El "combatiente enemigo" estadounidense se
declara culpable de sus poderes dictatoriales
01 de mayo de 2009
Andy Worthington
Durante cinco años y ocho meses, el gobierno de Bush mantuvo recluido sin cargos ni
juicio a Ali Saleh Kahlah al-Marri, ciudadano qatarí y residente legal en
Estados Unidos, como "combatiente enemigo" en la Brigada Naval
Consolidada de Charleston, Carolina del Sur. Detenido por el FBI en diciembre
de 2001 y acusado posteriormente de delitos como fraude con tarjetas de crédito
y usurpación de identidad, al-Marri, que había llegado a Estados Unidos con su
familia el 10 de septiembre de 2001 para estudiar en la Universidad de Peoria,
en Illinois, fue posteriormente sacado del sistema de justicia penal y recluido
como "combatiente enemigo", cuando la investigación posterior de su
ordenador y otras posesiones indicó que había sido enviado a Estados Unidos
para establecer una "célula durmiente" de Al Qaeda.
En los últimos meses de su
reclusión, antes de que la administración Obama revisara rápidamente su
caso y lo trasladara al sistema judicial federal, a al-Marri se le había
permitido un mínimo de libertad personal -como ver la televisión y hacer
llamadas a su familia-, aunque seguía recluido en régimen de aislamiento en un
bloque de celdas en el que todas las demás estaban desocupadas.
Sin embargo, estas pequeñas gentilezas no bastaron para compensar los largos años en los que su
aislamiento fue absoluto y, además, había sido sometido al tipo de
"técnicas de interrogatorio mejoradas" autorizadas por la Oficina de
Asesoría Jurídica en memorandos
hechos públicos por el gobierno de Obama hace dos semanas y que, como confirma
un informe de la Comisión de Servicios Armados del Senado (PDF) publicado la
semana pasada, migraron a Guantánamo y a Bagram, en Afganistán, y luego se
adoptaron en Irak.
En el caso de al-Marri, tras un año y medio a la espera de juicio en un tribunal federal,
después de su detención en diciembre de 2001, los primeros 16 meses que pasó
como "combatiente enemigo" tuvieron lugar en un estado de aislamiento
casi sin precedentes, que, al margen de los horrores padecidos por los
"detenidos de alto valor" bajo custodia de la CIA, sólo compartían
los otros dos "combatientes enemigos" estadounidenses, Yasser Hamdi y
José
Padilla, y un puñado
de presos de Guantánamo. Su aislamiento era tal que, según una evaluación
psiquiátrica realizada en nombre de sus abogados, empezó a sufrir "graves
daños en su bienestar mental y emocional, como hipersensibilidad a estímulos
externos, comportamiento maníaco, dificultad para concentrarse y pensar,
pensamiento obsesivo, dificultades para controlar los impulsos, dificultad para
dormir, dificultad para llevar la cuenta del tiempo y agitación."
Como también explicaron sus abogados en los documentos
judiciales presentados el pasado mes de mayo, durante ese periodo los
interrogadores le dijeron que "lo enviarían a Egipto o a Arabia Saudí para
ser torturado y sodomizado y obligado a ver cómo violaban a su esposa delante
de él", y lo amenazaron con hacerlo "desaparecer para que nadie supiera
dónde estaba". También explicaron,
Se le negó todo contacto con el mundo exterior, incluida su familia, sus abogados y la Cruz Roja. Todas las
peticiones para ver, hablar o comunicarse con el Sr. al-Marri fueron ignorada o
rechazadas. El único contacto humano regular del Sr. al-Marri durante ese
periodo fue con funcionarios del gobierno durante las sesiones de
interrogatorio, o con los guardias cuando le entregaban bandejas de comida a
través de una ranura en la puerta de su celda, lo acompañaban a la ducha o lo
llevaban a una jaula de hormigón para su "recreo". Los guardias
llevaban cinta adhesiva sobre sus placas de identificación y no hablaban con el
Sr. al-Marri salvo para darle órdenes.
Como consecuencia de este trato, era comprensible que muchos comentaristas -entre los que me
incluyo- se preguntaran cuánta verdad había en las acusaciones del gobierno
contra al-Marri, sobre todo porque se afirmaba que tenía conexiones con Khalid
Sheikh Mohammed, el arquitecto confeso de los atentados del 11-S, que había
sido detenido en los meses anteriores a que al-Marri fuera declarado
"combatiente enemigo" y que, según sabemos ahora por los memorandos
sobre tortura de la OLC, fue sometido a submarino
(una antigua técnica de tortura que consiste en el ahogamiento controlado) 183
veces en marzo de 2003.
Sin embargo, el jueves, en un tribunal federal de Peoria, Ali al-Marri aceptó un acuerdo de
culpabilidad presentado ante el juez de distrito Michael Mihm, y "admitió
un cargo de conspiración para proporcionar apoyo material o recursos a una
organización terrorista extranjera", como lo describió Los
Angeles Times, añadiendo: "Hablaba en voz baja y sonreía de vez en
cuando mientras Mihm leía en voz alta una cronología que describía la
asistencia de Marri a campos de entrenamiento de terroristas en Pakistán y su
investigación sobre compuestos de cianuro y otros agentes químicos."
Según los términos del acuerdo de culpabilidad, al-Marri admitió haberse asociado con Khalid Sheikh
Mohammed y Mustafa al-Hawsawi, el presunto financiador de los atentados del
11-S (incluso haber cobrado 10.000 dólares de al-Hawsawi en los EAU), antes de
llegar a Estados Unidos el 10 de septiembre de 2001. En el acuerdo también se
afirmaba que, mientras asistía a varios campos de entrenamiento en Pakistán,
"se convirtió en un experto con armas militares, aprendió a ocultar su
identidad en Internet y utilizó su ordenador para investigar agentes químicos
que podrían utilizarse en un atentado", y que en un registro de su casa se
descubrió "un almanaque con páginas marcadas que mostraban puentes,
carreteras y vías fluviales de Estados Unidos", aunque el Wall
Street Journal señaló que, en su declaración, "no reveló órdenes
de llevar a cabo ningún atentado concreto".
