Las diez mentiras de Dick Cheney (Primera parte)
25 de diciembre de 2008
Andy Worthington
El 11 de diciembre, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado (presidido por los
senadores Carl Levin y John McCain) publicó un convincente informe sobre la
tortura y los malos tratos infligidos a prisioneros bajo custodia
estadounidense (PDF),
basado en un análisis detallado de cómo las técnicas de tortura chinas, que se
utilizan en las escuelas militares estadounidenses para entrenar al personal a
resistirse a los interrogatorios en caso de ser capturado, se aplicaron por
ingeniería inversa a los prisioneros capturados en la "Guerra contra el Terror".
Las técnicas, enseñadas como parte de los programas SERE (Supervivencia, Evasión,
Resistencia, Escapar) incluyen la privación del sueño, el uso prolongado de
posturas de tensión, la desnudez forzada, el encapuchamiento, la exposición a
temperaturas extremas, el sometimiento de los prisioneros a música
alta y luces intermitentes, "tratarlos como animales" y, en
algunos casos, la antigua técnica de tortura conocida como "submarino",
una forma de ahogamiento controlado que los torturadores de la Inquisición
española llamaban "tortura del agua."
El informe rechazaba las conclusiones de más de una docena de investigaciones,
realizadas desde el escándalo de
Abu Ghraib en 2004, que detectaron problemas en el trato a los prisioneros
en Irak, Afganistán y Guantánamo, pero que no estaban autorizadas a mirar hacia
arriba en la cadena de mando para culpar a los altos mandos de aprobar el uso
de la tortura por las fuerzas estadounidenses y de instigar políticas abusivas.
Esto permitió a la administración mantener, como hizo con Abu Ghraib, que cualquier abuso era el
resultado de las actividades deshonestas de "unas pocas manzanas
podridas", pero el informe del Comité del Senado demolió ampliamente esta
defensa. Los autores escribieron:
Los malos tratos infligidos a detenidos bajo custodia estadounidense no pueden atribuirse simplemente a las
acciones de "unas pocas manzanas podridas" que actuaron por su
cuenta. El hecho es que altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos
solicitaron información sobre cómo utilizar técnicas agresivas, redefinieron la
ley para crear la apariencia de su legalidad y autorizaron su uso contra los
detenidos. Esos esfuerzos perjudicaron nuestra capacidad de recopilar
información de inteligencia precisa que podría salvar vidas, fortalecieron la
mano de nuestros enemigos y comprometieron nuestra autoridad moral.
Entre los culpables figuran el presidente George W. Bush (por despojar a los prisioneros de las
protecciones de las Convenciones de Ginebra en febrero de 2002, lo que allanó
el camino para todos los abusos que siguieron), el ex secretario de Defensa
Donald Rumsfeld, el ex asesor jurídico del vicepresidente Dick Cheney (y ahora
jefe de gabinete) David Addington, el ex asesor general del Pentágono William
J. Haynes II, el ex Jefe del Estado Mayor Conjunto General Richard Myers, el ex
asesor general de la Casa Blanca (y posteriormente Fiscal General de los
EE.UU.) Alberto Gonzales, el ex asesor adjunto de la Casa Blanca Timothy
Flanigan, el ex Fiscal General Adjunto Jay S. Bybee, el ex asesor jurídico del
Departamento de Justicia John Yoo, los ex comandantes de Guantánamo General de División
Michael Dunlavey y General de División Geoffrey Miller, y el Teniente General
Ricardo Sánchez, ex comandante de las fuerzas de la coalición en Irak.
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El único alto cargo que no fue mencionado -supuestamente debido al talento para
permanecer entre bastidores que en su día le valió el apodo del servicio
secreto de "Backseat"-
fue Dick Cheney. Sin embargo, sólo cuatro días después, como para compensar su
omisión del informe, Cheney fue
entrevistado por ABC News, y aprovechó la oportunidad para presentar una
defensa detallada de las políticas de seguridad nacional de la administración,
lanzando un guante muy público a los críticos de la tortura, Guantánamo, las
escuchas ilegales y la invasión de Irak, y haciendo temer que sólo lo hacía
porque un indulto presidencial está a la vuelta de la esquina.
