Arrogancia y tortura: Historia de Guantánamo
21 de agosto de 2009
Andy Worthington
Si buscas una introducción a los horrores extralegales de Guantánamo, y a la manera casual, casi mundana,
en que prisioneros seleccionados al azar, que ni siquiera fueron examinados
según las Convenciones de Ginebra, se encontraron víctimas de una política de
tortura diseñada para hacerles revelar sus secretos, en su mayoría inexistente,
entonces puede que te guste este artículo, que escribí para la Future of Freedom Foundation, para la que escribo una columna semanal.
I.
Las jaulas de alambre de malla, sólo aptas para animales, están ahora vacías y cubiertas de maleza, pero permanecerán para
siempre como símbolo de la inepta, brutal y destructiva política de
"guerra contra el terrorismo" de la administración Bush, aplicada
tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
Este es el Campo X-Ray, el primero de los campos de prisioneros de la base naval
estadounidense de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y fue aquí donde se tomaron las
sombrías e icónicas fotos, el 11 de enero de 2002, que mostraban a los primeros
prisioneros que llegaban a la prisión procedente de Afganistán. Las imágenes de
estas figuras encadenadas y deshumanizadas, vestidas de naranja, arrodilladas
sobre la grava en dolorosas posturas de estrés y con los ojos y los oídos
tapados, han llegado a definir la "Guerra contra el Terror" tanto
como las tristemente célebres fotos de los malos tratos en la prisión
iraquí de Abu Ghraib.
En aquel momento, la administración afirmó que los prisioneros eran "lo peor de lo peor".
El 22 de enero, el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, declaró: "Estas
personas son terroristas comprometidos. Los mantenemos fuera de las calles y de
las líneas aéreas y de las centrales nucleares y de los puertos de este país y
de otros países." En una visita a Guantánamo el 27 de enero, afirmó que
los presos se encontraban "entre los asesinos más peligrosos, mejor
entrenados y despiadados sobre la faz de la tierra."
En las semanas siguientes, sin embargo, esta retórica dura se desvaneció, cuando el general de brigada
Mike Lehnert, de los Marines, que fue el primer comandante de la prisión, admitió:
"Un gran número afirma ser talibán, un número menor hemos podido confirmar
que son de Al Qaeda, y un número bastante grande en el medio no hemos podido
determinar su estatus. Muchos de los detenidos no son comunicativos. Muchos han
sido entrevistados hasta cuatro veces, cada vez proporcionando un nombre
diferente e información distinta."
Aunque nadie lo sabía entonces, esta franca admisión resumía perfectamente todo lo que estaba mal en
Guantánamo. Tras una Orden
Militar emitida en noviembre de 2001 y una Orden Ejecutiva emitida en
febrero de 2002 (PDF),
la administración había etiquetado a todos los prisioneros como
"combatientes enemigos ilegales", que podían ser retenidos sin cargos
ni juicio, y además les había privado de las protecciones de los Convenios de
Ginebra, pero en realidad se sabía muy poco de ninguno de ellos.
En Afganistán, donde la mayoría de los prisioneros habían sido recluidos y procesados antes de su largo
vuelo a Guantánamo, en brutales prisiones improvisadas dentro de las bases
estadounidenses del aeropuerto de Kandahar y la base aérea de Bagram, el
ejército estadounidense había recibido
la orden de prescindir de los tribunales competentes del artículo 5 de los
Convenios de Ginebra. Las audiencias, en las que se convocaba a los
testigos cerca del momento y lugar de la captura, eran una forma tradicional de
separar a los soldados de los civiles atrapados en la niebla de la guerra.
Durante la primera Guerra del Golfo, por ejemplo, los militares celebraron
1.196 tribunales competentes, y en casi tres cuartas partes de ellos los
prisioneros fueron declaradas inocentes y posteriormente liberados.
Además, como explica Chris Mackey (seudónimo de un antiguo interrogador en Kandahar y Bagram) en su libro
The Interrogators, esta falta de selección se vio agravada por las instrucciones del Pentágono,
que estipulaban que todos los "combatientes talibanes/extranjeros no
afganos" debían ser enviados a Guantánamo. Como señaló Mackey, "en
sentido estricto, eso significaba que todos los árabes que encontráramos
estaban destinados a una estancia prolongada y a un eventual viaje a
Cuba". Lo mismo ocurrió, según trascendió, con la mayoría de los aproximadamente
220 afganos que también fueron atados como bestias y trasladados en avión a Guantánamo.
