso de Julian Assange.

Además, al publicar los documentos filtrados por Manning, Assange y WikiLeaks no trabajaron solos, en lugar de eso, trabajaron de cerca con un número de prestigiosos periódicos para que, si fuera a suceder que Assange y WikiLeaks fueran acusados de actividad criminal, entonces también fueran acusados los editores del New York Times, el Washington Post, el Guardian y todos los otros periódicos alrededor del mundo que trabajaron con Assange en la publicación de estos documentos, como expliqué cuando arrestaron a Assange el año pasado en los artículos titulados Defiende a Julian Assange y a WikiLeaks: la libertad de prensa depende de eso y Stop the Extradition: If Julian Assange Is Guilty of Espionage, So Too Are the New York Times, the Guardian and Numerous Other Media Outlets y en febrero de este año en el artículo A Call for the Mainstream Media to Defend Press Freedom and to Oppose the Proposed Extradition of Julian Assange to the US.

La supuesta base de los Estados Unidos para proceso legal en contra de Assange es el Ley de Espionaje de 1917, que ha sido ampliamente criticada. En un reporte del 2015 por el fondo PEN Centro Americano, como explica Wikipedia que “casi todos de los representativos no gubernamentales que entrevistaron, incluidos activistas, abogados, periodistas e denunciantes pensaron que la Ley de Espionaje había sido utilizada inapropiadamente en casos de filtraciones que tienen un componente de interés público´”. Como explicó PEN “expertos la describen como un ‘instrumento demasiado obtuso, agresivo, general y supresor’, una ‘herramienta de intimidación’, ‘escalofriante de libertad de expresión’ y un ‘vehículo pobre para enjuiciar filtradores e informantes’”.

El ex presidente Obama consideró buscar la extradición de Julian Assange, pero correctamente concluyó que hacerlo constituiría un asalto sin precedentes e inaceptable contra la libertad de prensa. Como explicó Charlie Savage en un artículo del New York Times cuando Assange fue acusado, la administración de Obama “puso en la balanza acusar al Sr. Assange, pero rechazó tomar ese paso por miedo a que intimidara al periodismo investigativo y que pudiera caer en lo inconstitucional”.

Donald Trump y su gobierno, sin embargo, no tuvo esos escrúpulos, y cuando decidieron proceder con la solicitud de extradición para Assange, el gobierno británico permitió que su desprecio por el fundador de WikiLeaks invalidara lo que debió de haber sido su propia defensa de la libertad de los medios para publicar material que es de interés común pero que los gobiernos tal vez no quisieran publicar, como parte del funcionamiento necesario de una sociedad que reconoce la necesidad para revisión y balance del poder absoluto, en lo cual los medios pueden y deben jugar un rol mayor.

A pesar del obvio ataque a la libertad de prensa que el caso de Assange representa, el gobierno de los Estados Unidos, y presumiblemente sus partidarios en el gobierno británico, pretenden que el caso se trate de actividad criminal de parte de Assange en relación a la obtención de información que posteriormente publicaría y la seguridad de la gente cuyos nombres en los archivos que fueron revelados.

El primero de estos cargos, desprecintado el día en el que Assange fue arrestado (11 de abril del año pasado), alega que intentó ayudar a Manning a hackear en una computadora del gobierno para evitar detección, un cargo que tiene un máximo de cinco años de sentencia, que había sido actualmente incluido en el juicio de Manning.

Sin embargo, los 17 cargos de espionaje cubrieron nuevo territorio, “enfocados”, como describió Charlie Savage, “en un bonche de expedientes que contenían nombres de gente que dio información a Estados Unidos en lugares peligrosos como las zonas de guerra en Afganistán e Irak y los Estados autoritarios como China, Irán y Siria”.

Como añadió Savage, “la evidencia mostrada en la acusación en contra del Sr. Assange, mapeó en la información presentada por los fiscales militares en el juicio de la corte marcial de la Sra. Manning. Los fiscales en su caso también alegaron que sus acciones pusieron en peligro a la gente cuyos nombres fueron revelados en los documentos que el Sr. Assange publicó, aunque no presentaron evidencia alguna de que alguien haya sido asesinado como resultado de ello”.

El último punto, seguramente será crucial, pero Savage notó que un oficial del Departamento de Justicia “declinó decir si existía evidencia alguna ahora, pero destacó que los fiscales necesitarían probar en corte únicamente lo que decía la acusación: la publicación puso en peligro a algunas personas”.

Si lo extraditan y enjuician exitosamente, Assange enfrenta una sentencia de 175 años, lo cual me parece excesivamente indignante por “poner gente en peligro”, pero igual todo en este caso es excesivo, no menos en la manera en la que el gobierno de Estados Unidos cree tener el derecho de cambiar las reglas cuando le pare.

En junio, por ejemplo, Estados Unidos retiró la acusación existente y presentó una nueva, con reclamaciones adicionales de que Assange había intentado reclutar otros hackers, como si presentar una inculpación directa como esta fuera un comportamiento perfectamente normal, cuando es todo lo contrario.

La audiencia de extradición que comenzó el lunes y uno de sus abogados, Mark Summers QC, llamó a la entrega de la acusación directa “anormal, injusta y responsable por crear verdadera injusticia”. Como explicó el Guardian, Summers dijo que material original “había aparecido de la nada” y “presentaba acusaciones extras de criminalidad que decía que por sí solas podrían representar bases separadas par la extradición como el robo de información de bancos, obtener información gracias al rastreo de vehículos policiacos y la supuesta ‘ayuda al informante Edward Snowden en Hong Kong”.

Como explica Summers, “esta es una solicitud de extradición esencialmente fresca” que fue, dijo “presentada con poco aviso en un momento en el que Assange fue “inhibido” para hablar son sus abogados”. También dijo que Assange y sus abogados creen que el material adicional fue introducido en un acto de desesperación porque “los Estados Unidos vieron fuerza en el caso de la defensa y pensaron que ellos iban a perder”. Le preguntó a la jueza Vanessa Baraitser “que eliminara o desestimara estas acusaciones extras retrasadas” y también buscó retrasar la audiencia de extradición, pero ella rechazó hacerlo.

Queda ver si, mientras progresa el caso, aquellos que defienden a Assange pueden lograr persuadir a la jueza a negarle a los Estados Unidos la solicitud de extradición”. Parece poco probable, pero un aspecto fundamental del tratado de extradición es que supuestamente no se puede hacer por motivos políticos, aunque eso es lo que el gobierno estadounidense parece estar diciendo, particularmente en su uso de la Ley de Espionaje. Así como explicó otro de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald QC, en el argumento defensivo, que él mismo escribió, la persecución de Assange “está continuando por motivos políticos y no en buena fe”.

Como explicó posteriormente, “la solicitud de Estados Unidos busca la extradición por lo que es una clásica ‘ofensa política’. La extradición por una ofensa política está expresamente prohibida en el artículo 4(1) del tratado anglo-estadounidense de extradición. Es por esto que constituye un abuso del proceso de esta corte el hecho de solicitar la extradición en base a este tratado en violación a las previsiones del tratado”.


 

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