Nueve años después: Los prisioneros políticos de Guantánamo
Andy Worthington
Truthout
12 de enero de 2011
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
¿Prisioneros políticos? Sin duda, ¿no puede ser cierto, verdad? Sin duda,
sólo dictaduras en lejanos rincones del mundo tienen prisioneros políticos,
pero no los Estados Unidos de USAmérica.
Por desgracia, no es así. Mientras la prisión de la “Guerra contra el Terror” establecida por
el presidente Bush comienza su décimo año de operaciones, y mientras se
comienza a olvidar que el presidente Obama llegó al poder y emitió una orden
ejecutiva prometiendo el cierre de la prisión dentro de un año, y que incumplió
su promesa de modo espectacular, la verdad desnuda es que, en el caso de la
mayoría de los 173 hombres detenidos en Guantánamo, sus probabilidades de ser
liberados, o de recibir algo que parezca ser justicia, han disminuido tanto en
los últimos dos años que la mayoría enfrenta una detención indefinida sin
acusación o juicio y podrían continuar en Guantánamo dentro de un año, dentro
de dos años, o incluso cinco, diez o veinte años.
La clave para comprender cómo hemos llegado a este sombrío punto muerto después de dos años
de presidencia de Obama es el estudio de los casos de todos los prisioneros
realizado por la Fuerza de Tareas de Estudio de Guantánamo, una colección
sobria y cuidadosa de 60 funcionarios de carrera y abogados de diversos
departamentos del gobierno y de agencias de inteligencia, que estudiaron todos
los casos durante todo el año 2009 e hicieron recomendaciones hace un año
respecto a la “disposición” de los prisioneros restantes.
Aunque la evaluación de la Fuerza de Tareas estuvo infectada de credulidad respecto a la
calidad de la supuesta evidencia del gobierno de Bush contra esos hombres (que
en gran parte es poco fiable, ya que fue extraída utilizando coacción y
tortura), y porque sus miembros trataban con desesperación de no cometer ningún
error al liberar a hombres que luego podrían ser peligrosos, la Fuerza de
Tareas aprobó, a pesar de todo, la liberación de 89 de los 173 prisioneros
restantes.
Es una cifra impresionante, considerando que los medios dominantes sólo mencionan pocas
veces que el propio gobierno ha admitido que ya no quiere retener a más de la
mitad de los prisioneros restantes, pero, un año después de la publicación del
informe de la Fuerza de Tareas, esos hombres siguen retenidos, y este hecho –y
las explicaciones que se han suministrado al respecto– me lleva a concluir que
es apropiado describirlos como prisioneros políticos.
De los 89 hombres, 58 son yemeníes, parte del mayor grupo nacional en Guantánamo, formado
por 89 hombres en total. Sólo 23 yemeníes han sido liberados en toda la larga
historia de Guantánamo, por diversas razones, pero primordialmente porque los
saudíes, retenidos en números semejantes, pero liberados en gran parte en 2006
y 2007, tenían un gobierno que era un aliado más estrecho de EE.UU. que Yemen,
dispuesto a argumentar con más agresividad por su cuenta, que también pudo
crear un centro de rehabilitación de punta para reeducarlos a su retorno y
suministrarles apoyo y ayuda financiera para reintegrarlos a la sociedad saudí.
No obstante, la Fuerza de Tareas aprobó la liberación de 58 de los yemeníes (o, para utilizar
el cuidadoso lenguaje de los abogados, los aprobó para ser transferidos).
Hicieron, sin embargo, una salvedad. Veintiocho fueron aprobados para
liberación inmediata, pero otros 30, colocados en una categoría propia, no
“deben ser transferidos a Yemen en el futuro cercano”, y deben ser mantenidos
en detención “condicional” –una novedosa categoría de detención– hasta que
“mejore la situación de la seguridad”.
Aunque se podría argumentar que la detención “condicional” de estos 30 hombres los convirtió
hace un año en prisioneros políticos, los acontecimientos del Día de Navidad de
2009 aseguraron que los otros yemeníes absueltos también serían retenidos como
prisioneros políticos. La acción que provocó la negativa de honrar los
resultados de la Fuerza de Tareas respecto a estos 28 hombres fue el atentado
fracasado contra un avión de un joven nigeriano, Umar Farouk Abdulmutallab.