Tuvieron que pasar años para que saliera a la luz la verdad: que no había habido ningún proceso de
selección para "lo peor de lo peor" y que, aunque quizá 40 de los 779
presos que han estado recluidos en Guantánamo estaban implicados en Al Qaeda,
el 95 por ciento restante eran o bien hombres completamente inocentes
-trabajadores de ayuda humanitaria, misioneros, emigrantes económicos,
vagabundos u otras personas que huían de la persecución religiosa- o bien
soldados rasos de los talibanes, reclutados para luchar en una guerra civil
intermusulmana que comenzó mucho antes del 11-S.
Es posible que algunos de estos hombres tuvieran sentimientos antiestadounidenses -basados, hay que
decirlo, en la política exterior de Estados Unidos, más que en el odio a los
estadounidenses y a los valores estadounidenses-, pero pocos, si es que alguno
tenía algún conocimiento significativo de Al Qaeda, de los atentados del 11-S o
de cualquier otro complot terrorista (hasta que un puñado de prisioneros
importantes fueron trasladados a Guantánamo desde prisiones secretas de la CIA
en septiembre de 2006), y nadie conocía el paradero de Osama bin Laden, a pesar
de que se le preguntó hasta la saciedad. Para que las células terroristas
tengan éxito, el secreto es la clave. El menor número posible de personas debe
conocer los planes, y en esto Al Qaeda ha tenido especial éxito.
Para el resto de los prisioneros, los afganos, la verdad era igualmente sombría. Docenas de ellos
eran reclutas talibanes reacios, obligados a servir so pena de muerte o
castigo, y muchos otros fueron traicionados por rivales que se aprovecharon de
la credulidad de las fuerzas estadounidenses. Privada de inteligencia útil en
Afganistán durante al menos una década, y sin querer arriesgar a las tropas
estadounidenses en una invasión a gran escala, la administración dispuso que
las Fuerzas Especiales derrocaran a los talibanes forjando alianzas con varios
señores de la guerra, a los que reclutaron para que libraran sus batallas por
ellos, a pesar de que no conocían la complicada naturaleza tribal de la
sociedad afgana, y estaban ciegos ante el hecho de que la corrupción de muchos
de sus recién encontrados aliados había provocado el surgimiento de los
talibanes en primer lugar.
Por encima de todos estos fracasos estaba el dinero: Landcruisers Toyota repletos de billetes de dólar,
utilizados para garantizar los dudosos servicios de los señores de la guerra, y
pagos de recompensas de 5.000 dólares por cabeza para "sospechosos de Al
Qaeda y los talibanes". Estas ofertas se imprimían en folletos preparados
por los equipos de PsyOps del ejército y se lanzaban desde el aire a las
aldeas, donde, como proclamaban orgullosamente los folletos, "Puedes
recibir millones de dólares por ayudar a la fuerza antitalibán a capturar a
asesinos de Al Qaeda y los talibanes. Es dinero suficiente para cuidar de tu
familia, de tu pueblo, de tu tribu durante el resto de tu vida: pagar el ganado
y los médicos y los libros de texto y la vivienda de toda tu gente." Sólo
en Pakistán, el presidente Pervez Musharraf se jactaba, en su autobiografía de
2006, de que a cambio de entregar a 369 sospechosos de terrorismo (entre ellos
muchos trasladados a Guantánamo), "hemos ganado pagos de recompensas por
un total de millones de dólares".
|
El tristemente célebre panfleto PsyOps, que ofrecía sustanciosas recompensas por "sospechosos de
Al Qaeda y los talibanes"
II.
Sin embargo, mucho antes de que todo esto saliera a la luz, la administración agravó su fracaso inicial a
la hora de investigar a los prisioneros embarcándose en un intento cruel y mal
concebido de desvelar sus secretos, en su mayoría inexistente. El resultado
final se parecía nada menos que a las actividades de los cazadores de brujas
del siglo XVII.
