Cómo el Corte Suprema dio por perdido el caso de Guantánamo
13 de abril de 2011
Andy Worthington
El lunes pasado, el mismo día en que la Administración Obama tiró
la toalla con Guantánamo, lo mismo hizo el Corte Suprema. Por lo que
sabemos, no se trató de una marcha atrás orquestada —ni George W. Bush y Dick
Cheney habían ofrecido dinero para rehabilitar su legado—, pero el efecto fue
el mismo.
Para los detractores de la aberración inconstitucional que es Guantánamo, el pasado lunes —4 de abril de
2011 — pasará a los libros de historia como el día en que se vieron obligados a
observar impotentes cómo se descartaban o desacreditaban los juicios en
tribunales federales contra sospechosos de terrorismo, se revitalizaba la
"guerra contra el terrorismo", ya gastada y de aspecto cutre, y el Corte
Suprema, mediante su inacción, decidía que los jueces del Tribunal de Apelación
del Distrito de Columbia —que han criticado públicamente al Corte Suprema por
su incompetencia— debían seguir decidiendo la política sobre los detenidos en Guantánamo.
Lo que esto significa, como explicaré con detalle más adelante, es que, tras haber vaciado de todo
significado el hábeas corpus en sus sentencias de los últimos quince meses, se
permitirá que el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia siga decidiendo
que todos los presos que aún permanecen en Guantánamo deben —y muy posiblemente
lo harán— permanecer recluidos para siempre, independientemente de si otros
jueces o el propio Grupo
de Trabajo Interinstitucional para la Revisión de Guantánamo del presidente han
autorizado su puesta en libertad.
En la primera capitulación del pasado lunes, la Administración Obama —a través del fiscal general Eric
Holder— abandonó
una promesa de 16 meses de juzgar al presunto cerebro del 11-S, Khalid
Sheikh Mohammed, y a otras cuatro personas en un tribunal federal, cediendo a
la presión republicana —y a la
prohibición de trasladar a los presos al territorio continental de EE.UU.
para ser juzgados, que fue aplicada inconstitucionalmente por el Congreso en
diciembre— al anunciar que, en su lugar, los hombres serían juzgados por una
comisión militar en Guantánamo.
La administración cumplió así un objetivo clave de los republicanos —asegurar que los presos más
destacados de la “guerra contra el terrorismo” de Bush fueran considerados
"guerreros" en lugar de criminales— y, en la práctica, hizo retroceder el reloj
hasta 2008, cuando la administración Bush celebró tres
audiencias
previas
al juicio en las comisiones militares de estos cinco hombres.
Es cierto que la administración Obama es la principal responsable, al haber reactivado
las comisiones militares en el verano de 2009, cuando los altos cargos
podrían haber relegado ese sistema tan denostado al cementerio de las novedades
jurídicas fallidas. Además, todo esto podría resultar contraproducente, ya que
las comisiones se asientan sobre cimientos jurídicos dudosos y los
procedimientos tienden a estar llenos de lagunas a través de las cuales
acusados decididos como Khalid Sheikh Mohammed podrán burlarse de Estados
Unidos con más éxito que en un tribunal federal. Sin embargo, el resultado
final es que los republicanos —y, si así lo desean, George W. Bush y Dick
Cheney— podrán afirmar que tenían razón desde el principio.
En el frente judicial, el Corte Suprema ha eludido el tema de Guantánamo desde su última intervención
importante, en el caso Boumediene
contra Bush, en junio de 2008, cuando los magistrados dictaminaron que
los prisioneros tenían derechos de hábeas corpus garantizados
constitucionalmente, y también dictaminaron que el Congreso había actuado de
forma inconstitucional al intentar privar a los prisioneros de esos derechos en
la Ley de Trato a los Detenidos de 2005 y la Ley de Comisiones Militares de 2006.
Aunque se trató de una decisión de enorme importancia, que reforzaba la inusual pero crucial sentencia
de junio de 2004, en el caso Rasul
contra Bush, según la cual los presos, aunque detenidos en tiempo de
guerra, tenían derecho al hábeas corpus porque la Administración Bush había
eliminado todos los mecanismos mediante los cuales los hombres inocentes
detenidos por error podían demostrar su inocencia, también sembró las semillas
del desastre del pasado lunes.
En esencia, el Corte Suprema se negó a ofrecer una descripción de lo que es un "combatiente enemigo",
dejando esa decisión en manos de los tribunales inferiores; y aunque el
Tribunal de Distrito de Washington D. C. hizo un buen trabajo al elaborar su
propia definición y aplicarla en la práctica —y perfeccionándola sobre la
marcha— en 41
casos entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, durante los últimos 15
meses los jueces del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia (el
tribunal de apelación) han contraatacado, y varios jueces notoriamente de
derechas se han negado a aceptar la decisión generalmente aceptada del Tribunal
de Distrito de que es necesaria algún tipo de implicación en la estructura de
mando de Al Qaeda y/o los talibanes para denegar sus peticiones de hábeas corpus.