Está previsto que Al-Marri sea condenado el 30 de junio y, según todos los indicios, recibirá una
pena de hasta 15 años como resultado del acuerdo, que es la mitad de lo que
podría haber recibido si hubiera decidido no negociar. Al conocerse la noticia
del acuerdo, Marjorie Cohen, Presidenta del Gremio Nacional de Abogados,
declaró a Los Angeles Times: "Se ha hecho por conveniencia".
Explicó que, al llegar a un acuerdo de culpabilidad, "la administración
Obama evita un largo juicio en el que invariablemente saldrían a la luz pruebas
de tortura, y eso presionaría aún más a la administración para que se llevaran
a cabo investigaciones y enjuiciamientos."
Creo que esto es indudablemente cierto, aunque Matthew Waxman, profesor de Derecho de la
Universidad de Columbia que también fue subsecretario adjunto de Defensa de la
administración Bush para asuntos de detenidos en 2004-05, dio en el clavo de
otra verdad incómoda cuando declaró al Times: "La administración Obama
heredó un difícil dilema: por un lado, quiere distanciarse de las controvertidas
posiciones de la administración Bush. Pero, por otro lado, quiere preservar las
opciones y los poderes ejecutivos". Dada la historia de este caso, la
administración no quería litigarlo, y los tribunales estarán encantados de
librarse de él".
Las frases clave aquí son las opiniones de Waxman de que la administración Obama "no quería
litigar" el caso, y que "quiere preservar opciones y poderes
ejecutivos". Como expliqué en un artículo de marzo, "Por
qué Estados Unidos bajo Obama sigue siendo una dictadura", la decisión
del nuevo gobierno de trasladar a al-Marri al sistema judicial federal, aunque
justa, también le permitió impedir que el Corte Supremo revisara una
terrible sentencia del 4º Circuito el pasado julio, cuando, como la
describí, "una mayoría de los jueces decidió que el Presidente tenía
efectivamente derecho a someter a los estadounidenses a encarcelamientos
arbitrarios, a pesar de las quejas de los jueces disidentes, encabezados por la
juez Diana Gribbon Motz, que argumentaron que, si se permitía que el fallo se
mantuviera, "socavaría efectivamente todas las libertades garantizadas por
la Constitución", y a pesar de las quejas válidas, formuladas por los
abogados de al-Marri, de que
el Presidente carecía de autoridad legal para designar y retener a al-Marri como "combatiente enemigo"
por dos razones concretas: en primer lugar, porque la Constitución
"prohíbe el encarcelamiento militar de civiles detenidos en Estados Unidos
y fuera de un campo de batalla activo" y, en segundo lugar, porque, aunque
un tribunal de distrito había sostenido anteriormente que el Presidente estaba
autorizado a detener a al-Marri en virtud de la Autorización para el Uso de la
Fuerza Militar (la ley de septiembre de 2001 que autorizaba al Presidente a
utilizar "toda la fuerza necesaria y apropiada" contra quienes
estuvieran implicados de algún modo en los atentados del 11-S), El Congreso
prohibió explícitamente "la detención indefinida sin cargos de presuntos
terroristas extranjeros en Estados Unidos" en la Patriot Act, que se
promulgó cinco semanas después.
En marzo, cuando se paralizó la impugnación ante el Corte Supremo, los abogados de al-Marri
consiguieron que los jueces anularan la sentencia del 4º Circuito, pero sigue
en pie otra sentencia que respalda el autoproclamado derecho del gobierno a
encarcelar a estadounidenses como "combatientes enemigos" en el caso
de José Padilla. En un eco del caso de al-Marri, un tribunal de apelación falló
a favor del gobierno en septiembre de 2005, y Padilla fue sacado del calabozo e
ingresado en el sistema judicial federal (donde posteriormente fue juzgado,
declarado culpable y condenado)
antes de que el Corte Supremo pudiera impugnar la sentencia.
Puede que por fin la justicia haya llamado a la puerta en el caso de Ali al-Marri -aunque creo que
su condena debería reflejar no sólo los 18 meses que pasó en una prisión
federal, como propone el gobierno, sino también los cinco años y ocho meses que
pasó en un infierno ilegal ideado por la propia administración Bush-, pero
sigue siendo inaceptable que, como declaró el Departamento de Justicia cuando
lo sacó del calabozo en marzo, "cualquier detención futura -en caso de que
esa hipotética posibilidad llegara a producirse- requeriría una nueva
consideración en virtud de las circunstancias y el procedimiento existentes en
ese momento."
Con una licencia presidencial para apresar y retener a estadounidenses como "combatientes
enemigos" todavía en vigor, esta referencia a "las circunstancias y
el procedimiento existentes en aquel momento" sugería -y sigue sugiriendo-
que la administración Obama, en su búsqueda de "flexibilidad",
prefiere mantener abierta una profunda violación de los derechos humanos,
prefiere mantener abierta una laguna profundamente perturbadora heredada de sus
predecesores sin ley, en lugar de confirmar, como declaró Barack Obama en un
discurso pronunciado en agosto de 2007, que bajo su mandato "volveremos a
dar ejemplo al mundo de que la ley no está sujeta a los caprichos de
gobernantes testarudos, y de que la justicia no es arbitraria".
POSTSCRIPCIÓN: El acuerdo de culpabilidad completo está disponible aquí
(es un PDF de 20 páginas).
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