El comentario más significativo de Cheney fue su primera admisión en público de que participó en
la aprobación del submarino de Khalid
Sheikh Mohammed, el autor intelectual confeso de los atentados del 11-S
(quien, cabe señalar, reivindicó la autoría de los atentados antes de ser capturado
por las fuerzas estadounidenses). Sin embargo, merece la pena ver la
entrevista completa, ya que la versión de la verdad de Cheney no resiste el
escrutinio, y presenta diez mentiras que no deberían dejarse pasar sin más comentarios
y análisis.
1. Sobre la supuesta legalidad de las escuchas telefónicas no autorizadas
Cuando se le preguntó qué pensaba sobre las sugerencias del equipo de transición de Barack Obama de
que la política de seguridad nacional de la administración Bush "ha sido
básicamente tortura y escuchas ilegales, y que quieren deshacer los principios
centrales de su política antiterrorista", Cheney respondió: "Se
equivocan. Sobre la cuestión de la vigilancia terrorista, siempre ha sido una
política para interceptar las comunicaciones entre terroristas, o terroristas
conocidos, o los llamados 'números sucios', y gente dentro de Estados Unidos,
para captar esas comunicaciones internacionales. Ha funcionado. Ha tenido
éxito. Ahora está plasmada en la ley FISA que aprobamos el año pasado y a favor
de la cual votó Barack Obama, lo que creo que fue una buena decisión por su
parte. Es una capacidad muy, muy importante. Es legal. Fue legal desde el
principio. Es constitucional, y afirmar que no lo es creo que es un error".
LA MENTIRA: Aunque el gobierno de Bush consiguió la aprobación del Congreso para
la Autorización
del Uso de la Fuerza Militar (AUMF) en la semana posterior a los atentados
del 11-S (el documento fundacional de la "Guerra contra el Terror",
que otorgaba al Presidente poderes aparentemente ilimitados "para usar
toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o
personas que él determine que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron a
los atentados terroristas ocurridos el 11 de septiembre de 2001"), la
aprobación de la vigilancia sin orden judicial de las comunicaciones hacia y
desde Estados Unidos que siguió el 25 de septiembre no era ni "legal"
ni "constitucional".
En una serie sobre Dick
Cheney publicada en el Washington Post el verano pasado, Barton
Gellman y Jo Becker explicaron cómo, el día de los atentados del 11-S, Cheney y
David Addington reunieron rápidamente a un equipo que incluía a Timothy
Flanigan y John Yoo para empezar a "contemplar la cuestión fundacional de
la revolución legal que se avecinaba: ¿Qué poderes extraordinarios necesitará
el Presidente para su respuesta?". Gellman y Becker describieron cómo
Flanigan, con el asesoramiento de Yoo, redactó la AUMF, y Yoo explicó que
"utilizaron el lenguaje más amplio posible porque 'esta guerra era tan
diferente que no se puede predecir lo que puede surgir'".
De hecho, como señalan los autores, "sabían muy bien lo que vendría después: la interceptación -sin orden
judicial- de las comunicaciones con origen y destino en Estados Unidos".
Aunque las interceptaciones de comunicaciones sin orden judicial estaban
prohibidas por la legislación federal desde 1978, la administración alegó que
estaban "justificadas, en secreto, como 'incidentes' de la autoridad que
el Congreso acababa de conceder" al Presidente, en un memorando que Yoo
ultimó el 25 de septiembre. Lejos de ser "legal" y
"constitucional", por tanto, el memorando secreto fue el primer
intento descarado de los principales responsables políticos (en la Oficina del
Vicepresidente y el Pentágono) de utilizar la AUMF como tapadera para una
expansión sin precedentes del poder presidencial que pretendía dejar fuera de
juego al Congreso, al poder judicial y a todos los demás departamentos gubernamentales.
