En el caso de Ahmed Khalfan Ghailani, los apologistas
de la tortura están por todas partes
12 de octubre de 2010
Andy Worthington
"Una sentencia sobre terrorismo amenaza los procesos contra civiles", gritaba Los
Angeles Times el jueves pasado. "La sentencia sobre los atentados
del 98 en la embajada de África Oriental es un revés para EE.UU.", se
lamentaba el Washington
Post.
Los titulares se referían al juicio ante un tribunal federal, en Nueva York, de Ahmed Khalfan
Ghailani, ex
"prisionero fantasma" de la CIA (durante dos años y dos meses),
que estuvo recluido en Guantánamo durante dos años y ocho meses antes de su traslado
a Estados Unidos continental en mayo de 2009 para enfrentarse a los cargos
de participación en los atentados contra las embajadas africanas de 1998 en
Nairobi y Dar-es-Salaam, en los que murieron 224 personas, entre ellas 12
estadounidenses. Las audiencias previas al juicio se habían desarrollado sin
contratiempos, al igual que la selección del jurado hace dos semanas, así que
¿qué demonios ocurrieron el miércoles pasado para que se produjera semejante
"amenaza" y "contratiempo" en su juicio?
Lamentablemente, la respuesta revela hasta qué punto el respeto a la ley y el aborrecimiento de la
tortura han sido marginado o desterrados en los Estados Unidos posteriores al
11 de septiembre. El motivo de esos impactantes titulares fue la negativa del
juez del caso de Ghailani, el juez Lewis A. Kaplan, a aceptar información
obtenida mediante el uso de la tortura y, concretamente, su negativa a permitir
que el gobierno utilizara a su testigo estrella, un hombre cuya identidad sólo
había sido revelada por Ghailani mientras estaba siendo torturado en una
prisión secreta de la CIA.
Esto es lo que escribió el juez Kaplan en una orden de tres páginas en la que denegaba la
intención del gobierno de utilizar el testimonio de Hussein Abebe, un taxista
tanzano descrito por los fiscales como un "testigo gigante" que, como
explicaba el Washington Post, "se esperaba que declarara que vendió
a Ghailani el TNT utilizado en el atentado".
El tribunal no ha llegado a esta conclusión a la ligera. Es plenamente consciente de la peligrosa
naturaleza del mundo en que vivimos. Pero la Constitución es la roca sobre la
que descansa nuestra nación. Debemos seguirla no sólo cuando sea conveniente,
sino también cuando el miedo y el peligro nos llamen en otra dirección. Hacer
menos nos empequeñecería y socavaría los cimientos sobre los que nos asentamos.
Cuando leí esas palabras, me alegré de que el juez Kaplan hubiera pronunciado un respaldo tan rotundo a la Constitución de
Estados Unidos y, en concreto, a la prohibición de la Octava Enmienda de
infligir "castigos crueles e inusuales". Por otra parte, había dado
por sentado que la gente sabía que la información obtenida mediante el uso de
la tortura estaba prohibida en los tribunales estadounidenses, razón por la
cual la respuesta de los principales medios de comunicación me sorprendió
tanto. ¿Estaban los responsables de los titulares sensacionalistas realmente
tratando de argumentar que la información obtenida mediante el uso de la
tortura debe ser permitida en un tribunal de EE.UU.?
En el Washington Post, por ejemplo, el titular iba seguido de la afirmación de que la
sentencia del juez Kaplan "podría complicar cualquier esfuerzo de la
administración Obama por reactivar sus planes de someter a juicio en tribunales
civiles de Estados Unidos a las principales figuras de Al Qaeda recluidas en
Guantánamo (Cuba)". No fue hasta más adelante en el artículo cuando esta
afirmación fue cuestionada, y fue cuestionada no por un comentarista liberal,
sino por Charles D. "Cully" Stimson, ex vicesecretario adjunto de
Defensa para asuntos de detenidos en la administración Bush y ahora miembro
jurídico principal de la Heritage Foundation, quien señaló que el fallo no era
necesariamente perjudicial en absoluto. "Sería peligroso interpretar que
esta sentencia excluye o perjudica para siempre la posibilidad de que otros
casos lleguen a los tribunales federales, porque cada caso es sui
generis", explicó Stimson.
Además de ser irresponsable desde el punto de vista del respeto a la Constitución
estadounidense, otro motivo por el que este tipo de información era tan
desaconsejable era que parecía dar peso a otras partes que estaban demasiado
dispuestas a atacar al juez Kaplan para hacer avanzar
su propia agenda. Estos comentaristas, que apoyan los juicios por Comisión
Militar, están desesperados por que fracasen los juicios ante los tribunales
federales, para poder justificar su insistencia en que todos los sospechosos de
terrorismo sean juzgados por Comisión Militar en Guantánamo.