Cuando se descubrió que había sido reclutado en Yemen, el presidente Obama
capituló ante una ola de histeria inescrupulosa y anunció una moratoria en la
liberación de más yemeníes de Guantánamo, una moratoria que sigue vigente un
año después, que no da señales de ser abandonada y que, al someter a los
hombres en cuestión a un castigo colectivo, o culpa por nacionalidad, asegura
que todos los 58 yemeníes absueltos pueden ser considerados legítimamente como
prisioneros políticos.
Los otros 31 hombres cuya liberación fue aprobada por la Fuerza de Tareas siguen detenidos,
porque en su mayoría no pueden ser repatriados porque sufrirían torturas u
otros malos tratos en sus países natales, que incluyen China, Libia, Siria y
Túnez. Dicho sea a su favor, el gobierno de Obama ha encontrado nuevos
albergues en 15 países para 36 prisioneros en una situación similar, pero con
la disminución del grupo de países dispuestos, será más difícil que el gobierno
de EE.UU. refute afirmaciones de que ellos, también, son prisioneros políticos,
retenidos sólo porque el país responsable por detenerlos injustamente en primer
lugar –EE.UU.– se ha negado a aceptar su propia responsabilidad de ofrecerles
nuevos domicilios y se resiste a llamados para que lo haga –por un juez de
tribunal de distrito, y por el abogado de la Casa Blanca Greg Craig– en el
Departamento de Justicia, en la Corte de Distrito de Washington DC, en el
Congreso y en el Despacho Oval.
De los otros hombres, la Fuerza de Tareas recomendó que 33 fueran enjuiciados, pero el
gobierno renunció a propuestas de juzgarlos en un tribunal federal, debido a la
oposición en el Congreso, en el sistema de proceso por comisiones militares en
Guantánamo, por oposición de liberales y progresistas.
No siento comprensión alguna por los problemas del gobierno con comisiones
desacreditadas, que nunca debieran haber sido resucitadas después de la partida
de Bush, especialmente porque llegaron al punto más bajo en su escabrosa
historia en octubre del año pasado, cuando el ex niño soldado Omar Khadr aceptó
un acuerdo con la parte acusadora en el que confesó “crímenes de guerra”
inventados por el Congreso. Estos pretendían criminalizar su participación en
un tiroteo con soldados estadounidenses en Afganistán que llevó a su captura en
julio de 2002, pero el acuerdo judicial fue recibido con tanto desdén en todo
el mundo que, al parecer, el gobierno de Obama no está dispuesto a seguir
adelante con más juicios en Guantánamo.
Este problema lo complica la negativa del gobierno a seguir adelante con el proceso en un
tribunal federal de Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro hombres acusados de
participar en los ataques del 11-S, anunciado por el Fiscal General Eric Holder
en noviembre de 2009. Al no proceder con este plan, el gobierno dio a críticos
en el Congreso la oportunidad de incluir una provisión que prohíbe la
transferencia de cualquier prisionero de Guantánamo a EE.UU. continental para
ser juzgado, en una ley de gastos militares aprobada antes de Navidad y cuando,
esta semana, el presidente se negó a vetar la ley, o a emitir una declaración
firmada de desacuerdo con ella, los 33 hombres propuestos para ser enjuiciados
fueron consignados a la detención indefinida sin acusación o proceso, lo que
significa que también ellos puede ser considerados de modo realista como
prisioneros políticos.
El último grupo de prisioneros (excluyendo a los tres que están detenidos porque perdieron su
juicio por comisión militar, o aceptaron un acuerdo judicial) está formado por
48 hombres explícitamente recomendados para detención indefinida sin acusación
o juicio por la Fuerza de Tareas, sobre la base de que son demasiado peligrosos
para ser liberados, y que la información utilizada para justificar su detención
no resistiría el escrutinio en un tribunal.
A duras penas precisa explicar que esta recomendación de la Fuerza de Tareas sea
fundamentalmente inaceptable, no sólo porque perpetúa precisamente el sistema
de detención arbitraria iniciado por el gobierno de Bush, diseñado
deliberadamente para subvertir leyes y tratados internos e internacionales,
sino también porque si la supuesta evidencia del gobierno sería desestimada por
cualquier tribunal, no constituye evidencia alguna, sino más bien habladurías e
información no verificable contenidas en informes de inteligencia,
fundamentalmente influenciados por la tortura y el abuso al que fueron sometidos
los prisioneros.