2. Sobre la definición de tortura
Pasando a las acusaciones de tortura, Cheney dijo: "Sobre la cuestión de la llamada 'tortura', nosotros no torturamos,
nunca lo hemos hecho. No es algo que esta administración suscriba. Una vez más,
procedimos con mucha cautela; lo comprobamos, hicimos que el Departamento de
Justicia emitiera los dictámenes necesarios para saber dónde estaban las líneas
claras que no se podían cruzar. Los profesionales implicados en ese programa
fueron muy, muy cautos, muy cuidadosos, no harían nada sin asegurarse de que
estaba autorizado y de que era legal. Y cualquier sugerencia en sentido
contrario es simplemente errónea".
LA MENTIRA: La afirmación de que "nosotros no torturamos", que el presidente Bush ha esgrimido en
numerosas ocasiones, es una auténtica mentira. La definición de tortura,
establecida en la Convención
de la ONU contra la Tortura, de la que Estados Unidos es signatario, es
"todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales." Sin embargo, en el
verano de 2002 (obviamente con el conocimiento de Cheney), John Yoo, con
aportaciones de Addington, Gonzales y Flanigan, redactó otro memorando secreto,
publicado el 1 de agosto (PDF),
que se ha conocido como el "Memorando de la Tortura". Este
extraordinario documento -uno de los más manipuladores desde el punto de vista
jurídico de toda la "Guerra contra el Terror"- se basaba
creativamente en sentencias históricas sobre la tortura en países como Irlanda
del Norte y Bosnia, e intentaba afirmar que, para que el dolor infligido contara
como tortura, "debía ser equivalente en intensidad al dolor que acompaña a
una lesión física grave, como la insuficiencia orgánica, el deterioro de las
funciones corporales o incluso la muerte."
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El verano pasado, Yoo confirmó que Addington (izquierda) era el responsable de otra de
las afirmaciones radicales del memorando -que, como Comandante en Jefe, el
Presidente podía autorizar la tortura si lo consideraba necesario- y también
confirmó que el 1 de agosto de 2002 se firmó un segundo dictamen que, a diferencia
del primero (filtrado tras el escándalo de Abu Ghraib en 2004), nunca se ha
hecho público. Una fuente anónima citada por Gellman y Becker explicó que este
segundo memorando contenía una larga lista de técnicas aprobadas para su uso
por la CIA, entre las que se incluía el ahogamiento simulado, pero que
aparentemente ponía el límite en la amenaza de enterrar vivo a un prisionero.
En consecuencia, toda la palabrería de Cheney sobre un asesoramiento jurídico "cuidadoso" y
"prudente" no es más que un intento fallido de justificar la
redefinición de la tortura. Fuera de la Casa Blanca y del Pentágono, siempre ha
estado muy claro que las técnicas SERE (por no hablar de los métodos más
extremos aprobados para su uso por la CIA) son tortura, pura y simple, y el
reciente informe del Comité del Senado cita extensamente a una serie de
organismos -la Fuerza Aérea, el Grupo de Trabajo de Investigación Criminal del
Departamento de Defensa, la División de Derecho Internacional y Operacional del
Ejército, la Marina y el Cuerpo de Marines- que se oponían a su aplicación por
esta misma razón. Otros, que llevaron sus quejas a las más altas instancias,
fueron Alberto J. Mora, jefe del Servicio de Investigación Criminal de la
Armada, y el FBI.
3. Sobre la información obtenida mediante tortura
Tras su defensa de las técnicas de interrogatorio autorizadas por la administración,
Cheney continuó: "¿Produjeron los resultados deseados? Creo que sí. Creo,
por ejemplo, que Khalid Sheikh Mohammed, que era el número tres de Al Qaeda, el
hombre que planeó los atentados del 11-S, nos proporcionó una gran cantidad de
información. Hubo un periodo de tiempo, hace tres o cuatro años, en el que
aproximadamente la mitad de todo lo que sabíamos sobre Al Qaeda procedía de esa
única fuente."
