Caos en Guantánamo al iniciarse el juicio del 11-S
10 de mayo de 2012
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 15 de octubre de 2023
El sábado, los ojos del mundo estaban puestos en Guantánamo, cuando Khalid Sheikh
Mohammed y otros cuatro hombres acusados de planear y facilitar los atentados
terroristas del 11 de septiembre de 2001 -Ramzi bin al-Shibh, Ali Abd al-Aziz
Ali, Mustafa Ahmed al-Hawsawi y Walid bin Attash- comparecieron ante un tribunal
por primera vez desde diciembre de 2008. Todos iban vestidos de blanco, al
parecer por insistencia de las autoridades de Guantánamo, y la mayoría de los
observadores se fijaron en que la larga barba gris de Mohammed estaba salpicada
de henna roja.
Para el gobierno de Obama y el Pentágono, la comparecencia de los cinco hombres -para su
comparecencia previa a su juicio previsto ante una comisión militar- debía
demostrar que las comisiones son una alternativa competente y legítima al
juicio ante un tribunal federal que el gobierno de Obama anunció
para los hombres en noviembre de 2009, pero que luego abandonó
tras ceder a la presión de los republicanos. Los cinco acusados se
enfrentan a 2.976 cargos de asesinato -uno por cada una de las víctimas de los atentados
del 11-S-, así como a cargos de terrorismo, secuestro, conspiración y
destrucción de bienes, y la fiscalía solicita la pena de muerte.
Por desgracia para la administración, los augurios no eran buenos. Las comisiones militares han sido
condenadas como un sistema de enjuiciamiento inadecuado desde que la
administración Bush las resucitó por primera vez en noviembre de 2001, con la
intención, en plena venganza posterior al 11-S, de utilizarlas para juzgar y
ejecutar rápidamente a quienes consideraba terroristas. Sin embargo, tras
largos retrasos y caóticas audiencias, esta primera reencarnación de las
comisiones fue tachada de ilegal
por el Corte Supremo en junio de 2006. Las comisiones fueron reactivadas por el
Congreso unos meses después, y luego fueron retocadas y reactivadas por el
Presidente Obama en el verano de 2009, a pesar de las críticas
de los expertos jurídicos.
Sin embargo, en todos estos años, sólo se han resuelto siete casos. Bajo
el mandato de Bush, hubo un acuerdo de culpabilidad para el australiano David Hicks; una sentencia
corta para Salim Hamdan, que condujo un coche para Osama bin Laden; y cadena perpetua para Ali
Hamza al-Bahlul, que grabó un vídeo para Al Qaeda y se negó a participar en su juicio. Desde que Obama reactivó las comisiones, otros
cuatro casos se han resuelto mediante un acuerdo de culpabilidad: los de Ibrahim al-Qosi, cocinero; Omar Khadr, un niño en el momento de su captura; Noor Uthman Muhammed, instructor de un campo de entrenamiento; y Majid Khan, presunto cómplice de Khalid Sheikh Mohammed.
Otro caso -el de Abd al-Rahim al-Nashiri, el presunto terrorista del USS Cole- también se está llevando a
juicio, pero es justo decir que el juicio del 11-S es el barómetro de sí las
comisiones son creíble o no, o si son un sistema judicial de segundo nivel, y
los procedimientos son poco mejor que juicios espectáculo.
Sobre esta base, la comparecencia del sábado no colmó las esperanzas de la administración. Como
señaló The Guardian, la
vista "descendió al caos", ya que los acusados "se negaron a
reconocer al juez y sus abogados cuestionaron repetidamente la legitimidad del tribunal."
En la última comparecencia de los cinco hombres en 2008, Khalid Sheikh Mohammed
había intentado declararse culpable y convertirse en un mártir al ser
ejecutado, pero el sábado estaba más dispuesto a oponer una resistencia
silenciosa, socavando el proceso al negarse a reconocer al juez. Como describió
el Washington Post:
"El normalmente locuaz Mohammed se negó a hablar públicamente durante toda
la vista del sábado, una postura que fue adoptada en gran medida por todos los
demás acusados, que suelen seguir su ejemplo".
También fue digno de mención el comportamiento de Walid bin Attash, amputado, que fue llevado a la
sala atado a una silla de contención, tras algún tipo de altercado en el
exterior, y al que sólo se le retiraron las ataduras cuando prometió
comportarse, y el comportamiento de Ramzi bin al-Shibh, cuya salud mental ha
sido puesta en duda desde hace tiempo por sus abogados.