La propuesta también margina al Tribunal de Distrito en Washington DC, donde están
considerando las peticiones de habeas corpus de los prisioneros y donde hasta
ahora han sido decididos 57 casos, 38 de los cuales a favor de los prisioneros.
En muchos de esos 38 casos, los jueces han sacado a la luz exactamente el tipo
de problemas con la supuesta evidencia del gobierno. Además, en la mayoría de
los 19 casos en los que ganó el gobierno, los hombres que han perdido sus
peticiones y quienes, con gran probabilidad, se encuentran entre los 48
previstos para la detención indefinida sin acusación o juicio, no son más que
seguidores de los talibanes en el conflicto militar con la Alianza del Norte en
Afganistán, que se transformó en una Guerra contra el Terror después de la
invasión dirigida por EE.UU. en octubre de 2001.
En todo caso, esos hombres deberían ser detenidos como prisioneros de guerra, no como alguna
especie de terroristas, pero ante este problema el ejecutivo, el Congreso y el
aparato judicial guardan todos silencio, a pesar de que revela un problema
fundamental con todo el sistema de detención inventado durante George W. Bush y
mantenido bajo Obama.
La legislación que supuestamente justifica la detención de los prisioneros es la Autorización
para el Uso de Fuerza Militar (AUMF), aprobada por el Congreso en la semana
después de los ataques del 11-S, que autorizó al presidente “a utilizar toda la
fuerza necesaria y apropiada contra naciones, organizaciones, o personas que
determine que planificaron, autorizaron, cometieron, o ayudaron a los ataques
terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001, o albergaron a tales
organizaciones o personas, a fin de impedir cualesquiera futuros ataques del
terrorismo internacional contra EE.UU., por semejantes naciones, organizaciones
o personas.”
El presidente Obama se sigue basando en la AUMF, a pesar de que no distingue entre al-Qaida y
los talibanes, y a pesar de que perpetúa la ruinosa noción del gobierno de Bush
de que, en lugar de presuntos criminales y prisioneros de guerra protegidos por
las Convenciones de Ginebra, existe una tercera categoría de prisioneros –a los
que Bush llamó “combatientes enemigos”, y que Obama llama “beligerantes
extranjeros enemigos sin privilegios”, como en el caso de Omar Khadr– cuando
esto, evidentemente, no debiera ser aceptado de ninguna manera. Por la
determinación de Obama de continuar esta funesta locura, funcionarios del
gobierno anunciaron recientemente que el presidente está a punto de firmar una
orden ejecutiva formalizando la detención indefinida de estos 48 hombres, pero
asegurándoles alguna especie de proceso de revisión regular para establecer si
pueden ser liberados.
Suena mejor que ningún proceso de revisión, pero la verdad es que estos 48 hombres también son
prisioneros políticos, retenidos como resultado de la negativa del gobierno de
aceptar que, si se detiene a soldados, deben ser prisioneros de guerra y que,
si se sospecha que hombres participan en actividades terroristas, debieran ser
juzgados en lugar de ser arbitrariamente detenidos para siempre.
Hasta que se resuelvan estos problemas y los prisioneros de Guantánamo sean juzgados o
liberados, la contribución del presidente Obama al amargo legado del gobierno
de Bush es presidir lo inimaginable: una prisión en la cual, prisioneros
–llámeselos como se quiera– son casi todos mantenidos en detención indefinida y
son, por cierto, prisioneros políticos.
Es hora de que los que crean en la justicia llamen a que se termine con esta situación miserable.
……………
Andy Worthington es periodista e historiador residente en Gran Bretaña. Es autor de The Guantánamo Files, el primer libro que cuenta las historias de todos los detenidos en la
prisión ilegal de EE.UU. (publicado por Pluto Press/Palgrave Macmillan), y
co-director (con Polly Nash) del nuevo documental, "Outside the Law: Stories from Guantanamo." Para más información visite su blog aquí.
Fuente: http://www.truth-out.org/the-political-prisoners-guantanamo66746
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
