Nueve años después: Los prisioneros políticos de
Guantánamo
Andy Worthington
Truthout
12 de enero de 2011
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
¿Prisioneros políticos? Sin duda, ¿no puede ser cierto, verdad? Sin duda,
sólo dictaduras en lejanos rincones del mundo tienen prisioneros políticos, pero
no los Estados Unidos de USAmérica.
Por desgracia, no es así. Mientras la prisión de la “Guerra contra el Terror”
establecida por el presidente Bush comienza su décimo año de operaciones, y
mientras se comienza a olvidar que el presidente Obama llegó al poder y emitió
una orden
ejecutiva prometiendo el cierre de la prisión dentro de un año, y que
incumplió su promesa de modo
espectacular, la verdad desnuda es que, en el caso de la mayoría de los 173
hombres detenidos en Guantánamo, sus probabilidades de ser liberados, o de
recibir algo que parezca ser justicia, han disminuido tanto en los últimos dos
años que la mayoría enfrenta una detención indefinida sin acusación o juicio y
podrían continuar en Guantánamo dentro de un año, dentro de dos años, o incluso
cinco, diez o veinte años.
La clave para comprender cómo hemos llegado a este sombrío punto muerto
después de dos años de presidencia de Obama es el estudio de los casos de todos
los prisioneros realizado por la Fuerza de Tareas de Estudio de Guantánamo, una
colección sobria y cuidadosa de 60 funcionarios de carrera y abogados de
diversos departamentos del gobierno y de agencias de inteligencia, que
estudiaron todos los casos durante todo el año 2009 e hicieron recomendaciones
hace un año respecto a la “disposición” de los prisioneros
restantes.
Aunque la evaluación de la Fuerza de Tareas estuvo infectada de credulidad
respecto a la calidad de la supuesta evidencia del gobierno de Bush contra esos
hombres (que en gran parte es poco fiable, ya que fue extraída utilizando
coacción y tortura), y porque sus miembros trataban con desesperación de no
cometer ningún error al liberar a hombres que luego podrían ser peligrosos, la
Fuerza de Tareas aprobó, a pesar de todo, la liberación de 89 de los 173
prisioneros restantes.
Es una cifra impresionante, considerando que los medios dominantes sólo
mencionan pocas veces que el propio gobierno ha admitido que ya no quiere
retener a más de la mitad de los prisioneros restantes, pero, un año después de
la publicación del informe de la Fuerza de Tareas, esos hombres siguen
retenidos, y este hecho –y las explicaciones que se han suministrado al
respecto– me lleva a concluir que es apropiado describirlos como prisioneros
políticos.
De los 89 hombres, 58 son yemeníes, parte del mayor grupo nacional en
Guantánamo, formado por 89 hombres en total. Sólo 23 yemeníes han sido liberados en toda la larga
historia de Guantánamo, por diversas razones, pero primordialmente porque los
saudíes, retenidos en números semejantes, pero liberados en gran parte en 2006 y
2007, tenían un gobierno que era un aliado más estrecho de EE.UU. que Yemen,
dispuesto a argumentar con más agresividad por su cuenta, que también pudo crear
un centro de rehabilitación de punta para reeducarlos a su retorno y
suministrarles apoyo y ayuda financiera para reintegrarlos a la sociedad
saudí.
No obstante, la Fuerza de Tareas aprobó la liberación de 58 de los yemeníes
(o, para utilizar el cuidadoso lenguaje de los abogados, los aprobó para ser
transferidos). Hicieron, sin embargo, una salvedad. Veintiocho fueron aprobados
para liberación inmediata, pero otros 30, colocados en una categoría propia, no
“deben ser transferidos a Yemen en el futuro cercano”, y deben ser mantenidos en
detención “condicional” –una novedosa categoría de detención– hasta que “mejore
la situación de la seguridad”.
