Bagram no es el nuevo Guantánamo, es el viejo Guantánamo
15 de agosto de 2009
Andy Worthington
En septiembre de 2005, cuando empezó a investigar Guantánamo para mi libro The Guantánamo
Files, la prisión seguía rodeada de misterio, a pesar de que los
abogados llevaban casi un año visitando a los presos, tras la sentencia del
Corte Suprema, de junio de 2004, que les reconocía el derecho de hábeas corpus.
Los investigadores del Washington Post y de Cageprisoners, una organización de
derechos humanos del Reino Unido, habían confeccionado listas provisionales de
las personas detenidas, pero, aunque estos esfuerzos eran encomiables, en gran
medida no eran más que tanteos en la oscuridad -un rompecabezas roto basado en
informes de los medios de comunicación y entrevistas con presos liberados-
porque la administración Bush se negaba a proporcionar detalles sobre los
nombres y nacionalidades de las personas detenidas.
En abril de 2006 -cuatro años y tres meses después de la apertura de Guantánamo- el gobierno finalmente
reconoció su derrota, después de que Associated Press llevara al Pentágono a
los tribunales, y ganara. Ese mes se publicó la primera lista de prisioneros
(PDF), con los nombres y nacionalidades de los 558 prisioneros que habían sido
sometidos a los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente (revisiones
unilaterales, diseñadas para refrendar su designación previa como
"combatientes enemigos"), a la que siguió, en mayo, una lista de los
759 prisioneros detenidos hasta ese momento (incluidos los 201 que habían sido
liberados antes de que comenzaran los tribunales), que incluía nombres,
nacionalidades y, cuando se conocían, fechas y lugares de nacimiento (PDF).
El gobierno también hizo públicas 8.000 páginas de transcripciones de los tribunales y acusaciones
contra los presos, lo que perforó aún más el velo del secreto, permitiendo a
observadores externos, así como a abogados, la oportunidad de examinar si eran
ciertas las afirmaciones del gobierno de que la prisión estaba llena de
terroristas, y llegar a la conclusión de que, en realidad, la prisión estaba
poblada en su mayor parte por hombres inocentes o soldados de infantería
talibanes de bajo rango, reclutados para luchar en una guerra civil intermusulmana
que comenzó mucho antes de los atentados del 11-S, y que no tenía nada que ver
con Al Qaeda ni con el terrorismo internacional.
Estos registros revelaron que una abrumadora mayoría de los hombres no habían sido capturados por las
fuerzas estadounidenses en el campo de batalla, sino que les habían sido
vendidos por sus aliados afganos o paquistaníes, en una época en la que el pago
de recompensas estaba muy extendido, y -lo que quizá resulte más chocante-
las transcripciones también revelaron que una gran cantidad de las supuestas
pruebas del gobierno no consistía en hechos verificables, sino en
"confesiones" hechas por otros prisioneros -o por los propios
prisioneros- en circunstancias desconocidas. Una gran cantidad de información
manifiestamente poco fiable se atribuyó a figuras no identificadas de Al Qaeda
-en general, los "detenidos de alto valor", incluidos Abu
Zubaydah y Khalid
Sheikh Mohammed, que estaban recluidos en prisiones secretas de la CIA
donde el uso de la tortura había sido sancionado por la Oficina de Asesoría
Jurídica del Departamento de Justicia, en sus tristemente célebres "memorandos
sobre la tortura".
Otra información procedía de "fuentes" no identificadas dentro de Guantánamo, y en el último
año, cuando los jueces han podido por fin examinar estas alegaciones en los
tribunales de distrito encargados de juzgar los casos de hábeas corpus de los
presos, muchas de estas fuentes se han revelado como profundamente poco
fiables: informantes parlanchines considerados
sospechosos por muchos de los que trabajan entre bastidores en el ejército
y otros organismos; presos enfermos mentales; y otros cuyos relatos no han
resistido el escrutinio externo, y se han revelado como parte de un supuesto
"mosaico" de inteligencia que, como declaró en mayo una juez, Gladys
Kessler, "sólo es tan persuasivo como las baldosas que lo componen y el
pegamento que las une"." Como
expliqué en su momento, el juez Kessler "procedió entonces a destacar
un catálogo de deficiencias en las baldosas y el pegamento", desestimando
el "mosaico" por estar "compuesto de habladurías de segunda o
tercera mano, culpabilidad por asociación y suposiciones insostenibles."
