Acabar con la gran mentira de Bush sobre Guantánamo
Andy Worthington
The Guardian
6 de enero de 2011
El Gobierno de Obama ha caído en la trampa de demonizar a los detenidos inocentes de Guantánamo
tachándolos de peligrosos terroristas
Omar Deghayes perdió la vista de un ojo a causa de los malos tratos que sufrió mientras estuvo recluido
en la base aérea de Bagram y en otros lugares antes de ser detenido en
Guantánamo; finalmente fue puesto en libertad en 2007. En 2010, tras reconocer
su inocencia, el Gobierno británico anunció que él y otros antiguos detenidos
recibirían una indemnización considerable por su detención indebida y los malos
tratos sufridos. Fotografía: Lucie Goodayle para The Guardian
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Durante la "guerra contra el terrorismo" del Gobierno de Bush, era importante deshumanizar a los hombres
recluidos en Guantánamo, para dar credibilidad al mito de que la prisión
albergaba a "lo peor de lo peor" de los terroristas, capturados en los campos
de batalla de Afganistán.
Esto no era cierto, tal y como han demostrado los informes a lo largo de los años. Un antiguo
interrogador militar en Afganistán, que escribe bajo el seudónimo de Chris
Mackey, explicó en su libro The
Interrogators que no existía ningún proceso de selección y que todo
árabe que quedara bajo custodia estadounidense, independientemente del método
utilizado, debía ser trasladado a Guantánamo.
Además, en 2006, un análisis de las propias acusaciones del Pentágono contra 517 presos (elaborado
después de que ya hubieran sido puestos en libertad 200 hombres y niños), y
llevado a cabo por investigadores de la Facultad
de Derecho de Seton Hall, en Nueva Jersey, reveló que el 86 % había sido
capturado por la Alianza del Norte o por fuerzas pakistaníes, que en el 55 % de
los casos no se había determinado que hubieran cometido ningún acto hostil
contra EE.UU. o sus aliados, y que solo al 8 % se le atribuía algún tipo de
afiliación con Al Qaeda.
Además, aproximadamente la mitad de los presos no fueron capturados en Afganistán, sino que fueron
detenidos en Pakistán o al cruzar la frontera de Afganistán a Pakistán. Y
aunque muchos de ellos eran soldados rasos de los talibanes, que habían
participado en la prolongada guerra civil contra la Alianza del Norte —que
había comenzado muchos años antes de los atentados del 11-S—, otros eran
misioneros, trabajadores humanitarios o migrantes económicos. En total, solo 33
de los 174 presos restantes han sido recomendados para ser juzgados por el
grupo de trabajo interinstitucional de revisión de Guantánamo del presidente
Obama, que
revisó todos los casos en 2009.
Mientras la prisión de Guantánamo se prepara para iniciar su décimo año de funcionamiento (el 11 de
enero) y yo comienzo una
semana de eventos en Nueva York y Washington D. C. para dar a conocer la
situación de los presos que quedan, estos hombres siguen, en su mayoría, tan
deshumanizados como lo estaban bajo el mandato del presidente Bush.
Parte de la iniciativa de sensibilización consiste en proyectar el documental “Outside the Law: Stories
from Guantánamo”, que codirigí junto con la cineasta Polly Nash y que recoge
los conmovedores y emotivos testimonios de los antiguos presos de Guantánamo Omar
Deghayes y Moazzam
Begg, ambos detenidos en 2002 en sus hogares de Pakistán —a muchos cientos
de millas de los campos de batalla de Afganistán— y enviados a Guantánamo.
El año pasado, viajé por todo el Reino Unido con Omar Deghayes, proyectando la película ante un público
compuesto por estudiantes y activistas que agradecieron la oportunidad de
conocer a Omar, tras escuchar sus desgarradoras descripciones de cómo fue
maltratado y de cómo los servicios de seguridad británicos fueron cómplices de
los abusos que sufrió. Sin embargo, cuando viajo a Estados Unidos, no se me
permite visitar a Omar, ni a Moazzam, ni a ningún otro preso absuelto. El
público de Estados Unidos también se conmueve con el testimonio de Omar, cuando
tiene la oportunidad de verlo, pero tendría un impacto mucho mayor si pudiera
conocer en persona a un antiguo preso.
Lamentablemente, la administración Obama es en gran medida responsable de esta situación. A
principios de 2009, el asesor jurídico de la Casa Blanca, Greg
Craig, estaba a punto de ultimar un plan para reubicar a un puñado de
presos absueltos que no podían ser repatriados de forma segura. Se trataba de
los uigures, musulmanes de la provincia china de Xinjiang, detenidos por error,
que habían ganado
su recurso de hábeas corpus en un tribunal estadounidense en octubre de
2008, y cuya presencia en EE.UU. habría contribuido más que cualquier otro
gesto a desmontar las persistentes mentiras de la Administración Bush.
Sin embargo, cuando los republicanos se enteraron y reaccionaron con una indignación injustificada,
Obama anuló el plan, lo que dificultó que Estados Unidos encontrara terceros
países dispuestos a acoger a los presos absueltos que no podían ser
repatriados, y contribuyó a la parálisis en la que se encuentra Obama hoy en
día. El presidente supervisa ahora una prisión en la que, a pesar de que más de
la mitad de los presos restantes han sido autorizados para su puesta en
libertad por su grupo de trabajo, unos legisladores
cínicos y la propia
falta de voluntad del presidente le han hecho cada vez más difícil liberar
a nadie.
El anonimato —la deshumanización de estos hombres— contribuye a mantener la ilusión de que su
detención prolongada es, de alguna manera, justificable, pero si sus historias
y las circunstancias de su captura se conocieran más ampliamente, la mitología
persistente de la administración Bush podría quedar completamente desmontada.
Se exigirían medidas más sustanciales —y estas se llevarían a cabo— para
garantizar su liberación. Dar a conocer al público estadounidense las historias
de Omar Deghayes y Moazzam Begg puede, con suerte, contribuir a este proceso
que sigue siendo necesario.
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