En un momento dado, bin al-Shibh y Ali Abd al-Aziz Ali interrumpieron el procedimiento rezando, y
en otro momento bin al-Shibh gritó comparando Guantánamo con las prisiones de
Muammar Gaddafi, el ex dictador de Siria. "La era de Gadafi ha terminado,
pero tenéis a Gadafi en el campo [de Guantánamo]", dijo, y añadió:
"Quizá nos maten y digan que nos estamos suicidando". Era una señal,
tal vez, de que había oído hablar de las dudosas circunstancias en las que
murieron cinco presos en Guantánamo: tres
en junio de 2006, y otros
dos en 2007 y 2009, e incluso, tal vez, había oído hablar de la dudosa
muerte, en una prisión libia en mayo de 2009, de Ibn al-Shaykh al-Libi, emir de un campo de entrenamiento en Afganistán que también había
estado retenido en "sitios negros" de la CIA, y había sido entregado
a Egipto, donde, bajo tortura, había confesado falsamente que existían
conexiones entre Al Qaeda y Sadam Husein, que, sin embargo, se
utilizaron para justificar la invasión de Irak en marzo de 2003.
La comparecencia duró 13 horas, aunque en gran parte se debió a los abogados defensores de los
hombres, que intentaron persistentemente poner en duda la credibilidad de las
comisiones y aprovecharon al máximo su oportunidad para cuestionar la
imparcialidad del juez, mediante el proceso conocido como voir dire. Mientras
esto ocurría, los acusados guardaban silencio en su mayoría y se pasaban el
último ejemplar de The Economist, lo que puede o no haber supuesto un
espaldarazo al atractivo del semanario londinense. Según el Washington Post,
a lo largo de la vista Khalid Sheikh Mohammed "susurraron mensajes a sus
compañeros, y charlaron y bromearon entre ellos durante un breve receso".
Al final de la comparecencia, ninguno de los acusados se había declarado culpable, y el juez,
el coronel del ejército James Pohl, aplazó los procedimientos hasta el 12 de
junio, y fijó provisionalmente la fecha del juicio para mayo de 2013, aunque,
como explicó The Guardian, "reconoció que es probable que haya más
retrasos." A lo largo del día intentó mantener la compostura, pero en
ocasiones se mostró nervioso. Cuando quedó claro que los acusados iban a
negarse a participar en el proceso, declaró que finalmente se presentaría una
declaración de no-culpabilidad en su nombre, y añadió: "Uno no puede optar
por no participar y frustrar el curso normal de los asuntos", y en otro
momento preguntó exasperado: "¿Por qué es esto tan difícil?".
Al frente de las quejas de la defensa el sábado, el abogado de Khalid Sheikh Mohammed, David
Nevin, dijo al tribunal que "el mundo está mirando" el proceso, y
cuando los acusados se quitaron los auriculares, a través de los cuales
recibían una traducción de lo que decía el juez Pohl, explicó que, en el caso de
Mohammed, "la razón por la que no se pone los auriculares en los oídos es
la tortura que se le ha impuesto." Nevin entonces "pidió que se le
permitiera dar más detalles", como lo describió The Guardian, pero
el juez Pohl se negó.
Los intentos de Nevin de plantear la cuestión de la tortura de los hombres en prisiones secretas de
la CIA durante hasta tres años y medio antes de su traslado a Guantánamo en
septiembre de 2006 fue el intento más explícito de permitir el debate sobre
cómo han sido tratados los hombres, aunque como señaló en el Daily
Beast Terry McDermott (autor, con Josh Meyer, de The Hunt for KSM:
Inside the Pursuit and Takedown of the Real 9/11 Mastermind, Khalid Sheikh
Mohammed), el juez Pohl rechazó casi todos los argumentos de la defensa,
diciendo a los abogados que tendrían tiempo para plantear lo que considerasen
importante en la siguiente vista, en junio. Como explicó McDermott,
"indicó que al final permitiría a los abogados defensores argumentar todas
las cuestiones que quisieran".
Como añadió McDermott:
Sus abogados se encuentran a miles de kilómetros de distancia y necesitan vuelos especiales sólo para llegar a
Guantánamo. Incluso cuando están allí, los abogados no pueden hablar con sus
clientes de nada que el ejército estadounidense decida que es clasificado. Esto
incluye todas las cuestiones relacionadas con el trato que reciben los presos.
Así, los abogados defensores no pueden hablar en el tribunal sobre los detalles
de las quejas de sus clientes.
Justo antes de que comenzara la vista, la ACLU presentó una moción (PDF)
en la que pedía al juez "que rechace los intentos del gobierno de censurar
cualquier declaración de los acusados en los procedimientos de la comisión
militar del 11-S sobre su detención y trato bajo custodia estadounidense".