Aunque se podría argumentar que la detención “condicional” de estos 30
hombres los convirtió hace un año en prisioneros políticos, los acontecimientos
del Día de Navidad de 2009 aseguraron que los otros yemeníes absueltos también
serían retenidos como prisioneros políticos. La acción que provocó la negativa
de honrar los resultados de la Fuerza de Tareas respecto a estos 28 hombres fue
el atentado fracasado contra un avión de un joven nigeriano, Umar Farouk
Abdulmutallab. Cuando se descubrió que había sido reclutado en Yemen, el
presidente Obama capituló ante una ola de histeria inescrupulosa y anunció una
moratoria en la liberación de más yemeníes de Guantánamo, una moratoria
que sigue vigente un año después, que no da señales de ser abandonada y que, al
someter a los hombres en cuestión a un castigo colectivo, o culpa por
nacionalidad, asegura que todos los 58 yemeníes absueltos pueden ser
considerados legítimamente como prisioneros políticos.
Los otros 31 hombres cuya liberación fue aprobada por la Fuerza de Tareas
siguen detenidos, porque en su mayoría no pueden ser repatriados porque
sufrirían torturas u otros malos tratos en sus países natales, que incluyen
China, Libia, Siria y Túnez. Dicho sea a su favor, el gobierno de Obama ha
encontrado nuevos albergues en 15 países para 36 prisioneros en una situación
similar, pero con la disminución del grupo de países dispuestos, será más
difícil que el gobierno de EE.UU. refute afirmaciones de que ellos, también, son
prisioneros políticos, retenidos sólo porque el país responsable por detenerlos
injustamente en primer lugar –EE.UU.– se ha negado a aceptar su propia
responsabilidad de ofrecerles nuevos domicilios y se resiste
a llamados para que lo haga –por un juez de tribunal de distrito, y por el
abogado de la Casa Blanca Greg Craig– en el Departamento de Justicia, en la
Corte de Distrito de Washington DC, en el Congreso y en el Despacho Oval.
De los otros hombres, la Fuerza de Tareas recomendó que 33 fueran
enjuiciados, pero el gobierno renunció a propuestas de juzgarlos en un tribunal
federal, debido a la oposición en el Congreso, en el sistema de proceso por
comisiones militares en Guantánamo, por oposición de liberales y
progresistas.
No siento comprensión alguna por los problemas del gobierno con comisiones
desacreditadas, que nunca debieran haber sido resucitadas
después de la partida de Bush, especialmente porque llegaron al punto más bajo
en su escabrosa historia en octubre del año pasado, cuando el ex niño soldado
Omar Khadr aceptó
un acuerdo con la parte acusadora en el que confesó “crímenes de guerra”
inventados por el Congreso. Estos pretendían criminalizar su participación en un
tiroteo con soldados estadounidenses en Afganistán que llevó a su captura en
julio de 2002, pero el acuerdo judicial fue recibido con tanto desdén en todo el
mundo que, al parecer, el gobierno de Obama no está dispuesto a seguir adelante
con más juicios en Guantánamo.
Este problema lo complica la negativa del gobierno a seguir adelante con el
proceso en un tribunal federal de Khalid Sheikh Mohammed y otros
cuatro hombres acusados de participar en los ataques del 11-S, anunciado por el
Fiscal General Eric Holder en noviembre de 2009. Al no proceder con este plan,
el gobierno dio a críticos en el Congreso la oportunidad de incluir una
provisión que prohíbe
la transferencia de cualquier prisionero de Guantánamo a EE.UU. continental para
ser juzgado, en una ley de gastos militares aprobada antes de Navidad y cuando,
esta semana, el presidente se negó a
vetar la ley, o a emitir una declaración firmada de desacuerdo con ella, los 33
hombres propuestos para ser enjuiciados fueron consignados a la detención
indefinida sin acusación o proceso, lo que significa que también ellos puede ser
considerados de modo realista como prisioneros políticos.
El último grupo de prisioneros (excluyendo a los tres que están detenidos
porque perdieron su juicio por comisión militar, o aceptaron un acuerdo
judicial) está formado por 48 hombres explícitamente recomendados para detención
indefinida sin acusación o juicio por la Fuerza de Tareas, sobre la base de que
son demasiado peligrosos para ser liberados, y que la información utilizada para
justificar su detención no resistiría el escrutinio en un tribunal.
A duras penas precisa explicar que esta recomendación de la Fuerza de Tareas
sea fundamentalmente inaceptable, no sólo porque perpetúa precisamente el
sistema de detención arbitraria iniciado por el gobierno de Bush, diseñado
deliberadamente para subvertir leyes y tratados internos e internacionales, sino
también porque si la supuesta evidencia del gobierno sería desestimada por
cualquier tribunal, no constituye evidencia alguna, sino más bien habladurías e
información no verificable contenidas en informes de inteligencia,
fundamentalmente influenciados por la tortura y el abuso al que fueron sometidos
los prisioneros.