Este punto de vista, que se basa
en la ideología y no en el sentido común, se apoya en la falsa afirmación
-esencial para la "Guerra contra el Terror" de la administración
Bush- de que los terroristas son "guerreros" y no criminales, y sus
partidarios mantienen su punto de vista a pesar de las pruebas contundentes de
que las Comisiones han sido un fracaso
abyecto, con sólo
cuatro condenas, y permanentemente empañadas por el hecho de que se han establecido
para juzgar "crímenes de guerra" inexistentes, mientras que los
tribunales federales tienen un historial establecido de condenas con éxito de
terroristas en cientos de casos.
Además, al tratar estos diferentes puntos de vista, el Washington Post volvió a enturbiar
las aguas. Aunque "Cully" Stimson explicó que "no está claro que
el resultado hubiera sido diferente en una comisión", el Post sugirió que
las normas de la Comisión Militar "parecen contemplar, no obstante, la
admisión de pruebas derivadas de declaraciones obtenidas mediante tortura o
tratos crueles si un juez militar considera que las pruebas 'se habrían
obtenido incluso si no se hubiera hecho la declaración' o el 'uso de dichas
pruebas sería de otro modo coherente con los intereses de la justicia'".
El Post puede estar técnicamente en lo cierto, aunque la posibilidad de que se admitan
pruebas de tortura aún no se ha probado a fondo en las Comisiones Militares.
Sin embargo, lo más importante es que plantear estas cuestiones desvía
innecesariamente la atención de lo que está ocurriendo en Nueva York. Como
explicó el fiscal general Eric Holder cuando el juez Kaplan emitió su fallo,
"tenemos la intención de seguir adelante con este juicio", y el domingo,
en una carta de la oficina del fiscal de Estados Unidos en Manhattan, el
gobierno admitió que no impugnaría el fallo del juez Kaplan, señalando que,
aunque "respetuosamente en desacuerdo con la decisión del tribunal y cree
que, en otras circunstancias, merecería ser revisada por el Tribunal de
Apelaciones", una apelación causaría "un retraso de duración
incierta, y tal vez significativa", que, como explicó el New York Times,
"podría haber causado grandes molestias a muchos testigos extranjeros que
ya habían llegado a Nueva York, basándose en la fecha de inicio original, y a
otros que habían hecho planes basándose en esa fecha".
Más importante aún, y en gran medida pasado por alto en la información a menudo exagerada de la
semana pasada, es el hecho de que, antes de sus dos años en prisiones secretas
de la CIA, cuando fue sometido al uso de la tortura, Ghailani ya había sido
acusado (en 1998) por su implicación en los atentados de la embajada africana,
y podría -y debería- haber sido juzgado en un tribunal federal tras su primera
captura en Pakistán en 2004.
Al fin y al cabo, esto es lo que ocurrió con cuatro de sus presuntos cómplices, que fueron juzgados en
un tribunal federal en 2001, tras un proceso de interrogatorio que no implicó
el uso de prisiones secretas ni torturas. Tras ser declarados culpables en mayo
de 2001, fueron condenados a
cadena perpetua sin libertad condicional en octubre de 2001, sólo seis
semanas después de los atentados del 11-S.
Con la necesaria intervención del juez Kaplan la semana pasada, se ha allanado el camino para
que Ahmed Khalfan Ghailani también sea juzgado sin recurrir a los frutos de la
tortura, y si -como parece improbable- el gobierno no dispone de pruebas no
contaminadas con las que condenarlo, entonces la única respuesta justa es que
el gobierno lo ponga en libertad.
Esta, por supuesto, es otra idea controvertida, y que el juez Kaplan reconoció cuando, como lo
describió el Washington Post, declaró que Ghailani "probablemente podría
seguir retenido como 'algo parecido a un prisionero de guerra' incluso si fuera
declarado inocente". Si eso ocurriera, se abriría, comprensiblemente, un nuevo
filón de amarga controversia, pero aún no hemos llegado a ese punto y, mientras
tanto, la decisión del juez Kaplan de defender la Constitución debe celebrarse,
y quienes tengan la tentación de convertir el juicio de Ghailani en una especie
de circo deberían centrarse, en cambio, en las condenas anteriores por los
atentados de 1998, que sugieren que existen suficientes pruebas no contaminadas
para lograr una condena que valide el planteamiento del tribunal federal y
arroje más dudas sobre el propósito y la viabilidad de las Comisiones
Militares.
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