Ahora que el Gobierno del Reino Unido ha anunciado una indemnización
para los antiguos presos de Guantánamo, ¿forma parte del acuerdo el regreso de
Shaker Aamer?
16 de noviembre de 2010
Andy Worthington
Hoy, el Gobierno británico anunciará que pagará millones de libras en concepto de
indemnización a varios antiguos presos de Guantánamo, entre ellos Moazzam
Begg, Omar
Deghayes, Binyam
Mohamed, Bisher al-Rawi,
Jamil
El-Banna, Richard
Belmar y Martin
Mubanga, quienes, desde el año pasado, han interpuesto una
demanda civil por daños y perjuicios ante el Tribunal Superior contra los
servicios de inteligencia y varios ministros del Gobierno, alegando que fueron
cómplices de su detención ilegal y, en algunos casos, de su "entrega
extraordinaria", así como de la tortura y los malos tratos que sufrieron
mientras permanecieron bajo custodia.
No se revelarán las cantidades que se pagarán, pero ya se ha insinuado que una de las
indemnizaciones superará el millón de libras —relacionada, sin duda, con el más
espantoso de todos los casos: el de Binyam Mohamed, detenido en Pakistán en
abril de 2002, quien fue sometido a tortura durante dos años en Pakistán, en
Marruecos y en la "prisión secreta" de la CIA en Kabul. En febrero de este año,
el Tribunal de Apelación ordenó
al Gobierno que hiciera públicos unos documentos —cuya divulgación había
sido obstaculizada
durante 18 meses por el ministro de Asuntos Exteriores, David Miliband— que
demostraban que los agentes británicos sabían que sus homólogos estadounidenses
estaban sometiendo a Mohamed a torturas en Pakistán, y, dado que la
Policía Metropolitana también está investigando el papel del MI5 en la tortura
de Mohamed, y que existe otra información que nunca
se ha revelado ante los tribunales, es comprensible, francamente, que el
Gobierno intente evitar nuevas revelaciones peligrosas en el caso de Mohamed.
El anuncio de los pagos provocará sin duda una oleada de indignación por parte de la prensa de
derechas, a la que no le bastará con el argumento del Gobierno de que la
continuación del proceso judicial ya iniciado por estos hombres —que ha
supuesto la contratación por parte del Gobierno de al menos 80 abogados para
examinar medio millón de documentos— costaría muchas veces más que esta
cantidad (posiblemente hasta 50 millones de libras). Es de suponer que estos
críticos tampoco se dejarán convencer por el argumento del Gobierno relativo a
la seguridad nacional: que, tal y como explicó The
Guardian, "redunda en interés nacional que los casos no lleguen a los tribunales,
a fin de proteger los métodos de los servicios de seguridad del escrutinio público".
Es cierto que incluso la divulgación limitada de documentos que tuvo lugar en verano, como consecuencia
del proceso judicial, resultó preocupante
para las instituciones. Por ejemplo, existía un documento del Ministerio de
Asuntos Exteriores (FCO) del 10 de enero de 2002 —el día antes de la apertura
de Guantánamo— titulado "Detenidos británicos en Afganistán", que describía las
"opciones preferidas" del Gobierno para tratar a los prisioneros británicos.
"El traslado de los ciudadanos del Reino Unido retenidos a una base estadounidense
en Guantánamo es la mejor manera de cumplir nuestros objetivos antiterroristas
y de garantizar que permanezcan detenidos en condiciones de seguridad",
explicaba el documento, añadiendo que la "única alternativa" era mantener a
estos hombres bajo custodia británica en Afganistán o devolverlos al Reino Unido.
Sin embargo, las revelaciones más impactantes de los documentos tenían más que ver con el ex
primer ministro Tony Blair, quien había intervenido personalmente para impedir
que Martin Mubanga, un ciudadano británico detenido en Zambia, tuviera acceso a
asistencia consular, y con el ministro de Asuntos Exteriores Jack Straw, quien,
a mediados de enero de 2002, envió un telegrama a varias misiones diplomáticas
británicas en todo el mundo en el que "manifestaba su acuerdo" con la política
de Guantánamo, "pero dejó claro que no deseaba que los ciudadanos británicos
fueran trasladados desde Afganistán antes de que pudieran ser interrogados". En
el telegrama, escribió:
Un equipo especializado se encuentra actualmente en Afganistán con el objetivo de entrevistar a cualquier detenido
con vínculos con el Reino Unido para obtener información sobre sus actividades
y conexiones terroristas. Por lo tanto, esperamos que todos aquellos detenidos
a los que deseen entrevistar permanezcan en Afganistán y no se encuentren entre
los primeros grupos que sean trasladados a Guantánamo. Un retraso de una semana
debería ser suficiente. Los ciudadanos británicos deberían ser trasladados lo
antes posible a partir de entonces.