La administración partía de la presunción de culpabilidad, y cualquier protesta de inocencia se consideraba
el signo de un terrorista entrenado para resistirse a los interrogatorios de Al
Qaeda. Los que confesaban -por inverosímiles que fueran sus confesiones- eran
recompensados, mientras que los que guardaban silencio -ya fuera porque eran
auténticos terroristas o, en el otro extremo del espectro, porque no tenían
información que aportar y no podían o no querían disimular- eran sometidos a
una serie de "técnicas de interrogatorio mejoradas" que, según
cualquier criterio distinto de los adoptados por la administración, habrían
sido consideradas tortura.
La autorización para el uso de "técnicas de interrogatorio mejoradas", más allá de las aprobadas
en el Manual de Campo del Ejército (en el que se prohíbe la violencia física y
se hace hincapié en maniobras psicológicas de probada eficacia), se señaló en
agosto de 2002. En un documento extraordinario, conocido como el "memorándum
de la tortura" tras su filtración en 2004, varios abogados del Gobierno
pertenecientes a la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia,
que interpreta la ley según se aplica al Ejecutivo, intentaron
redefinir la tortura.
|
Según los términos de la Convención
de la ONU contra la Tortura, de la que Estados Unidos es signatario, la
tortura se define como "todo acto por el cual se inflija intencionadamente
a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales".
Sin embargo, los abogados -John Yoo y Jay S. Bybee, bajo la dirección de David
Addington, consejero general del vicepresidente Dick
Cheney- decidieron que, para que el interrogatorio se considere tortura, el
dolor soportado "debe ser equivalente en intensidad al dolor que acompaña
a una lesión física grave, como la insuficiencia orgánica, el deterioro de las
funciones corporales o incluso la muerte".
La definición de tortura se ajustó en parte para que los más altos cargos de la administración -incluido el
Presidente Bush- pudieran mantener la compostura cuando declaraban que Estados
Unidos "no tortura", pero también se revisó para que el uso de
técnicas que antes se consideraban tortura, como el submarino
(una antigua técnica de tortura que consiste en el ahogamiento controlado),
pudiera emplearse con una serie de "detenidos de alto valor"
recluidos en prisiones secretas de la CIA.
La población general no fue sometida a las peores de estas técnicas, pero en otoño de 2002, en respuesta a
las peticiones de los altos mandos de Guantánamo de que se aprobaran técnicas
más duras para "doblegar" a lo que se consideraban presos
especialmente poco cooperativos, Donald Rumsfeld aprobó una serie de técnicas
anteriormente prohibidas, extraídas
principalmente del programa SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia,
Escape) del ejército estadounidense, que entrena a los militares
estadounidenses para resistir los interrogatorios en caso de ser capturados por
fuerzas enemigas.
Entre ellas se encontraban el aislamiento prolongado y la privación de sueño, los interrogatorios de 20
horas, la desnudez forzada, el aseo forzado (afeitado del cabello y de la
barba), el uso de calor y frío extremos, la humillación sexual y religiosa, y
el uso de posturas de estrés dolorosas. Consideradas individualmente, la
mayoría de estas técnicas encajarían en la definición de tortura de la ONU,
pero cuando se aplicaban conjuntamente, como ocurría con frecuencia, no cabía
duda de que la administración había cruzado
una línea que no debía cruzar, y de que Guantánamo se había convertido en
una prisión experimental, centrada en el interrogatorio (que en sí mismo
contraviene los Convenios de Ginebra), en la que el uso de la tortura se había
convertido en algo habitual.
III.
Era inevitable, por supuesto, que los dirigentes estadounidenses reaccionaran a los atentados del
11 de septiembre de 2001 con una demostración de fuerza colosal. La potencia
militar más importante del mundo no había sido atacada en su propio territorio
desde Pearl Harbor en 1941, y era poco probable que se quedara de brazos
cruzados tras un ataque terrorista tan devastador y simbólico. Sin embargo, los
responsables no podían estar menos cualificados para reaccionar ante los
atentados de forma adecuada.
|
Detrás de la fachada presidencial de George W. Bush, la mayoría de las decisiones clave
sobre la respuesta de Estados Unidos a los atentados fueron tomadas por el
vicepresidente Dick Cheney, con el apoyo del secretario de Defensa Donald
Rumsfeld, y el asesoramiento crucial de abogados clave como David Addington y
John Yoo. Todos creían que el poder presidencial se había visto injustamente
erosionado desde el escándalo que forzó la dimisión de Richard Nixon (bajo cuyo
mandato habían servido tanto Cheney como Rumsfeld). Addington y Cheney se
habían hecho amigos en la administración Reagan, mientras intentaban proteger
al Presidente de las consecuencias del escándalo Irán-Contra, y Yoo, un recién
llegado, se había tragado toda su retórica.