La propuesta también margina al Tribunal de Distrito en Washington DC, donde
están considerando las peticiones de habeas corpus de los prisioneros y donde
hasta ahora han sido decididos 57 casos, 38
de los cuales a favor de los prisioneros. En muchos de esos 38 casos, los jueces
han sacado a la luz exactamente el tipo de problemas con la supuesta evidencia
del gobierno. Además, en la mayoría de los 19 casos en los que ganó el gobierno,
los hombres que han perdido sus peticiones y quienes, con gran probabilidad, se
encuentran entre los 48 previstos para la detención indefinida sin acusación o
juicio, no son más que seguidores de los talibanes en el conflicto militar con
la Alianza del Norte en Afganistán, que se transformó en una Guerra contra el
Terror después de la invasión dirigida por EE.UU. en octubre de 2001.
En todo caso, esos hombres deberían ser detenidos como prisioneros de guerra,
no como alguna especie de terroristas, pero ante este problema el ejecutivo, el
Congreso y el aparato judicial guardan todos silencio, a pesar de que revela un
problema fundamental con todo el sistema de detención inventado durante George
W. Bush y mantenido bajo Obama.
La legislación que supuestamente justifica la detención de los prisioneros es
la Autorización
para el Uso de Fuerza Militar (AUMF), aprobada por el Congreso en la semana
después de los ataques del 11-S, que autorizó al presidente “a utilizar toda la
fuerza necesaria y apropiada contra naciones, organizaciones, o personas que
determine que planificaron, autorizaron, cometieron, o ayudaron a los ataques
terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, o albergaron a tales
organizaciones o personas, a fin de impedir cualesquiera futuros ataques del
terrorismo internacional contra EE.UU., por semejantes naciones, organizaciones
o personas.”
El presidente Obama se sigue basando en la AUMF, a pesar de que no distingue
entre al-Qaida y los talibanes, y a pesar de que perpetúa la ruinosa noción del
gobierno de Bush de que, en lugar de presuntos criminales y prisioneros de
guerra protegidos por las Convenciones de Ginebra, existe una tercera categoría
de prisioneros –a los que Bush llamó “combatientes enemigos”, y que Obama llama
“beligerantes extranjeros enemigos sin privilegios”, como en el caso de Omar
Khadr– cuando esto, evidentemente, no debiera ser aceptado de ninguna manera.
Por la determinación de Obama de continuar esta funesta locura, funcionarios del
gobierno anunciaron recientemente que el presidente está a punto de firmar una
orden
ejecutiva formalizando la detención indefinida de estos 48 hombres, pero
asegurándoles alguna especie de proceso de revisión regular para establecer si
pueden ser liberados.
Suena mejor que ningún proceso de revisión, pero la verdad es que estos 48
hombres también son prisioneros políticos, retenidos como resultado de la
negativa del gobierno de aceptar que, si se detiene a soldados, deben ser
prisioneros de guerra y que, si se sospecha que hombres participan en
actividades terroristas, debieran ser juzgados en lugar de ser arbitrariamente
detenidos para siempre.
Hasta que se resuelvan estos problemas y los prisioneros de Guantánamo sean
juzgados o liberados, la contribución del presidente Obama al amargo legado del
gobierno de Bush es presidir lo inimaginable: una prisión en la cual,
prisioneros –llámeselos como se quiera– son casi todos mantenidos en detención
indefinida y son, por cierto, prisioneros políticos.
Es hora de que los que crean en la justicia llamen a que se termine con esta
situación miserable.
……………
Andy Worthington es periodista e historiador residente en Gran Bretaña. Es
autor de The Guantánamo Files, el primer libro que cuenta las
historias de todos los detenidos en la prisión ilegal de EE.UU. (publicado por
Pluto Press/Palgrave Macmillan), y co-director (con Polly Nash) del nuevo
documental, "Outside the Law:
Stories from Guantanamo." Para más información visite su blog aquí.
Fuente: http://www.truth-out.org/the-political-prisoners-guantanamo66746
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