A
partir del caso Al-Bihani contra Obama en enero de 2010, en el que
los jueces del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia defendieron que
no existieran límites a los poderes del presidente en tiempo de guerra en el
caso de un cocinero yemení de las fuerzas árabes que apoyaban a los talibanes
en Afganistán, otros tribunales han atacado el argumento de la "estructura de
mando", insistiendo en que el mero hecho de "formar parte" Al Qaeda y/o los
talibanes es suficiente para justificar la detención de por vida, y procediendo
a atacar el umbral ya de por sí bajo exigido al Gobierno —que demuestre su caso
por "preponderancia de la prueba", en lugar de "más allá de toda duda razonable".
Lo que el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia desea, tal y como han señalado en ocasiones
los jueces, es que la carga probatoria no sea más que "alguna prueba" —y eso de
una manera muy amplia—, tal y como
expliqué en mi última crítica dirigida al Tribunal de Apelación. Si
pudieran, cabe sospechar que los jueces del Tribunal de Apelación simplemente
volverían a los Tribunales
de Revisión del Estatus de Combatiente de Guantánamo, celebrados en
2004-05, que el Corte Suprema, en el caso Boumediene, consideró
"insuficientes". En los CSRT, la carga de la prueba no recaía en el Gobierno,
sino, de manera escandalosa, en el acusado, a pesar de que los presos de
Guantánamo no tenían forma de obtener pruebas a su favor, ni siquiera de saber
cuáles eran los supuestos cargos del Gobierno contra ellos.
En un intento por revocar el dominio del Tribunal de Apelación sobre todos los argumentos relativos a los
presos de Guantánamo, en los últimos meses se han presentado varias alegaciones
ante el Corte Suprema y, aunque todas ellas han sido desestimadas, como he
mencionado anteriormente, merece la pena analizar lo que ha estado sucediendo,
con el fin de comprender más a fondo las fuerzas oscuras que ahora tienen el control.
En un excelente editorial del mes pasado, el New York Times
abordó el problema con el Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia,
centrándose específicamente en la oposición del tribunal a los intentos de los
uigures —musulmanes de la oprimida provincia china de Xinjiang, detenidos por
error, que ganaron
su petición de hábeas corpus en octubre de 2008— de que se les permitiera
vivir en EE.UU.
Aunque el juez encargado de su caso, el juez Ricardo Urbina, ordenó en octubre de 2008 que se les
trasladara a vivir a Estados Unidos, la Administración Bush —y posteriormente
la Administración Obama— interpusieron un recurso de apelación, y en febrero de
2009, mucho antes de que el Tribunal de Apelación comenzara a entrometerse
específicamente en la revocación de sentencias favorables de hábeas corpus o a
reclamar unilateralmente una ampliación de los poderes ejecutivos, el
Tribunal de Apelación les dio la razón. Bajo la presidencia del juez A.
Raymond Randolph —conocido por respaldar todas las sentencias sobre Guantánamo
dictadas bajo el mandato del presidente Bush que posteriormente fueron
revocadas por el Corte Suprema—, un tribunal de jueces dictaminó, tal y como lo
describió el Times, que el juez Urbina "carecía de autoridad para liberarlos en
Estados Unidos porque los “poderes políticos” tienen “facultad exclusiva” para
decidir qué personas no estadounidenses pueden entrar en este país".
Desde entonces, aunque 12 de los 17 uigures han aceptado nuevos hogares (en Bermudas,
Palau
y Suiza),
el Tribunal ha seguido resistiéndose
a las reclamaciones presentadas por los otros cinco, que rechazaron las
ofertas de reubicación realizadas por Palau y al menos otro país no
identificado, porque no confiaban en que esos países los protegieran del
Gobierno chino.
Conmocionado por esta decisión, y por todos los demás acontecimientos de los últimos quince meses, el
Times señaló con valentía que el Tribunal de Apelación del Distrito de
Columbia "ha restringido drásticamente la sentencia Boumediene" y que,
"en sus manos, el hábeas corpus ya no es un recurso para resolver el problema
que la mayoría en Boumediene denominó “privación de libertad arbitraria e
ilegal”".