Como explicó la ACLU
[El gobierno ha pedido o pedirá a esta Comisión que emita una orden de protección que acepte la alegación del gobierno
de que cualquier declaración hecha por los acusados sobre su
"exposición" al programa de detención e interrogatorio de la Agencia
Central de Inteligencia ("CIA") es presuntamente clasificada y debe
mantenerse oculta al público. El gobierno también ha pedido o pedirá a la
Comisión que acepte su afirmación de que las declaraciones de los acusados
relativas a su conocimiento y experiencia personales sobre su encarcelamiento y
trato bajo custodia del Departamento de Defensa ("DOD") son
clasificadas y deben suprimirse.
La ACLU también pidió al juez que no aceptara la insistencia del gobierno en que debe haber "un
retraso de 40 segundos en la transmisión de audio que el gobierno pone a
disposición del público, los medios de comunicación y los representantes de
organizaciones no gubernamentales que observan el tribunal", con el fin de
"permitir que un funcionario de seguridad de la sala corte la transmisión
de audio cada vez que los acusados describan su detención e interrogatorio bajo
custodia estadounidense".
El retraso de 40 segundos sólo se utilizó brevemente en una ocasión el sábado, al parecer cuando
Walid bin Attash dijo algo que los fiscales querían suprimir, pero la forma en
que se abordan los secretos es fundamental para el juicio del 11-S y su
pretensión de credibilidad, y queda por ver si el juez Pohl reconocerá
realmente las tensiones entre el secreto absoluto que rodea el programa de
tortura de la administración Bush y la necesidad de algo que se parezca a una
audiencia justa en el juicio de los hombres por una comisión militar.
Lo que está claro, por el momento, es que, en los cinco años y ocho meses transcurridos desde que
Khalid Sheikh Mohammed, sus coacusados y otros nueve "detenidos de alto
valor" llegaron a Guantánamo procedentes de las
prisiones secretas de la CIA, las únicas palabras que cualquiera de ellos
ha pronunciado y que se han hecho públicas son las que dijeron en sus
audiencias previas al juicio: en el caso de KSM y sus coacusados, lo que
dijeron en junio,
septiembre
y diciembre
de 2008, y el sábado. Todo lo demás, cada una de las palabras
intercambiadas entre estos 14 hombres y sus abogados, es presuntamente secreto.
Esto no es inusual en el sentido de que cada palabra intercambiada entre los otros prisioneros de
Guantánamo y sus abogados también es presuntamente clasificada, pero en los
casos de los otros prisioneros, al menos partes de estos intercambios han sido
desclasificados después de ser revisados por un equipo de censores del
Pentágono conocido como el equipo de revisión de privilegios. En los casos de
los "detenidos de alto valor", sin embargo, cada palabra sigue
estando clasificada.
La única razón posible para ello es evitar que se filtre desde Guantánamo cualquier debate sobre las
torturas a las que fueron sometidos estos hombres en los "sitios
negros" de la CIA.
Esto es algo que se señaló la semana pasada en un
artículo para Salon del ex fiscal jefe de las comisiones, el coronel Morris
Davis, que dimitió
en octubre de 2007, cuando fue puesto en una cadena de mando bajo William
J. Haynes II, consejero general del Pentágono, que insistió en que la
información obtenida mediante el uso de la tortura se utilizaría en las comisiones.
Desestimando las espurias afirmaciones de la administración de que las comisiones militares son
necesarias porque los soldados en un campo de batalla no pueden dedicar su
tiempo a preocuparse por la lectura de los derechos a los prisioneros en tiempo
de guerra, el coronel Davis declaró:
[La razón por la que los apologistas quieren una opción de comisión militar de segunda categoría es por lo que
hicimos a los detenidos, no por lo que los detenidos nos hicieron a nosotros.
No se trata de las exigencias del campo de batalla y de los problemas a los que
se enfrentan nuestros soldados al intentar librar una guerra; se trata de
torturas, coacciones, entregas y una década o más de confinamiento sin la
oportunidad de confrontar las pruebas -abusos que nos levantarían en armas si
se los cometiera algún otro país a un ciudadano estadounidense- que hacen que
las empañadas comisiones militares sean las más adecuadas para tratar y dar
cabida a la pequeña categoría de casos en los que nos pasamos al lado oscuro.
Y ése es, en definitiva, el problema clave de las comisiones que no se atreven a pronunciar
su nombre, y que el juez Pohl tendrá que decidir si aborda o no: si la búsqueda
de la justicia es siquiera posible cuando quienes se supone que deben ser
sometidos a ella fueron también víctimas del viaje de Estados Unidos al
"lado oscuro".
Nota: El boceto de la sala del tribunal que aparece arriba es obra de Janet
Hamlin, y se reproduce por cortesía de Janet Hamlin Illustration
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