LA MENTIRA: Con una sincronización exquisita, las grandilocuentes declaraciones de Cheney sobre
la tortura de Khalid Sheikh Mohammed (KSM) y su supuesto valor coincidieron con
la publicación, en Vanity Fair,
de un artículo de David Rose, en el que varios altos funcionarios tanto del FBI
como de la CIA refutaban directamente las afirmaciones de Cheney. El artículo,
que merece la pena leer en su totalidad, se centraba principalmente en la
tortura de Abu
Zubaydah, Binyam
Mohamed y José
Padilla (de los que ya he hablado largo y tendido), pero también contenía
revelaciones clave sobre la tortura de KSM. Aunque el presidente Bush afirmó
que KSM había proporcionado "muchos detalles de otros complots para
asesinar a estadounidenses inocentes", un ex alto funcionario de la CIA,
que leyó todos los informes de interrogatorio de la tortura de KSM bajo
custodia secreta de la CIA, explicó que "el 90 por ciento era una puta
mierda total", y un ex analista del Pentágono añadió: "KSM no produjo
ninguna inteligencia procésale. Intentaba decirnos lo estúpidos que éramos".
Además, las afirmaciones de Cheney sobre KSM fueron directamente desmentidas por Jack Cloonan, un alto operativo del FBI
cuyos interrogatorios sin tortura de operativos de Al Qaeda en los años
anteriores al 11-S proporcionan una lección objetiva sobre cómo debería haber
actuado la administración después. Refutando las afirmaciones no especificadas
de que, como dijo Cheney, el interrogatorio de KSM había producido "una
gran cantidad de información", Cloonan dijo: "Los defensores de la
tortura dicen: 'Miren la cantidad de información que se ha obtenido con estos
métodos'. Pero si KSM y Abu Zubaydah hubieran entregado cosas, nos habríamos
enterado de los detalles". Rose añadió que un antiguo oficial de la CIA
preguntó: "¿Por qué no pueden decir cuál es el material bueno de Abu
Zubaydah o KSM? No es como si se tratara de material sensible de una fuente
secreta y vulnerable. No están revelando su fuente sino validando su programa.
Dicen que no pueden hacerlo, aunque hayan pasado cinco o seis años, porque se
trata de una "operación en curso". Pero, ¿realmente se ha tardado
tanto en comprobarlo todo?".
Sin embargo, la opinión probablemente más condenatoria fue la ofrecida por el director del FBI, Robert Mueller:
Le pregunto a Mueller: Hasta donde él sabe, ¿se ha desbaratado algún ataque contra Estados
Unidos gracias a la inteligencia obtenida mediante lo que la administración
sigue llamando "técnicas mejoradas"?
"Soy realmente reacio a responder a eso", dice Mueller. Hace una pausa, mira a un
ayudante y luego dice en voz baja, declinando dar más detalles: "No creo
que ese haya sido el caso".
4. Sobre la aprobación del uso de la tortura contra Khalid Sheikh Mohammed
Los elementos clave de la admisión de Cheney de que se utilizó el ahogamiento simulado con Khalid Sheikh Mohammed, y de que
Cheney creía que era "apropiado", son los siguientes:
Jonathan Karl>: ¿Autorizó usted las tácticas que se utilizaron contra Khalid Sheikh Mohammed?
Dick Cheney: Estaba al tanto del programa, desde luego, y participé en
la autorización del proceso, ya que la agencia, en efecto, vino y quería saber
lo que podía y no podía hacer. Y hablaron conmigo, así como con otros, para
explicarme lo que querían hacer, y yo lo apoyé.
Jonathan Karl: En retrospectiva, ¿cree que alguna de esas tácticas que
se utilizaron contra Khalid Sheikh Mohammed y otros fue demasiado lejos?
Dick Cheney: No lo creo.
Jonathan Karl: Y en el caso de KSM, una de esas tácticas, por supuesto,
de la que se ha informado ampliamente, fue el ahogamiento simulado, y esa parece
ser una táctica que ya no utilizamos. ¿Cree usted que fue apropiada?
Dick Cheney: Sí.