Los editores señalaron a continuación que, en el escrito presentado por los uigures ante el Corte Suprema, en el que
impugnan esta decisión (como última entrega de un caso que ha dado vueltas por
los tribunales durante los últimos dos años), sus abogados señalan
explícitamente que el único factor constante en este caso es "la negativa del
tribunal de apelación a aplicar, o incluso a reconocer" la sentencia de Boumediene,
y los editores también ofrecieron una visión reveladora de la naturaleza
partidista de la oposición del juez Randolph a las decisiones relativas a
Guantánamo que se le han presentado, explicando:
El juez Randolph… redactó el dictamen del Circuito del Distrito de Columbia que el Corte Suprema anuló en Boumediene.
En un discurso titulado "El lío de Guantánamo" el otoño pasado, afirmó que los
magistrados se equivocaron al hacerlo y prácticamente expresó su desprecio por
la sentencia. Como base para el título del discurso, comparó a los magistrados
que la dictaron con los personajes de The Great Gatsby. "Eran gente descuidada", leyó. "Lo destrozaban
todo… y dejaban que otros limpiaran el desastre que habían causado".
Este enfoque despectivo hacia la sentencia del Corte Suprema llevó al New York Times a responder:
En Kiyemba [el caso de los uigures] y otros casos relacionados, sin embargo, son el juez Randolph y otros
miembros del Tribunal de Apelación del Distrito de Columbia quienes están
creando el caos. Abogados de prestigio afirman que están socavando la autoridad
del Corte Suprema y la justicia estadounidense. De los 140 que impugnan sus detenciones ante esta hostilidad,
es probable que decenas de personas que deberían haber sido puestas en libertad
permanezcan en prisión.
En conclusión, el Times trató de recordar al Corte Suprema que "Alexander Hamilton calificó los
“encarcelamientos arbitrarios” por parte del ejecutivo como “los instrumentos
favoritos y más formidables de la tiranía”", y que, en Boumediene, el
juez Anthony Kennedy "destacó que el hábeas corpus tiene menos que ver con los
derechos de los detenidos, por importantes que sean, que con el poder judicial
vital para controlar el uso indebido del poder ejecutivo", añadiendo que esto
es importante porque el Tribunal de Apelación "prácticamente ha anulado esa visión
del poder y la responsabilidad judiciales respaldada por el juez Kennedy y la
mayoría del tribunal", y que el Corte Suprema debería ahora recordar al
Tribunal de Apelación “quién dirige el sistema judicial federal y a quién tiene
el solemne deber de seguir”.
Si los editores del Times presentaron argumentos válidos —y creo que así fue—, entonces fue el Corte
Suprema el que no asumió sus responsabilidades, ya que el lunes pasado se negó
a examinar el caso de los uigures y también desestimó otras tres solicitudes
relacionadas con el hábeas corpus, en las que se cuestionaba el uso de rumores
por parte del Gobierno, el criterio de la “preponderancia de la prueba” y los
amplios poderes ejecutivos respaldados en el caso Al-Bihani.
Hasta la fecha, los analistas han sugerido que el Corte Suprema podría no haber estado dispuesto a
volver a examinar el caso de Guantánamo, porque Elena Kagan, que sustituyó al
juez John Paul Stevens, fue fiscal general de Obama y trabajó en asuntos
relacionados con Guantánamo, por lo que habría tenido que recusarse, lo que
habría dejado al tribunal, con toda probabilidad, dividido en 4-4 en cualquier
caso relacionado con Guantánamo. Sin embargo, como señaló
SCOTUSblog, Kagan no se recusó en dos de los casos rechazados el pasado
lunes, lo que sugiere que el problema es, en realidad, que ninguno de los
magistrados quiere asumir el papel desempeñado por el magistrado Stevens,
quien, de 2004 a 2008, "había sido el líder del Tribunal a la hora de
reivindicar un papel destacado para los magistrados en la supervisión de cómo
se había desarrollado la legislación sobre la detención".
Junto con la capitulación del Gobierno de Obama ante las exigencias republicanas sobre Guantánamo, el
hecho de que el Corte Suprema, bajo el mandato de Obama, haya acabado siendo
más conservador de lo que era bajo el de Bush en lo que respecta a las
cuestiones de detención en la "guerra contra el terrorismo" parece una especie
de broma cruel.
¿Cómo demonios hemos acabado en una situación en la que, como explicaba SCOTUSblog, la figura tóxica
del juez Randolph se ha quedado en una posición en la que la denegación de
revisión por parte del Corte Suprema el pasado lunes "podría… considerarse un
triunfo personal" para él —y, por lo tanto, una admisión tácita de que tenía
razón al considerar el caso Boumediene como un "lío" que hay que
arreglar? ¿Fue el juez Stevens la única razón por la que el sistema judicial
estadounidense no respaldó plenamente la detención arbitraria como política
oficial bajo el mandato de George W. Bush?
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