Además, aunque pocos de los prisioneros estaban dispuestos a hablar con un grupo de oficiales militares
sobre cómo habían sido maltratados bajo custodia estadounidense, surgieron
suficientes relatos para que los abogados y observadores (que también se basó
en informes oficiales sobre cómo las técnicas de tortura, utilizadas en las
escuelas militares de EE.UU. para entrenar al personal militar estadounidense a
resistir los interrogatorios del enemigo, habían
sido modificadas para su uso en Guantánamo.) construyeran su propio
"mosaico" de información, más convincente, demostrando que los malos
tratos -y, en algunos casos, la tortura- también estaban generalizados en
Guantánamo, lo que hacía temer que incluso las confesiones que parecían
legítimas estuvieran fatalmente viciadas por haber sido obtenidas mediante coacción.
Sería difícil subestimar la importancia de la publicación de estos documentos para quienes participan en
una lucha aparentemente interminable por conseguir justicia para las personas
recluidas sin cargos ni juicio, que, en general, habían sido detenidas
indiscriminadamente y nunca habían sido sometidas a un examen adecuado para
determinar si constituían una amenaza para Estados Unidos o sus aliados. Sin
embargo, más de tres años después de la publicación de estas listas -y ocho
meses después del inicio de la administración Obama-, la historia se repite en
la prisión estadounidense de la base aérea de Bagram, en Afganistán. La
diferencia, sin embargo, es que en Bagram el reloj se ha detenido antes de que
se hayan hecho públicos los dolorosos detalles de la incompetencia, dejando a
los abogados y a otros observadores todavía a tientas en la oscuridad.
Lucha por los derechos de los presos de Bagram
El 23 de abril, la ACLU presentó
una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA) ante el
Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado
y la CIA, pidiéndoles que hicieran públicos "los registros relativos al
número de personas actualmente detenidas en Bagram, sus nombres, ciudadanía,
lugar de captura y duración de la detención, así como los registros relativos
al proceso que se ha concedido a esos presos para impugnar su detención y su
designación como "combatientes enemigos."
El 15 de mayo, la CIA respondió (PDF)
afirmando que "no puede confirmar ni negar la existencia o inexistencia de
registros que respondan a su solicitud", porque "el hecho de la
existencia o inexistencia de los registros solicitados está actualmente y
debidamente clasificado", y el 28 de julio, el DoD también respondió (PDF), afirmando,
tentadoramente, que, aunque el Centro Nacional de Información sobre Detenidos
había proporcionado a la Oficina de Libertad de Información del Departamento de
Defensa "un informe clasificado de 12 páginas, actualizado el 22 de junio
de 2009", que contenía los "nombres, ciudadanía, fecha de captura,
días de detención, lugar de captura y circunstancias de la captura" de los
prisioneros, el informe estaba "exento de publicación" porque estaba
"debidamente clasificado en interés de la seguridad nacional".
En respuesta, Jonathan Hafetz, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, declaró:
"El gobierno de Obama debería cumplir su propia promesa de mayor
transparencia y hacer públicos estos datos básicos sobre a quién detenemos y en
qué condiciones", y Melissa Goodman, también abogada del Proyecto de
Seguridad Nacional de la ACLU, añadió: "Existe la grave preocupación de que
Bagram sea otro Guantánamo, salvo que con muchos más presos, menos garantías
procésales, sin acceso a abogados o tribunales y, según parece, en peores
condiciones. Mientras la prisión de Bagram siga envuelta en el secreto, no
habrá forma de conocer la verdad ni de empezar a abordar los problemas que allí existen."
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En esto, los abogados de la ACLU estaban sin duda en lo cierto. Según las mejores
estimaciones disponibles, en Bagram hay al menos 600 presos, pero, a diferencia
de Guantánamo, ningún abogado ha pisado nunca la emblemática prisión afgana del
ejército estadounidense, a pesar de que algunos de los presos allí recluidos
fueron capturados en otros países y "trasladados" a Bagram, donde han
permanecido hasta siete años. La prisión fue especialmente tristemente célebre
en sus inicios -sobre todo en 2002, cuando al menos dos
presos murieron a manos de las fuerzas estadounidenses-, pero según una
encuesta realizada
por la BBC en junio de este año, los ex presos, recluidos entre 2002 y
2008, declararon haber sido golpeados, privados de sueño y amenazados con
perros, y no ofrecieron indicios de que las condiciones hubieran mejorado desde
el principio hasta el final del periodo de seis años.