Para estos hombres, por tanto, era previsible que la respuesta a los atentados del 11-S fuera una
"Guerra contra el Terror" de amplio alcance -en lugar de una
persecución selectiva de un pequeño número de criminales- que otorgara al
Presidente el derecho a hacer uso de sus poderes como Comandante en Jefe sin
ninguna interferencia externa, pero que también respondiera de forma más
general a su deseo, largamente acariciado, de un
poder ejecutivo sin restricciones.
En primer lugar, consiguieron la aprobación del Congreso para la Autorización
del Uso de la Fuerza Militar, el documento fundacional de la
"guerra", que autorizaba al Presidente "a utilizar toda la
fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o
personas que determine que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron a los
ataques terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001, o que albergaban a
dichas organizaciones o personas".
El resto siguió más sigilosamente al amparo de estos amplios poderes en tiempo de guerra: las
escuchas telefónicas sin orden judicial de ciudadanos estadounidenses; la Orden
Militar que otorgaba al Presidente el derecho a capturar y detener
indefinidamente a "combatientes enemigos", o a procesarlos en juicios
especiales ante una Comisión Militar; un memorándum de enero de 2002 que
tachaba de "pintorescas" y "obsoletas" las disposiciones de
las Convenciones de Ginebra; la Orden Ejecutiva que suprimía la protección de
los prisioneros en virtud de las Convenciones de Ginebra; el "memorándum
sobre la tortura" de agosto de 2002; y la aprobación de la ingeniería
inversa de las técnicas SERE para su uso con los prisioneros de Guantánamo.
Significativamente, no todos los que trabajan entre bastidores en la "Guerra contra el
Terror" estaban contentos con estos acontecimientos. Entre los más
críticos se encontraban varios de los organismos que trabajaban en los
interrogatorios de Guantánamo, que se mostraron consternados. El FBI, el
Servicio de Investigación Criminal de la Armada (NCIS) e incluso la propia
Fuerza de Investigación Criminal del Departamento de Defensa (CITF) se negaron
a participar en los interrogatorios coercitivos, y Alberto J. Mora, Consejero
General de la Armada, llevó incluso sus quejas al Pentágono. En enero de 2003,
amenazó con revelar públicamente los detalles del programa a menos que se
retiraran las "técnicas de interrogatorio mejoradas".
Rumsfeld aceptó, pero inmediatamente creó un grupo de trabajo para aprobar las técnicas en una forma
ligeramente modificada, aunque Mora no fue informado. Cuando estalló el
escándalo de Abu Ghraib en abril de 2004, Mora se dio cuenta de hasta qué punto
había sido marginado. Le dijo a la
periodista Jane Mayer: "Todo aquello contra lo que habíamos advertido
en Guantánamo había sucedido... pero en un escenario diferente."
IV.
Sin embargo, mientras estas luchas permanecían en gran medida oculta a la vista, otros desafíos eran más difíciles de
desestimar. Las impugnaciones legales a la legitimidad de Guantánamo comenzaron
casi tan pronto como se abrió la prisión en enero de 2002, aunque los casos
tardaron casi dos años y medio en llegar al Corte Suprema, lo que dio a la
administración una oportunidad asombrosamente amplia para permitirse sus abusos extralegales.
En muchos sentidos, la viabilidad del proyecto de Guantánamo se hizo añicos el 29 de junio de 2004,
cuando el Corte Suprema dictaminó, en el caso Rasul contra Bush,
que los presos tenían derechos de hábeas corpus; en otras palabras, el derecho
a preguntar a un juez por qué estaban detenidos, en virtud del "Great
Writ" de 800 años de antigüedad, una piedra angular de la justicia
estadounidense, heredada de los británicos, que impide la detención arbitraria.
