OBAMA PUEDE CERRAR LA CÁRCEL DE
GUANTÁNAMO HOY SI EN VERDAD QUIERE
Thomas Wilner*
La Jornada
29 de septiembre de 2013
La prisión de Guantánamo continúa siendo una carga para la
política exterior estadounidense, que socava nuestra credibilidad y brinda una excusa
a cualquier dictador extranjero que abuse de los derechos humanos. Como ha
dicho el presidente Obama: Guantánamo se ha vuelto un símbolo en
todo el mundo de un Estados Unidos que desdeña el estado de derecho. También ha
expresado con exactitud lo que se debe hacer: Tenemos que cerrarla... Es cara, es
ineficiente, lesiona nuestra posición internacional. Reduce la cooperación con
nuestros aliados en esfuerzos de contraterrorismo. Es un instrumento de
reclutamiento para extremistas. Es necesario cerrarla. Grandiosas palabras...
pero muy poca acción.
Circula un mito de que, como el presidente dice que quiere cerrar Guantánamo, lo haría
si pudiera, pero no puede porque el Congreso lo ha detenido. No es cierto: el
presidente tiene autoridad, conforme a la legislación existente, para lograr
ese resultado transfiriendo a los detenidos a otra parte. Cierto, el Congreso
reformó la Ley Nacional de Autorización de Defensa para prohibir que se asignen
fondos para la transferencia de cualquier detenido de Guantánamo a Estados
Unidos. También prohibió financiar las transferencias a otros países, a menos
que el secretario de la Defensa en persona certificara que el detenido en
cuestión jamás se involucraría en actividad terrorista. Como nadie puede
garantizar tal cosa, esa medida bloqueaba las transferencias. Pero luego el
Congreso enmendó la ley para permitir al secretario superar la prohibición y
transferir detenidos a otros países si a su juicio (1) el país receptor daba
pasos para mitigar sustancialmente el riesgo de que el detenido se involucrara en actividad terrorista, y (2) la
transferencia servía a la seguridad nacional estadounidense.
Son condiciones bastante factibles. Ya el presidente ha declarado que conviene a la
seguridad nacional estadounidense transferir a los detenidos en Guantánamo.
Además, muchos países han expresado voluntad de aceptar detenidos y se han
ofrecido a dar los pasos necesarios para mitigar sustancialmente el
riesgo de que lleguen a participar en actos terroristas. Como ha señalado Carl
Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, esa norma
reformada proporciona una ruta clara para la transferencia de detenidos a terceros países. El anuncio
hecho esta semana de que se transferirán a dos prisioneros de Guantánamo a
Argelia es buena noticia y demuestra la afirmación de Levin: se puede hacer. El
presidente tiene también otra ruta a su disposición. La ley permite al gobierno
transferir detenidos en cumplimiento de una orden judicial. Con sólo obedecer
órdenes de tribunales para liberar, por ejemplo, a detenidos que ya hayan sido
exculpados, el Departamento de Justicia podría autorizar su transferencia,
libre de las restricciones legislativas. Sin embargo, jamás lo ha hecho.
Esta inacción representa un gran costo. El Pentágono reportó en fecha reciente que
la prisión de Guantánamo cuesta a los contribuyentes casi 500 mil millones de
dólares al año: la increíble cantidad de más de 3 millones por prisionero al
año, unas 40 veces el costo de una prisión de máxima seguridad en el país. Y
seguimos pagando pese a que hace más de tres años y medio un equipo especial
formado por altos funcionarios de seguridad y aplicación de la ley determinó
que la mayoría de esos hombres –84 de los 164 detenidos– no tienen relación con
actos terroristas. Sin embargo, permanecen en prisión, y nosotros continuamos
pagando. ¿Por qué?
Más allá del gasto y del daño que causa a nuestro prestigio y seguridad, Guantánamo
es una terrible tragedia humana. Durante mis visitas he tenido que informar a
prisioneros que uno de sus padres o abuelos, o un hermano o hermana, han
muerto, y los observo llorar, sabiendo que han perdido su última oportunidad de
decir adiós. Hasta al peor convicto preso en Estados Unidos se le permiten
visitas familiares. A esos hombres no. Y jamás han sido condenados, o siquiera
juzgados, y la mayoría han sido exculpados.
El hecho es que sólo un pequeño número de los detenidos en Guantánamo son
considerados posibles amenazas. La mayoría fueron levantados poco después del
11-S en Afganistán y sus alrededores y vendidos como cautivos por tribus
locales a cambio de recompensas. No eran los líderes, que escaparon, sino
cuando mucho soldados de a pie, así como muchos inocentes capturados por error.
Ya en el verano de 2004 era un hecho generalmente aceptado que ninguno de los
detenidos que estaban entonces en Guantánamo era un agente de importancia. Una
nota del 21 de junio pasado en The New York Times lo informó así:En
entrevistas, docenas de militares de alto nivel y funcionarios de inteligencia
y aplicación de la ley de Estados Unidos, Europa y Medio Oriente señalaron que,
contra las repetidas afirmaciones de altos funcionarios del gobierno, ninguno
de los detenidos en la base naval de Guantánamo tenía un alto rango operativo
en Al Qaeda.
Sólo después del verano de 2004 el gobierno de George Bush comenzó a enviar
detenidos de alto valor, como se les llamó, a Guantánamo desde sitios
negros alejados del conflicto en Afganistán. Diez fueron enviados en septiembre
de 2004; 14 más –incluido KSM– en septiembre de 2006, y cinco más en 2007-08.
En total, 29 prisioneros fueron transferidos a Guantánamo después de agosto de
2004. Algunos han sido liberados. Uno fue condenado en un tribunal
estadounidense y está encarcelado aquí. De los que quedan en Guantánamo, 26 al
parecer son considerados amenazas potenciales. Deben ser juzgados y, si se les
condena, encarcelados legalmente. Los demás deben ser transferidos al
extranjero.
El presidente debe hacer esto de inmediato, ejerciendo su autoridad vigente para
transferir a los 84 hombres que ya han sido exculpados, y luego continuar con
la mayoría de los demás. Desde luego, siempre existe el riesgo de que un
prisionero liberado haga algo malo. Todo juez y gobernador enfrenta ese riesgo
al liberar a un prisionero. Y, si ello ocurre, la persona o partido político
que autorizó la liberación bien puede enfrentar críticas. Pero el miedo a las
críticas no debe impedirnos hacer lo correcto. ¿Cómo explicar a los 84
exculpados que deben permanecer en prisión porque es políticamente
inconveniente dejarlos salir? ¿Cómo explicar al mundo que debemos mantener
abierta la prisión de Guantánamo, aunque manche nuestra reputación y comprometa
nuestra habilidad de combatir al terrorismo, porque tememos las críticas
políticas? El presidente debe tener el valor de respaldar sus palabras con
hechos. Más retraso no es tolerable.
* Thomas Wilner representó a los detenidos de Guantánamo en el juicio que
estableció su derecho a ser asistidos por un abogado, y en las dos decisiones
de la Suprema Corte que confirman su derecho al habeas corpus.
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