Sexto aniversario de Guantánamo: Un símbolo de la
arrogancia de EE.UU.
10 de enero de 2008
Andy Worthington
El 11 de enero de 2008 marca un aniversario especialmente sombrío, ya que la
denostada prisión de la administración Bush en Guantánamo lleva abierta seis
años. Aunque ya se ha liberado a más del 60% de los casi 800 detenidos, la
situación de los 281 restantes es más sombría que nunca.
Detenidos sin cargos, sin juicio y sin forma alguna de saber cuándo serán liberados, si es que alguna
vez lo son, los detenidos están aislados de sus familias, permanecen la mayoría
de las veces 23 horas al día en régimen de aislamiento y ni siquiera se les
conceden los escasos placeres -televisión, vida social y libertad para leer y
escribir- de los que disfrutan los delincuentes convictos más endurecidos en el
territorio continental de Estados Unidos. Aunque la tortura que predominaba en
2003 y 2004 parece haber remitido, sigue estando claro que la detención
indefinida en circunstancias deliberadamente aisladas puede constituir tortura en
sí misma.
También se sabe que algunos presos llevan varios años recluidos en régimen de aislamiento, y que
decenas de huelguistas de hambre de larga duración siguen siendo alimentados a
la fuerza dos veces al día de forma brutal. Sujetos en sillas de inmovilización,
con 18 correas distintas, son alimentados a través de un tubo grueso
introducido en el estómago por la nariz, que se retira después de cada
alimentación en un intento deliberado de "doblegar" su voluntad.
Sorprendentemente, tras seis años de disputas jurídicas, los detenidos siguen sin disponer de
medios efectivos para impugnar el fundamento de su detención. Aunque el
Tribunal Supremo dictaminó en junio de 2004 que Guantánamo -elegido
específicamente porque se suponía que estaba fuera del alcance de los
tribunales estadounidenses- era "en todos los aspectos prácticos un
territorio de Estados Unidos" y que, por tanto, los detenidos tenían
derechos de hábeas corpus, los otros dos poderes del gobierno -el ejecutivo y
el Congreso- han conspirado dos veces para eliminar estos derechos, y los
resultados de una tercera impugnación presentada en diciembre no se conocerán
hasta la primavera de 2008.
Mientras tanto, las esperanzas de desmantelamiento de Guantánamo dependen de la situación de los
detenidos restantes. La administración ha admitido por fin que sólo tiene
intención de celebrar juicios por crímenes de guerra contra aproximadamente 80
de los detenidos, aunque estas cifras no son necesariamente plausibles, ya que
algunos altos funcionarios han estimado que los detenidos verdaderamente
peligrosos son sólo 40 como máximo. Tampoco hay garantías de que los juicios se
desarrollen sin contratiempos.
Ideadas por el Vicepresidente Dick Cheney y sus asesores en noviembre de 2001, las Comisiones
Militares han sido condenadas por basarse en pruebas secretas y tratar de
ocultar toda mención de tortura por parte de las fuerzas estadounidenses, y aún
no han producido ni un solo resultado significativo. Aquejadas de disputas
internas, y centradas actualmente en dos casos polémicos -el de Omar
Khadr, un canadiense que sólo tenía 15 años cuando fue capturado en
Afganistán, y el de Salim
Hamdan, chófer de Osama bin Laden-, su único éxito ha sido el caso del
australiano David Hicks, que aceptó un acuerdo de culpabilidad. Tras abandonar
la acusación de haber sido torturado por las fuerzas estadounidenses, Hicks
regresó a su país el año pasado para cumplir una condena de nueve meses por
proporcionar "apoyo material al terrorismo", y acaba de ser puesto en libertad.
Es posible que otros 130 detenidos sean liberados este año, aunque en la actualidad la
administración mantiene que puede retener a estos hombres indefinidamente. Con
su típico desprecio por la ley, altos funcionarios han sugerido que pueden
hacerlo porque los hombres son demasiado peligrosos para ser puestos en
libertad, pero no lo suficientemente peligrosos para ser acusados.
El cierre de Guantánamo también se complica por el hecho de que 70 hombres, cuya liberación
ha sido autorizada mediante revisiones militares, no pueden ser devueltos a sus
países de origen -entre ellos China y varios regímenes norteafricanos- por
temor a que sean torturados. En un intento por superar las salvaguardias
internacionales que impiden la devolución de ciudadanos extranjeros a países
donde corren el riesgo de ser torturados, el gobierno estadounidense se ha
dedicado a firmar "memorandos de entendimiento" con algunos de estos
regímenes. En este sentido, han actuado en connivencia con el gobierno
británico, que pretende
repatriar a presuntos sospechosos de terrorismo, recluidos sin cargos ni juicio
bajo órdenes de control que equivalen prácticamente a un arresto domiciliario.
Considerados con razón inútil por los activistas de derechos humanos, estos acuerdos, que pretenden
garantizar un trato humano, han sido traicionados por el gobierno tunecino en
los casos de dos
detenidos devueltos, y los tribunales
de apelación de Estados Unidos y el Reino Unido han dictado recientemente
sentencias encaminadas a anular estas dudosas políticas.
Seis años después de su apertura, Guantánamo, aunque ha disminuido en algunos aspectos, sigue siendo
tan monstruosamente ilegal como siempre, e incluso a medida que se vacía se
hace más evidente que detrás de él -en Afganistán, en Irak y en otros lugares
secretos- se esconde un sistema aún mayor de detención indefinida que es aún
menos responsable que este símbolo oscuramente icónico de la arrogancia de
Estados Unidos.
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