No obstante, el temor a que las actividades de los servicios de seguridad se vean sometidas a un escrutinio
sin precedentes —sumado al temor a nuevas revelaciones sobre ministros y
funcionarios del Gobierno— debería acallar a los críticos, ya que estas
revelaciones no solo son embarazosas, sino que también sugieren una implicación
en crímenes de guerra, por los que quienes resulten cómplices podrían
enfrentarse a un proceso judicial. Para quienes deseen evitar tal desenlace, el
enfoque más sensato es el que defiende David Cameron: seguir adelante con la
investigación judicial sobre la complicidad británica en la tortura de presos
en el extranjero, que anunció
en julio y cuya intención, claramente, es dar unas cuantas reprimendas,
ocultar cualquier prueba incriminatoria y declarar que ya se puede dar por
zanjado todo el asunto.
Como conozco a muchos de los presos liberados y he sido testigo del dolor —y, en ocasiones, de los
horrores— que aún los atormentan y que quizá nunca los abandonen, no puedo
discutir su derecho a recibir una indemnización, ya que nunca han recibido ni
un penique ni del Gobierno de EE.UU. ni del Gobierno británico, a pesar de la
implicación de ambos países en su detención sin cargos ni juicio, su entrega
extraordinaria y la tortura y los malos tratos que sufrieron.
Sin embargo, lo que me preocupa especialmente, en vísperas del anuncio oficial del Gobierno, es lo que
se ha decidido respecto a Shaker
Aamer, el último residente británico en Guantánamo, a quien se había estado
ignorando hasta que algunos de los antiguos presos —o quizá todos ellos—
sugirieron que no estaban dispuestos a entablar negociaciones hasta que se
garantizara su regreso desde Guantánamo.
Aunque se le autorizó la puesta en libertad de Guantánamo en 2007, Shaker, que tiene una esposa
británica y cuatro hijos británicos, sigue detenido, y tanto el Gobierno
británico como el estadounidense se culpan mutuamente de su prolongada
detención. Los estadounidenses alegan que existen "cuestiones de seguridad"
que, si tuvieran algún fundamento en la realidad (lo cual ya de por sí es
dudoso), el Gobierno británico podría resolver fácilmente; y los
estadounidenses señalan en ocasiones, extraoficialmente, que los británicos
podrían recuperarlo sin dificultad si estuvieran dispuestos a armar suficiente revuelo.
El vergonzoso abandono de Shaker Aamer se debe, presumiblemente, a que, como hombre inteligente,
elocuente y carismático que ha sido el principal defensor de los derechos de
los presos de Guantánamo, sabe más de lo que a algunos les gustaría sobre los
oscuros entresijos de la prisión (incluidas las muertes
de tres presos en junio de 2006). Sin embargo, retener a Shaker nunca ha
sido más que un retraso injusto de lo inevitable y, además, sus denuncias de
que sufrió
malos tratos bajo custodia estadounidense en Afganistán en presencia de
agentes británicos (lo cual fue objeto
de un proceso judicial en el Reino Unido el año pasado, que dio lugar a la
apertura de una investigación por parte de la Policía Metropolitana) hacen
que sea impensable que pueda llevarse a cabo cualquier tipo de investigación
sin él.
Pero, sobre todo, los antiguos presos se cuidan unos a otros y están unidos por su experiencia de una
forma que nadie que no haya estado en Guantánamo puede entender del todo. Todos
los que salen de la prisión les dicen a los que se quedan que harán lo que
puedan por ellos, y aunque el destino de la mayoría
de los 174 presos restantes escapa al control de cualquiera —incluso
del del presidente Obama, ya sea por razones siniestras o porque sus
detractores y los partidarios de Guantánamo en EE.UU. tienen una influencia
inquietante—, el destino de Shaker Aamer no lo está, y espero que al anuncio de
hoy le siga rápidamente la llegada de un avión procedente de Guantánamo que
traiga a Shaker Aamer a casa.
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