Victoria para los supervivientes de las torturas de Abu Ghraib: el
Tribunal de Apelación confirma la histórica sentencia de 42 millones de dólares
contra una empresa privada
Del Centro para los Derechos Constitucionales
12 de marzo de 2026
El año pasado, un jurado de Virginia declaró
a CACI responsable de tortura y concedió una indemnización a los demandantes
iraquíes
12 de marzo de 2026, Richmond, Virginia – El Tribunal de Apelación del Cuarto Circuito ha confirmado
hoy un veredicto histórico contra una empresa con sede en Virginia a la que se
ha declarado responsable por su participación en los actos de tortura
perpetrados en la prisión de Abu Ghraib entre 2003 y 2004. El año pasado, un
jurado condenó
a CACI Premier Technology, Inc. a pagar 42 millones de dólares en concepto de
indemnización a tres hombres iraquíes que sufrieron el tipo de torturas y
abusos horribles que se hicieron famosos por las imágenes filtradas que
provocaron la indignación mundial en 2004. Esta fue la quinta vez que el Cuarto
Circuito dictó una sentencia a favor de los demandantes y reconoció que los
tribunales son competentes para decidir sobre este tipo de reclamaciones,
incluso si surgieron en un contexto de guerra.
Presentada en 2008, la demanda Al Shimari contra CACI
es la única interpuesta por víctimas de tortura en Abu Ghraib que ha llegado a
juicio, tras haber superado más de veinte mociones de desestimación presentadas
por CACI. (Un caso anterior se resolvió
mediante un acuerdo en 2012, y otro fue desestimado
en 2009). Los demandantes —Suhail Al Shimari, director de una escuela
secundaria; Asa’ad Zuba’e, vendedor de fruta; y Salah Al-Ejaili, periodista—
estuvieron recluidos en el «ala de máxima seguridad» de Abu Ghraib, donde se
produjeron los peores abusos. Junto con otros cientos de iraquíes torturados en
la prisión, han sufrido secuelas físicas y psicológicas a largo plazo.
“Este es un momento trascendental, una victoria que sienta las bases para un nuevo precedente en
Estados Unidos. Esto marcará una diferencia positiva en el futuro. Aquellos que
creen estar por encima de la ley ahora se lo pensarán dos veces antes de violar
los derechos humanos”, declaró el demandante Salah Al-Ejaili.
“Gracias al sistema judicial estadounidense y gracias a todos los que han
contribuido a esta victoria”.
El primer juicio, celebrado en abril de 2024, coincidió con el vigésimo aniversario del escándalo de Abu
Ghraib y supuso la primera vez que los supervivientes de las torturas
perpetradas por Estados Unidos tras el 11-S testificaban en un tribunal
estadounidense. El jurado no logró llegar a un veredicto, pero en un nuevo
juicio, celebrado en octubre de 2024, el jurado condenó a CACI a pagar a cada
uno de los tres demandantes 3 millones de dólares en concepto de indemnización
por daños y perjuicios, más 11 millones de dólares en concepto de daños punitivos.
El veredicto ha hecho justicia en cierta medida a los supervivientes de torturas y, además, introduce
un nuevo grado de rendición de cuentas en el oscuro ámbito de las empresas de
seguridad privadas, en un momento en que estas se despliegan en zonas de
conflicto de todo el mundo, incluido Oriente Medio, y su conducta ha suscitado
preocupaciones graves y fundadas sobre su implicación en violaciones de los
derechos humanos.
Después de que el juez de distrito denegara
la moción de CACI para un nuevo juicio, CACI apeló la decisión ante el
Cuarto Circuito, y sus abogados volvieron a argumentar numerosas cuestiones
jurídicas que ya se habían resuelto en su contra a lo largo del prolongado
proceso judicial. Las alegaciones de CACI se centraron de nuevo en la supuesta
incapacidad de los tribunales para juzgar un caso de conspiración que plantea
cuestiones de tortura en el contexto de un conflicto armado, todas ellas
rechazadas hoy por el tribunal: que la empresa debería gozar de inmunidad
soberana derivada, que se le denegó un juicio justo, que el caso carece de
conexión suficiente con los Estados Unidos y que debería desestimarse en virtud
de la doctrina de la cuestión política.
Baher Azmy,
director jurídico del Centro para los Derechos Constitucionales, quien defendió el recurso de apelación en septiembre, declaró: "Nos complace
una vez más que el Cuarto Circuito haya rechazado los cínicos argumentos de
CACI en favor de la impunidad por su responsabilidad en la tortura de nuestros
clientes, que el jurado confirmó en una sentencia histórica el año pasado.
Nuestros valientes clientes han esperado tanto tiempo para obtener
reconocimiento y justicia, y nos alegramos por ellos de que esta sentencia haya
reafirmado su derecho a ello".
Tras la invasión de Irak por parte de la Administración Bush en 2003, esta contrató a CACI para prestar
servicios de interrogatorio en Abu Ghraib. En abril de 2004, los medios de
comunicación publicaron fotografías y vídeos en los que se veía a personas
desnudas y encapuchadas colocadas en pirámides humanas, atadas con correas y
siendo agredidas sexualmente. Los investigadores militares estadounidenses
concluyeron que los empleados de CACI habían conspirado con soldados
estadounidenses para «ablandar» a los iraquíes encarcelados, y el personal
militar que trabajaba bajo las órdenes de los empleados de CACI fue sometido a
un consejo de guerra por su participación en las torturas. El veredicto del
jurado reflejó esas mismas conclusiones sobre la participación de CACI en una
conspiración para torturar.
Los demandantes interpusieron su demanda al amparo de la Ley de Responsabilidad Civil por
Delitos contra Extranjeros (Alien Tort Statute), una ley federal de 1789 que
permite a los ciudadanos extranjeros solicitar reparación ante los tribunales
estadounidenses por determinadas violaciones del derecho internacional. Están
representados por el Centro para los Derechos Constitucionales y los bufetes de
abogados Patterson Belknap Webb & Tyler LLP y Akeel & Valentine, PLC.
Para más información, consulte la página del caso.
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