Por qué los presos extranjeros de Bagram merecen derechos de hábeas corpus
Para entender por qué Bagram necesita un escrutinio independiente, es necesario distinguir entre las
dos funciones distintas de la prisión, cada una de las cuales incumple las
normas de detención aceptables internacionalmente. La primera se refiere a los
prisioneros extranjeros (quizás hasta 30) detenidos en otros países y
"entregados" a Bagram. En marzo, cuando los emprendedores abogados de
la Red Internacional de Justicia consiguieron por fin presentar una petición de
hábeas corpus en nombre de cuatro de estos hombres ante un juez estadounidense
(tras haber establecido que estaban retenidos en Bagram mediante conversaciones
con familiares basadas en cartas entregadas por el Comité Internacional de la
Cruz Roja), el juez en cuestión, John D. Bates, reconoció la inaceptable
discrepancia entre los presos de Guantánamo y los "entregados" a Bagram.
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Como expliqué
en un artículo en su momento, "el juez Bates dictaminó que los
derechos de hábeas corpus concedidos por el Corte Suprema a los presos de
Guantánamo el pasado mes de junio en el caso Boumediene
contra Bush se extendían también a los presos extranjeros de Bagram,
porque, como explicó sucintamente, 'los propios detenidos, así como los motivos
de la detención, son esencialmente los mismos'". Añadió que, aunque Bagram
está "situado en un teatro de guerra activo", y que esto puede
plantear algunos "obstáculos prácticos" para una revisión judicial de
sus casos, estos obstáculos "no son tan grandes" como sugirió el
Gobierno, no son "insuperables" y, además, son "en gran medida
elección del Ejecutivo", porque los prisioneros fueron transportados
específicamente a Bagram desde otros lugares.
Esto fue una buena noticia para tres de los hombres -Redha al-Najar, tunecino aprehendido en Karachi,
Pakistán, Amin al-Bakri, comerciante de piedras preciosas yemení aprehendido en
Bangkok, Tailandia, y Fadi al-Maqaleh, yemení- porque, como también expliqué en
su momento "sólo un accidente administrativo -o alguna decisión aún
desconocida que implicaba mantener a un puñado de prisioneros extranjeros en
Bagram, en lugar de enviarlos a todos a Guantánamo- impidió que se unieran a los
779 hombres de la prisión extraterritorial de Cuba." Sin embargo, en el
momento de escribir estas líneas, no se sabe si tendrán su día en los
tribunales, ya que el gobierno ha recurrido la sentencia del juez Bates.
Por qué los afganos de Bagram deben ser recluidos con arreglo a los Convenios de Ginebra
En la misma sentencia de marzo, el juez Bates se reservó el fallo sobre el caso del cuarto hombre, Haji
Wazir, un afgano detenido en 2002 en los Emiratos Árabes Unidos, pero en junio
dictaminó que los derechos de hábeas corpus no se extendían a él (ni, por
extensión, a todos los demás afganos recluidos en Bagram), por extensión, a
todos los demás afganos detenidos en Bagram), principalmente porque estaba de
acuerdo con la afirmación del gobierno de que hacerlo causaría
"fricciones" con el gobierno afgano, debido a las negociaciones en
curso sobre el traslado de prisioneros afganos a la custodia de su propio gobierno.
En consecuencia, es de suponer que el gobierno se siente con derecho a seguir reteniendo a la mayoría
de los prisioneros de Bagram -que, por lo que hemos podido averiguar, son
afganos detenidos en Afganistán- sin ningún tipo de escrutinio externo. Sin
embargo, aunque esto pueda ser aceptable en el sentido de que Bagram es una
prisión en una zona de guerra activa, en mi opinión sólo es aceptable si el
gobierno demuestra también que retiene a los prisioneros de acuerdo con los
Convenios de Ginebra. Como
expliqué en un artículo en junio:
En uno de sus primeros actos como Presidente, Obama firmó una serie de Órdenes Ejecutivas,
en las que se comprometía a cerrar Guantánamo en el plazo de un año y a prohibir la tortura, y establecía que el
interrogatorio de prisioneros por parte de cualquier agencia gubernamental
estadounidense debía seguir las directrices de interrogatorio establecidas en
el Manual de Campo del Ejército, que garantiza un trato humano en virtud de los
Convenios de Ginebra. La Orden relativa a los interrogatorios también revocaba
específicamente la Orden
Ejecutiva 13440 del Presidente Bush, de 20 de julio de 2007, que "reafirmaba" su
"determinación", de 7 de febrero de 2002, de que "los miembros
de Al Qaeda, los talibanes y las fuerzas asociadas son combatientes enemigos
ilegales que no tienen derecho a las protecciones que el Tercer Convenio de
Ginebra otorga a los prisioneros de guerra".