El veredicto de Rasul permitió a los abogados visitar la prisión (para
empezar a presentar peticiones de hábeas corpus en nombre de los presos) y
finalmente se corrió el velo de secretismo que había sido necesario para que se
produjeran abusos sistemáticos.
En otros aspectos, sin embargo, la administración se negó a dejarse influir por Rasul. En lugar
de permitir el acceso de los prisioneros a los tribunales estadounidenses, como
pretendía el Corte Suprema, las autoridades introdujeron revisiones
administrativas -los Tribunales de Revisión del Estatuto de los Combatientes
(CSRT)- para determinar si, en el momento de la captura, los prisioneros habían
sido designados correctamente como "combatientes enemigos". Éstos
fueron una pálida burla de los tribunales competentes en virtud del artículo 5,
no sólo porque se celebraron dos años y medio demasiado tarde, y a medio mundo
de distancia del momento y lugar de la captura, sino, en particular, por los
motivos señalados en junio de 2007 por el teniente coronel Stephen Abraham,
veterano de los servicios de inteligencia estadounidenses, que había trabajado
en los tribunales.
En una declaración jurada para uno de los casos de Guantánamo, el teniente
coronel Abraham declaró que todo el proceso se basaba en información
"de naturaleza generalizada, a menudo obsoleta, a menudo 'genérica', rara
vez relacionada específicamente con los sujetos individuales de los CSRT o con
las circunstancias relacionadas con el estatus de esos individuos", y
estaba diseñado, esencialmente, para confirmar la designación previa de los
prisioneros como "combatientes enemigos" sin ninguna revisión significativa.
El teniente coronel Abraham estaba sin duda en lo cierto, como ha demostrado el flujo constante de
historias de presos liberados en los años transcurridos desde que se convocaron
los CSRT. Sin embargo, los políticos estadounidenses nunca se han enfrentado a
los crímenes de la administración. En respuesta a Rasul, el Congreso obligó a
la Administración a aprobar la Ley
sobre el Trato a los Detenidos (DTA, por sus siglas en inglés), que dejó en
el limbo jurídico los recursos de hábeas corpus de los presos, y en 2006,
después de que el Corte Suprema adoptara otra decisión innovadora, al fallar en
el caso Hamdan contra Rumsfeld (PDF)
que el sistema de juicios de las comisiones militares era ilegal, agravaron el
error al aprobar la Ley de Comisiones Militares (MCA, por sus siglas en
inglés), que revivió las Comisiones, despojó aún más a los prisioneros de sus
derechos de hábeas corpus y, por si fuera poco, reforzó el derecho del
Presidente a confiscar y detener a cualquiera que considerara un
"combatiente enemigo" (PDF).
Estas deficiencias no se abordaron finalmente hasta junio de 2008, cuando, en una tercera decisión
importante relativa a Guantánamo (Boumediene
contra Bush), el Tribunal Supremo dictaminó que los presos tenían
derechos constitucionales de hábeas corpus. Seis años y medio después de la
apertura de Guantánamo, esta sentencia significó por fin que los casos de los
presos serían juzgados en un tribunal estadounidense. Fue un triunfo tardío de
la justicia (aunque desde entonces las administraciones Bush
y Obama
han hecho todo lo posible por retrasar el progreso de los casos de habeas
corpus), pero no bastó para deshacer el daño que ya se había hecho.
Para la mayoría de los presos liberados de Guantánamo, fue la política y no la justicia lo que
garantizó su libertad. Las luchas de los abogados y las intervenciones del
poder judicial fueron enormemente significativas, pero, a la hora de la verdad,
la presión pública en los países de origen de los presos y la presión
diplomática ejercida por sus gobiernos de origen desempeñaron un papel más
importante. El verdadero fracaso fue del Congreso, que capituló ante un poder
ejecutivo que desdeñaba su influencia, y, hay que decirlo, de la opinión
pública estadounidense, que estaba dispuesta a permitir que su presidente y su
vicepresidente se arrogaran poderes dictatoriales, socavaran la Constitución de
Estados Unidos, hacer trizas las Convenciones de Ginebra, desdeñar el habeas corpus,
destrozar la Carta de Derechos, desechar el Manual de Campo del Ejército, crear
de la nada un sistema de juicios espectáculo para terroristas, espiar
impunemente a ciudadanos estadounidenses y despreciar la Convención de la ONU
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