LA MENTIRA: La explicación de Cheney sobre cómo llegó a "apoyar" el programa de la
CIA responsable de la tortura de Khalid Sheikh Mohammed (y de otros numerosos
"detenidos de alto valor") sugiere que era poco más que un asesor
para un proyecto preconcebido. Una vez más, nada más lejos de la realidad.
Para entender por qué, es necesario examinar cómo surgieron los "Memos de la Tortura" de agosto de 2002,
analizando los acontecimientos del 13 de noviembre de 2001, cuando, al amparo
de su reunión semanal habitual con el Presidente, Cheney desempeñó el papel
principal en la difusión y obtención de la aprobación de una orden presidencial
que autorizaba al Presidente a detener a "sospechosos de terrorismo"
en cualquier parte del mundo y encarcelarlos como "combatientes
enemigos" sin cargos ni juicio, (o, en caso necesario, a juzgarlos en
Comisiones Militares, que estaban facultadas para aceptar pruebas secretas y
pruebas obtenidas mediante tortura).
Aprobada en el plazo de una hora por sólo otras dos personalidades de la Casa Blanca -el consejero adjunto Bradford
Berenson y el vicesecretario de personal Stuart Bowen, cuyas objeciones a que
tenía que ser vista por otros consejeros presidenciales sólo fueron retiradas
tras "la rápida y urgente persuasión" de que el Presidente
"estaba a la espera para firmar y de que la orden era demasiado delicada
como para retrasarla"-, la orden fue el primer paso de una estratagema
deliberada para despojar a los prisioneros de sus derechos, de modo que
pudieran ser interrogados como la administración considerara oportuno.
Esto se confirmó al día siguiente, cuando Cheney declaró ante la Cámara de Comercio estadounidense que los terroristas no
"merecen ser tratados como prisioneros de guerra". Tardó otras diez
semanas en persuadir al Presidente para que le diera la razón, pero mientras
tanto la presión para aprobar el uso de la tortura aumentó cuando, poco después
de la apertura de Guantánamo, una delegación de la CIA acudió a la Casa Blanca
para explicar, como lo describió John Yoo, que iban a "tener verdaderas
dificultades para obtener información procesable de los detenidos" si los
interrogadores se veían obligados a limitarse al trato permitido por las
Convenciones de Ginebra.
Aunque esta cronología confirma que los representantes de la CIA presionaron para que se eliminaran las protecciones de
los Convenios de Ginebra a mediados de enero de 2002, también está claro que
Cheney tenía en mente un plan similar al menos dos meses antes. Tras la visita
de la CIA, Addington redactó otro notorio memorando -al que puso su nombre el
bastante menos elocuente Alberto Gonzales- en el que se consideraba que los
"estrictos límites al interrogatorio de prisioneros enemigos" de los
Convenios obstaculizaban los intentos de "obtener rápidamente información
de terroristas capturados."
Ésta se emitió el 25 de enero, y el 6 de febrero Addington proporcionó al Presidente las palabras para su siguiente
orden presidencial, que, como Cheney había señalado el 14 de noviembre,
declaraba que las protecciones de las Convenciones de Ginebra no se aplicaban a
los prisioneros capturados en la "Guerra contra el Terror". La última
novedad se produjo tras la captura de Abu Zubaydah el 28 de marzo de 2002,
cuando, como explicó John Yoo, los funcionarios de la CIA volvieron a la Casa
Blanca para preguntar "cuáles son los límites legales de los
interrogatorios". Como se ha descrito anteriormente, esto dio lugar a los
"memorandos sobre la tortura" de agosto de 2002, aunque la tortura de
Zubaydah comenzó cuatro meses antes de que se publicaran los memorandos.
En conclusión, aunque la CIA hizo alguna aportación, el desarrollo de todo el programa, desde el 13 de noviembre de 2001
hasta el 1 de agosto de 2002, en el que se definió a los prisioneros como
"combatientes enemigos", se les privó de todos sus derechos para
poder interrogarlos y, a continuación, se les sometió a tortura, no fue
impulsado por la CIA, sino por Cheney y sus asesores cercanos.
En la segunda
parte, Andy examina las mentiras de Cheney sobre Guantánamo y la invasión de Irak.
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