Como resultado de las reformas declaradas por Obama:
el Presidente pondría fin de inmediato a lo que sólo puedo describir como la "Rumsfeldización" del
ejército estadounidense, en la que, siguiendo las directrices del ex secretario
de defensa Donald Rumsfeld (y haciéndose eco de lo que estaba ocurriendo con
las agencias de inteligencia, donde el FBI fue marginado por la CIA), la
detención de prisioneros ya no consistía en retenerlos humanamente hasta el fin
de las hostilidades, sino que se convirtió, por el contrario, en un proceso
continuo de interrogatorio, dedicado a obtener "inteligencia procésale",
que, por supuesto, degeneró en el uso de la tortura cuando la supuesta
"inteligencia procésale" no llegaba. [...]
Puede ser que las políticas en Bagram cambiaran de la noche a la mañana después de que Obama emitiera sus
órdenes ejecutivas en enero, pero la sospecha... es que, en lo que respecta a
la administración, ciertas innovaciones clave en la "Guerra contra el
Terror" - en particular, la retención de prisioneros por su valor de
inteligencia, en lugar de para mantenerlos "fuera del campo de batalla"
- se ha convertido en la norma post-9/11, como una especie de reelaboración
unilateral de los Convenios de Ginebra.
Por lo que he podido averiguar sobre el funcionamiento de Bagram, no tengo motivos para concluir que
la prisión se gestione ahora de acuerdo con los Convenios de Ginebra,
manteniendo a los prisioneros "fuera del campo de batalla" hasta el
final de las hostilidades (sea cuando sea). En cambio, como informé en marzo,
el juez Bates explicó que la justificación del ejército para mantener a los prisioneros
en Bagram implica un proceso de revisión similar al que se utilizó en
Guantánamo, aunque uno que es a la vez "inadecuado" y "más
propenso a errores", y concluyó que el control del ejército estadounidense
sobre Bagram "no es apreciablemente diferente al de Guantánamo". La
creación de tribunales tan inadecuados, cabe señalar, es todo un logro, ya que
los tribunales de Guantánamo fueron condenados enérgicamente por los antiguos
oficiales que trabajaron en ellos, incluido, en particular, el teniente
coronel Stephen Abraham, que emitió una serie de explosivas declaraciones
en 2007.
Además, el resumen que hizo el juez Bates del proceso de revisión en Bagram, que, como también explicó,
"está muy por debajo de lo que el Corte Suprema consideró inadecuado en
Guantánamo", fue, de hecho, realmente inquietante. Citó una declaración
del Gobierno en la que se afirmaba que la Junta de Revisión de Combatientes
Enemigos Ilegales (UECRB) de Bagram ni siquiera permite a los presos tener un
"representante personal" del ejército en lugar de un abogado (como en
Guantánamo), y que "los detenidos de Bagram se representan a sí mismos",
y añadió, con una palpable sensación de incredulidad:
Los detenidos ni siquiera pueden hablar por sí mismos; sólo se les permite presentar una declaración por
escrito. Pero al presentar esa declaración, los detenidos no saben en qué
pruebas se basa Estados Unidos para justificar la designación de "enemigo
combatiente", por lo que carecen de una oportunidad significativa de
refutar esas pruebas. La definición de "combatiente enemigo", amplia
y en constante cambio [del Gobierno], unida a la incertidumbre de las normas
probatorias, socava aún más la fiabilidad de la revisión de la UECRB. Y, a
diferencia del proceso CSRT, los detenidos de Bagram no reciben ninguna
revisión más allá de la propia UECRB.
Una conclusión desafiante
Sr. Presidente En conclusión, pues, debería ser evidente que el gobierno no puede
mantener el statu quo de la administración Bush en Bagram, ya que está
fracasando en dos frentes a la hora de mantener a los prisioneros de acuerdo
con las normas de detención internacionalmente aceptables que existían antes de
que la administración Bush dejara de lado las Convenciones de Ginebra para los
prisioneros de guerra, y mantuviera a los sospechosos criminales más allá de la ley.
Si la administración Obama no va a someter a juicio a los prisioneros extranjeros "entregados" a
Bagram, entonces el Presidente tiene que permitirles impugnar el fundamento de
su detención ante un juez imparcial; y si restablece los Convenios de Ginebra
para los prisioneros de guerra y, de un plumazo, relega a la historia las
horrendas novedades de su predecesor, entonces tiene que hacer algo más que
hablar de boquilla sobre el restablecimiento de los Convenios, y tiene que
demostrar, que no está perpetuando una forma de detención al estilo Rumsfeld,
en la que el trato humano es secundario frente a la búsqueda de
"inteligencia procésale", porque, una vez que se descartan las
normas, nuestra historia reciente nos muestra que lo que sigue,
inexorablemente, es la tortura y el abuso.
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